Susana Trimarco, creadora de la Fundación María de los Ángeles Verón que homenajeó a su hija Marita, secuestrada un 3 de abril de hace 20 años por una red de tratantes, y a quien continúa buscando incansablemente, transformó el dolor en una tarea que permitió rescatar a miles de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en el país y en el mundo.
"Voy a seguir con toda la fuerza de mi alma buscándola a Marita, voy a mover granito de arena por granito de arena hasta saber qué le pasó, dónde está y cómo está", dice Susana Trimarco.
María de los Ángeles `'Marita' Verón tenía 22 años cuando fue raptada desde un automóvil el 3 de abril de 2002 en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Desde el día en que la joven que era madre de una niña de 2 años desapareció, las investigaciones que encaró sola Trimarco, que hoy tiene 67 años, permitieron a la justicia arribar a la conclusión de que Marita había sido captada por una red de trata de personas que operaba en La Rioja para ser explotada sexualmente.
Gracias a su accionar, el denominado 'caso Verón' llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), convirtiéndose en una causa internacional, y la madre de la joven desaparecida obtuvo reconocimientos mundiales.
Susana cuenta que, a pesar de "esa tristeza y de ese dolor", con el trabajo hecho en la Fundación que preside obtuvieron "muchos logros".
"El principal y más importante fue el rescate de tantas mujeres que pudieron volver con sus familias". valora.
"Desde mi humilde lugar de madre me convertí en la referente de la lucha contra la trata de personas en la Argentina y en todo el mundo. Soy contactada desde diferentes países que me piden ayuda para socorrer a víctimas de este delito, algunas de ellas son argentinas que fueron sacadas del país y vemos la forma de ayudarlas para que vuelvan", relata.
La madre de Marita reconoce que implica mucho sacrificio mantener la Fundación "con el ritmo con el que trabajamos", ya que a diario "concurren muchas mujeres a pedir auxilio y todo el equipo pone esfuerzo y todo su corazón para darle una respuesta, poderlas contener y tratar que en toda la situación terrible que están viviendo encuentren un poco de aliento para calmar su dolor".

La unidad piquetera ratificó su plan de lucha en todo el país ante el fracaso de la última reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y su gabinete. Subrayan el diálogo no llegó a nada y el encuentro resultó ser un "fracaso" porque no hubo respuestas concretas ante los pedidos de las organizaciones, aunque el Gobierno deslice lo contrario.
Trabajadores y trabajadoras que forman parte de la Unidad Piquetera advierten que el Gobierno nacional miente en sus comunicados. Aseguran que mientras sostienen oficialmente que "Al igual que en las otras reuniones se ofreció fortalecer el financiamiento a cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumo para la producción" eso no es así.
"La producción está parada por el ajuste y el pago de una deuda que ahoga la economía. Pero además, el financiamiento para insumos y herramientas que ya estaba acordado hace meses no llega tampoco a los espacios de trabajo. Por otra parte el comunicado oficial ni menciona que le presentamos hace 6 meses un plan para la creación de 1 millón de puestos de trabajo", sostienen piqueteros y piqueteras.
"Sobre el pedido de aumento de los miserables 16.500 pesos que son arrasados por la inflación de los alimentos, el Gobierno no tiene ninguna propuesta. Lo mismo que para la apertura de los programas sociales que siguen cerrados en medio de una enorme crisis socioeconomica. Necesitamos respuestas concretas y urgentes ante una situación crítica, con un ajuste que se agrava con el acuerdo humillante con el FMI", concluyen desde la Unidad que incluye a organizaciones como el Polo Obrero, MTR, Bloque Piquetero Nacional, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Barrios de Pie, Libres del Sur y MST Teresa Vive.

A menos de un mes de haber jurado en el cargo, el flamante presidente chileno Gabriel Boric llegó a la Argentina para reunirse con Alberto Fernández con una agenda que se concentrará en el comercio, derechos humanos, energía y género. No obstante, tratará de esquivar los temas más calientes de la relación bilateral.
Se trata del primer viaje internacional del mandatario chileno, lo que demuestra el interés del país trasandino por dar un giro en la relación que la Argentina tuvo durante el mandato de Sebastián Piñera. Lo mismo sucede en Casa Rosada, desde donde esperan que la buena sintonía política entre Boric y Fernández permita relanzar la relación bilateral.
Es así que durante las conversaciones de las últimas semanas y en las reuniones con la delegación de avanzada que llegó a Buenos Aires, ambas partes acordaron hacer foco en una agenda positiva y evitar los temas más candentes. Principalmente, allí se encuentra el conflicto por el límite marítimo y el pedido de disculpas de la ministra del Interior chilena por utilizar un término que considera a parte de la Argentina como “territorio mapuche” (Wallmapu).
El presidente Boric aterrizó en Buenos Aires alrededor de las 16. Llegó con una numerosa comitiva integrada por miembros de su gabinete -la mayoría de ellas mujeres-, figuras parlamentarias, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, empresarios de distintos sectores y emprendedores.
La visita de Estado oficial comenzará el lunes por la mañana cuando, como es costumbre en estos casos, el presidente chileno reciba una ofrenda floral ante el monumento de José de San Martín en la plaza que lleva su mismo nombre en Retiro.

Juntos por el Cambio convocó a una sesión especial en Diputados para el próximo 5 de abril con el objetivo de derogar la Ley de Alquileres.
Son muy pocas las oportunidades en las que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio se ponen de acuerdo, pero el resultado de la ley de alquileres es una de esas. Para ambos sectores la ley promulgada durante el 2020 no cumplió con los objetivos de mejorar las condiciones y llegó el momento de cambiarla.
“Tenemos el agrado de dirigirnos al señor Presidente a fin de solicitarle que, en los términos de los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, convoque a Sesión Especial para el día martes 5 de abril de 2022 a las 12 horas”, indicó la oposición mediante un comunicado compartido este viernes.
Margarita Stolbizer, diputada nacional del bloque Encuentro Federal, manifestó esta tarde que “La Ley de Alquileres sólo causó problemas para inquilinos y propietarios. Es necesario derogarla y reactivar mercado inmobiliario para que más personas accedan a vivienda. Por eso, el interbloque JxC pidió una sesión especial. Que la interna del Gobierno no les impida colaborar a ese fin”.
El pedido lleva la firma de Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO, Mario Negri, presidente del bloque de la UCR, Rodrigo de Loredo (Evolución), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria), Omar de Marchi (PRO), Julio Cobos (UCR), Sofía Brambilla (PRO), Ingrid Jetter (PRO), Manuel Aguirre (UCR), Jorge Vara (UCR), Martín Arjol (UCR), Florencia Lewtak (PRO), Alfredo Schiavoni (PRO) y Silvia Lospennato (PRO).
“El Interbloque Juntos por el Cambio solicitó una sesión especial para el 5/4 para tratar la derogación de la Ley de Alquileres y la ayuda a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios”, señaló Negri a través de su cuenta de Twitter.

La modificación de la Ley de Alquileres comenzará a tratarse la semana próxima, cuando se conforme la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados, pero a modo de previa hubo reuniones con representantes de inquilinos e inmobiliarias para tomar testimonios y tener en cuenta las preocupaciones reales de los sectores.
En la Cámara baja hay diversas iniciativas para cambiar la actual ley de alquileres. Una de ellas es el proyecto de Juntos por el Cambio y la otra es el presentado por el diputado oficialista José Luis Gioja (esta segunda opción con menores requisitos para los monotributistas inquilinos y topes para los aumentos, entre otras cuestiones).
El presidente de la Asociación en Defensa de Inquilinos, José Griselli, dijo que "hay consenso de todos los sectores que hay que aumentar la oferta" de propiedades en alquiler y despejar "temores del inquilino, darle certeza de lo que va a pagar con un esquema fijo y sacar el miedo a quien ofrece la propiedad de no saber con qué se va a encontrar, tener algunos impedimentos de orden legal o fiscal".
En ese sentido, consideró que se podría modificar el plazo del contrato, pasar de los tres años mínimos a un esquema de dos años con opción a una prórroga de un año, y "que se pueda indexar el contrato con cierta periodicidad, se podría volver a aumentar cada seis meses, y que se busquen índices oficiales como algún índice nacional, provincial o local".
Griselli sostuvo que el vigente Índice de Contrato de Locación (ICL) con actualización anual "no funcionó, por el proceso inflacionario que se está viviendo". "Resultó perjudicial porque 53,6% de ajuste para un bolsillo de un salario promedio es una barbaridad, eso fue un reclamo que presentamos nosotros como consulta y queja de parte de los inquilinos y hubo que atender". señaló.
El dirigente dijo ser optimista con que la reforma "de alguna manera va a salir, porque es un tema habitacional que está pegando feo en todos lados", dado que "más allá de que el espíritu de la Ley haya sido bueno" tras su implementación "el efecto inmediato fue de una suba" de los alquileres.
Acerca de la iniciativa de establecer un impuesto a la vivienda ociosa, dijo que ese punto en la reunión de hoy "no se trató ni se analizó porque hay un impedimento de orden constitucional, la facultad de legislar es de las provincias no de la Nación".
Por su parte, el presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Bennazar, que también participó de reuniones con diputados esta mañana, dijo a Télam que las modificaciones deberían "reducir los contratos a dos años" y cambiar "la forma de actualizar, dejar libres los índices, que sean alternativos, pero con una aplicación cada seis meses".
"A partir de la conformación de la comisión tenemos que analizar cada proyecto e interpretación para no descartar y aportar lo mejor; estamos con mucha expectativa, es un tema tan importante tan preocupante y día a día se está agravando por la falta de oferta", remarcó.
"Desde la Cámara planteamos no derogar sino modificar, porque si no vamos a generar más incertidumbre sobre el mercado locativo. A nuestro entender no hay que derogar la Ley sino corregir ciertos artículos", agregó para luego considerar importante que "si se va a tratar la ley de blanqueo que se haga la incorporación de bien usado para que eso aumente la oferta".
La ley de alquileres fue aprobada por la Cámara de Diputados en noviembre de 2019 y convertida en ley por el Senado el 11 de junio de 2020, en pleno período de aislamiento por la pandemia de Covid. Uno de los puntos que recibió más críticas de la ley impulsada en la etapa final del gobierno de Cambiemos fue el plazo de duración de tres años en los contratos, en lugar de los históricos 24 meses. También tuvo diferentes cuestionamientos el índice de actualización de los contratos, basado en un promedio entre el Indice de Precios al Consumidor y el salario promedio del sector estatal.

Luego de que el Congreso aprobara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el directorio del organismo se reúne hoy para definir la aprobación del compromiso para refinanciar la deuda de 45.000 millones de dólares.
El martes, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, mantuvo un zoom con el presidente Alberto Fernández y con el ministro de Economía, Martín Guzmán, por lo que se presume que el organismo dará su voto positivo al acuerdo.
Esta definición permitirá avanzar en el primer desembolso de 9800 millones de dólares de manera inmediata, que servirá para abonar los vencimientos de corto plazo.
El FMI extendió hasta el jueves 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague los intereses y capital que vencían originalmente el lunes 21 y martes 22 pasados, por un monto total cercano a 2.800 millones de dólares.
En el transcurso de la conversación entre el mandatario y la titular del FMI se remarcó el amplio apoyo parlamentario y de sectores sociales, académicos, gremiales y sindicales que el programa recibió, así como también el hecho de que el acuerdo contempla un fortalecimiento de la inversión pública en infraestructura, ciencia y tecnología y de políticas de inclusión social y transición de planes sociales a empleo genuino, entre otras.

Una resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo estableció los nuevos topes de ventas anuales que comienzan a regir a partir de hoy para las micro, pequeñas y medianas empresas, como también la cantidad de empleados y el máximo de activos.
Para ser considerada micro, el tope de facturación es de $ 38.830.000 para la construcción; $ 20.190.000 para servicios; $ 113.610.000 para comercio; $ 82.730.000 para industria y minería y $ 47.300.000 para agropecuario.
En el caso de las pequeñas, los máximos son $ 230.400.000 para la construcción; $ 121.730.000 para servicios; $ 809.300.000 para comercio; $ 618.760.000 para industria y minería; y $ 174.230.000 para agropecuario.
Por su parte, las medianas del tramo 1 no podrán exceder los $ 1.285.490.000 para la construcción; $ 1.007.530.000 para los servicios; $ 3.846.790.000 para el comercio; $ 4.399.660.000 para industria y minería, y $ 1.025.360.000 para agropecuario.
En tanto que las medianas del tramo 2 tendrán como límite $ 1.928.020.000 para la construcción; $ 1.438.900.000 para los servicios; $ 5.495.450.000 para el comercio; $ 7.046.710.000 para industria y minería; $ 1.626.290.000 para agropecuario.
En cuanto a los límites para el personal ocupado, se mantuvieron en todos los sectores y para todas las categorías.
Así para la construcción son 12 para las micro; 45 para las pequeñas; 200 para las medianas tramo 1 y 590 las del tramo 2.
En los servicios, 7 para las micro; 30 para las pequeñas; 165 para las medianas tramo 1 y 535 las del tramo 2.
En comercio, 7 para las micro; 35 para las pequeñas; 125 para las medianas tramo 1 y 345 las del tramo 2.
Para el caso de la industria y la minería, son 15 para las micro; 60 para las pequeñas; 235 para las medianas tramo 1; y 655 las del tramo 2.
En el sector agropecuario, son 5 para las micro; 10 para las pequeñas; 50 para las medianas tramo 1 y 215 las del tramo 2.
Por último, el límite de activos para todos los sectores y categorías se fijó en $ 193 millones.

Diversas movilizaciones se desarrollaron hoy en las principales ciudades del país, aún pese a la lluvia y los vientos fuertes que afectaron a varias provincias, en la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en repudio al golpe cívico militar perpetrado hace 46 años.
En ese marco, los gobernadores coincidieron en pronunciarse por un "nunca más" y revalorizar el diálogo y la reflexión sobre el pasado "para construir un futuro" en defensa de la democracia que evite que "vuelvan a ocurrir esos hechos".
Organizaciones civiles, políticas, agrupaciones de familiares de desaparecidos y defensoras de los derechos humanos encabezaron marchas y actos en todo el país donde compartieron un documento consensuado a nivel nacional que advierte, entre otras cuestiones, que "a 46 años del último golpe genocida, seguimos reclamando saber la Verdad" y abogaron también por enjuiciar "al poder económico cómplice".
En el acto central se leyó un extenso documento donde los organismos defensores de los derechos humanos que convocaron a la marcha sentenciaron: "No queremos neoliberalismo. Queremos, como soñaron los y las 30 mil (desaparecidos y desaparecidas), que el pueblo vuelva a ser feliz".
El documento, titulado "A 46 años del golpe genocida, reafirmamos la lucha", apuntó a los "responsables económicos, grupos empresariales y militares, que contaron con el apoyo eclesiástico y de la corporación judicial que, hoy como ayer, representa los intereses de las clases poderosas".
En ese sentido, el texto se preguntó: "¿Dónde están los responsables de la miseria planificada en la dictadura?" y además se apuntó a "los responsables de la crisis del 2001", cuando cayó el Gobierno de la Alianza, en medio de una crisis socio-económica casi inédita.
También se criticó "el incremento de beneficios otorgados a condenados y detenidos con prisiones preventivas", en alusión a los sentenciados por crímenes de lesa humanidad.
"Actualmente, 579 tienen el beneficio del arresto domiciliario. Del total de personas investigadas en este momento, hay 764 personas detenidas, mientras que 1.532 permanecen en libertad", se alertó.
"Restitución de la identidad de las nietas y nietos", "Libertad a las y los presos y presas políticas" y "Juicio y castigo al poder económico, poder judicial cómplice y a la cúpula de la iglesia", fueron algunas de las consignas.
El documento fue firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, Asociación Buena Memoria, Centro de Estudios Legales y Sociales, y Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.

La Casa Rosada fue iluminada con los colores celeste y blanco y la leyenda "Malvinas nos une", el lema oficial con el cual se organizaron las conmemoraciones por los 40 años de la recuperación de las islas Malvinas y territorios del Atlántico Sur que están usurpados por Gran Bretaña.
Los colores de la bandera argentina brillaban a ambos lados de la entrada a la sede gubernamental y a un costado de la fachada, lucía intermitente un mapa de las islas Malvinas como parte de los homenajes en el Día de los veteranos y veteranas excombatientes de la guerra.
El presidente Alberto Fernández reiteró el sábado el reclamo al Reino Unido que cumpla con las resoluciones de la ONU para reanudar el diálogo sobre la soberanía de las Islas Malvinas y le pidió que "abandone la injustificada presencia militar" en el archipiélago, al tiempo que realizó un reconocimiento al "coraje inigualable" de los excombatientes.
Al encabezar este mediodía en el Museo Malvinas, ubicado en el predio de la ex ESMA, el acto central por el Día del Veterano, la Veterana y los Caídos en el conflicto de 1982, el Presidente enfatizó: "Qué nunca más los excombatientes de Malvinas vuelvan a caer en el olvido y el silencio de parte de ningún gobierno".
Del acto participaron los exmandatarios de Uruguay, José "Pepe" Mujica; de Bolivia, Evo Morales y de Paraguay, Fernando Lugo, así como veteranos de la guerra y familiares de caídos, Madres de Plaza de Mayo, ministros y funcionarios del gabinete nacional, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, entre otros.
En tanto, la vicepresidenta Cristina Fernández afirmó que en “la defensa de los intereses de la patria no hay una cuestión de ideología” y llamó a diferenciar “las disputas políticas de lo que es irrenunciable” para el país, al encabezar un homenaje en el Congreso a los trabajadores legislativos que combatieron en la Guerra con Gran Bretaña.

La Plaza de Mayo será una vez más el escenario donde organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos de distintos colores políticos confluirán para recordar los 46 años del golpe cívico militar ocurrido el 24 de marzo de 1976, en conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La convocatoria corre por parte de los organismos de derechos humanos: el punto de partida será en avenida de Mayo y 9 de Julio desde las 14, para luego marchar hacia la plaza central.
Entre los convocantes figuran Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S. Capital; el CELS; la Apdh, la Asociación Buena Memoria, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; Liga Argentina por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.
A la movilización y acto en Plaza de Mayo se sumarán distintas organizaciones sociales, gremiales y de izquierda.
El presidente Alberto Fernández encabezará mañana desde las 10 un homenaje a investigadores y miembros del Conicet desaparecidos durante la última dictadura militar, en el marco de los 46 años del golpe de Estado y la conmemoración del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
El acto se realizará en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia (C3), ubicado en la calle Godoy Cruz 2280 del barrio porteño de Palermo, con la participación del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, informaron fuentes oficiales.

El Ministerio de Salud oficializó el fin del distanciamiento social de dos metros, instaurado como medida de prevención desde el comienzo de la pandemia de coronavirus, pero instó a continuar con el uso del barbijo en espacios cerrados, incluyendo escuelas, transporte público y ámbitos laborales y sociales.
Mediante la resolución 705/2022, firmada por la ministra Carla Vizzotti, la cartera sanitaria estableció que de acuerdo a "la situación epidemiológica, sanitaria y los avances de la campaña de vacunación, es menester actualizar las medidas generales para prevenir tanto la Covid-19 como otras infecciones respiratorias estacionales con el fin de proteger la salud pública".
El último reporte oficial de coronavirus indicó que se registraron 22 personas muertas y 2.784 nuevos casos en las últimas 24 horas.
En ese marco, el Ministerio de Salud resolvió dejar sin efecto el distanciamiento social de dos metros y la obligatoriedad del autodiagnóstico de síntomas de coronavirus a través de la aplicación "Cuidar", pero reafirmó la recomendación de "asegurar la ventilación de los ambientes y mantener la higiene adecuada y frecuente de manos".
También ratificó la vigencia del “uso adecuado del barbijo en espacios interiores, incluyendo los ámbitos laborales, educativos, sociales y el transporte público”, tal como fue consensuado en una reciente reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) con los representantes de todas las provincias.
Dicha recomendación se reafirma cuando los gobiernos de ciudad de Buenos Aires, Mendoza y Tierra del Fuego ya dispusieron el uso optativo de los tapabocas en las escuelas, incluso dentro de las aulas para los estudiantes.
En la resolución 705/2022, publicada este viernes en el Boletín Oficial, la cartera sanitaria también remarcó: “Ante la presencia de síntomas, evitar el contacto con otras personas, no acudir a actividades laborales, sociales, educativas, lugares públicos y evitar el uso del transporte público”.
En tanto, "para determinar la modalidad de prestación de servicios laborales -presencial o remota- de una persona, se recomienda la realización de una evaluación médica de riesgo individual con su correspondiente certificación, sin que sea suficiente su sola pertenencia a los grupos de riesgo”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, acordaron una nueva extensión del entendimiento alcanzado en junio del 2021, para el pago de los compromisos que la Argentina tiene con este foro de países acreedores.
El entendimiento fue alcanzado previo a la votación del Directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que tratará el acuerdo el próximo viernes, e incluye garantías financieras por parte del Club de París en respaldo al programa de Facilidades Extendidas que tiene una duración de treinta meses, permitiéndole a la Argentina asegurar las fuentes financieras identificadas en el acuerdo con el organismo multilateral, informó por la tarde el Palacio de Hacienda.
Esta extensión se da luego de que, el 22 de junio pasado, el Gobierno argentino se comprometiera con el Club de París a alcanzar un acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo próximo, con lo que logró un puente de tiempo, evitó el default y obtuvo un alivio financiero de USD 2.000 millones con este grupo de acreedores mientras seguía negociando con el organismo multilateral.
En la reunión con Moulin, que se desarrolló en la sede del Ministerio de Economía y Finanzas de Francia, Guzmán estuvo acompañado por la secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Maia Colodenco; y el subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi.
En ese marco, el titular del foro de países acreedores también manifestó el respaldo del Club de París al acuerdo alcanzado entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional.
“Reconocemos que el objetivo de este programa con el FMI es fortalecer la estabilidad macroeconómica de Argentina y fomentar un crecimiento económico inclusivo y sostenible a mediano y largo plazo”, dijo el funcionario galo.
En lo que respecta al entendimiento alcanzado este martes, el Ministerio de Economía precisó que "las garantías financieras otorgadas establecen que, durante la vigencia del programa, Argentina realizará pagos parciales a los miembros de Club de manera proporcional a los que efectúe a otros acreedores bilaterales, de acuerdo a los términos establecidos en el entendimiento de junio de 2021".

Casi catorce años después de iniciada la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de Ricardo Jaime, el Tribunal Oral Federal 6 condenó al ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner a la pena de ocho años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La condena por enriquecimiento ilícito debe ser traducida de la siguiente manera: el ex funcionario aumentó de forma injustificada su patrimonio mientras manejó el área de transporte del kirchnerismo debido a las coimas recibidas por parte de los empresarios del sector. Según la sentencia, no hay otra explicación para el enriquecimiento ilícito que la corrupción. La condena para Jaime también abarca otros delitos.
En el mismo fallo, los jueces del Tribunal Oral Federal 6 condenaron a Jaime y al ex ministro de Planificación durante el kirchnerismo, Julio De Vido, por el delito de defraudación contra la administración por una compra de trenes iniciada en 2005 a España y Portugal. La pena para el ex ministro De Vido es de cuatro años de prisión. Jaime, en este caso además fue condenado por el cobro de coimas. Según se determinó en el juicio, esas sumas ilegales se percibieron a través de una firma que manejaba Manuel Vázquez, principal testaferro de Jaime y también condenado junto al ex secretario de Transporte. Para Vázquez la pena fue de cinco años y ocho meses de prisión. Y además inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El hijo de Vázquez, Julián, involucrado en el entramado del enriquecimiento de Jaime fue condenado dos años y ocho meses de prisión en suspenso.
Cuando realizó su alegato la fiscal del juicio, Gabriela Baigún, había pedido ocho años de prisión para Jaime y cuatro para De Vido. Los jueces Julio Panelo, Fernando Canero y Ricardo Basílico coincidieron con el pedido de pena de la representante del Ministerio Público.
La fiscal -al abrir su alegato- fue directa: “Jaime se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público”. Baigún hizo una introducción en la que además de asegurar que tiene probado el enriquecimiento, dijo que era “pobre” cuando llegó al cargo pero eso cambió porque “los favores de los empresarios no tardaron en llegar”. La fiscal concluyó que Jaime “intentó disimular su crecimiento patrimonial mediante testaferros”. Por eso señaló que “se ha probado que Jaime se enriqueció de manera apreciable e injustificada cuando fue funcionario público”. Baigún calificó al expediente iniciado por el crecimiento patrimonial de Jaime como “un caso de libro sobre los funcionarios que se enriquecen”. Entre los bienes que se le detectaron a Jaime-algunos de ellos ordenó decomisar el TOF 6- se encuentran un yate, un departamento en la avenida Figueroa Alcorta, un hotel y una casa en Carlos Paz, Córdoba y un avión de cuatro millones de dólares.
En el mismo juicio, que comenzó en abril de 2019, Jaime fue acusado por una defraudación cometida en el ferrocarril Belgrano Cargas. El ex funcionario kirchnerista además había llegado a juicio por el uso de manera personal de dos autos que estaban asignados a una obra vial y al OCCOVI. Igual recorrido judicial hizo Claudio Uberti, ex director del OCCOVI durante los primeros años del kirchnerismo. La fiscal había planteado la prescripción de esos casos. El Tribunal Oral Federal 6 determinó que esos casos prescribieron por lo que Jaime, Uberti y los imputados en el caso del Belgrano Cargas fueron sobreseídos.
Jaime, detenido desde abril de 2016 continuará en la cárcel de Ezeiza, debido a que el TOF 6 consideró que debe cumplir su condena en prisión.

Productores agropecuarios realizaron un “tractorazo” y “camionetazo” desde la rotonda de Ceibas hasta la intersección de las rutas nacionales 14 y 16 en Gualeguaychú, para protestar contra el último incremento de retenciones al aceite y la harina de soja, del 31% al 33%, y otras medidas del Gobierno nacional sobre el sector. Ambas localidades entrerrianas se encuentran a unos 60 kilómetros de distancia.
El director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Juan Diego Etchevehere, relató: “Fue una caravana con más de 150 camionetas y más de 30 maquinarias entre tractores y cosechadoras. Hubo una gran concurrencia de productores de toda la provincia.
El campo entrerriano rechazó las medidas anunciadas por el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y otras intervenciones en el mercado, como la alta presión tributaria y la creación de un fideicomiso. Además, le solicitamos a la mesa de enlace nacional que anuncie medidas de acción directa, que involucre a todos los productores del país”.
Vale destacar que el lugar donde finalizó la marcha, convocada por entidades rurales de Gualeguaychú, fue en cercanías al histórico corte de ruta contra la resolución 125 en 2008, que fue encabezado por el entonces dirigente de la Federación Agraria y actual senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, quien aseveró: “Si el presidente quiere guerra con el campo, guerra va a tener”. Allí, también estuvo el exministro del Interior de la Nación y actual diputado nacional por Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

El Gobierno nacional anunció la normalización, en los próximos días, de todos los pasos fronterizos del país con la apertura de los 237 puntos de ingreso y egreso, tanto terrestres, como fluviales, marítimos y aéreos, que comenzarán a operar de acuerdo a las condiciones previas a la pandemia de coronavirus, se informó oficialmente.
La medida fue informada por el ministro del Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, al encabezar una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores de las provincias con pasos internacionales.
Según indicó la cartera de Interior en un comunicado, la decisión gubernamental implica la simplificación de todos los trámites de ingreso, prevé la eliminación de las categorías de "corredores seguros" y por consiguiente los requisitos de análisis de PCR y de vacunación para ingreso.
Durante el encuentro, el ministro De Pedro estuvo acompañado por el secretario de Interior, José Lepere; la titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), Florencia Carignano; el titular de la Unidad Gabinete de Asesores de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Martín Yánez, y el director nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras, Adrián López.
De la videoconferencia participaron gobernadores y representantes de las 15 provincias con pasos internacionales, quienes a partir de la entrada en vigencia de la medida definirán las aperturas o eventuales cambios de regímenes junto a la DNM.
Según detalla la información oficial, la nueva reglamentación, cuya puesta en marcha se hará efectiva a partir de su publicación en el Boletín Oficial, prevé que los puntos de entrada al país habilitados hasta el momento operen bajo las nuevas condiciones establecidas.
A la vez, junto a las autoridades provinciales, se realizará una apertura programada y escalonada de los puntos de ingresos no habilitados hasta el momento y, al mismo tiempo, quedará eliminada la categoría de "corredor seguro" implementado en el período de pandemia.
Según la disposición, si bien los argentinos, argentinas, residentes y no residentes deberán completar Declaración Jurada Electrónica en las 48 horas previas al viaje, a partir de la nueva norma quedarán eximidos de hacerlo en caso de que ingresen al país por un plazo menor a las 24 horas y lo hagan por vía terrestre.
Por su parte, todos los viajeros deben completar la Declaración Jurada Electrónica y los turistas adicionalmente deben poseer un seguro Covid-19.
Del encuentro participaron los mandatarios de Raúl Jalil (Catamarca), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja) y Rodolfo Suárez (Mendoza).

Funcionarios del Gobierno nacional se sumaron a través de sus redes sociales a la campaña "Bajar la inflación", en apoyo al plan de acción presentado anoche por el presidente Alberto Fernández. "#BajarLaInflación es una prioridad. Por eso, en el marco del plan de acción presentado por el Presidente trabajaremos junto a los gobernadores y las gobernadoras y con todos los intendentes para que las medidas que adoptemos lleguen a cada rincón del país", publicó el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabalera, posteó: "La mesa de los argentinos y las argentinas nos preocupa y nos ocupa. Un problema que es de todos se resuelve entre todos y todas". Su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis sumó: "El Gobierno nacional tiene como prioridad seguir trabajando para dar respuestas que protejan y solucionen la vida de las argentinas y los argentinos. Todas y todas debemos ser parte de la construcción de la salida".
En tanto, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti resaltó que "la batalla contra la inflación es prioridad para nuestro gobierno y así garantizar precios justos en la mesa de todas y todos". Además se refirió a la suspensión diferencial de 2% de derechos de exportación de harina y aceite de soja: "La medida suspende un beneficio extra que tenían apenas seis grandes empresas del complejo sojero que por la guerra está teniendo ganancias extraordinarias. Lo recaudado será para cuidar el precio de la harina y el pan. La batalla es contra los codiciosos. #BajarLaInflacion", publicó Cerruti.

El Gobierno Nacional se reunió con empresarios y la CGT, con quienes avanzó en una marco para los posteriores acuerdos tendientes a frenar la inflación.
La reunión tuvo lugar en el Ministerio de Economía, con la participación del ministro Martín Guzmán; el de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el de Trabajo, Claudio Moroni.
En representación del sector empresario, estuvo el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, junto al secretario de la entidad Miguel Angel Rodríguez y el director ejecutivo Diego Coatz.
En tanto, participaron los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT) Héctor Daer y Carlos Acuña junto al secretario general adjunto de la entidad, Andrés Rodríguez.
Según trascendió, la CGT puso sobre la mesa su pedido para que se otorgue un bono para los privados de $10.000, en línea con el anuncio que hizo el Gobierno para los jubilados de la mínima.
La reunión se produjo a instancias de lo solicitado por el presidente Alberto Fernández, de establecer una mesa de diálogo y concertación social tendiente a fortalecer la reactivación económica de manera articulada con la creación de empleos y la mejora en los ingresos reales de la población.
En ese marco, las partes coincidieron en que "el programa macroeconómico presentado por el gobierno argentino es un paso significativo para afrontar los desafíos de avanzar hacia el crecimiento económico sostenido con inclusión social y productiva y un sendero de recuperación de las reservas que fortalezca la estabilidad macroeconómica".
"La política productiva permite mejorar las capacidades industriales y tecnológicas en general, y de las PYMES en particular y el lanzamiento del Plan Argentina Productiva 2030 inicia una etapa para concertar políticas para el desarrollo productivo a mediano y largo plazo", dice el documento al que tuvo acceso NA.
"No obstante estos avances, las dificultades macroeconómicas, sumadas al escenario internacional abierto por el conflicto bélico en Ucrania, han generado nuevas fuentes de inestabilidad que se expresan en mayores tensiones inflacionarias. La inflación es hoy la combinación de problemas internos y de la escalada inflacionaria internacional y expresa un desafío para evitar que ello se traduzca en mayores dificultades para los ingresos de la población y la competitividad de las empresas", indicaron.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) comunicó hoy que extendió hasta el jueves 31 de marzo el plazo para que la Argentina pague los vencimientos de intereses y capital del próximo lunes 21 y martes 22, por un monto total de USD 2.014 millones en Derechos Especiales de Giro (DEG), y destacó el apoyo político y social expresado en el aval del Congreso nacional al entendimiento con el organismo.
En el comunicado del FMI el vocero Gerry Rice, indicó que "las autoridades han informado al FMI que combinarán las obligaciones de pago de Argentina con vencimiento el 21 y el 22 de marzo en una sola recompra a ocurrir con anterioridad del 31 de marzo de 2022, por un monto total equivalente a unos Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 2.014 millones".
"La decisión del Gobierno, que no requiere la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, es consistente con las reglas del FMI y con que Argentina permanezca al día con el Fondo. Consecuentemente la Argentina no incurrirá en atrasos", remarcó. Argentina debía afrontar el lunes un pago en concepto de intereses y el martes otro por vencimiento de capital del plan anterior acordado por el gobierno de Mauricio Macri.
A su vez, Rice explicó que "para dar tiempo a contemplar los rápidos cambios en los acontecimientos mundiales, incluida la guerra en Ucrania, el Directorio Ejecutivo del FMI se reunirá el viernes 25 de marzo para analizar la solicitud de la Argentina de un programa respaldado por el Fondo".

En medio de las críticas por las demoras en la conformación de las comisiones y la falta de actividad en el Congreso, el oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo para que la semana que viene comience el debate por la Ley de Alquileres.
El viernes pasado Juntos por el Cambio pidió una sesión especial para el 5 de abril con el objetivo de derogar la cuestionada ley que fue sancionada en junio de 2020. Sin embargo, el principal interbloque opositor no contaba con los votos necesarios para imponer la derogación y ahora aceptó postergar la sesión. A cambio, el oficialismo se comprometió a conformar en lo inmediato la Comisión de Legislación General.
partir del próximo martes, la comisión comenzará con el análisis de las diferentes propuestas por un plazo de 30 días hábiles. Durante dicho lapso, la Comisión de Legislación General recibirá a los distintos actores para escuchar las iniciativas y sugerencias tendientes a mejorar la legislación actual. La diputada oficialista Cecilia Moreau seguirá al frente de la comisión como presidenta, y Carla Carrizo como vice.
Los representantes del Frente de Todos y Juntos por el Cambio también acordaron que este problema “acuciante para inquilinos y propietarios” será tratado exclusivamente por la Comisión de Legislación General y no será girado a ninguna otra.
Desde el interbloque opositor adelantaron a Infobae que durante el próximo mes escucharán “a todos los sectores” con el objetivo de llegar al recinto con un proyecto unificado, “ya sea de derogación o de modificación”. Sin embargo, aclararon que ni siquiera considerarán propuestas “locas” como la del diputado José Luis Gioja sobre impuestos a la vivienda ociosa.
“Vamos a darle un mes y si no hay acuerdo volveremos a pedir la sesión especial. Ninguno tiene los números, buscamos esta salida para resolverlo”, explicaron desde la oposición.
Las posturas dentro del oficialismo tampoco estaban unificadas. Mientras el diputado José Luis Gioja había presentado un nuevo proyecto que incluyó topes en los precios y un impuesto a la vivienda vacía, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, había anunciado que buscaba avanzar, a través de una Resolución, con la creación de una comisión especial que suspenda por 90 días los dos artículos de la ley vigente que resultaron más problemáticos: la duración de los contratos por tres años y la actualización anual por el índice ICL que combina inflación y evolución de los salarios.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que espera que la marcha a Plaza de Mayo del próximo 24 de marzo, en el marco del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, al recordarse los 46 años del golpe cívico militar, sea "multitudinaria como lo ha sido siempre después de los dos años de pandemia que nos paralizó" y afirmó que será un "reencuentro en las calles".
"Esperamos que la marcha sea multitudinaria, que vayan todos y todas, y todes, como siempre lo hicieron. Sobre todo, después de estos dos años de pandemia que nos paralizó y nos enfermó", dijo Carlotto.
¿Cómo se preparan para esta convocatoria del 24 de marzo después de dos años de pandemia?
De una manera muy especial, por eso la consigna este año es "Volvemos a la plaza por la Memoria, la Verdad y la Justicia". Hay que seguir reivindicando la importancia de la Memoria, la Verdad y la Justicia, sobre todo en los jóvenes porque ellos son los que van a levantar la bandera del ´Nunca Más´. No se puede olvidar, ni minimizar, ni distorsionar una historia que está escrita y probada.
¿Qué cuestiones tienen en cuenta en la organización?
Las Abuelas estamos trabajando en esto que llamamos la Mesa de Derechos Humanos, dialogando entre todos los organismos que la integramos y además con el resto de los organismos que han nacido, quizá algunos antes que nosotros, y otros, después. Definimos las consignas, las palabras que se van a decir, quien va a hablar. Cada organismo colabora también pensando en las necesidades que tendremos en el escenario, también estamos trabajando en los discursos y en todo lo que conlleva el encuentro. ¿Además de la paralización en las calles, que otros efectos tuvo la pandemia, sobre todo en las Abuelas? Fueron dos años terribles. La pandemia nos paralizó por mucho tiempo y nos enfermó, aunque no hayamos contraído el virus. En mi caso particular, que iba todos los días desde la mañana hasta la noche a la sede Abuelas, fue muy duro. Nos cambió la vida, si bien seguimos luchando, nos cambió mucho las cosas, sobre todo a las que tenemos nuestra edad. Hemos tenido que tener mucha fuerza de voluntad para no decaer. Por suerte, en este tiempo, tenemos un Estado que nos cobija y nos ampara. Sabemos que de estos temas, de la importancia de mantener la Memoria, la Verdad y la Justicia, por nuestros 30 mil, no se van a olvidar.
¿Cómo resultó la campaña ´Plantamos memoria´ que lanzaron el año pasado, cuando convocaron a plantar un árbol ante la imposibilidad de marchar?
Fue muy emotivo porque la gente participó de forma muy activa. Las redes se llenaron de fotos y videos de mamás, papás, niños plantando árboles. Fue especial porque abrió la participación a muchas personas de distintos puntos del país y hasta del mundo. Además, fue una manera de decir ´estamos presentes´ como lo estuvimos siempre y nada nos puede parar.