El Gobierno prepara una reajuste en las clavijas de los sistemas de autorización de importaciones, luego de haber extendido el esquema de restricciones para el pago al contado de compras al exterior hasta fin de año. En la mira aparecen las llamadas “importaciones temporales” y la adquisición de algunos servicios a países extranjeros, que en el equipo económico consideran que insumió una buena cantidad de divisas en lo que va del año.
Para ese trabajo, en las últimas horas sostuvieron una reunión el presidente del Banco Central Miguel Pesce junto a autoridades de Aduana (Guillermo Michel), de AFIP y de la Secretaría de Comercio. Son todas las áreas por las que transitan los trámites de autorización de importaciones desde que se inicia una solicitud hasta que se aprueba.
La presencia de esos cuatro dependencias públicas no es casual, ya que además de un reajuste del marco normativo para un grupo de importaciones, otro de las cuestiones que se abordó fue la del propio funcionamiento del trámite de las SIMI que, aceptan en algunos despachos oficiales, “no es bueno y hay que corregirlo”.
“Necesitamos implementar un modelo de trazabilidad con los trámites que se inician, darles una fecha cierta de finalización desde que empieza hasta que se realiza el despacho”, describió un funcionario presente en la reunión.
A grandes rasgos, las empresas que piden permisos de importación de bienes o servicios que no estén bajo el régimen de licencias automáticas deben pasar, primero, un filtro de “solvencia” económico financiera, con los criterios que la AFIP determine. Luego, pasará por el Ministerio de Economía -a través de la Secretaría de Comercio que encabeza Matías Tombolini y que tiene a su cargo la administración del comercio exterior- hasta el BCRA, que es el que libera las divisas.
Además de esa modificación, más inherente al funcionamiento del propio Estado, habrá en las próximas horas cambios en el marco normativo que rigen sobre un grupo de importaciones. Uno de los subgrupos a los que apuntó específicamente el equipo económico es al de las denominadas importaciones temporales, que son aquellas que se ajustan a un criterio por el cual esas compras al exterior son utilizadas como insumo de un bien que luego, como parte de la cadena, termina siendo exportado de forma obligatoria.
El Estado regula este tipo de operaciones a través de un decreto de 2004 que establecía una ventana de tiempo entre que sucede el primer hecho (la compra desde el exterior del insumo) y su venta hacia otro país. Ahora, con un nuevo decreto que termina de ajustar la Secretaría de Comercio y que publicará en los próximos días, reducirá esa distancia.
En la actualidad el plazo máximo que tienen según la reglamentación es de 360 días más la posibilidad de una prórroga de otros 360 días, es decir dos años. Ese plazo, con la nueva medida que se conocerá en los próximos días, se acortará a 120 días con otro tiempo similar como prórroga, lo que da como resultado ocho meses.
De todas formas, no representan la mayor parte de las importaciones ya que según estimaciones oficiales se trata de unos USD 3.086 millones en lo que va del año, de los cuales USD 1.600 millones corresponden a la compra en el exterior de porotos de soja y la venta luego de aceite de soja.
Está en etapa final de elaboración, además, el reajuste de criterios para la autorización de importaciones de algunos servicios. Se trata del índice de Capacidad Económica Financiera (CEF) que elabora el organismo tributario y que determina si una firma puede importar y en qué montos, algo que entre las compañías del sector suele ser visto como un sistema poco transparente y discrecional.
Las importaciones de servicios es un rubro que tuvo un salto pronunciado en su ritmo mensual importador en los últimos dos años y que llegó a tener picos cercanos a los USD 1.700 millones por mes en los primeros meses de este año. En las nuevas restricciones que piensa el Gobierno quedarían excluidos servicios como el pago de fletes internacionales pero sí se incluirán otros como seguros o licencias de software.
Las nuevas medidas no están relacionadas con el marco regulatorio sobre el pago de importaciones que el Banco Central la semana pasada extendió hasta fin de año -se vencía originalmente el último día de septiembre- y que restringe el grupo de importaciones que pueden ser pagadas al contado, lo que obliga a algunas empresas a buscar financiamiento para esas operaciones.