El Banco Mundial proyectó que la economía argentina crecerá 4,2% en 2022 y lo hará en un 2% en 2023, según el último informe regional publicado este martes por el organismo multilateral.
Crece la tensión entre Economía y el Banco Central por la prohibición a sojeros de comprar dólar bolsa
El mismo día que fue ratificado por el presidente Alberto Fernández al frente del Banco Central, Miguel Pesce protagonizó un fuerte cruce con el Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa.
En una conferencia de prensa, el economista jefe para América Latina y el Caribe, William Maloney, presentó en la mañana el informe económico regional del Banco Mundial denominado "Nuevos enfoques para cerrar la brecha fiscal", que examina las perspectivas de crecimiento "en medio de los extraordinarios desafíos derivados de la pandemia y la creciente incertidumbre mundial".
La proyección del 4,2% para el corriente año representa una leve baja -de tres décimas- respecto a la prevista en junio pasado por el organismo, cuando estimó una mejora de 4,5%.
El cálculo de junio representó un fuerte incremento frente a la previsión anterior -informada en abril pasado- cuando estimó que la actividad económica iba a ser de 3,6% este año.
"Estamos con la esperanza de que el programa de préstamos por US$ 45.000 millones con el FMI va a seguir en los rieles, lo estamos apoyando" con la estrategia plurianual del Banco Mundial, que implica un desembolso anual de US$ 2.000 millones, afirmó Maloney sobre la Argentina.
En este sentido, continuó, "dentro de este plan (con el FMI) la idea es bajar la inflación y mantener el presupuesto fiscal sano, con lo cual es temprano aún para hablar de hiperinflación", consideró al ser consultado por la prensa sobre esa posibilidad.
Este año, el Banco Mundial lleva aprobados US$ 1.100 millones en nuevos proyectos y reconfirmó otros US$ 900 millones para los próximos seis meses, tras el apoyo de la entidad luego del encuentro que mantuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, con el director gerente de Operaciones del Banco Mundial, Axel Van Trosenburg, en septiembre último, durante la gira del funcionario argentino en Washington.
Respecto de los daños de la inflación en la Argentina y en la región, se refirió al impacto en los jóvenes y niños y sostuvo que en "la región muchos alumnos perdieron 1,5 años de educación, es muy preocupante, por las razones de eficiencia y productividad pero obviamente por equidad", dijo.
Al respecto, sugirió tomar en cuenta ejemplos de la región con transferencias condicionadas, "como el programa en Brasil en las escuelas", consideró.
En cuanto al crecimiento proyectado para la Argentina este año, consideró que "fue por el impacto en el crecimiento de las materias primas", pero advirtió que el año próximo se espera una desaceleración del país, precisamente porque se espera una baja en los precios de los commodities", dijo el funcionario, lo mismo que sucederá a otros países de la región.
Maloney, que presentó el informe regional apenas unos días antes de la celebración de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial en Washington que tendrá lugar la semana próxima, enfatizó que las economías de América Latina y el Caribe recuperaron sus niveles prepandemia y la región recobró cierta sensación de normalidad, aunque la economía debe reactivarse para evitar un nuevo ciclo de bajo crecimiento.

La inflación está lejos de ceder en la Argentina y en el Gobierno hay señales de alarma ante un dato que vuelve a impactar de lleno sobre los sectores más vulnerables: en septiembre se registró un aumento de 8% promedio en el precio de los alimentos, el más alto en todo el año. En ese contexto, en las últimas horas Cristina Kirchner le reclamó a Sergio Massa mayor intervención en el sector.
La escalada de precios de alimentos en septiembre surge de trabajo que elabora de manera semanal por la consultora LCG. Ahí confirma que hay productos que aumentaron más del 12% en los últimos 30 días. Además. según el estudio, todos los productos de la canasta registraron incrementos en sus valores durante el último mes y medio.
“Con niveles de desempleo en mínimos en años (6,9%), una tasa de pobreza que afecta a más de un tercio de la población pone en evidencia que el empleo generado es de baja calidad y mal pago. Por otro lado, la política de ingresos no está siendo suficiente y/o eficiente para evitar la indigencia”, sostienen desde la consultora.
Hay cuatro rubros alimenticios de primera necesidad que subieron por encima del promedio en el último mes: las verduras (12,3%); productos lácteos y huevos, 10,5%; azúcar, miel, dulces y cacao, 9,7%. Las carnes se encarecieron 8%.
El Gobierno avanzará en otorgar un bono para los sectores más vulnerables. Así lo confirmó el propio Massa el viernes, cuando anunció el éxito del esquema de exportaciones agroindustriales, conocido como “dólar soja”. Expuso que los detalles se conocerán en los primeros días de octubre. Si bien no dio plazos ni informó sobre montos, en la última se conoció que el refuerzo de ingresos para indigentes.
Sergio Massa recibió los primeros reclamos en público de parte de Cristina Kirchner.
Mientras el titular del Palacio de Hacienda defendía el Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, el INDEC dio a conocer los índices de pobreza a indigencia y la Vicepresidenta, vía Twitter, salió a reclamarle más intervención en el sector alimentario.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación estableció en $70,08 por kilo el precio que los productores reciben por la yerba mate, lo que representa un incremento de casi el 50%.
En tanto, la canchada (yerba seca sin moler) quedó en $266,30, según lo establecido por la resolución que se publicó en el Boletín Oficial y que lleva la firma del titular de la cartera agropecuaria, Juan José Bahillo.
Si bien trascendió que esta suba del precio que los molinos les pagan a los productores no incidiría por ahora en el valor de góndola que pagan los consumidores, ya que el control del precio de salida de la yerba de los molinos es potestad de la Secretaría de Comercio, el ministro de Producción de la Provincia de Corrientes y uno de los 12 directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Claudio Anselmo, relativizó esa versión.
“Inevitablemente, el incremento de precio de una materia prima se traslada al consumidor. El cuándo es lo que se puede discutir, pero la industria elaboradora, que va a tener un mayor costo de reposición de la materia prima, va a tener que trasladarlo en algún momento”, aseguró Anselmo, quien es representante por Corrientes en el INYM, al ser entrevistado por TN.
Sobre eso, agregó: “La Secretaría de Comercio entiendo que autoriza los incrementos de los alimentos que están en la canasta de Precios Cuidados. Pero para el resto de los productos de yerba mate, que ni cerca están totalmente representados en Precios Cuidados, dependerá de cada firma cómo trasladarán su costo de la materia prima. Es difícil saber si va a ser inmediato, pero cuando las empresas deban pagar los nuevos costos de reposición, esto va a ocurrir en el mediano plazo. Si no es en octubre, será dentro de un mes o fin de año. Es lo que pasó con el famoso dólar soja y todas las cadenas que lo tienen como materia prima”.

Desacuerdo en el directorio del INYM
El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, debió laudar en el precio luego que el directorio del INYM no lograra el consenso necesario para fijar los valores de referencia de la cadena productiva, como se hace de manera semestral.
En noviembre del año pasado, también a través de un laudo, Agricultura había establecido que durante la zafra de verano los precios serían de $36,83 por kilo de hoja verde, y $139,95 por kilo de canchada.
En marzo, en tanto, elevó esos valores de referencia a $46,89 y $178,18, respectivamente, muy por debajo de lo que habían pedido los productores primarios y secaderos. Si se toman los precios del laudo de noviembre pasado, el aumento supera el 100% anual.
Al respecto, Anselmo evaluó: “La zafra terminó formalmente el viernes 30 de septiembre. En el mercado se estaba pagando entre $65 y $66 por kilo de hoja verde. El precio oficial estaba en $46,80. Pero, sobre todo por el impacto de la sequía, durante toda la zafra se pagó por encima de eso. Ahora se fijó un valor de $70,08 que empezará a regir en diciembre, cuando empiece la nueva cosecha”.
Al presidente del INYM, actualmente Juan José Szychowski, lo designa la Secretaría de Agricultura. Mientras que el resto del directorio está conformado por un representante de cada provincia productora (Corrientes y Misiones), y otros 9 de diferentes eslabones del ámbito privado: 3 del sector primario, 2 por la industria, 1 por los secaderos, 2 de las cooperativas y 1 por los trabajadores rurales.
“Los productores habían pedido llegar a $85 por kilo de hoja verde, pero me parece que este es un precio bastante razonable, que no está alejado de lo que hoy en día es la inflación mensual”, aseguró el ministro correntino.
Sobre los desacuerdos en el INYM, que obligaron al laudo de Agricultura, Anselmo comentó cómo estuvieron divididas las diferentes posturas. “Cuando se llegó a la última jornada de discusión, a fines de agosto, los industriales propusieron unos $56 por kilo. Los secaderos, las cooperativas y nosotros desde Corrientes defendíamos un valor de $70, que surgía de la matriz de costos. Mientras que los 3 directores por la producción primaria, los trabajadores rurales y la provincia de Misiones habían hecho un planteo de $85. Puede corroborarse en las actas que se hicieron de la reunión”.
No obstante, el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, utilizó su Twitter para festejar los nuevos precios. “Ante las autoridades nacionales mostramos la realidad y la importancia del sector yerbatero para la provincia que permitió alcanzar precios de $ 70,08 para la hoja verde y de $ 266,304 para la canchada. Trabajo en conjunto con Bahillo y el INYM”.
En tanto, Anselmo cuestionó las posturas oscilantes del gobierno misionero. “En septiembre, hicieron varias gestiones ante las nuevas autoridades de Agricultura y fueron cambiando sus posturas, para terminar diciendo hoy que están muy satisfechos con este precio de $70, cuando habían pedido $85. Son cosas que uno no termina de entender, pero que son parte del juego”, concluyó.

El sector yerbatero afectado por la sequía
El sector yerbatero viene de un 2021 muy complicado debido a la prolongada y acentuada sequía que afectó a la zona productora, conformada por Misiones y el norte de Corrientes. La falta de precipitaciones provocó una considerable disminución en la cosecha hasta marzo de este año.
En este contexto, Szychowski, en su rol de presidente del directorio, destacó que los precios fijados por Bahillo “representan lo que se está pagando en el mercado en este momento y era el pedido que se hacía de distintos sectores”.
El dirigente sostuvo que los valores publicados por la cartera agropecuaria dejaron conformes a los yerbateros. Desde el INYM además aseguraron que la zafra de este año alcanzará para cubrir las demandas internas y las exportaciones.
En los 2 últimos meses de cosecha, además hubo récord de ingreso de hoja verde a los secaderos, lo cual permitió a las empresas molineras recomponer su stock.

El secretario de la Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, anuncia nuevas medidas para potenciar el crecimiento de las actividades del sector de los servicios básicos del conocimiento (SBC).
"Estamos construyendo una política integral para motorizar el crecimiento estratégico de la Argentina a partir de la economía del conocimiento, una actividad cada vez más federal y transversal a toda la cadena productiva. Con las nuevas herramientas otorgadas a las empresas generamos ventajas que alientan la creación de empleo, promueven las exportaciones y estimula la formación y capacitación de nuevos talentos", destacó Sujarchuk.
Las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), alcanzaron, en el segundo trimestre de 2022, 2.060 millones de dólares, lo cual representa un 22,6% más que en el mismo período de 2021 y un 19,2% comparado con 2019.

Quinta suba de exportaciones
Las exportaciones de los Servicios Basados en el Conocimiento (SBC), alcanzaron, en el segundo trimestre de 2022, 2.060 millones de dólares, lo cual representa un 22,6% más que en el mismo período de 2021 y un 19,2% comparado con 2019, según informó hoy el Ministerio de Economía.
En un comunicado, el Palacio de Hacienda expresó que "se trata de la quinta suba interanual consecutiva, y fue el trimestre con mayores exportaciones de SBC de la historia".
"La economía del conocimiento es una política de Estado que este gobierno va a seguir potenciando porque creemos que es parte fundamental de la agenda de desarrollo para generar empleo de calidad y divisas para el país. Este sector es una de las piezas que tenemos que integrar a la producción para avanzar hacia la economía 4.0, que es presente y es futuro", afirmó el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.
Por su parte, el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, destacó: "Estamos construyendo una política integral para motorizar el crecimiento estratégico de la Argentina a partir de la economía del conocimiento, una actividad cada vez más federal y transversal a toda la cadena productiva. Con las nuevas herramientas otorgadas a las empresas generamos ventajas que alientan la creación de empleo, promueven las exportaciones y estimula la formación y capacitación de nuevos talentos".
De acuerdo con datos del Centro de Estudios para la Producción (CEP-XXI), en el buen desempeño de los SBC se destacan dos rubros de mayor peso: servicios empresariales y servicios de informática. Los servicios empresariales totalizaron ventas externas por 1.204 millones de dólares y crecieron un 30,6% interanual y 15,8% comparada con 2019.
El rubro representó el 58,4% de las exportaciones totales de SBC y aportó la mayor incidencia positiva en el desempeño general con 16,4 puntos porcentuales. De esta manera, registra cinco trimestres de suba interanual ininterrumpida.

¿Qué rubros crecieron más?
Al interior, se destacó el crecimiento de los dos principales subrubros: los servicios profesionales y de consultoría donde las exportaciones representaron el 51,6% del total y subieron 30,6%; y los servicios técnicos relacionados con la ingeniería, arquitectura y el comercio que representaron el 34,8% del total y subieron 32,9%. Por último, las exportaciones de los servicios de investigación y desarrollo se expandieron 25,2% (con el 13,6%).
Los servicios de informática exportaron USD 636 millones, lo que representó una suba interanual del 13,6% y 36,9% contra 2019. Representaron el 30,9% de las exportaciones totales de SBC con una incidencia positiva de 4,4 puntos porcentuales. Se trata de la quinta suba interanual consecutiva, y registró el mejor segundo trimestre de la serie (el anterior ocurrió en 2018 con USD 567 millones de ventas externas).
Entre los demás rubros, que sumaron el 10,7% de las exportaciones totales de SBC, se destacó la evolución interanual de cargos por el uso de la propiedad intelectual (+19,4%, con una representación del 3,3% en el total de ventas externas de SBC) y de servicios personales, culturales y recreativos (+12,5%; 5,7% del total).
El rubro telecomunicaciones e información bajó 7,9% interanual y explicó el 1,7% del total.

En medio de otra ronda de las negociaciones paritarias que comienzan a tomar mayor fuerza por la alta inflación, algunos gremios empezaron a esbozar un nuevo reclamo: que se actualice además el piso desde el cual las personas deben afrontar el pago del impuesto a las Ganancias.
El gremio de los bancarios, que cerró una paritaria récord del 94,1% anual, le envió una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, pidiendo que suba el valor mínimo por el cual se empieza a tributar el gravamen.
“Se solicita tenga a bien efectuar una evaluación del impacto actual del tributo en los salarios y haberes a los efectos de proceder a incrementar las deducciones del impuesto a las Ganancias”, expresó la misiva del sindicado que comanda Sergio Palazzo. En esa carta también se remarcó “la necesidad de actuar rápidamente para evitar el retraso en la capacidad de compra de los trabajadores”.
Desde el sindicato habían advertido que el nivel de precios entre enero y agosto “fue de casi el 60%, por lo tanto, hay que tener en cuenta la medición de septiembre que rondará el 7% y lo que quede del último trimestre”.
Por eso, en una nota firmada por los diputados oficialistas Palazzo, Claudia Ormachea y Carlos Cisneros, La Bancaria planteó que un nuevo piso “dará sostenibilidad a las políticas de este Gobierno referidas a mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados y fortalecer la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”.
Pablo Moyano también pide un nuevo piso de Ganancias
Pero los bancarios no son los únicos que pidieron por el alza del piso de Ganancias. El secretario adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, aseguró que desde su espacio pedirán en paritarias un aumento mayor y también anticipó su postura sobre el gravamen.
“El Gobierno debería ser más duro a la hora de controlar la inflación. Hay una inflación de 100 puntos”, dijo. “Le hemos solicitado a Alberto Fernández tres o cuatro medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los trabajadores. Una es una suma fija o un bono por tres meses, fundamentalmente a aquellos gremios que no pueden llegar a cubrir la canasta básica; le hemos pedido que se aumente la cantidad de trabajadores que cobren el salario familiar por hija o hijo; y que eleve el impuesto a las Ganancias de una vez por todas”, expresó.
Nuevo piso de Ganancias, la iniciativa que impulsó Massa cuando estaba en Diputados
Hay que tener en cuenta que el actual titular del Palacio de Hacienda había enviado dos cartas al exministro Martín Guzmán, en las que remarcaba la necesidad de actualizar de manera urgente el piso desde el que los trabajadores en relación de dependencia pagan la carga tributaria.
En ese momento, frente a la presión que impuso Massa, en junio pasado se actualizó en $280.792 el valor del sueldo bruto promedio hasta el cual no se paga Ganancias, pero desde su asunción al Ministerio de Economía no se volvió a debatir la aplicación de un nuevo ajuste.
En este sentido, el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebastián Domínguez calculó que “si se actualiza el valor del salario bruto promedio por la variación del IPC de septiembre 2022 -estimado en un 7%- en la comparación con octubre de 2021, no se debería tributar Ganancias por sueldos brutos hasta $402.619″.

La Ley de Alquileres ya no tiene fecha prevista de posible tratamiento legislativo y los precios continúan aumentando por medio del índice que estipula la normativa vigente. El Congreso comenzó a debatir una modificación en junio, pero tras largos debates, el tema quedó parado en dos dictámenes de oficialismo y oposición.

¿Cuánto aumentaron los alquileres en un año?
En ese contexto, los incrementos para las actualizaciones anuales de los contratos ya superan el 60% hace varios meses. Casi superando la inflación interanual. En agosto, el nivel general de precios se disparó tanto (fue el más alto en 20 años) que agrandó la brecha.
No obstante, las subas mes a mes golpean en el bolsillo de los vecinos, que según un relevamiento de Inquilinos Agrupados, se trata del 20% de la población y aumenta al 30% en grandes urbes como la Ciudad de Buenos Aires.

¿Cuánto aumentarán los alquileres en octubre?
A cálculos de los primeros días de junio, el porcentaje ronda entre el 67% y el 68%. Por ejemplo, teniendo en cuenta el precio promedio de un departamento dos ambientes de acuerdo al informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), a un valor de $65.000, actualización para el 2 de octubre sería del 67.94%, es decir, unos $109.161.
De acuerdo al relevamiento, los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires aumentaron hasta 4%.
La mediana de las ofertas de departamentos de un ambiente es de $55.000, de dos ambientes de $65.000, y de los de tres ambientes $90.000. En ese sentido, las subas interanuales fueron de 89,7%; 85,7%; y de 63,6% respectivamente.

¿Cómo se calcula el aumento del alquiler?
Para calcular cuánto aumentarán los alquileres, hay que mirar el Índice de Contratos de Locación (ICL) que publica a diario el Banco Central. Se trata de un índice basado en el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Indec, y los salarios, según la remuneración promedio de los trabajadores estables (Ripte).
La suba se aplica de forma anual, de acuerdo se había sido establecido en el artículo 14 de la ley 27.551, que se aprobó en 2020 y continúa vigente.

Paso a paso:
- Primero, hay que tener a mano dos fechas: la del inicio del contrato y la del mes a actualizar el monto del alquiler.
- Segundo, consultar el índice del Central que se encuentra en la página oficial de la entidad: http://bcra.gob.ar/, pestaña "estadísticas" y "principales variables". Seleccionar la opción Índice de Contratos de Locación (ICL).
- Una vez allí, aparecerán dos listas desplegables, donde se deberá ingresar la fecha de inicio y actualización a consultar.
- Ahora habrá que tomar el precio actual del alquiler y dividirlo por el valor del índice con fecha de inicio del contrato. A ese resultado, hay que multiplicarlo por el actual índice de la fecha en la que el monto será actualizado.
- El valor final de esa ecuación será la suma que deberá pagar el inquilino el próximo año.

El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que el Gobierno prevé invertir “aproximadamente $ 16.700 millones” este año en infraestructura aeroportuaria mediante el Plan de Desarrollo Federal y que para el 2023 el monto superará "los $ 40.000 millones".
“El monto de inversión en obras para el año en curso es de $ 16.700 millones, aproximadamente. Asimismo, el monto previsto para 2023 asciende a unos $ 40.000 millones, a lo que se suma también la inversión directa por parte del concesionario, de aproximadamente $ 28.700 millones”.
Guerrera hizo estos anuncios durante la inauguración de la Asamblea y Conferencia Anual 2022 del Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe, que se inició este lunes en Buenos Aires con la participación de las principales autoridades, ejecutivos y expertos en aviación de diferentes países.
El funcionario destacó “el rol importantísimo que tiene el sistema de aeropuertos”, y apuntó que “allí por mediados de 2019, las dificultades socioeconómicas de la Argentina, los efectos de malas decisiones políticas y económicas habían interrumpido la cadena de pagos para la obra pública”.
“Al mismo tiempo que por la coyuntura macroeconómica de ese momento, a las empresas se les dificultaba el acceso al crédito y al financiamiento”, completó el ministro quien remarcó que “esto generó una crisis singular en la que todas las obras del sector aeroportuario fueron perdiendo impulso hasta detenerse”.
Afirmó que “el ejemplo más evidente, más simbólico y tal vez más doloroso, no solamente a nosotros como Estado sino también a Aeropuertos Argentina 2000, es la nueva terminal de partidas del aeropuerto internacional de Ezeiza, una obra que se paralizó en septiembre de 2019”.
“Sin embargo, a pesar de las dificultades, y de los tiempos que nos han tocado vivir, tomamos la decisión de retomar esa obra y muchas otras en un contexto de fuerte recuperación del mercado interno. Por supuesto que esta recuperación es clave para garantizar la conectividad del país con las regiones y con el mundo”, agregó Guerrera.
Sostuvo que “tal vez, lo único positivo en el sistema de aviación y aeroportuario que nos dejó la pandemia, fue haber podido trabajar en el Aeroparque Jorge Newbery, donde llevamos adelante el mayor hito del sector aeroportuario en los últimos 50 años”.
“Una transformación –dijo- que tuvo como eje la construcción de una nueva pista y de una nueva terminal internacional que duplica en capacidad operativa. Esto permite integrarnos con la región como nunca antes”.
Pero advirtió que la mirada del Gobierno nacional “no se limita a lo que sucede solamente en Buenos Aires”, y subrayó que “es por eso que llevamos adelante un ambicioso plan de desarrollo federal que contempla obras en todo el territorio nacional”.
Destacó “algunas de las obras en ejecución en los aeropuertos de Posadas, Santa Rosa, San Juan, San Rafael, Jujuy -donde vamos a inaugurar la semana que viene la nueva torre de control-, Ezeiza, Bariloche que fue inaugurado recientemente y se siguen haciendo tareas en Iguazú”.
Indicó que “también se llevarán a cabo obras de infraestructura en 25 aeropuertos del sistema nacional, que incluyen infraestructura de mantenimiento y servicios de apoyo, inversiones en mejoras eléctricas, puntos de vuelcos, torres de control, entre otras obras que coadyuvan a potenciar y mejorar el desarrollo del sistema”.
“No solamente trabajamos en infraestructura física de los aeropuertos junto a Orsna, sino que también articulando con EANA trabajamos en la infraestructura tecnológica y edilicia, incluyendo obras de modernización y refacciones de torres de control en Tucumán, Río Grande, Mar del Pata, Morón, Resistencia y Posadas”, señaló el ministro.
Resaltó que “con firme decisión política y estrategia articulando el sector público y privado logramos mayor conectividad, mejores servicios, mayor capacidad operativa, mejor experiencia y más seguridad”.
“Este año se registró un nuevo récord de pasajeros en los centros invernales, con 11 aeropuertos superando niveles prepandemia en julio, movilizando casi dos millones de personas que recorrieron los aeropuertos de todo el país”, apuntó.
“Esto –dijo finalmente- nos da la seguridad de que el rumbo es el correcto y de que el esfuerzo continuo y sostenido nos permitirá seguir superando metas con una infraestructura y servicios con una capacidad para absorber el crecimiento, garantizando la seguridad y elevando la experiencia de nuestros usuarios”.

El Estado Nacional informó que contaba con 323.372 empleados al término de agosto, entre la Administración Pública, empresas y sociedades estatales o con participación estatal, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De esta manera, el Estado Nacional cumplió con la directiva impartida por el ministro de Economía, Sergio Massa, que se une al congelamiento de vacantes, salvo casos de excepción.
De acuerdo con lo informado por los distintos componentes del Estado, la Administración centralizada representa el 17,8% del total, la Administración descentralizada el 40,9%, la Administración desconcentrada el 7,6%, otros entes 4,8% y las Empresas y sociedades el 28% restante.
En detalle, la información suministrada al Indec dio cuenta que 229.685 personas trabajan en la Administración Pública Nacional, en "Otros entes" unas 15.590; mientras que "Empresas y sociedades", otros 93.687 trabajadores.
En la Jefatura de Gabinete trabajan 3.360 empleados, en el Ministerio de Cultura, 4.086; en la cartera de Desarrollo Social 5.705; en la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia 2.465.
El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat cuenta con 770 empleados, el de Economía con 9.964; en la cartera de Educación 1.652; el de Justicia 1.550; Mujeres, Géneros y Diversidad 1.246; Relaciones Exteriores 2.979 empleados, entre otras dependencias.
En el segmento de "Otros Entes" se encuentra el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales (Incaa), con 1.029 empleados; la Comisión Antidopaje 23; el Instituto Nacional de Promoción Turística 57; el Pami 14.481 trabajadores.
Massa subrayó que "este informe de acceso público se actualizará mes a mes con las presentaciones de las declaraciones juradas" y remarcó que "permitirá controlar que nadie viole el compromiso de no aumentar el personal de la administración pública nacional y sus empresas, salvo cuestiones operativas explicadas".
El 3 de agosto, cuando asumió, en su primera conferencia de prensa, Massa afirmó que "rige el congelamiento de la planta del Estado, pero cada jurisdicción será responsable por las empresas descentralizadas que también estarán alcanzadas por la limitación".
La medida había sido oficializada con la Decisión Administrativa 827/2022, publicada en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, en agosto.
El texto oficial sostiene que las empresas del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, así como los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional, deberán informar mensualmente al Indec la variación de su dotación de personal para su publicación.
Cabe aclarar que el Indec no hará auditoría ni control de las nóminas. Esto dependerá de los organismos de fiscalización de cada empresa.
En agosto, con motivo de su participación en el Council of the Americas, Massa volvió a referirse al tema del congelamiento del personal del Estado, como lo hizo en su primer discurso como ministro. “Hemos planteado un congelamiento de la planta que no solamente alcanza al sector público centralizado sino que, como conocerán en las próximas horas por decisión administrativa, también a cada una de las empresas del Estado porque entendemos que, en definitiva, el desafío de pedir que hagamos un esfuerzo en conjunto entre el sector público y el sector privado tiene que venir apalancado en que el primer esfuerzo lo hacemos desde el Estado”, aseguró.

El Banco Nación (BNA) lanzó una campaña para la compra de televisores y barras de sonido en hasta 24 cuotas sin interés y con descuentos de hasta el 33%, con más de 50 modelos para elegir, de cara a la llegada del Mundial de fútbol, informó la entidad.
La campaña, que comenzó este lunes y se extenderá hasta este martes inclusive, incluye esquemas de pago en tramos de 3, 6, 12, 18 y 24 cuotas sin interés a través de TiendaBNA, a la que se puede ingresar en el sitio del banco.
En total hay unos 40 modelos de televisores disponibles que varían desde gamas bajas, que pueden conseguirse desde $ 29.700 (Tv Led Kanji 24 Pulgadas Full Hd) por 24 cuotas de $1.241,25, hasta modelos de última tecnología que alcanzan los $ 245.649 (Samsung Smart 70" Uhd 4K), o 24 cuotas sin interés de $10.235,38.
También hay una decena de modelos de sonido y proyectores de las marcas JBL, Philips, Noblex, Samsung y Nakamichi, entre otras.
Para acceder a las 24 cuotas sin interés es necesario contar con una tarjeta de crédito Nativa Mastercard o Nativa Visa, ambas expedidas por el Banco Nación.
Tienda BNA es la plataforma e-commerce desarrollada por el Banco Nación y la empresa Nación Servicios que busca fomentar el consumo, el comercio, el empleo y la producción nacional.
Desde su lanzamiento en 2021, recibió más de 21 millones de visitas y vendió más de 200 mil productos de las 150 pymes que participan en más de 100 rubros de productos, con ofertas a precios accesibles y financiación en cuotas fijas y sin interés.
Para comprar cualquiera de los equipos sólo hace falta ingresar a la plataforma digital del banco y seleccionar el equipo que se desea comprar del catálogo.
Una vez seleccionado el producto será necesario ingresar los datos personales (nombre y apellido, DNI, correo electrónico y domicilio), calcular el costo del envío e ingresar los datos de la tarjeta.

El ministro de Economía, Sergio Massa, espera embolsar esta semana divisas por alrededor de u$s5.300 millones, entre los desembolsos que se discutirán en los directorios del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El ministro anunció este viernes que, gracias a la liquidación récord de soja durante el mes de septiembre como resultado del Programa de Incremento Exportador, se cumplieron las metas de reservas para el tercer trimestre del año. El acuerdo con el FMI estipula que si Argentina cumple ciertas metas fijadas, el organismo de crédito desembolsará los fondos correspondientes a los vencimientos firmados en 2018.
Massa también anticipó en la presentación del Presupuesto 2023 que el directorio del FMI trataría la revisión de las metas del segundo trimestre el próximo viernes 7 de octubre.
Argentina ya logró la aprobación de parte del staff del Fondo, que lidera el brasileño Ilan Goldfajn, que hace 10 días confirmó que la Argentina había superado la prueba técnica, por lo que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, elevó el informe al directorio para su discusión. De aprobarse la revisión, disparará un desembolso inmediato de u$s4.100 millones que pasarían a engrosar las reservas internacionales, ya que el vencimiento de septiembre por u$s2.590 millones fue realizado con reservas del Banco Central.
Las liquidaciones de septiembre a través del dólar soja alcanzaron los u$s8.123 millones, según anunció ayer el ministro. Esto le permitió al Gobierno acumular reservas internacionales por u$s7.646 millones
Por otro lado, el Gobierno también está a la espera de que el BID apruebe créditos para el país por u$s1.200 millones, que se estima que llegarían para el último trimestre del año.
El acuerdo fue rubricado por Massa y el hasta la semana pasada presidente de la entidad, Mauricio Claver-Carone, quien fue destituido luego de que se comprobaran irregularidades éticas durante su función como titular de la entidad. En el entorno del Ministerio de Economía descartan que esto traiga complicaciones a la hora de que se voten los préstamos para Argentina.
El BID había aprobado una serie de créditos por u$s800 millones que tenían como destino el engrosamiento de reservas, pero que estuvieron frenados por la relación que mantenía el Gobierno con el Banco.
El BID se encuentra en proceso de elección de un nuevo presidente mientras que ocupa el cargo de manera interina la vicepresidenta ejecutiva Reina Irene Mejía Chacón.
El recambio de autoridades contribuyó a demorar un poco la agenda del BID: inicialmente, según el comunicado emitido por la entidad el mes pasado, los nuevos créditos para el caso argentino se iban a discutir a fines de septiembre, y ahora se prevé que podría tratarse el próximo miércoles en la sesión semanal habitual de directorio del BID, o eventualmente en una extraordinaria que podría resultar el 6 o también el 7 de octubre, el mismo día en que votará el directorio del Fondo su desembolso.
El BID aclaró, por su parte, que el apoyo presupuestario del Banco a Argentina se enmarca en el cumplimiento de un acuerdo existente con el Fondo Monetario Internacional y la propia evaluación del BID de las condiciones macroeconómicas del país.
El apoyo del BID sirvió para darle más fuerza a la posición argentina en la revisión técnica que implementó el Fondo, previo a la reunión que mantuvo Massa con Georgieva en Washington, y antes del encuentro entre el Presidente Alberto Fernández con la titular del FMI en el marco de la Asamblea Anual de Naciones Unidas en Nueva York.

El tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados se reanuda con las exposiciones de los ministros de Educación, Jaime Perczyk; de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; y de Medio Ambiente, Juan Cabandié.
Además, darán sus informes los secretarios de Energía, Flavia Royon; de Industria, José Ignacio de Mendiguren; y de Agricultura, Juan José Bahillo; y los presidentes de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), Sebastián Bonetto; y de Energía Argentina (Enarsa), Agustín Gerez.
Así se retomará la segunda semana del debate de la iniciativa que establece los gastos y recursos proyectados para el 2023, que el oficialismo aspira a votar el 26 de octubre.
Los funcionarios concurrirán a la Sala 2 del Anexo C, a exponer ante la comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller (FdT).
La semana pasada inauguró las ponencias el ministro de Economía, Sergio Massa, quien respondió preguntas de los legisladores opositores, que a diferencia del año pasado se muestran proclives a colaborar para sancionar el Presupuesto.
Massa explicó a lo largo de más de dos horas y media las variables macroeconómicas estimadas para el 2023 que tienen como objetivo alcanzar un crecimiento del 2% del Producto Bruto Interno, una pauta de inflación del 60% y una reducción del déficit del 2,5% al 1,9% del PBI.
Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinará a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.
Un reclamo que siempre plantean los legisladores del interior de todas las fuerzas políticas son los subsidios para el transporte, y la realización de determinadas obras de infraestructura.
La intención del oficialismo es concluir la próxima semana la ronda de consultas y si queda algún expositor que lo haga el martes 18 para luego comenzar el debate entre los legisladores donde se propondrán los cambios al proyecto, para alcanzar los consensos que le aseguren al oficialismo la aprobación de la ley de gastos y recursos.
El proyecto de gastos y recursos para el 2023 prevé un aumento del consumo privado estimado en un 2,2% y la inversión en un 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.
En cuanto a la distribución del gasto, el proyecto contempla destinar a la administración gubernamental $ 1,6 billones; a servicios de defensa y seguridad, $ 1,2 billones; a gastos sociales, $ 18 billones; a servicios económicos, $ 4,5 billones; y a deuda pública, $ 2,9 billones, lo que implica casi $ 29 billones.
El presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.
Otro aspecto central será la posibilidad de blanqueos de dólares para el pago de importaciones de insumos y servicios destinados a procesos productivos, y para la construcción de proyectos inmobiliarios como también para la adquisición de viviendas usadas.

Mientras desde el Ministerio de Economía, y en particular desde la secretaría de Minería, encabezada por Fernanda Ávila, exministra de Minería de Catamarca, hablan con entusiasmo y buscan impulsar las inversiones, la producción y las exportaciones mineras, la Cámara de Diputados avanza en la discusión de una nueva “ley de Humedales” que preocupa a las empresas del sector.
Peor aún, en el debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja que tuvo lugar en la semana, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Luciano Berenstein, dijo que tal como están planteados los proyectos “la minería dejaría de existir en la Argentina” y el país podría perder más de USD 20.000 millones en inversiones mineras y poner en riesgo los 85.000 empleos directos e indirectos (y los 120.000 proyectados) y los más de $ 100.000 millones de ingresos fiscales, tanto nacionales como provinciales, que actualmente genera la actividad.
La Minería y la Agricultura, dijo Berenstein, son dos de las únicas tres industrias del país (aunque no la refirió, la tercera es la Pesca) que en 2021 produjeron ingresos netos de divisas al país “en un momento donde esto es prioritario para la economía nacional”.

Lo que está en juego
Además, resaltó que con USD 3.300 millones de exportaciones, la minería es ya el quinto complejo exportador de la Argentina, pero en el actual contexto de “transición energética” mundial, con sus demandas de minerales (en particular, litio y cobre) para reducir el consumo de hidrocarburos y aumentar la electrificación a través del uso de baterías, podría aumentar sus exportaciones anuales a USD 12.000 millones e incluso así estaría lejos de los USD 62.000 millones de exportaciones que, desde del otro de la cordillera, despacha anualmente Chile.
Berenstein hizo hincapié en el carácter federal de la minería y enumeró todas las provincias con actividad minera, por orden de incidencia: San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.

Economías regionales
La minería, resaltó, “ayuda a movilizar las economías regionales en zonas alejadas de los grandes centros productivos y poblacionales” y en la actualidad realiza “el 80% de las compras a nivel local y motoriza una sólida cadena de valor, compuesta por pymes de origen nacional”.
Lo que más preocupa a las empresas es la definición de humedal, dada la posibilidad de que una caracterización excesivamente laxa o amplia cercene las posibilidad de exploración, explotación y desarrollo minero en distintos lugares del país.
Por eso Berenstein pidió que la futura ley garantice una definición “clara y precisa vinculada a un humedal y alineada con las definiciones internacionalmente aceptadas; que se legisle con un espíritu federal de concertación, y que se evite caer en la prohibición de actividades per se”.
Al menos por ahora, en la actual discusión en Diputados no parece haber consenso para avanzar en alguno de los proyectos en pugna. Los que tienen más posibilidades de juntar los 129 votos necesarios para su aprobación legislativa son los del Diputado bonaerense Leonardo Grosso, del Frente de Todos, y de Ximena García, de Juntos por el Cambio.
El proyecto también preocupa al agro, que expresó a través de un comunicado de la Mesa de Enlace que “no hace falta otra ley de política ambiental” ya que “los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales”. La intensidad en torno del tema creció a raíz de la reciente ola de incendio de pastizales y el cruce de reproches entre funcionarios nacionales y provinciales, al punto que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, dijo que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, “debería hablar menos y trabajar más”.

La recaudación impositiva creció en septiembre 117%, al sumar 2.13 billones de pesos, impulsada por la fuerte liquidación de las exportaciones del complejo sojero, informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Al exceptuar los Derechos de Exportación, la recaudación tributaria de septiembre marcó una mejora de 87,6% interanual, una variación incluso superior a la evolución que registró la inflación en similar período, destacó el organismo.
Durante el noveno mes de 2022 los ingresos por Derechos de Exportación o retenciones registraron una suba de 489% respecto a septiembre del 2021, con un monto de $434.033 millones como consecuencia del Programa Incremento Exportador (PIE) que contempló un tipo de cambio especial temporal de $200 por dólar para las liquidaciones de la cadena sojera.
De esta forma, entre enero y septiembre la recaudación impositiva fue de 13,7 billones de pesos, equivalente a incremento del 77% respecto a igual lapso de 2021, precisó la AFIP.
El buen desempeño de la recaudación durante septiembre estuvo motorizado por los tributos progresivos: además de los Derechos de Exportación, se destacaron el impuesto PAIS (358,4%) y Ganancias (110 %).
La variación interanual de Ganancias se vio favorecida por un mayor impuesto determinado como base de cálculo de los anticipos del período fiscal 2022 de las sociedades con cierre de ejercicio en diciembre pasado, producto de la aplicación de una mayor tasa efectiva por la incorporación del esquema de alícuotas progresivas.
También incidió a favor el incremento de la alícuota a aplicar para la percepción por las compras en moneda extranjera, que pasó del 35% al 45%.
A esto se sumaron las compensaciones netas realizadas hacia Ganancias desde otros impuestos que fueron por $15.400 millones aproximadamente, mientras que en el año anterior habían sido de $ 8.500 millones aproximadamente.
Sin considerar las compensaciones netas y el incremento de la percepción por compra de moneda extranjera, la variación porcentual habría sido de 106,7%.
En tanto, la recaudación del IVA ascendió a $ 561.656 millones, mientras que el componente impositivo, vinculado con el mercado interno, mostró un alza del 87% al sumar algo más de $ 361.000 millones, mientras que el componente aduanero aumentó casi 83%, al alcanzar $ 216.100 millones.
Además, la recaudación por los Derechos de Importación ascendió a $ 63.100 millones con un alza del 71%.
En lo que respecta a los recursos relacionados con la seguridad social, que marcaron un incremento de 81,7% interanual, en septiembre se sostuvieron las altas tasas de crecimiento de los meses previos, profundizando la tendencia expansiva.
En esto influyeron tanto las mejoras salariales como el crecimiento del empleo registrado.
En tren de precisiones, señalaron que la suba de dichos recursos respondió al crecimiento de las Contribuciones Patronales (+83,9% i.a.) y al incremento de los Aportes Personales (+79,3% i.a.).

La etapa de revisión de paritarias en el tramo final del año, para el que el Gobierno espera una inflación de 95%, se inició con fuerza en la última semana de la mano de uno de los sindicatos más poderosos, el de los bancarios, que logró un aumento de 94,1% para 2022 y marcó un antecedente para decenas de otros gremios que buscan ganarle a la inflación. Entre esos sindicatos se cuentan los de aceiteros y los camioneros.
Por un lado, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, las empresas y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) iniciaron el jueves de manera formal las negociaciones paritarias.
Los sindicatos del sector aceitero, que año tras año suelen lograr los acuerdos más altos, reclamaron en este primer encuentro una recomposición de los salarios sobre la base conceptual del actual ingreso mínimo, vital y móvil, según “su definición constitucional y legal”, para que asegure al personal “la satisfacción de nueve necesidades básicas”.
Los aceiteros llegan envalentonados a la negociación, luego de que las compañías exportadoras acaban de liquidar millones de divisas gracias al dólar soja que implementó Sergio Massa desde su llegada a Economía.
Aceiteros lleva acumulado un incremento 64,3% tras la revisión paritaria que tuvo en julio último. Allí se definió un salario inicial de $184.000 desde el 1° de julio y volver a negociar en agosto por precios, algo que se adelantó dada la alta inflación registrada en el período.
Por otra parte, el secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, calentó la previa de las negociaciones salariales con una fuerte advertencia a empresarios: “Vamos a pedir más de 100% de aumento”.
“Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales. Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles”, aseguró el dirigente gremial . Y agregó: “La primera audiencia es el martes y vamos a ver con qué vienen los empresarios”.
Horas antes, Moyano había lanzado otra advertencia en un tono similar: “Nosotros ya hemos cobrado por adelantado el 31% y espero que los empresarios vengan con una propuesta seria, concreta, porque sino el paro de los neumáticos va a ser un poroto con la medida que va a tomar Camioneros”.
Sus declaraciones se producen horas de que se destrabara el conflicto con los neumáticos, tras más de 14 horas de reunión entre representantes de empresas y del gremio SUTNA en el Ministerio de Trabajo, el cual provocó el freno total de la producción en el sector automotriz.
También presionaron los sindicatos estatales, que pararon durante la semana y este viernes terminaron acordando la nueva pauta salarial para lo que resta del año en la administración pública nacional. Acordaron retomar la negociación en enero.
Representantes de UPCN y ATE acordaron con el Gobierno adelantar los tramos del incremento previsto originalmente para el inicio de 2023, de 10% cada uno. Además, se abonará una suma extraordinaria de $30.000 antes de fin de año. Y se garantizaron los fondos para el pase a planta permanente de 11.000 empleados públicos.
En un contexto de salarios en pugna, aumenta también la presión gremial para que el Gobierno suba otra vez el mínimo no imponible de Ganancias, anuncie un bono extra para fin de año para sectores que no llegan a cubrir la canasta básica y asignaciones familiares para los trabajadores.
“Le hemos pedido al presidente Fernández que se levante el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias”, anunció Pablo Moyano durante la semana. Y reforzó el pedido de un ingreso extra para los trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica para sus familias, es decir, que cerraron agosto con ingresos inferiores a $119.757.
En la misma línea, Moyano le reclamó a Fernández avanzar con la universalización de las asignaciones familiares para los trabajadores formales del sector privado. “Hoy lo están cobrando 2 millones sobre una base de 6 millones de trabajadores registrados”, dijo.

Las operaciones de compraventa de automóviles sumaron un total de 991.969 unidades durante el primer semestre del corriente año, de las cuales el 78,9% fueron explicadas por vehículos usados.
Entre enero y junio pasado, las ventas de unidades usadas acumularon 782.505 transacciones, apenas un 0,01% más que en igual período del año anterior; cuando se registraron 782.402, según un informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).
"Si bien el mercado está creciendo levemente con respecto al año pasado, todavía hay un potencial muy grande por delante vinculados a factores propios del contexto como la falta de productos a nivel mundial o la agudización a nivel doméstico por la inflación", dijo a Télam el secretario general de la CCA, Alejandro Llamas.
El directivo sostuvo que esta situación no es homogénea entre los distintos modelos, ya que los vehículos de producción nacional y del Mercosur tienen un mayor nivel de preponderancia respecto a los provenientes de terceros mercados.
Ante este contexto, importadores o representantes de firmas internacionales en el país buscan diseñar su propia estrategia para tener un mínimo de abastecimiento en el mercado, entre los que se destacan la decisión de concentrarse en determinados productos.
"En el mercado se supone que, cuanto más apertura de productos existe, mayor competencia hay. Esto produciría un descenso de precios que no siempre ocurre por un 'delicado equilibrio' vinculado a políticas de diseño empresarial", sostuvo Lamas.
Esta circunstancia repercute en la decisión final de los potenciales compradores, que terminan optando por otro tipo de modelos, ya sea por falta de oferta o por demoras en las entregas.
Esto determinó en gran parte la compra de usados, un mercado que también presenta limitaciones.
"Al seguir el faltante de determinado tipo de productos se empieza a agotar también el stock de los usados más nuevos porque el usado más nuevo ingresa al mercado cambiándolo por un 0 kilómetros como factor principal", señaló Lamas.
Respecto a la falta de stock en el segmento usados, el directivo de la CCA manifestó -de cara al futuro- su apoyo al proyecto de Ley de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz-Autopartista y a su cadena de valor, debido a que permitiría contar con una matriz productiva para el país a partir de determinados modelos de producción.
"Estamos apostando a ser 1 de los 22 países que fabrica autos en el mundo. Eso nos da industria pesada, tecnología, conocimiento, y sobre todo una matriz de desarrollo que favorece a que la industria prospere y se traslade al mercado interno, por lo tanto, es fundamental tener un modelo, que permita producir y exportar", dijo Lamas.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, consideró que el Programa de Incremento Exportador (PIE) fue un éxito y permitió tanto acumular más reservas internacionales como también mejorar los ingresos del productor de soja durante septiembre.
"El éxito del Programa Incremento Exportador permitió fortalecer las reservas y mejorar los ingresos de los productores", aseguró Bahillo en declaraciones radiales respecto de la finalización del denominado "dólar soja", que estableció un tipo de cambio diferencial excepcional de $200 por dólar para el complejo oleaginoso sólo por septiembre.
El ministro de Economía, Sergio Massa, difundió los resultados finales del Programa, el cual posibilitó exportaciones récord por US$ 8.123 millones, de los cuales 7.646 millones ya fueron liquidadas.
Así, Bahillo señaló que "las medidas que estamos tomando van en dirección de acompañar la producción para producir más", y recordó: "hemos ampliado las exportaciones de carne y vamos a cerrar el año con un volumen récord".
En este sentido, explicó que el Plan de Fortalecimiento para los Pequeños y Medianos Productores, que se financia con lo recaudado en el PIE, destinará alrededor de $ 40.000 millones para impulsar la competitividad de productores que hayan sembrado hasta 200 hectáreas de soja y/o 100 hectáreas de maíz en la campaña 2021/22, alcanzando de esta forma aproximadamente a 30.000 productores.
Por otro lado, Bahillo remarcó que su "responsabilidad es construir confianza. Durante estos 40 días hemos mejorado distintas cuestiones, por lo que creemos que en la medida que vayamos corrigiendo la macroeconomía vamos a ir resolviendo las restantes".
Por último, el funcionario nacional adelantó que se están evaluando acciones para las economías regionales, "que tienen realidades distintas y son actores importantes en el agregado de valor y la generación de empleo en el país".

La actividad metalúrgica registró un aumento interanual del 7,9% en agosto y acumuló un crecimiento del 7,6% en los primeros ocho meses del año, lo cual representa niveles por encima de los de 2019, según un informe elaborado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra).
De esta manera, la actividad creció 7,9% interanual en agosto y en la comparación con julio de 2022 registró una suba de 0,8%.
Por regiones, se observó un crecimiento generalizado, si bien las provincias de Santa Fe (+4,9%) y Córdoba (+7,8%) presentaron una desaceleración en el ritmo de crecimiento, con aumentos por debajo del promedio.
Por su parte, la actividad en la provincia de Buenos Aires (incluyendo CABA), presentó un aumento de 8,6% interanual, como consecuencia de un incremento de 9,4% en el AMBA y de 7,5% en el interior de la provincia.
En tanto, la provincia de Mendoza (+12,9%) continuó recuperando su nivel de producción, según destacó Adimra.
A nivel sectorial, tuvieron lugar también incrementos interanuales, y los sectores que más traccionaron al alza fueron Carrocerías, remolques y semirremolques (+17,3%), Equipamiento médico (+11,2%) y Equipos y aparatos eléctricos (+10,8%), registrando aumentos por encima del promedio general.
Los sectores Fundición (+2,6%), Autopartes (+6,2%) y Maquinaria agrícola (+6,8%) registraron menor crecimiento en términos interanuales.
Respecto del nivel de empleo, agostó registró un aumento de 2,4% frente al mismo mes de 2021.
Asimismo, en relación a las expectativas de producción, el informe refiere que "se registró una visión levemente menos optimista respecto del mes anterior", y señala que "el 31% de los empresarios prevé un aumento en su producción y el 25% espera una caída".

Desde ayer los precios de los combustibles aumentaron 6% en promedio en todo el país, informaron YPF, la empresa dominante, con más del 60% del mercado, y Raízen, que comercializa las naftas de Shell.
“En función de la evolución de las variables que inciden en la formación de los precios de los combustibles, YPF realizó a partir de las cero de ayer, un aumento de precios de combustibles de 6% promedio país en naftas y gasoil. El ajuste incluye la compensación del incremento de impuestos a los combustibles y de los aumentos de precios de biocombustibles”, informaron desde la petrolera de mayoría estatal y afirmaron que la petrolera seguirá haciendo esfuerzos “productivos y logísticos para sostener el abastecimiento en el mercado nacional en un contexto de sostenidos récords históricos de demanda”.
La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) estimó que la suba promedio es de unos $5 por litro en las naftas y de $4 en el gasoil.
El aumento fue gatillado por el inicio de la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxico de Carbono (IDC), que en esta ocasión fue del 25,3%, luego de que su actualización había sido postergada en siete ocasiones por el actual gobierno. Según la secretaria de Energía, Flavia Royón, estos impuestos deberán seguir aumentando hasta alcanzar el nivel adecuado. Inicialmente, sin embargo, Royón había estimado que el aumento de los combustibles desde hoy sería en promedio del 4 por ciento.
Shell confirmó que la suba en el valor de combustibles que comercializa será del 6%. en todas las estaciones de servicio del país. “Esta actualización de precios se origina por el aumento de los impuestos a los combustibles y el incremento de los precios de los biocombustibles”, dijeron desde la multinacional y agregaron entre las razones del reajuste en el precio “la variación del tipo de cambio oficial, que afecta el precio de las materias primas que utilizamos para la producción de combustibles”.
A su vez, desde YPF; que aumentará los precios de las naftas un 5% en promedio y los del gasoil un 7%, dijeron que se mantendrá un monitoreo sobre la evolución de las variables que inciden en la formación de precios, “teniendo siempre en consideración las particularidades del contexto macroeconómico del país y la realidad internacional”.
La diferente incidencia inicial sobre naftas y gasoil se debe a que tanto la brecha negativa entre el costo de importación y el precio en surtidor local como el volumen importado para completar la oferta local son mayores para el gasoil que para las naftas. Cerca de tres cuartos del aumento se debe al aumento impositivo El aumento de los impuestos en sí mismo explica 4 puntos de los 6 de aumento promedio, el resto corresponde al aumento impositivo y del precio de los biocombustibles, el resto se debe a retrasos acumulados respecto a diferentes variables.
En los últimos 12 meses el ajuste de precio acumulado de las naftas fue de cerca del 44% y el del gasoil del 60%, pero otras variables de la economía subieron mucho más, explican desde el sector petrolero, apuntando por caso que en el mismo período el biodiesel aumentó 86 puntos más, el aceite de girasol aumentó 71 puntos y la tasa de inflación medida por el Indec 27 puntos más.
A la vez, alegan desde la empresa estatal, los precios de los combustibles en la Argentina siguen siendo bastante más baratos que en los países limítrofes, lo que promueve la salida del combustible hacia esos países y tracciona el consumo por parte de los vehículos de patente extranjera, particularmente notable en las provincias limítrofes, del NEA y del NOA, donde la actual demanda de combustibles es 30% superior a los niveles de 2019.
La decisión del traslado a los precios del incremento en la carga impositiva dependía de las empresas. En la previa, fuentes del mercado afirmaban que YPF no aplicaría los aumentos de inmediato. En algunas otras compañías del sector, aseguraban que seguirían el aumento de la petrolera estatal. Shell, igualmente, anticipó su decisión de aumento de precios.

La inflación volvió a ubicarse cerca del 7% en septiembre. Así lo adelantaron los relevamientos de distintas consultoras privadas, que estiman un aumento del IPC en torno al 6,8%: dato que exhibiría una leve desaceleración con respecto de agosto, aún en niveles muy elevados. Los alimentos, advierten, crecieron incluso por encima del nivel general.
De cara a octubre, la reciente suba de los combustibles se sumará a los aumentos pautados en distintos servicios. Es por eso que se estima que los precios minoristas volverían a ubicarse por encima del 6% este mes.
“La inflación de septiembre nos da un 6,7%, con una suba del 7,6% en alimentos. Hubo aumentos fuertes en transporte también, por los incrementos en taxis y por el subte, y aumentos en educación”, resumió a Ámbito Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.
Los alimentos, efectivamente, crecieron por encima del nivel general. De hecho, según el relevamiento que realiza la firma LCG, este rubro presentó una inflación mensual del 8% promedio y del 7,8% medida “de punta a punta”. Las verduras treparon 12,3%; mientras que los productos lácteos y huevos subieron 10,5% y las carnes un 8%.
Por su parte, de acuerdo al relevamiento de precios minoristas de C&T para el GBA, la inflación el mes pasado fue del 6,8%. “Esto último provocó que la variación de doce meses trepara a 82,8%, la más elevada desde diciembre de 1991”, remarcaron desde la consultora. “Como es habitual en los meses de septiembre, indumentaria fue el componente de mayor aumento mensual debido al cambio de estación (13%)”, detallaron desde la firma, y agregaron: “En vivienda influyó el aumento de gas y electricidad derivado de la eliminación de subsidios para diversos usuarios. Alimentos y bebidas, el rubro más relevante, subió 7%. En su interior hubo incrementos generalizados, pero se destacaron los aceites, las verduras y las bebidas no alcohólicas. La carne se aceleró significativamente en la segunda mitad del mes”.
Por su parte, el IPC de Libertad y Progreso arrojó un avance del 6,9% mensual. El rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” fue el que tuvo mayor incidencia en el incremento del índice general. “Este mes hubo una presión en el índice de precios debido a la quita de subsidios a la energía y la actualización de tarifas reguladas como lo es el transporte público. También hay que destacar los aumentos tanto en alimentos como educación, que son gastos imprescindibles para un hogar y generan mayores dificultades para que el salario resista hasta fin de mes”, explicó Lautaro Moschet, Economista de Libertad y Progreso.
Por su parte, Eugenio Marí, economista Jefe de la firma, señaló que “Argentina ingresó decididamente en un nuevo régimen inflacionario, con el nivel de precios corriendo al 7% mensual por tercer mes consecutivo”. “Y no hay señales de que se vaya a desacelerar. En septiembre el BCRA aumentó su deuda remunerada en $1,3 billones, lo que lleva a que el total de deuda remunerada devengue $480.256 millones mensuales. Si a esto sumamos un Estado con déficit fiscal, pocas razones para pensar en una desaceleración de la emisión y de los precios”, subrayó. Además, destacó que la suba de los alimentos presionará “aún más sobre el dato de pobreza del segundo semestre”.
Justamente, en su habitual relevamiento de precios minoristas, la consultora Eco Go estimó que los alimentos treparon en septiembre en torno al 7,3% mensual. Así, proyectó una inflación general en el orden del 6,7%.

A tres meses del inicio de la temporada de verano 2023, el Colegio de Martilleros de Mar del Plata dio a conocer los valores estimados de los alquileres para el verano y se espera una suba del 70% en relación con el año pasado.
Según el trabajo, un departamento de dos ambientes se pagará en enero, por quincena, desde $71.000, es decir, unos $ 5000 diarios. Por uno de tres ambientes, por el mismo período, se pagará desde $85.000. Los precios son sugeridos, por lo que llegado el verano será el piso por el cual se podrá alquilar.
También está la posibilidad de instalarse para vacacionar en un monoambiente. En ese caso, habrá que pagar desde $28.000 semanales. En el otro extremo, la sugerencia para un chalet de tres ambientes es de $ 100.000.
El titular del ente que nuclea a las inmobiliarias de Mar del Plata, Guillermo Rossi señaló que en diciembre y marzo, estos valores se verán reducidos en un 30%. Para febrero, la rebaja será del 20%. Además, desmintió que se negocien alquileres en dólares. “Estamos en la Argentina, todos ganamos en pesos y los alquileres son en pesos”, agregó.
Se espera que durante el próximo fin de semana largo muchos turistas ya reserven con anticipación para el verano. “Entre octubre y noviembre esperamos gran cantidad de reservas para la temporada. El precio cuando se hace la reserva queda congelado”, explicó Rossi.

Verano 2023: los precios de los balnearios
Los valores de los servicios de playa aumentaron hasta el 100% respecto de la temporada pasada. La Cámara de Balnearios deja en libertad a sus asociados al momento de fijar tarifas. No todos tienen los mismos costos ni ofrecen los mismos servicios.
En los primeros días de septiembre, los concesionarios enviaron a sus clientes las tarifas de alquileres de carpas y sombrillas. En los más caros cobran $400.000 por temporada completa y por enero unos $250.000. Los alquileres de carpas por temporada son casi exclusividad de los locales.
Quienes pagaron en un balneario de la zona del Faro de Punta Mogotes $160.000 el año pasado por toda la temporada, este año tienen la oferta en estos días de $320.000 en un pago o $360.000 en cinco meses.
Hay más económicos, como los del complejo Punta Mogotes o algunos de la zona norte, donde el período de diciembre a marzo cuesta casi $ 200.000; e intermedios también, como La Perla, que salen $300.000. El nivel de reserva en estos días “es bueno”, explicaron.