Luego de que diversas organizaciones sociales anunciaran una nueva medida de fuerza para hoy, el Gobierno advirtió que no cederá ante estos atropellos ni se reunirá con los piqueteros en el Ministerio de Desarrollo Social.
El reclamo que no atenderá el gobierno nacional tiene como foco de conflicto la suspensión de casi 155.000 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social explicaron que “no se trata de bajas en el Potenciar Trabajo, sino de suspensiones”. También ratificaron que no habrá marcha atrás en la medida.
Las organizaciones sociales denuncian que, aunque muchos realizaron la validación de identidad “en tiempo y forma”, desde el ministerio no se los incluyó para el cobro del mes de enero, que se tenía que hacer efectivo el viernes 3 de febrero.
“Ya se han producido casi 160.000 suspensiones del plan, por lo que estas familias se quedarán sin la mitad de sus ingresos y en marzo les bajarán la totalidad del monto”, expresó la Unidad Piquetera.
Además, cuestionaron: “El ajuste en los gastos del Estado no solo afectan a los desocupados, las jubilaciones mínimas que se rigen por salario mínimo, están por debajo de la indigencia, los hospitales y escuelas sufren un recorte año tras año, por la vía de la inflación que también se come los ingresos de los trabajadores no registrados o ‘en negro’ que supera el 50 % de los trabajadores activos, no hay acceso a la tierra y la vivienda para millones de parejas jóvenes porque no hay obra pública”.
Unidad Piquetera volvió a cargar contra las Organizaciones oficialistas nucleadas en la UTEP (Evita, Somos y CCC entre otras): “Se adaptaron a este ajustazo y no abrieron la boca par defender a los compañeros afectados. Creen que la plata ‘ahorrada’ irá para sus cooperativas y emprendimientos productivos, pero el FMI ha reclamado en su memorándum de diciembre que se ajusten las cuentas porque quieren la plata para ellos”.
Por último, advirtieron: “El ajuste no termina en los 160.000 despidos de febrero, el ajuste no se frena ni por la campaña electoral, van a seguir reduciendo el presupuesto porque eso es lo que reclama el fondo”.
Suspensión, reclamos y plan de lucha
En la convocatoria a la conferencia de prensa, Unidad Piquetera denuncia que por la suspensión de beneficiarios hay “160.000 familias víctimas de un ajuste salvaje del Gobierno nacional ordenado por el FMI”.
“Presentaremos pruebas y testimonios de la barbarie que este ajustazo produce en las familias trabajadoras pobres en la Argentina”, manifestaron.
Dirigentes de Unidad Piquetera ya habían advertido que muchos beneficiarios del programa no pudieron validar sus datos de manera digital por dificultades técnicas, falta de conectividad o problemas para acercarse a un Centro de Referencia (CDR) a recibir ayuda y reclamaron que se extienda el plazo para completar el trámite.
En ese tiempo adicional, exigieron que no se descuente el 50% del pago del plan, tal como lo anunció la ministra Victoria Tolosa Paz, y pidieron que cada organización pueda colaborar con las personas que tuvieron dificultades para validar sus datos.