La etapa de revisión de paritarias en el tramo final del año, para el que el Gobierno espera una inflación de 95%, se inició con fuerza en la última semana de la mano de uno de los sindicatos más poderosos, el de los bancarios, que logró un aumento de 94,1% para 2022 y marcó un antecedente para decenas de otros gremios que buscan ganarle a la inflación. Entre esos sindicatos se cuentan los de aceiteros y los camioneros.
Por un lado, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (Ftciodyara), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, las empresas y la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) iniciaron el jueves de manera formal las negociaciones paritarias.
Los sindicatos del sector aceitero, que año tras año suelen lograr los acuerdos más altos, reclamaron en este primer encuentro una recomposición de los salarios sobre la base conceptual del actual ingreso mínimo, vital y móvil, según “su definición constitucional y legal”, para que asegure al personal “la satisfacción de nueve necesidades básicas”.
Los aceiteros llegan envalentonados a la negociación, luego de que las compañías exportadoras acaban de liquidar millones de divisas gracias al dólar soja que implementó Sergio Massa desde su llegada a Economía.
Aceiteros lleva acumulado un incremento 64,3% tras la revisión paritaria que tuvo en julio último. Allí se definió un salario inicial de $184.000 desde el 1° de julio y volver a negociar en agosto por precios, algo que se adelantó dada la alta inflación registrada en el período.
Por otra parte, el secretario Adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones, Pablo Moyano, calentó la previa de las negociaciones salariales con una fuerte advertencia a empresarios: “Vamos a pedir más de 100% de aumento”.
“Nosotros vamos a ir con un pedido concreto de un aumento importante hacia los trabajadores camioneros, el pago de un bono a fin de año y el aumento de un montón de adicionales. Que no vengan los empresarios con dos pesos con cincuenta. Si no, como siempre ha hecho nuestra organización, se discutirá y peleará el salario en las calles”, aseguró el dirigente gremial . Y agregó: “La primera audiencia es el martes y vamos a ver con qué vienen los empresarios”.
Horas antes, Moyano había lanzado otra advertencia en un tono similar: “Nosotros ya hemos cobrado por adelantado el 31% y espero que los empresarios vengan con una propuesta seria, concreta, porque sino el paro de los neumáticos va a ser un poroto con la medida que va a tomar Camioneros”.
Sus declaraciones se producen horas de que se destrabara el conflicto con los neumáticos, tras más de 14 horas de reunión entre representantes de empresas y del gremio SUTNA en el Ministerio de Trabajo, el cual provocó el freno total de la producción en el sector automotriz.
También presionaron los sindicatos estatales, que pararon durante la semana y este viernes terminaron acordando la nueva pauta salarial para lo que resta del año en la administración pública nacional. Acordaron retomar la negociación en enero.
Representantes de UPCN y ATE acordaron con el Gobierno adelantar los tramos del incremento previsto originalmente para el inicio de 2023, de 10% cada uno. Además, se abonará una suma extraordinaria de $30.000 antes de fin de año. Y se garantizaron los fondos para el pase a planta permanente de 11.000 empleados públicos.
En un contexto de salarios en pugna, aumenta también la presión gremial para que el Gobierno suba otra vez el mínimo no imponible de Ganancias, anuncie un bono extra para fin de año para sectores que no llegan a cubrir la canasta básica y asignaciones familiares para los trabajadores.
“Le hemos pedido al presidente Fernández que se levante el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias”, anunció Pablo Moyano durante la semana. Y reforzó el pedido de un ingreso extra para los trabajadores que no llegan a cubrir la canasta básica para sus familias, es decir, que cerraron agosto con ingresos inferiores a $119.757.
En la misma línea, Moyano le reclamó a Fernández avanzar con la universalización de las asignaciones familiares para los trabajadores formales del sector privado. “Hoy lo están cobrando 2 millones sobre una base de 6 millones de trabajadores registrados”, dijo.