Mientras desde el Ministerio de Economía, y en particular desde la secretaría de Minería, encabezada por Fernanda Ávila, exministra de Minería de Catamarca, hablan con entusiasmo y buscan impulsar las inversiones, la producción y las exportaciones mineras, la Cámara de Diputados avanza en la discusión de una nueva “ley de Humedales” que preocupa a las empresas del sector.
Peor aún, en el debate en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja que tuvo lugar en la semana, el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Luciano Berenstein, dijo que tal como están planteados los proyectos “la minería dejaría de existir en la Argentina” y el país podría perder más de USD 20.000 millones en inversiones mineras y poner en riesgo los 85.000 empleos directos e indirectos (y los 120.000 proyectados) y los más de $ 100.000 millones de ingresos fiscales, tanto nacionales como provinciales, que actualmente genera la actividad.
La Minería y la Agricultura, dijo Berenstein, son dos de las únicas tres industrias del país (aunque no la refirió, la tercera es la Pesca) que en 2021 produjeron ingresos netos de divisas al país “en un momento donde esto es prioritario para la economía nacional”.
Lo que está en juego
Además, resaltó que con USD 3.300 millones de exportaciones, la minería es ya el quinto complejo exportador de la Argentina, pero en el actual contexto de “transición energética” mundial, con sus demandas de minerales (en particular, litio y cobre) para reducir el consumo de hidrocarburos y aumentar la electrificación a través del uso de baterías, podría aumentar sus exportaciones anuales a USD 12.000 millones e incluso así estaría lejos de los USD 62.000 millones de exportaciones que, desde del otro de la cordillera, despacha anualmente Chile.
Berenstein hizo hincapié en el carácter federal de la minería y enumeró todas las provincias con actividad minera, por orden de incidencia: San Juan, Santa Cruz, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego.
Economías regionales
La minería, resaltó, “ayuda a movilizar las economías regionales en zonas alejadas de los grandes centros productivos y poblacionales” y en la actualidad realiza “el 80% de las compras a nivel local y motoriza una sólida cadena de valor, compuesta por pymes de origen nacional”.
Lo que más preocupa a las empresas es la definición de humedal, dada la posibilidad de que una caracterización excesivamente laxa o amplia cercene las posibilidad de exploración, explotación y desarrollo minero en distintos lugares del país.
Por eso Berenstein pidió que la futura ley garantice una definición “clara y precisa vinculada a un humedal y alineada con las definiciones internacionalmente aceptadas; que se legisle con un espíritu federal de concertación, y que se evite caer en la prohibición de actividades per se”.
Al menos por ahora, en la actual discusión en Diputados no parece haber consenso para avanzar en alguno de los proyectos en pugna. Los que tienen más posibilidades de juntar los 129 votos necesarios para su aprobación legislativa son los del Diputado bonaerense Leonardo Grosso, del Frente de Todos, y de Ximena García, de Juntos por el Cambio.
El proyecto también preocupa al agro, que expresó a través de un comunicado de la Mesa de Enlace que “no hace falta otra ley de política ambiental” ya que “los productores agropecuarios defendemos los recursos naturales”. La intensidad en torno del tema creció a raíz de la reciente ola de incendio de pastizales y el cruce de reproches entre funcionarios nacionales y provinciales, al punto que el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, dijo que el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, “debería hablar menos y trabajar más”.
