El secretario de Energía, Darío Martínez, ratificó que está garantizado el abastecimiento de gasoil, al tiempo que advirtió que "existen operaciones especulativas que tienden a complicar la situación”.
“Las refinerías informan que están abasteciendo crecientemente la demanda de gasoíl, pero existen operaciones especulativas que tienden a complicar la situación”, dijo Martínez en una nota de prensa.
“El Gobierno Nacional está trabajando e implementando todas las acciones que se requieren para que exista un normal abastecimiento de combustibles líquidos para los automovilistas, el transporte, la industria y el campo”, agregó el funcionario.
En tal sentido, Martínez afirmó que “hemos trabajado y resuelto con buenos resultados las cuestiones de abastecimiento interno de crudo, de los precios de los biocombustibles, y de importación de combustibles líquidos”.
“Con las productoras de petróleo y las refinerías hemos trabajado para abastecer a pleno las destilerías del país, para que utilice toda su capacidad instalada, y lo estamos logrando. Con los productores de biodiesel hemos acordado un sendero de precios que rige desde el 1 de Abril, que les da la certeza necesaria para comprar su materia prima y producir y abastecer de ese producto a las refinerías para la mezcla con gasoil", detalló el funcionario.
Tras lo cual agregó que "con los productores de bioetanol de maíz, hemos resuelto la difícil situación planteada por la suba descomunal del precio de su producto básico como es el maíz, con un decreto a firmarse y una resolución que permitiera que desde el 1 de Abril, tengan el precio necesario para poder hacer funcionar sus plantas a full y planificar la compra de sus materias primas".

El Gobierno anunció el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, que perciben 2,4 millones titulares y alcanza a 4,1 millones de personas, que corresponde al pago de abril pero se cobrará en los primeros días de mayo.
Los nuevos montos para la ayuda social serán de $9.000 para las familias con un hijo de hasta 14 años o con discapacidad; de $13.500 en el caso de familias que tienen 2 hijos y $18.000 en el caso de familias con tres hijos o más menores en la misma condición. También recibirán $9.000 quienes perciben la asignación por embarazo.
Con el incremento, el Estado desembolsará $27.000 millones por mes para afrontar el pago a los 4,1 millones de beneficiarios.
El incremento, que se cobrará en los primeros días de mayo, corresponde al pago de abril y se acreditará en las tarjetas del programa, informaron fuentes oficiales.
La Tarjeta Alimentar es una iniciativa del gobierno nacional, en el contexto del Plan Argentina contra el Hambre, que, desde enero de 2020, busca garantizar a las familias argentinas el acceso a la canasta básica alimentaria.
El anuncio fue realizado por el Presidente Alberto Fernández y el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien comunicó la medida. En el Gobierno aseguran que el Presidente lo decidió así para darle protagonismo a uno de sus leales del gabinete.
El acto se realizó en el marco de la visita presidencial al Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown”, ubicado en el municipio bonaerense de Almirante Brown. Allí supervisaron la entrega de instrumental a emprendedores y emprendedoras, dentro del programa nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social”.

La presidenta del Senado Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, dispusieron un incremento salarial de 20.000 pesos que regirá desde el mes de abril. El beneficio se conoce en medio de la interna del Frente de Todos, donde el ala kirchnerista reclama una inmediata recomposición salarial ante la suba de precios.
“Dispónese un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes del Honorable Congreso de la Nación, que ascenderá a la suma de 20.000 que regirá desde el mes de abril del 2.022, sostiene el artículo 1 de la resolución conjunta. Cabe destacar que quedarán excluidos de la presente medida, los legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, las autoridades superiores y la planta política”, informaron en un comunicado.
El aumento por fuera de la paritaria se conoce en medio de las presiones del kirchnerismo a la Casa Rosada para que se tomen más medidas vinculadas con la recomposición de los salarios frente a la fuerte alza de la inflación. Como adelantó Infobae, el senador nacional del Frente de Todos Oscar Parrilli, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, exigió al Gobierno medidas “más firmes” para evitar que la inflación siga erosionando los salarios y consideró que la decisión de reabrir las paritarias tuvo “gusto a poco”.
“Me parece de muy gusto a poco adelantar las paritarias; debería haberse tomado una medida más audaz, más decidida, más firme, para mejorar el nivel salarial y el consumo, porque esa plata que se le da a los trabajadores no se fuga, sino que va al consumo”, destacó el legislador kirchnerista a El Destape Radio.
Por eso, el senador pidió a la Casa Rosada que se tomen medidas “en favor de los sectores más vulnerables y necesitados de la sociedad” y recordó sus diferencias “con la manera en que se llevó adelante la negociación” del Gobierno con el Fondo para negociar la deuda.

En medio de la fuerte presión inflacionaria que atraviesa el país –en febrero alcanzó un acumulado anual de 52,3%, según el Indec- el Gobierno convocó de forma adelantada a 26 organizaciones gremiales a discutir paritarias para 2022.
Lo hizo el Ministerio de Trabajo, empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 2022-388. De esta manera, convocó a aquellos sectores que tuvieran acuerdos con término no vencido, y a los que tuvieran convenios colectivos con término vencido y no se encontraren en la etapa de tratativas a discutir el reajuste salarial para 2022.
Cabe recordar que el Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron ayer una serie de medidas con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad compuesta por entre 50 y 60 productos.
El acuerdo se dio en el marco de una nueva reunión que mantuvieron los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace; con representantes de la central sindical y los industriales en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación.
Las partes reunidas coincidieron en la necesidad de concertar acciones que permitan afrontar las dificultades económicas locales, agravadas por el conflicto en Ucrania, con el fin de mejorar el poder adquisitivo de los salarios, cuidar la canasta básica de consumo de los argentinos y preservar la reactivación de la economía.
La reunión del martes fue una continuación de los encuentros producidos durante el 28 y 31 de marzo pasado a instancias del presidente Alberto Fernández, con el objetivo de establecer una mesa de diálogo y concertación social tendiente a alinear expectativas y a fortalecer la reactivación productiva de manera articulada con la creación de empleo formal y la mejora en los ingresos reales de la población.
Las actividades convocadas son construcción, autotransporte de cargas, sanidad, hotelería y gastronomía, seguridad e investigaciones, maestranza, plástico, pasteleros, seguros, alimentación, textil, televisión, mecánicos, aguas gaseosas, industria del vestido, industria química y petroquímica, industria gráfica, industria molinera, turismo e industria maderera.

Tras la reunión bilateral entre los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce, los gobiernos de Argentina y Bolivia acordaron avanzar en proyectos de cooperación para el desarrollo de la cadena de valor del litio, un mineral de creciente demanda global para la electromovilidad y la transición energética, para lo cual se agendó una primera reunión técnica a realizarse en mayo
El entendimiento -denominado Memorándum de Entendimiento de Cooperación en la Integración en Recursos Evaporíticos y Litio- fue suscripto este jueves por la tarde por el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y su par de Hidrocarburos boliviano, Juan Franklyn Molina Ortiz, en el marco de un acto realizado en Casa de Gobierno encabezado por los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce.
De manera previa, Fernández y Arce dieron a conocer una declaración conjunta, en el que destacaron "la importancia de concretar proyectos de cooperación para el desarrollo de la cadena de valor en torno al litio, mediante el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos, la capacitación y perfeccionamiento de los recursos humanos y la promoción de tecnologías de extracción sustentable".
Para esto, acordaron concretar una reunión técnica en Argentina entre Y-Tec y Yacimientos de Litio Boliviano en mayo próximo, con la participación de los organismos de ambos países con competencias en la materia.
Los extensos salares de la Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado "triángulo del litio" que contiene las mayores reservas mundiales de ese mineral, por lo que el interés de los Gobiernos es generar mayor valor agregado a ese recurso natural y no solo ser exportadores de materia prima de baja industrialización.
Filmus expresó -luego de firmar el memorando- que ambos países siguen "apostando al desarrollo científico tecnológico de este recurso natural estratégico para Argentina y para Bolivia al sumar sinergia para la investigación, intercambio de conocimiento para lograr optimizar su proceso de investigación, explotación e industrialización".
"Es clave dejar de ser un país que solo exporta recursos primarios y pasar a darles valor agregado, industrializarlos y posicionarnos en el mundo ante un escenario que transiciona hacia este mineral", enfatizó el ministro al destacar el esfuerzo de la región por "avanzar en la cooperación para lograr cambiar la matriz productiva y darle más valor agregado a nuestras exportaciones".
El presidente de YPF Tecnología (Y-Tec), Roberto Salvarezza, explicó a Télam que el acuerdo busca coordinar esfuerzos para trabajar no solo sobre la exploración y explotación del recurso en la actividad minera, sino ser capaces de agregar valor mediante el intercambio y transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos de acuerdo con las áreas de interés común.

En medio de la escasez de gasoil que se registra en todo el país, camioneros autoconvocados se adelantaron al paro nacional anunciado para el 11 de abril por transportistas de granos y cortan distintas rutas del sur de Córdoba, el área más productiva de la provincia.
El reclamo se da luego de que en distintas zonas el racionamiento del combustible está frenando el trabajo en época de cosecha gruesa. Según medios locales, los principales cortes ante el faltante de gasoil se dan en la ruta 8 a la altura de la localidad de Las Vertientes, en la autovía a Córdoba en Río Cuarto y sobre la ruta 158 en Chucul.
Los autoconvocados reclaman la provisión de gasoil para los camiones. Cabe recordar que desde la semana pasada se vienen registrando numerosos inconvenientes para el normal abastecimiento de combustibles en el interior. Se trata de una problemática que afecta a los productores agropecuarios, contratistas rurales y transportistas, en los inicios de la cosecha de soja y maíz, y además en momentos donde se están tomando las decisiones para la próxima siembra de los cultivos de invierno, como trigo y cebada.
La falta de combustible para la maquinaria pesada hace que en Córdoba ya se comercialice el diésel “blue”. Se trata de ventas paralelas que se llevan a cabo principalmente en pueblos y en estaciones de bandera blanca.
Transportistas de granos agrupados en la Federación de Transportistas Argentinos (Fetra) anunciaron un paro nacional y cortes de ruta por la falta de gasoil. El gremio aseguró que “la falta de respuesta al pedido de convocatoria de una mesa de Negociación Participativa para la actualización tarifaria de los fletes de granos; los constantes aumentos de precio del gasoil, y la falta de abastecimiento de combustible tornan imposible seguir trabajando en condiciones razonables”.
El paro se hará desde las 0 horas del próximo lunes 11 de abril. Fetra asegura que la medida se hará a nivel nacional y que habrá manifestaciones en cruces de rutas, plantas de acopio y puertos cerealeros.

El Senado de la Nación aprobó por mayoría y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que reforma la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, consensuado entre el oficialismo y bloques provinciales para dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.
En la votación en la que se convalidó la norma por 37 votos contra 33, el interbloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC) manifestó su rechazo a la propuesta del Gobierno de Alberto Fernández, en desacuerdo con la decisión de no incluir a la Corte Suprema de Justicia en la representación del Consejo.
La Cámara de Diputados será ahora la encargada de convertir en ley la iniciativa, que eleva de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo que sesionarán en el interior del país periódicamente con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
El Consejo vuelve a ampliarse entonces, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema nacional declaró la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
El máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que establezca una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
Durante la sesión que abrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que se extendió durante seis horas, senadores del oficialismo y de la oposición volvieron a cruzar recriminaciones por el desempeño del gobierno de Mauricio Macri en su política hacia el Poder Judicial y por la falta de diálogo entre las fuerzas políticas.
En representación del Frente de Todos, el senador Oscar Parrilli acusó a la Corte Suprema de promover una suerte de "golpe de Estado" para obtener la presidencia del Consejo, y la vicepresidenta del bloque del FdT, Anabel Fernández Sagasti aseguró que al máximo tribunal "le molesta la división de poderes y la democracia".
Desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, Alberto Weretilneck -autor de algunos de los cambios que se introdujeron en la propuesta inicial enviada al Senado-, acompañó con su voto y declaró que la discusión no debía girar en torno a "si la Corte si o la Corte no, sino que se trata de federalismo sí".
En representación de la oposición que se manifestó en contra, el jefe de los radicales, Luis Naidenoff, cuestionó que se haya "desperdiciado la oportunidad de lograr consenso" para modificar al Consejo y aseguró que en la Cámara baja la norma volverá a ser modificada.
El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso a principios de diciembre último, anticipándose al fallo de la Corte que derogó la Ley del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006 y estableció un plazo máximo para adecuar la legislación que vence el 15 de abril.
La norma fue dictaminada hace dos semanas gracias a la mayoría del Frente de Todos, pero luego tuvo que ser revisada al no contar con los votos necesarios.
Los legisladores del oficialismo abrieron entonces el expediente a los aportes de dos de sus aliados: Magdalena Solari Quintana, del Frente para la Concordia de Misiones, y Weretilneck, quien propuso cambios para lograr mayor federalismo.
Para la elección de consejeros de la Magistratura representantes de los jueces y de los abogados, las listas deberán conformarse con un integrante de cada región y su respectivo suplente.
A ese efecto se establecen las regiones federales AMBA, Norte, Centro y Sur, que estarán compuestas por las jurisdicciones que abarcan las cámaras federales respectivas.

El Gobierno, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) acordaron una serie de medidas con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores, entre las que se destacan la posibilidad de abrir de manera anticipada la discusión de convenios salariales y la creación de una canasta alimentaria de primera necesidad compuesta por entre 50 y 60 productos.
Fue en el marco de una nueva reunión que mantuvieron este martes los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y la Jefa de Gabinete del Ministerio de Economía Melina Mallamace; con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Industrial Argentina (UIA) en el marco de la mesa tripartita de trabajo creada la semana pasada para coordinar acciones destinadas a enfrentar la inflación.
En representación del sector sindical estuvieron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto al secretario General Adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.
Por la entidad fabril participaron en la reunión su presidente, Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez; el vicepresidente Regional, Guillermo Moretti; y el director Ejecutivo, Diego Coatz.
Las medidas acordadas contemplan la posibilidad abrir negociaciones paritarias antes de las fechas estipuladas por cada sector, a la vez que las partes ratificaron la decisión de consensuar una canasta básica con 50 0 60 productos de primera necesidad a precios accesibles, cuya implementación debería estar definida en un plazo de 72 horas.
De manera específica, el Gobierno, los empresarios y los sindicalistas acordaron la apertura de la negociación de convenios salariales que aún no han vencido o que no se encuentran en etapa de tratativas.

La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, integrada por referentes gremiales y representantes de los empleadores sellaron el acuerdo que define los próximos aumentos salariales para las trabajadoras del sector. Para el año paritario 2022-2023, se estableció un alza del 15% a partir de junio con una revisión en agosto.
Asimismo, el año paritario del sector que rige desde junio de 2021 a mayo de 2022 totalizará un incremento del 65%, ya que en abril aumentarán un 6% y un 9% en el quinto mes del año.
Las escalas de remuneraciones vigentes a partir de los salarios de marzo, que comenzaron a pagarse en abril, son las siguientes:
Supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.
- Personal con retiro: $335,50 por hora y $41.892 mensuales.
- Personal sin retiro: $367,50 por hora y $46.663,50 mensuales.
Personal para tareas específicas: cocinero/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.
- Personal con retiro: $317,50 por hora y $38.920,50 mensuales.
- Personal sin retiro: $348 por hora y $43.325 mensuales.
Caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.
- $299,50 por hora y $37.973 mensuales.
Asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.
- Personal con retiro: $299,50 por hora y $37.973 mensuales.
- Personal sin retiro: $334 por hora y $42.317 mensuales.
Personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.
- Personal con retiro: $278 por hora y $34.148,50 mensuales.
- Personal sin retiro: $299,50 por hora y $37.973 mensuales.
“El personal que efectúe tareas incluidas en más de una categoría quedará comprendido en la que resulte la principal que desempeñe con habitualidad”, se aclaró en la Resolución 4/2021 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Además, se estableció un adicional por zona desfavorable: el mismo será equivalente al 30% sobre Ios salarios mínimos establecidos para cada una de las categorías, respecto del personal que preste tareas en las Provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, o en el Partido de Patagones de la Provincia de Buenos Aires.
En tanto, para empleados mayores de 18 años, por 16 horas de trabajo semanales o más, el empleador deberá abonar un total de $2.893,34, correspondiente al aporte a la obra social ($1.775,18), la contribución al sistema jubilatorio ($148,28) y la ART ($969,88). Mientras tanto, por trabajo entre 12 y 16 horas semanales, el aporte total será de 1.014,44 pesos, en concepto de aporte a la obra social ($266,91), contribución al sistema jubilatorio ($101,66) y la ART ($645,87).

Jimena de la Torre, la candidata de Juntos por el Cambio, ganó las elecciones de abogados para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano encarado de la selección y acusación de jueces y de la administración del Poder Judicial de la Nación.
Pasadas las 21 horas, con 124 colegios cargados de un total de 138, la lista de De la Torre sumaba 7894 votos y la lista 2 5479. “Son datos irreversibles”, dijo una fuente oficial.
De la Torre, una ex funcionaria de la AFIP durante el gobierno de Mauricio Macri y fundadora de “Abogados en acción”, encabezaba la lista 1. En segundo lugar quedó la Lista 2, que postulada a María Fernanda Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y cercana a Diego Molea, actual integrante del Consejo por los académicos que se referencia en el bloque del oficialismo.
Al confirmarse el resultado, la candidata ganadora publicó un mensaje en sus redes sociales: “Fue una gran elección, ganamos por el 60 por ciento y eso se lo debemos a todos los fiscales que confiaron en nosotros y cuidaron cada uno de los votos. Agradecemos al equipo y a todos los abogados que confiaron en nosotros y que nos permitieron conversar e intercambiar propuestas: el compromiso es con ustedes y vamos a seguir para ese Consejo de la Magistratura que necesitamos y ese Poder Judicial que nos lleve al país que queremos, con una Justicia más independiente, más eficiente y eficaz”.

El actual embajador en Israel y ex gobernador de Entre Ríos, el peronista Sergio Urribarri, fue condenado hoy a ocho años de prisión efectiva y inhabilitación perpetua por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado en las cinco causas que se tramitaron desde septiembre del año pasado en los Tribunales provinciales.
Urribarri siguió por videoconferencia las alternativas de la lectura del anticipo del fallo que dictaron los jueces José María Chemes; Carolina Castagno y Elvio Garzón, quienes descartaron los planteos de la defensa y convalidaron la teoría del caso de la Fiscalía en casi todo el recorrido de los hechos. El presidente Alberto Fernández analizaba el inmediato reemplazo de sus funciones como representante argentino ante el gobierno de Israel.
El Ministerio Público Fiscal había pedido que se lo sancione a 12 años de prisión y se lo inhabilite a ejercer cargos públicos. Su defensa técnica, por el contrario, había requerido al Tribunal que lo absuelva. La Justicia consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares.
Uno de ellos fue favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera quien operaba, según el fallo, con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en vía pública. Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses.
Los jueces también consideraron probado que utilizó el montaje de un parador en Mar del Plata en 2015 y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante diciembre de 2014 para promover sus intenciones de sucederá a Cristina Kirchner en la presidencia en 2015.
Además del ex mandatario entrerriano, habían sido acusados sus ex ministros Pedro Baez (Comunicación) y Hugo Marsó (Turismo). Al primero se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación a perpetuidad. El segundo fue absuelto.

Las causas
En el juicio, que comenzó a fines de septiembre de 2021 y culminó a mediados de marzo de este año, tuvo como eje cinco investigaciones realizadas por el supuesto desvío de fondos públicos para fines particulares.
La Fiscalía entendió que la realización de un parador en la playa La Perla de Mar del Plata en enero de 2015; la difusión en medios nacionales de spots relacionados con la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en diciembre de 2014 y la publicación de una solicitada contra los fondos buitres eran montajes para pagar con recursos del Estado la campaña de Urribarri para posicionarse como uno de los candidatos a disputar la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación.
También se apuntó contra el ex mandatario por un esquema de supuesta cartelización de publicidad en vía pública en favor de las empresas que la Justicia entendió eran operadas por testaferros de Aguilera.
Por último, se lo acusó por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa denominada Global Means sin haber cumplido con los requisitos formales para ello.

El Gobierno nacional estableció el 1° de mayo como fecha límite para disponer el retorno de los trabajadores de la administración pública a la presencialidad, después de la serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que establecieron la modalidad remota a causa de la pandemia de coronavirus.
A través de la Resolución 58/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete estableció que "antes del 1º de mayo de 2022 cada jurisdicción, organismo y entidad de la administración pública nacional (...) deberá disponer el retorno a la modalidad de prestación de servicios que era habitual en forma previa a la vigencia del Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios".
La secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Gabriela Castellani, aseguró que esta resolución "no es un capricho" sino que es parte de las nuevas recomendaciones que estableció el Consejo Federal de Salud y que refrendó en una resolución el Ministerio de Salud.
"Los cuidados en esta nueva etapa se establecen con ventilación simple y no cruzada, con uso de barbijo y con eliminación de la obligatoriedad de dejar dos metros de distancia entre los puestos de trabajo. Así que ya estamos en condiciones de hacer una vuelta a la presencialidad completa en todos los edificios", afirmó la funcionaria en declaraciones a Télam Radio.
Castellani consideró también que, después de dos años de haber tenido que recurrir a modalidades de trabajo a distancia, "va a ser necesario" evaluar en paritarias con los representantes de los trabajadores las "posibilidades y las nuevas modalidades de trabajo".
"Nosotros ya tenemos propuestas. Sabemos que los sindicatos también tienen las suyas, y en la paritaria que se inicia en el mes de mayo seguramente estaremos trabajando alguna de estas cuestiones para ver cuál es el futuro del trabajo en la administración pública", añadió.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, confirmó que a partir de hoy, jueves 7 de abril, es optativo el uso de tapabocas en espacios laborales, recreativos y educativos. De todos modos, aclaró que en el transporte público “sigue siendo obligatorio”. Hasta el momento, sólo cinco distritos habían quitado la necesidad de usar el barbijo en primaria y secundaria: Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro.
“Desde hoy es optativo su uso en espacios laborales, recreativos y educativos. En el transporte público seguirá siendo obligatorio”, publicó Kreplak en su cuenta de Twitter, aunque aclaró que seguirán “recomendando la utilización del tapabocas”.
En su argumento para tomar la medida, el funcionario resaltó que la Provincia lleva “10 semanas de descenso sostenido de casos de Covid, el brote adelantado de influenza controlado, la campaña de vacunación contra la gripe iniciada y más del 95% de la población inmunizada contra el coronavirus. Con la llegada de los primeros fríos, la circulación de nuevas variantes, las clases presenciales y sin ningún aforo ni restricción, los casos no aumentan y estamos en una buena situación epidemiológica”.
“Sostener los cuidados siempre fue la prioridad, pero aún más en niños y niñas. Por eso en las escuelas de la Provincia se distribuyeron 33 mil medidores de dióxido de carbono para tener una adecuada ventilación y se aplicaron más de 295000 vacunas COVID en 3000 escuelas”, sostuvo y agregó: “Seguiremos monitoreando la situación epidemiológica, entregando barbijos en las escuelas, completando los esquemas de vacunación y realizando una vigilancia activa para que estas medidas las podamos sostener y nos acerquemos cada vez más a una plena normalidad”.
En las últimas semanas, en los municipios gobernados por el PRO avanzaba el pedido para que el tapaboca fuera de uso optativo en el transporte público, dependencias municipales y quedara a libre decisión en los comercios. De hecho, el que había dado el puntapié fue el intendente de La Plata, Julio Garro, al adelantarse a la autorización del gobierno de Axel Kicillof.

El presidente Alberto Fernández y su par de Chile Gabriel Boric remarcaron una y otra vez que tienen muchas coincidencias en sus visiones políticas y que se consideran “amigos”, “cómplices” y “aliados”. Así lo expresaron en el segundo día de la visita de Estado que el flamante presidente chileno realiza a la Argentina. En la firma de acuerdos que sellaron entre ambos gobiernos se notó un clima más que cordial, más allá de una llamativa demora de casi una hora en el comienzo del acto. Además de esa rúbrica de los acuerdos, esta mañana hubo una reunión bilateral entre ambos y otro encuentro ampliado con la participación de ministros de los dos gobiernos.
Los mandatarios analizaron temas tales como Derechos Humanos, la situación energética, la agenda de género, las consecuencias del cambio climático, los problemas limítrofes irresueltos y la situación de Galvarino Apablaza, fueron algunos de los temas de esa charla, después de la recorrida que hizo Boric por dependencias de Balcarce 50.
Por el lado argentino participaron el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; el canciller Santiago Cafiero, los ministros Martín Guzmán (Economía), Tristán Bauer (Cultura), Jorge Taiana (Defensa), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad), el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, y la secretaria de Relaciones Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca. Afuera quedó aguardando el ministro de Justicia, Martín Soria.
Como es habitual en este tipo de encuentros bilaterales, hubo intercambio de obsequios entre ambos mandatarios. Fernández le regaló un disco de vinilo de Charly García, “Clics Modernos”, y una camiseta de Argentinos Juniors que había sido usada por el mediocampista chileno Milovan Mirosevic, ídolo del presidente chileno, quien tuvo una larga trayectoria en Universidad Católica, el club del que es hincha Boric.
Boric le retribuyó el gesto con otro disco: Las Últimas Composiciones de Violeta Parra, editado por RCA Víctor en 1966. A fines de 2016, Javiera y Ángel, nietos de Violeta, revivieron ese disco con los mismos instrumentos y estilos que se utilizaron en la versión original. Esta obra en la versión de Ángel y Javiera Parra fue el disco que encabezó las celebraciones de los 100 años de Violeta, entre ellos el homenaje que se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires (19 de mayo del 2017) donde los nietos de Violeta compartieron escenario con músicos argentinos y chilenos: Sandra Mihanovich, Soledad Pastorutti, Loli Molina, Camila Moreno, Los Tekis, Patricio Manns, Kevin Johansen, Roberto Márquez, Beto Cuevas, Gepe y Horacio Romo.
El presidente chileno quiso conocer el tradicional balcón de la Casa Rosada que da a la Plaza de Mayo que utilizaron la mayoría de los presidentes argentinos para dirigir discursos a la población. Y también recorrió el Salón Eva Perón, donde está la mesa que utilizó la esposa de Juan Domingo Perón, y el Hall de los Vitreaux. También Alberto Fernández le mostró cuadros y fotos que adornan distintos rincones de la Casa de Gobierno.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) anunciaron que se suspenderá la necesidad de hacer el trámite de fe de vida a jubilados y pensionados para que pudieran cobrar sus haberes.
De esta forma, a partir del próximo viernes los beneficiarios habilitados podrán percibir sus haberes sin la necesidad de demostrar la supervivencia, de acuerdo con el cronograma de pagos establecido por la Anses.
"El BNA y Anses acordaron además trabajar junto al Registro Nacional de las Personas (Renaper) para desarrollar un esquema de seguimiento y actualización de información que genere mayores certezas acerca de la 'supervivencia' de jubilados y pensionados, y evite eventuales fraudes en perjuicio de todo el sistema de Seguridad Social", señaló la entidad bancaria en un comunicado.
El trámite de fe de vida estuvo suspendido hasta el 28 de febrero, cuando volvió a ser obligatorio, luego de que ese requisito para beneficiarios previsionales fuera relevado con motivo de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
En este sentido, con el objetivo de simplificar y hacer más ágil y amigable este trámite, la Anses comenzó a solicitar desde noviembre de 2020 a las entidades bancarias que desarrollen y ofrezcan diversas metodologías digitales a los jubilados y pensionados que permitan realizar la fe de vida.
Para ello -como ya sucedía con anterioridad- se utilizaron herramientas de comprobación como las compras con tarjeta de débito o crédito en comercios, uso de cajeros con tecnología biométrica y mediante aplicaciones móviles, con lo cual los beneficiarios contarán con la posibilidad de elegir de qué forma realizar este trámite.
Las formas más utilizadas para realizar el trámite son: cobrar la jubilación o pensión de manera directa por ventanilla en el banco, realizar una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria, poner la huella digital en los diferentes tótems de los bancos o acercarse a una Terminal de Autoconsulta biométrica ubicada en las Oficinas de Anses.
En caso de que el cobro del haber hubiera sido suspendido como consecuencia de no haber realizado la fe de vida, podrá reactivarse una vez que la persona o su apoderado la realicen, sin necesidad de hacer un trámite adicional, aunque el próximo cobro puede demorar hasta 60 días.

El Tesoro Nacional consiguió casi $ 620.000 millones de financiamiento neto en el primer trimestre del año en el mercado local, el equivalente al 0,9% del PBI y casi la mitad del objetivo fijado para el 2022 en el programa con el FMI, en línea con la meta de disminuir fuertemente la emisión monetaria como forma de cubrir el déficit fiscal y así ayudar a reducir la inflación.
El resultado de las licitaciones en estos tres meses permitieron al Tesoro refinanciar vencimientos de capital e intereses a un tasa del 149% -récord para la administración del gobierno de Alberto Fernández-, lo cual ayudó a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) emitiera sólo $ 122.000 millones en Adelantos Transitorios en lo que va del año, $ 13.000 millones menos que en el mismo período del 2021: un ajuste en términos reales de más del 50%.
Una de las principales metas cuantitativas fijadas en el acuerdo de Facilidades Extendidas firmado con el FMI establece que, para financiar un déficit fiscal de hasta 2,5 puntos del PBI en 2022, el Gobierno podrá recurrir a 1 punto de emisión monetaria, una abrupta caída respecto a los 3,7 puntos que emitió el BCRA en 2021 ($1,7 billones).
Sin contar la asistencia que consiga a través de otros organismos como el Banco Mundial o el BID, el Gobierno debería acceder a un financiamiento de 2 puntos del PBI a través del mercado de deuda en pesos, una meta que, por ahora, viene sobrecumpliendo ampliamente.
"Las licitaciones vienen siendo optimistas. El ratio de deuda-roll over tiene que estar entre 130 y 140 por ciento para alcanzar el objetivo firmado con el FMI y se está logrando", dijo el director ejecutivo de la consultora LCG, Guido Lorenzo.
Para el economista y director de la consultora Analytica, Ricardo Delgado, "el Gobierno tiene chances importantes de cumplir con las metas de financiamiento monetario y de acumulación de reservas netas -fijada en US$ 5.000 millones al año- sin seguir la lógica del retraso cambiario" para 2022.
"Por el lado monetario y cambiario el Gobierno puede mostrar un buen resultado en el primer trimestre. La buena performance de las colocaciones emisoras, muy por arriba de los vencimientos, hace el Banco Central se vea más aliviado en la necesidad de emisión, mientras que la inflación en Estados Unidos y la revalorización del Real quitan presión sobre el tipo de cambio, que está apenas un punto abajo de lo que veía en diciembre en términos reales", afirmó.
En ese sentido, el compromiso fijado en el acuerdo con el FMI establecía una reducción de 0,6 puntos del PBI en subsidios energéticos ($ 500.000 millones, aproximadamente) a través de un nuevo esquema que debería comenzar a aplicarse en el segundo trimestre del año.
Sin embargo, el aumento del precio internacional del petróleo y el gas por la guerra entre Rusia y Ucrania hizo que, lejos de reducirse, los subsidios aumentaran significativamente.
En los dos primeros meses del año los subsidios energéticos alcanzaron los $ 157.396 millones, un crecimiento real del 104,5% en comparación con el primer bimestre del 2021, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
"La meta fiscal se puede complicar por la cuenta subsidios, que es algo que no está en control del Gobierno. Nosotros calculamos un aumento de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de subsidios por efecto precios de combustible y eso puede presionar sobre el mercado de deuda local", aseguró Lorenzo.
Otra de las variables que entra en juego es que, si bien el Ministerio de Economía pudo conseguir un financiamiento récord del sector privado en estos meses, el porcentaje de nueva deuda atada a la inflación (CER) se incrementó de forma considerable: pasó de un promedio del 45% en enero y febrero a 79% en marzo, y concentrada en instrumentos de vencimiento a menos de una año.
"El mercado encuentra que el escenario de devaluación está descartado, sobre todo después del acuerdo con el Fondo. El riesgo ahora es el de inflación, no sólo por la situación local sino por la inflación en Estados Unidos. Por eso es que los instrumentos que ajustan por CER calzan perfecto con esa demanda de cobertura", señaló el estratega de renta fija de Adcap Grupo Financiero, Javier Casabal.

Militantes y dirigentes del Movimiento Somos Barrios de Pie lanzaron una campaña nacional para juntar firmas -y llevar la propuesta al Gobierno- para que se haga efectiva las leyes de Abastecimiento y de Góndolas, ante el galopante aumento de precios.
"Hemos iniciado una campaña de difusión y concientización para juntar un millón de firmas y abrir un canal de participación a la comunidad sobre las dificultades que se expresan a diario con el incremento de los precios de los alimentos", dijo Daniel Menéndez, coordinador nacional de esa organización política y social.
En ese sentido, el dirigente destacó: "La idea de esta acción callejera es llevar esta propuesta al Poder Ejecutivo, al Gobierno nacional, a los ministros, al secretario de Comercio, para que efectivamente se aplique la ley de Abastecimiento, para que se avance en el control sobre los formadores de precios, para que en el país haya ofertas de precios, para que no se especule con los precios y para cuidar la mesa de los argentinos".
La campaña de difusión de Barrios de Pie se desarrollaba con la instalación en más de mil puntos de todo el país, donde se hará especial hincapié en los principales hipermercados y supermercados del país.
"Estamos generando conciencia acerca de la importancia de la ejecución de ambas leyes para proteger la mesa de todos los argentinos y argentinas y evitar la remarcación de precios", sostuvo el dirigente de la organización.
En ese marco, Menéndez reconoció que "en momentos donde hay una fuerte aceleración de precios en el país, en particular de los alimentos, somos absolutamente conscientes de que quienes más sufren la inflación son los sectores populares".
Asimismo, remarcó la urgencia de "unir esfuerzos para que no falte un plato de comida en la mesa de ningún argentino o argentina".
Los aumentos que se producen en las góndolas no tienen demasiada justificación más que la especulación de quienes se siguen enriqueciendo a costa del sufrimiento de nuestro pueblo", apuntó.
En línea con eso, destacó la importancia de aplicar "herramientas concretas" y "sancionar a los que buscan agrandar su cuenta a costas de la gente", en paralelo con la necesidad de "aumentar la oferta de los productos en las góndolas de los supermercados que sean accesibles al conjunto de la población".

Mientras el Gobierno atraviesa "la tormenta perfecta" con creciente tensión entre la coalición gobernante, diferencias y nula comunicación entre el presidente Alberto Fernández que está por ser padre de Francisco y la vicepresidenta Cristina Kirchner, que volvió a llamarse al silencio y a un perfil bajo tras la confirmación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Congreso se prepara para retomar la actividad legislativa.
¿Cuáles son los grandes tres temas que se vienen? En primer plano se encuentra el intento de reforma del Consejo de la Magistratura; la presentación de una nueva ley de Alquileres y el proyecto de senadores cristinistas para que la deuda con el FMI la paguen los evasores que tienen bienes no declarados en el extranjero.
En relación al primer gran tema, el tratamiento del Consejo de la Magistratura, que ya está avanzado en el Senado, espera ser discutido en sesión la semana entrante, con celeridad. El apuro se debe a que la Corte Suprema fijó como fecha tope el próximo 14 de abril para la sanción en ambas cámaras de una nueva ley, tras declarar inconstitucional la que se encuentra vigente.
De no cumplir con el plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo judicial quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.
Luego de que cayera la sesión pautada para el martes pasado debido a que el oficialismo no había logrado asegurarse los votos para imponer su proyecto, el oficialismo decidió la vuelta a comisiones del dictamen para analizar cambios en el articulado. Fue la salida más elegante posible para evitar una derrota segura en el recinto.
En el marco del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, según consignó NA, el bloque Frente de Todos pactó modificaciones con los legisladores aliados Alberto Weretilneck y Magdalena Solari Quintana, quienes supeditaban el acompañamiento a la incorporación de algunas de sus propuestas.
Con las modificaciones en el articulado, el Frente de Todos llegaría a los 37 votos necesarios para la media sanción. La propuesta de Weretilneck, aceptada por el Frente de Todos, mantiene los 17 miembros del proyecto oficialista pero eleva la representación del Interior del país en la composición del Consejo.
Actualmente solo las senadoras Silvia Giacoppo (UCR) y María Inés Pilatti Vergara (Frente de Todos) son del Interior. El proyecto de Weretilneck plantea que de los cuatro consejeros abogados, tres sean del interior, y que la misma proporción se respete con los consejeros jueces: que tres de los cuatro pertenezcan a cámaras ubicadas fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Argentina votará la suspensión de la Federación Rusa como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tras comprobar la sistemática masacre ejecutada por orden de Vladimir Putin contra la población civil de Bucha, una ciudad de Ucrania que fue arrasada por el Ejército Rojo cuando avanzaba rumbo a Kiev.
La suspensión de Rusia como miembro del Consejo de Derechos Humanos fue propuesta por Estados Unidos, y mañana será votada en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se necesita una mayoría especial -dos terceras partes de los presentes-, y en la Casa Blanca consideran que no habrá mayores inconvenientes al momento de la votación.
Alberto Fernández, Santiago Cafiero (canciller) y Jorge Arguello (embajador argentino en Washington) analizaron la iniciativa del Departamento de Estado durante un largo almuerzo en la Casa Rosada. El Presidente escuchó los argumentos de Cafiero y Arguello, en base a las evidencias presentadas por la administración Biden, y al terminar la reunión ya se había decidido que Argentina apoyaría la suspensión de Rusia.
La masacre cometida por orden de Putin en Bucha se acerca al concepto internacional de Genocido. Cuando el Ejército Rojo se retiro de la ciudad, cientos de cadáveres fueron encontrados en las calles de Bucha. La morgue no pudo con todas las cuerpos masacrados, y las autoridades militares de Ucrania resolvieron abrir fosas comunes para evitar una tragedia sanitaria.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el próximo jueves se anunciará una nueva etapa del programa de Precios Cuidados, pero aclaró que en el listado de productos no estarán incluidas las frutas y las verduras.
El ministro explicó que "no vamos a incluir a las frutas y a las verduras dentro del programa de Precios Cuidados debido a que la producción de los frescos tiene otras características".
Kulfas detalló que "lo que más ha crecido en precio son los productos frescos mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación. Los productos frescos tienen que ver con los costos de logística, de mantenimiento porque muchos dependen de la cadena de frío y de la producción que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores. Esto requiere de una atención y análisis especial donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora, no vamos a incluirlos en el programa de Precios Cuidados".
En relación con el nivel de actividad, Kulfas enfatizó que "lo que estamos viviendo hoy es una economía en franco proceso de crecimiento y suba del empleo", al tiempo que señaló que "esto significó una reducción del desempleo".
Kulfas dijo que "estamos viviendo un shock a nivel internacional que muchos parecen ignorar. Todas las economías están sufriendo un proceso de aceleración de la inflación donde los principales países del mundo pasaron de una inflación del 2 ó 3 por ciento anual a 7, 8 ó 9%. Nosotros estamos peleándola".
Más adelante, el ministro sostuvo que "estamos viendo que la inversión viene muy sólida y se han recuperado la industria, el comercio y el turismo. Los salarios crecen pero la inflación se come la recuperación y en eso estamos trabajando. Vamos a sentarnos a negociar, esta semana, con sindicalistas y empresarios para que los salarios no pierdan frente a la inflación".
Kulfas remarcó que "la pobreza va a seguir bajando y ahora toca mejorar la distribución del ingreso por dos vías bajando la inflación y generando empleo. Hay que ser cuidadoso con el crecimiento porque se puede crecer un año o dos, pero a fuerza de gastar dólares pero eso es un atajo que después termina en devaluaciones o tomando deuda".
Finalmente, en relación con el problema energético, el ministro puntualizó que "Vaca Muerta está en record de producción pero no hay posibilidad de canalizar el gas por falta de ductos pero esperamos que en un año y medio esté listo el gasoducto".
"Estamos analizando cuánto gas vamos a tener para que no haya faltantes en el invierno -apuntó el ministro-. Pagamos 3,50 dólares, el millón de BTU a los productores locales y el gas que viene en barco se paga hasta casi 50 dólares por millón de BTU".