La pelea política entre el PRO y la UCR por los espacios de poder dentro de Juntos por el Cambio y por las candidaturas presidenciales para el 2023 tiene su capítulo en el Consejo de la Magistratura de la Nación, el órgano de la Justicia donde se selecciona y se acusa a los jueces y que tiene una nueva integración con la presidencia de Horacio Rosatti, también titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Esa disputa es por la integración de las comisiones del Consejo y sus presidencias y tiene como protagonistas al diputado del PRO Pablo Tonelli, a su par de la UCR Roxana Reyes y a la senadora radical Silvia Giacoppo. En una instancia política más alta, se trata de legisladores que responden a Mauricio Macri y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dos actores presidenciales de la oposición para el 2023.
Pero en el Consejo también hay una pelea entre los cuatro jueces que integran el organismo. Esas peleas hacen que mañana no se pueda aprobar la composición de las comisiones y quienes serán sus titulares, además de la elección del vicepresidente del organismo.
La semana pasada, con Rosatti a la cabeza, los 20 consejeros tuvieron su primera reunión con la nueva integración. Allí se acordó avanzar en la composición de las comisiones para que el órgano comience a funcionar ya que el cambio de integración reformuló todo. Rosatti les dio vía libre a los consejeros para que se pongan de acuerdo y le lleven una propuesta. Y se fijó para hoy a las 9:30 horas el primer plenario para aprobar las comisiones.
Así comenzaron las negociaciones, pero al filo del plenario no hay acuerdo. Oficialismo y oposición solo coincidieron en qué sectores integrarán las cinco comisiones (la de Selección, la de Acusación, la de Disciplina, la de Reglamentación y la de Administración). Se volverá a la integración que se fijó en el reglamento de 1998. Eso sí se aprobará. Pero quedará pendiente quiénes irán a esos lugares y quiénes serán sus presidentes y vices. También la vicepresidencia del Consejo.
La pelea central está en los legisladores de Juntos por el Cambio. En la comisión de Selección habrá dos diputados. Hay acuerdo que uno es para el oficialismo y otro para la oposición. El punto está en que tanto Tonelli como Reyes pidieron ese lugar. La otra disputa es por las presidencias de las comisiones de Acusación y la de Disciplina. Tonelli pidió estar al frente de la primera y Giacoppo de la segunda. El oficialismo contestó que no le dará esas dos comisiones a la oposición que es donde se investiga a los jueces mal desempeño.
Entre los jueces también hay una disputa. En la comisión de Selección habrá tres magistrados, pero los cuatro que integran el Consejo -Ricardo Recondo, Agustina Díaz Cordero, Alberto Lugones y Juan Manuel Culotta- quieren estar allí porque se trata de una comisión clave para los magistrados. Los dos primeros son de la Lista Bordó, que reclaman los lugares por ser los ganadores de la última elección y el tercero para Lugones por ser de la Lista Celeste que salió segunda. Pero Culotta, de Compromiso Judicial, también pide estar porque si se toma la proporcionalidad de votos del último comicio, le corresponde.
“Por ahora nadie se baja de sus pretensiones”, coinciden ante Infobae dos consejeros. Por eso no hay acuerdos para aprobar las comisiones. Se suma un punto: para que eso ocurra se necesitan 12 votos y ni oficialismo ni oposición los tienen por si solos. En el Consejo anterior -de 13 miembros- el oficialismo tenía una mayoría que le permitía aprobar las comisiones con sus votos, aunque siempre hubo consenso. Ahora esa mayoría la perdió.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció una nueva edición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca) orientada a producir contenidos vinculados a la visibilización de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas.
La línea "Contenidos 2022" tiene por objeto fomentar la producción de contenidos audiovisuales y radiofónicos que, en un marco de federalización y desde su enfoque temático específico, contribuyan a la promoción de la diversidad, la pluralidad de voces, la construcción de ciudadanía y la inclusión social. Está dirigida a organizaciones sociales sin fines de lucro inscriptas en el Registro Público de Señales y Productoras, que cuentan con el Registro Fomeca otorgado o en trámite al momento de la inscripción.
El Fomeca es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios.
La línea se implementa a través de la convocatoria a concursos en dos sublíneas: “Las Malvinas son argentinas” y “Hablemos de soberanía”, bajo los formatos microprograma radiofónico o audiovisual.
El monto máximo de subsidio para el formato microprograma radiofónico es de $600.000 mientras que para el microprograma audiovisual es de $2.500.000. El plazo para presentar los proyectos es hasta el 15 de junio del 2022.
Los concursantes podrán presentar un único proyecto. Para poder inscribirse en esta línea de concurso Fomeca, se debe descargar el Formulario de Inscripción junto a los documentos obligatorios disponibles en el cuadro "anexos necesarios para la inscripción" en la página web del Enacom.
Además, se deberá realizar la estimación presupuestaria en el micrositio exclusivo, que permite la proyección de los gastos sin incurrir en errores involuntarios, y descargar el formulario obtenido en formato PDF.
Por último, en el recuadro "Modelos", se sugieren estilos de Cartas de Aceptación de los recuadros intervinientes. Estos documentos, todos de carácter obligatorio, deberán completarse de manera off line y adjuntarlos en el trámite iniciado para la inscripción a la Línea Contenidos 2022 en la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).
La sublínea “Las Malvinas son argentinas” tiene por objeto “contribuir a visibilizar, difundir y promover la irrenunciable, legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”, según informó el Enacom.
La convocatoria se realiza en el marco de la “Agenda Malvinas 40 Años”, concebida como un programa de carácter oficial, de carácter federal y multidimensional, promoviendo la construcción de contenidos que promuevan la pluralidad de voces, la construcción de ciudadanía y la inclusión social.
Por su parte, la sublínea “Hablemos de soberanía” tiene por objeto contribuir a “visibilizar, difundir y promover el concepto de soberanía nacional”. El propósito es “resaltar la idea de soberanía en sí misma como un concepto con múltiples facetas.
La soberanía, como disputa siempre abierta, ha sido una preocupación constante desde los orígenes de nuestra historia como Nación y hasta el presente mismo".
"Se trata del afianzamiento del Estado Nacional como unidad organizadora de una sociedad, resignificado en el campo de las ideas y en la decisión de construir un proyecto de Nación y consistir en el crecimiento de la economía, la generación de puestos de trabajo, la mayor inclusión, calidad educativa, ciencia, tecnología e innovación. Soberanía también en lo que respecta a la tierra, un recurso escaso y no renovable, y también a la cuestión energética, económica, sanitaria, alimentaria, marítima, tecnológica, entre tantos otros aspectos”, señalaron desde el Enacom.

Finalizó la última edición del Hot Sale y alcanzó a tener unos 3,3 millones de usuarios que buscaron ofertas y promociones en distintos rubros, estimó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), organizadora del evento de comercio virtual. Las cifras corresponden a las dos primeras jornadas y los números definitivos se conocerán mañana.
“Este Hot Sale fue protagonizado por un comprador mucho más racional, que realizó aquellas compras que venía planificando con antelación, es mucho menos impulsivo y más maduro, poniendo el foco en sus necesidades de consumo diaria. Se observa un comprador más habituado a la compra digital, que tiende a analizar la compra, comparar opciones y precios, convirtiendo al canal digital como un hábito”, explicó esa entidad como balance de las jornadas de ofertas, que se extendieron desde el 30 de mayo hasta ayer miércoles.
“Al igual que en ediciones anteriores, los visitantes se concentraron el primer día, sin embargo la participación del segundo día creció en relación al año pasado. A su vez, los picos de usuarios simultáneos se concentraron en las Mega Ofertas bomba y los vivos de Live Shopping, lo cual ratifica la madurez del usuario en relación al evento”, consideraron desde CACE.
¿Cómo son los perfiles de los buscadores de ofertas? “Durante los dos primeros días de evento el segmento etario que se dedicó a buscar ofertas en su mayoría fue de 25 a 34 años años, con el 21%. Le sigue la generación de 35 a 44 años, con el 19%. Se destaca el crecimiento de dispositivos móviles para navegar en Hot Sale, con el 70%, superando a desktops (30%)”, respondieron desde la entidad en un comunicado.
Gustavo Sambucetti, director institucional de la CACE, comentó sobre el cierre del evento: “Estamos muy contentos y expectantes con los resultados que vemos en los primeros días de evento: superamos los 3 millones de usuarios que visitaron el sitio web oficial, que aprovecharon las ofertas y disfrutaron de las transmisiones en vivo de las marcas”, concluyó.

El Gobierno nacional formará a 350.000 desempleados durante 2022 y a 1,8 millones en cuatro años, a través del programa Fomentar Empleo, creado para la orientación y asistencia en la búsqueda laboral y de incentivos para la contratación de mano de obra registrada.
Así lo manifestó el secretario de Empleo del Ministerio de Trabajo, Leonardo Di Pietro en la sede del Ministerio de Trabajo, donde aseguró que esa nueva herramienta "tiene como meta, ya sea a través de la formación, la inserción laboral o entrenamiento, capacitar a 350.000 trabajadores este año" y "apunta también a capacitar en cuatro años a 1,8 millones de los 3,6 millones de la población priorizada".
Esa población son jóvenes de 18 a 24 años sin secundario completo o con menores a cargo, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario), varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores (terciario/universitario), personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad que cuenten con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, otras poblaciones con alto riesgo de exclusión del mercado laboral, egresadas del programa Acompañar y participantes de los programas Potenciar y Progresar.
Los requisitos son no tener contrato de trabajo registrado en los tres meses previos a la inscripción (excepto adherentes al Monotributo Social o al Régimen Especial para el personal de casas particulares) y estar en búsqueda activa de empleo.
Los beneficiaros recibirán un incentivo económico de 15 mil pesos para los cursos de formación profesional y de orientación laboral, en ambos casos hasta seis liquidaciones cada 12 meses; y de hasta $ 23 mil mensual en los entrenamientos para el trabajo y en los programas de Inserción Laboral.
"De aquellos inscriptos, 65 mil personas ya hicieron cursos y 25 mil realizaron un contrato de trabajo", apuntó el funcionario.
Di Pietro resaltó que "es la primera vez que un programa articula las áreas de Trabajo, Educación, Mujeres y Desarrollo Social" y refirió que los empleadores "tendrán un descuento del 90 por ciento de las contribuciones patronales por un año para el caso de los hombre y del 95% si son mujeres o no binarios".
Señaló la importancia de "identificar demanda" y ejemplificó que "en Río Negro, por el desarrollo del hidrógeno verde, se necesitan trabajadores de la construcción para las bases de los molinos de energía eólica, en Jujuy precisan conductores de drones y en distintas regiones del país soldadores para los gasoductos".
"Es un esfuerzo grande que hace el Estado, con una financiación inicial de 350 millones de dólares y luego otro aporte similar del Banco Mundial, para los próximos cuatro años", indicó el secretario de Empleo.
En tanto, la jefa de Gabinete de la Secretaría de Empleo, Laila Brandy, manifestó que para el programa de Inserción Laboral "el Ministerio de Trabajo abona un monto que varía de acuerdo al tamaño de la empresa y la jornada laboral, que se descuenta del salario a su cargo, en un período de hasta 12 meses", y señaló que la medida "promueve la inserción laboral".

El presidente Alberto Fernández decidió viajar la semana que viene a Los Ángeles para participar de la Cumbre de las Américas el próximo 6 de junio a pesar de que el Gobierno argentino aún no había dado una respuesta formal a la invitación formulada por el presidente norteamericano, Joe Biden, al encuentro de jefes de Estado que tendrá lugar la semana próxima en la ciudad de Los Ángeles.
A pesar de que falta la confirmación oficial, Alberto Fernández ya decidió que "viaja" a Los Ángeles, según supo desde el entorno más cercano al presidente.
Aunque en un principio evaluó la posibilidad de convocar a una cumbre paralela de la CELAC con los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que fueron excluidos de la invitación al encuentro de jefes de Estado de Las Américas, la Casa Rosada le bajó el tono a la convocatoria de una contra cumbre que había generado un clima de tensión con los Estados Unidos.
Finalmente, según trascendió en las últimas horas, el presidente confirmaría su aceptación a la invitación de Biden. Sin embargo, hasta este martes, el gobierno argentino no había informado oficialmente la decisión.
Fuentes de la Casa Rosada señalaron que si bien "no está confirmada la participación del presidente en la Cumbre, Argentina participa, sus ministros van, la avanzada ya está allá. Lo que todavía no tiene definición oficial es la participación del presidente en la cumbre de Presidentes. El presidente está conversando con sus pares de la CELAC para construir la decisión".
Según había anticipado el presidente en declaraciones al portal Cohete a la Luna, de Horacio Verbitsky, Alberto Fernández habría acordado con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes le pidieron asistir a la Cumbre de las Américas desde donde, como presidente de la CELAC podría hacer el planteo en contra de la exclusión de la invitación a los presidentes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, países a los que Estados Unidos no invitó por considerarlos dictaduras. En su participación, Fernández se habría comprometido a representar la voz de esos países excluídos.
En medio de las idas y vueltas, Alberto Fernández evaluaba convocar a una reunión de las delegaciones de los países de América Latina y El Caribe, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua, en Los Angeles, posterior a la Cumbre de las Américas pero a la que asistirían solo cancilleres de la CELAC.
En las última horas, el presidente mexicano, Manuel López Obrador, quien no asistirá a la Cumbre de las Américas en rechazo a la exclusión de los tres países, descartó que exista un plan para realizar una "contracumbre", aunque reconoció que "hay un acuerdo" entre países miembros de la CELAC pero para hacer y acompañar la denuncia argentina sobre la política de invitar "solo a los que se considera amigos".
En tanto, todo indica que Alberto Fernández viajaría a la Cumbre de las Américas pese a sus críticas al desplazamiento de Cuba, Venezuela y Nicaragua dispuesto por Washington, que considera que se trata de tres dictaduras.
En cambio, Fernández dijo sentir "vergüenza" de que "haya un bloqueo de seis décadas a Cuba y de cinco años a Venezuela y que no haya cambiado durante la pandemia" en un reciente encuentro con Christopher Dodd, asesor especial del Gobierno de Estados Unidos para la IX Cumbre de las Américas.

La consultora Management & Fit realizó un nuevo monitoreo de opinión pública durante el mes de mayo en el que buscó indagar en un universo de 1.340 casos a ciudadanos de todo país de entre 16 y 75 años sobre la gestión del presidente Alberto Fernández, los principales problemas domésticos y los candidatos para las próximas elecciones.
Según el estudio de opinión, el 62,3% de la población desaprueba el gobierno del Frente de Todos, mientras que solo un 33% lo aprueba. El ofiicialismo tiene la situación más adversa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde la desaprobación escala al 70,1%, mientras que en territorio bonaerense llega al 60,8%.
Entre las principales preocupaciones que tienen los argentinos aparece en primer lugar la inflación con un 37,1%. En el segundo puesto se ubica la inseguridad, con un 15,2%.
La distancia entre el primer y segundo escalón del podio de preocupaciones expone con claridad que el principal problema que hoy visualizan y sufren los argentinos es el aumento de precios.
Luego, en un tercer lugar, aparece el desempleo, con un 10,9%, y el cuarto puesto lo ocupa la educación, con un 5,8%. De ahí hacia abajo sobresalen problemas como la pobreza, la corrupción, los bajos salarios, el endeudamiento que tiene el país y la pandemia.
Consultados sobre cómo evalúan la situación general del país, la mayoría de los argentinos consideró que es regular negativa, mala o muy mala: esos tres conceptos suman el 82,6%, mientras que solo el 17,2% cree que es regular positiva, buena o muy buena.
En el plano electoral, una de las principales consultas fue sobre quién considera que es el líder de la oposición. En ese sentido, el 34,1% aseguró que es el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el 18% entiende que es el ex presidente Mauricio Macri; el 12,8 % que es diputado libertario Javier Milei; y el 3,3% la titular del PRO, Patricia Bullrich.
Respecto a la imagen de los políticos en la provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más importante del país, el único que tiene diferencia positivo es Rodríguez Larreta con un 1,7%. Tiene un 32,3% de imagen positiva y un 30,6% de negativa. En el segundo lugar se ubica el neurólogo y diputado de la UCR, Facundo Manes con -12,3%: tiene 12,2% de imagen positiva y un 24,5% de negativa.
El legislador del PRO Diego Santilli se ubica en el tercer lugar con -16,9%: tiene un 13,4% de positiva y un 30,3% de negativa. En el cuarto lugar aparece el actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que tiene un -20,3%: 24,6% de positiva y 44,8% de negativa.
Respecto a que espacio político votaría la gente en el 2023, el 33,2% se inclinó por Juntos por el Cambio, mientras que un 32,7% por el Frente de Todos. La diferencia es de 0,5%. En un tercer lugar quedó el espacio de los libertarios, con un 15,4%; y en el cuarto la Izquierda (7,1%).

El nuevo facturador que facilita a monotributistas de las categorías A, B y C, y monotributistas sociales la emisión de tickets y comprobantes en solo tres pasos, estará disponible a partir de este miércoles según lo dispuesto por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El servicio podrá instalarse tanto en celulares o tablets (para sistemas operativos IOS o Android) como en computadoras a través del sitio de la AFIP y se podrá acceder con CUIT y clave fiscal.
"El nuevo facturador va a facilitar y agilizar la emisión de comprobantes a los comercios de cercanía y pequeños contribuyentes", señaló la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, durante un evento celebrado el lunes, en la sede del organismo.
En este sentido, la herramienta se complementa al proyecto de ley de monotributo y está diseñada para simplificar la facturación de trabajadores que realicen oficios como carpintería, reparación de bicicletas, electricidad, herrería, plomería y mecánica, entre otros, y comercios de cercanía, como almacenes, bazares, carnicerías, ferreterías y kioscos.
Entre sus ventajas, la herramienta permite mantener activas las sesiones para realizar operaciones durante ocho horas -una novedad que agiliza el procedimiento de facturación-, emitir tickets y notas de crédito tipo C, y visualizar y descargar los comprobantes emitidos anteriormente.
También, uno de los pilares de la iniciativa contempla que el Estado asuma el pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente de todas las personas registradas en las categorías A, B y C, y permite guardar y consultar el historial de los comprobantes para compartirlos por mensajería instantánea y correo electrónico.
Para conocer los detalles de cómo usarlo se puede ingresar al instructivo en cinco pasos.

El reciente anuncio de una nueva línea de billetes, con el regreso de los próceres a su diseño y el retiro de los animales autóctonos, no incluyó la emisión de un nuevo papel con valores superiores al máximo actual de $1.000, a pesar de su constante pérdida de poder de compra por el efecto de la inflación.
En ese marco, en el Congreso fue presentado un proyecto de ley que retrotrae a distintas etapas de la historia económica argentina. La propuesta consiste en quitarle dos ceros al peso nacional y que de esa forma, un peso pase a valer lo mismo que 100 pesos de la actualidad.
“El Banco Central de la República Argentina emitirá billetes y monedas, de curso legal, que circularán con la denominación de ‘peso’, sobre la paridad de un (1) peso equivalente a cien (100) pesos (Decreto 2128/1991). La centésima parte del peso se denominará ‘centavo’”, señala el primer artículo de un proyecto de ley del diputado Gerardo Milman.
“El gobierno decidió cambiar las imágenes de nuestra moneda sin avanzar en la emisión de billetes de mayor denominación. La realidad es que con esos billetes cada día se pueden comprar menos cosas. Por eso presenté un proyecto de Ley para quitarle dos ceros al peso argentino”, dijo el legislador en su cuenta de Twitter.
La iniciativa apunta a modificar la línea monetaria vigente desde 1991. Ese año, bajo la presidencia de Carlos Menem y la conducción del ministerio de Economía de Domingo Cavallo, se decidió reemplazar al Austral como moneda nacional, que circulaba desde 1985. De ese modo, se dispuso el regreso del peso como moneda nacional. Su llegada significó una quita 4 ceros: se estableció una paridad de 1 peso a 10.000 australes.
El peso vigente desde 1991 es la tercera línea monetaria en circulación desde el retorno de la democracia. El Austral, al que reemplazó, había arrancado en 1985, cuando se le quitaron otros 3 ceros a la moneda nacional. De ese modo, 1.000 pesos argentinos se transformaron en 1 austral.
A su vez, el Austral había reemplazado al Peso Argentino, lanzado sobre el final de la dictadura militar para reemplazar a los pesos Ley 18.188 que regían desde 1970, al que se le quitaron otros 4 ceros. A lo largo de toda su historia, a la moneda nacional se le sacaron 13 ceros para hacer viable su uso frente a distintos embates de la inflación. El proyecto de Milman propone quitarle dos ceros más.
“Los valores fijados en pesos hasta la fecha de emisión de la nueva denominación, serán convertidos a ‘pesos’ y ‘centavos’ sobre la base de la paridad establecida en el artículo 1″, establece el proyecto.
“Los billetes y monedas expresados en pesos que se encuentren en circulación, mantendrán su curso legal en todo el territorio nacional, por un equivalente en ‘pesos’ y ‘centavos’ hasta tanto se disponga su oportuno canje por el BCRA en el plazo y forma que este último determinase”, agregó en otro artículo.
En diciembre de 2021, Milman había presentado un proyecto para que el BCRA emita billetes de $2.000, $5.000 y $10.000 en vista de la creciente inflación. Otros legisladores de Juntos por el Cambio había presentado ideas similares para reducir los costos de impresión y traslado de dinero en efectivo.

Un total de 251 femicidios, entre ellos 20 vinculados y 5 trans-travesticidios, fueron cometidos en el país durante el 2021, lo que promedia un crimen con motivos de género cada 35 horas y representa un 13 por ciento menos a la cantidad de casos registrados en el 2020, según un informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Dicho relevamiento se realiza desde el 2015, teniendo como base a las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género y aporta las cifras oficiales que se utilizan como referencia para la elaboración de políticas públicas.
Es que, además de este informe oficial, existen estadísticas elaboradas por distintas organizaciones feministas (como por ejemplo La Casa del Encuentro, Ahora que Así Nos Ven, Mumalá y el Observatorio Lucía Pérez) que realizan relevamientos mensuales sobre femicidios y que obtienen la información básicamente por publicaciones periodísticas.
Las cifras del relevamiento de la Corte reflejan una disminución en la cantidad de víctimas de femicidio en comparación con el 2020, año en el que hubo 287 femicidios, entre los que se incluyen 36 vinculados y 6 trans-travesticidios.
Tras conocerse la estadística, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que "por primera vez en la historia desde su creación, los números bajaron de un modo significativo: un 13 por ciento en relación al año anterior".
"Se registraron 20 femicidios menos en 2021 en relación a los que se produjeron en 2020. Es la tasa más baja de la historia del registro y, en definitiva, viene un poco a mostrar el impacto que están teniendo las políticas públicas en la materia”, dijo la funcionaria nacional, quien agregó que los datos "son auspiciosos porque demuestran que lo que se necesita es más Estado, más políticas, más presupuesto".
Según la estadística de la Corte, durante el 2021, se registraron 231 femicidios directos, los cuales provocaron que 245 personas quedaran huérfanas -182 son niños, niñas o adolescentes-, mientras que el 62 por ciento (152 casos) de los asesinatos fueron llevados a cabo por la pareja o expareja de la víctima.
Si se tiene en cuenta la modalidad del hecho, el 31 por ciento de las mujeres fueron asesinadas mediante el uso de armas blancas, el 25 por ciento como consecuencia de la utilización de armas de fuego, mientras que el 24 por ciento por la fuerza física de su agresor.
Por otro lado, la estadística de la CSJN destaca que 182 de los 231 femicidios directos se dieron en contexto de violencia doméstica, 20 casos tuvieron lugar en una situación de violencia sexual o de trata de personas, mientras que 3 casos sucedieron en un contexto de discriminación por orientación sexual o de identidad de género.
Dentro de las características principales de las 231 mujeres asesinadas, en lo que refiere al rango etario, 179 tenían entre 18 y 59 años, 32 tenían más de 60 años, mientras que 19 tenían menos de 17 años. Esto evidenció un promedio de edad de 37 años.
En lo que refiere a la interseccionalidad de las víctimas, 12 mujeres asesinadas por femicidio eran migrantes, 7 se encontraban ejerciendo la prostitución, 6 estaban embarazadas, 5 vivían en situación de calle y 4 tenían una discapacidad.
Con relación a los hechos previos de violencia de género, al menos 42 víctimas directas de femicidio habían efectuado denuncias formales contra sus agresores, a la vez que en 81 vínculos se relevaron hechos previos de violencia que surgieron por otros medios a partir de la revisión de las causas judiciales, pero que no habían sido denunciados formalmente.
“En al menos 123 se presentaron hechos previos de violencia de género/doméstica entre la víctima y el sujeto activo de femicidio, esto es, en al menos 1 de cada 2 vínculos donde hubo un femicidio había antecedentes de violencia de género en el año 2021 en Argentina”, precisa el informe.
Con respecto a la conducta de los femicidas tras cometer el crimen, 43 de ellos se suicidaron, mientras que 18 intentaron hacerlo sin éxito.
Además, solamente el 11 de los 240 femicidas tenían antecedentes psiquiátricos.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) extendió hasta el 31 de julio los plazos para que los contribuyentes puedan cancelar las obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas y con un pago a cuenta del 25%.
El organismo también prorrogó por dos meses los beneficios de los planes de pago permanente, en relación a la cantidad de cuotas y planes adheribles.
"Las medidas, que se publican hoy en el Boletín Oficial, apuntan a coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes y responsables, a fin de generar las condiciones necesarias para fortalecer la recuperación de la actividad económica y preservar las fuentes de empleo", informó el organismo.

Ganancias y Bienes Personales
La Resolución General 5194/2022 define que los contribuyentes puedan cancelar las obligaciones de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales en hasta tres cuotas y con un pago a cuenta del 25%.
Asimismo, dispone que el organismo no considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (SIPER) de los contribuyentes al momento de tramitar planes para regularizar sus obligaciones alcanzadas.
El beneficio alcanza a los contribuyentes incluidos en las categorías A, B, C o D y excluye a quienes estén categorizados como "riesgo muy alto", categoría E.
El “Sistema de Perfil de Riesgo” es un sistema informático de calificación que realiza procesos de evaluación mensual sobre el cumplimiento de las obligaciones formales y materiales de los ciudadanos.

Planes de pago permanente
A través de la Resolución General 5195/2022, la AFIP otorgó hasta el 31 de julio la vigencia transitoria correspondiente a la cantidad de planes de facilidades de pago admisibles, así como la cantidad de cuotas y la tasa de interés de financiamiento aplicables en el régimen de facilidades de pago permanentes.
El máximo es 8 cuotas y 6 planes por persona. Además, los beneficios en las condiciones de los planes permanentes de pagos para quienes desarrollan actividades críticas también continuarán vigentes hasta el 31 de julio de 2022.

Luego de dirimir sus diferencias sobre el diseño gráfico de la Boleta Única de Papel (BUP) propuesta en el proyecto de ley, la oposición logró firmar dictamen de mayoría por la mínima diferencia en la Cámara de Diputados.
El oficialismo, que defiende la continuidad de la boleta tradicional partidaria, consiguió 57 firmas para el dictamen de rechazo.
El dictamen de mayoría de la oposición también incorpora la autorización para que los argentinos residentes en el extranjero puedan votar por correo, una posibilidad que el Gobierno derogó en marzo del año pasado. Se trata de un reclamo insistente de Juntos por el Cambio.
Al tomar la palabra en el plenario, el presidente del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, explicó que antes de llevar el proyecto al recinto, la oposición dará "tiempo para que sea valorado y estudiado, para que el año que viene en las elecciones nos tengan a nosotros más legitimados y a la sociedad más empoderada".
Por su parte, la diputada del PRO Silvia Lospennato sostuvo que la BUP "va a ayudar a corregir vicios", si bien reconoció que "no es la solución definitiva a todos los problemas" del sistema electoral.
"Por supuesto que no es la solución definitiva a todos los problemas que detectamos del sistema electoral, porque las soluciones mágicas en democracia no existen", continuó, en respuesta a los planteos que esgrimen desde el Frente de Todos respecto de que la reforma electoral no está en el centro de las preocupaciones de la gente, y que deberían haber otras prioridades.
La secretaria parlamentaria del interbloque opositor aclaró que la implementación de la BUP "no hace desaparecer el clientelismo político que transforma a los ciudadanos en rehenes pero disminuye mucho el peso de los aparatos partidarios".
Según explicó, el sistema de boleta tradicional partidaria "es muy costoso económicamente porque implica la movilización de miles de personas a lo largo y ancho de nuestra geografía" para garantizar que las boletas de las alianzas electorales estén en todos los cuartos oscuros del país.
"No hay dudas que la Boleta Única de papel no va a mejorar la situación social, ni la pobreza ni la miseria ni la situación de miles de adolescentes que abandonaron la escuelas. No va a resolver la angustia con la que vivimos pero si permite una forma mas sencilla y transparente de votación para que los argentinos puedan elegir en libertad a quienes crean que pueden resolver estos problemas", completó Lospennato.
En representación del Frente de Todos, le contestó la diputada massista Mónica Litza, quien reclamó que con el mismo ímpetu con que defienden la BUP apoyen el proyecto de "alivio fiscal" a monotributistas y autónomos, del cual dijo que "está en el centro de la preocupación de la gente y no este proyecto que está en la antípodas de las prioridades" de la ciudadanía.

El proyecto de la oposición
El proyecto propone condensar toda la oferta electoral para cargos nacionales en una única planilla de papel, la cual se divide en filas horizontales para cada una de las agrupaciones políticas que compiten. Por cada tramo y por cada alianza electoral habrá un casillero vacío.
El elector deberá seleccionar solamente una opción por cada categoría: si marca dos o más casilleros el voto se considerará nulo. En tanto, si no marca ningún casillero se considerará voto en blanco en esa categoría específica.
Si una agrupación política no presenta candidatos en alguna de las categorías se incluirá en ese espacio la inscripción "No presenta candidatos".
El lunes se terminaron de pulir aspectos del proyecto sobre los cuales había disensos. Finalmente se decidió que la BUP tenga impresos los nombres de los primeros cinco candidatos de la lista de diputados nacionales, y que además se incluyan fotografías a color de los primeros dos candidatos (de acuerdo a la ley de paridad de género serán un hombre y una mujer, o viceversa). El mismo criterio se propone para el tramo de candidatos a representantes del Parlasur.
En la categoría de senadores nacionales, aparecen con foto los dos candidatos titulares, al igual que el candidato a presidente y vicepresidente.
las listas completas de candidatos deben ser publicadas en afiches o carteles en cada cabina de votación, asegurándose que tengan una adecuada visibilidad.
Esta decisión dio respuesta a los reparos de organizaciones feministas, que advertían con razón que la mayoría de los cabezas de lista suelen ser varones y que por ende si si solo se incluyera la fotografía del primer candidato a diputado nacional, habría una marginación de la representación femenina.
Otro tema que estaba en debate era la inclusión o no de un casillero para el voto en blanco. Se resolvió en este sentido no tener en cuenta esta opción, por lo que solamente se computará como voto en blanco cuando el votante deje vacía alguna categoría.
Esto da respuesta la preocupación de quienes advertían que un casillero para el voto en blanco podría traer confusión en el votante, que llegado el caso podría marcar el voto para el partido político de su preferencia en algunas categorías y al mismo tiempo marcar el voto en blanco en general, lo cual traería aparejado la anulación de todo el voto.

El Ministerio de Salud de la Nación reportó que se produjeron 51.178 contagios de coronavirus en la última semana, con un incremento del 19% respecto a igual período anterior, además de 64 nuevos decesos por la pandemia.
La semana pasada, la cartera sanitaria había consignado 43.487 nuevos casos positivos, casi un 28 por ciento más que la semana anterior, y 49 fallecidos por la enfermedad.
Con el último reporte, trepaba a 9.230.573 la cantidad de contagios y a 128.889 la cifra de muertes desde el inicio del brote de coronavirus, en marzo de 2020.
Por otro lado, sumaban 346 las personas con coronavirus, y las camas del servicio para adulto y toda patología, en establecimientos de salud públicos y privados, se encontraban ocupadas en un 42,2 por ciento.
Las jurisdicciones que registraron decesos por coronavirus esta semana son: la provincia de Buenos Aires (37 y 60.173 acumulados), CABA (11 y 12.622), Córdoba (6 y 7.861), La Pampa (2 y 1.162), Santa Cruz (2 y 1.096), Tucumán (2 y 3.646), Chaco (1 y 2.651), San Juan (1 y 1.238), San Luis (1 y 1.604) y Santa Fe (1 y 9.394).
Las provincias que esta semana no notificaron nuevos infectados son: Catamarca (770 acumulados), Chubut (1.662), Corrientes (1733), Entre Ríos (2.810), Formosa (1.302), Jujuy (1.691), La Rioja (1.042), Mendoza (4.965), Misiones (932), Neuquén (2.571), Río Negro (2.618), Salta (3.434), Santiago del Estero (1.347), Tierra del Fuego (565).
Días atrás, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, advirtió "no hay que guiarse por los testeos sino por los síntomas", en un contexto de suba de casos de coronavirus. Sostuvo que los testeos pueden tener "menor eficacias" con la nueva variante de covid-19.
En declaraciones radiales, manifestó que con la variante BA.2 "quizás tienen menos eficacia los testeos que uno puede comprar en la farmacia".
"Una persona que es sintomática, puede ser Covid u otra cosa... tiene que hacer aislamiento. No importa cuál es su causa. Debe aislarse hasta cumplir cinco días y luego cinco días más de máxima protección. Ese es el protocolo, sin necesidad de testearse. Digo esto porque por ahí uno va y se compra el testeo en la farmacia o va a un lugar de testeo y le da negativo, entonces piensa que no tiene Covid y en realidad muchas veces son falsos negativos", expresó el funcionario provincial.

En un nuevo intento por parte de la oposición para buscar que el proyecto de Boleta Única Papel sea ley, este martes se reunirán los legisladores en comisión para que a partir de las 14, junto a los integrantes de Presupuesto y Hacienda, se discuta la iniciativa. Desde Juntos por el Cambio esperan que se llegue a emitir dictamen.
Se preveé que el tema se toque más tarde, ya que como viene sucediendo, las reuniones informativas se extienden más de lo previsto, pero cuando eso suceda se buscará avanzar con la reforma del Código Electoral Nacional para introducir el uso de la Boleta Única de Sufragio.
Según consignó el sitio especializado Parlamentario, el dato saliente de esta reunión es que según el emplazamiento aprobado por 132 votos en la última sesión de la Cámara de Diputados se debería emitir dictamen este martes 31 de mayo con el fin de llevar el tema al recinto en fecha a determinar.
El oficialismo ya dejó claro que avanzará con un dictamen de rechazo, tal cual surge de las expresiones escuchadas en el último tiempo y resumidas en su exposición del martes pasado por la secretaria de Asuntos Políticos, Patricia García Blanco, quien estableció el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación.
“Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda”, enfatizó en ese momento la funcionaria, quien argumentó que “desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

¿Qué busca la oposición con la Boleta Única Papel?
En un nuevo capítulo de alta tensión parlamentaria, la mayoría de los bloques opositores de la Cámara de Diputados buscará este martes emitir dictamen sobre el proyecto de ley que establece el sistema de Boleta Única Papel para elecciones nacionales, con el objetivo de llevarlo al recinto en la próxima sesión del cuerpo.
Luego de tres semanas de debate en las que decenas de expositores pasaron por el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto, finalmente la oposición buscará imponerse en el encuentro que se desarrollará desde las 14 para que ese proyecto sea el que cuente con la mayor cantidad de firmas.
En las comisiones que estudian el tema sólo están representados cuatro de los espacios políticos que integran la Cámara: el Frente de Todos (FdT), Juntos por el Cambio (JxC); el interbloque Federal y el Frente de la Concordia misionero, ya que el sistema D'Hont por el que se reparten los lugares no dio margen para que estuviera alguno de los integrantes de los bloques de menor volumen.

La próxima semana terminará de pagarse la primera de las cuotas del Refuerzo de Ingresos para trabajadores informales, monotributistas de categorías más bajas y trabajadoras de casas particulares. Sin embargo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantendrá abierta hasta fines de mayo la instancia de reclamo para personas rechazadas que, consideren, hubo errores en el entrecruzamiento de datos socioeconómicos.
En total serán casi 7,5 millones de adultos de todo el país que cobrarán $ 18.000 -en dos cuotas, en mayo y junio- por parte de la Anses en sus cuentas bancarias, como una política del gobierno nacional para compensar la suba de precios de los alimentos y bienes de primera necesidad en los últimos meses.
"La idea fue llegar a quienes más lo necesitaban y poner dinero en el bolsillo de los argentinos y las argentinas que menos tienen en términos económicos", explicó la titular de Anses, Fernanda Raverta.
De todas formas la Anses ya está evaluando más de 42.000 reclamos de personas que se acercaron a sus oficinas para pedir la inclusión en el programa.
"Hasta fin de mes estamos recibiendo reclamos en las oficinas de manera presencial. Si tuvimos algún problema en el cruce de información con algún organismo se pueda saldar con una nueva evaluación de la situación", aseguró.

¿Qué casos se analizarán?
Un ejemplo podría ser el caso de una persona que hubiera sido dada de baja de una cobertura de medicina prepaga -condición excluyente para recibir el Refuerzo-, que tiene el talonario de la baja pero que esa cobertura aún figurara vigente en la Superintendencia de Salud.
A diferencia de lo que fue la inscripción al IFE, el Refuerzo de Ingresos contó todas las oficinas de Anses abiertas todos los días -inclusos sábados- para llegar a aquellas personas que prefirieran ir presencialmente, aunque casi el 98% de los casi 12 millones de personas que buscaron inscribirse lo hizo a través de la web.
Los motivos para denegar el Refuerzo incluyeron la inscripción de trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que se inscribían pensando que se estaban escribiendo al bono de ellos, menores de 18 años y personas con consumos en tarjetas de débito o crédito mayores a los dos salarios mínimos, entre otros criterios socioeconómicos.
El cronograma de pago de la primera cuota de $ 9.000 para trabadores continuará este lunes 30 de mayo con los beneficiarios con DNI finalizado en 6; el martes 31 con los DNI terminados en 7; el miércoles 1 de junio con los terminados en 8; y el jueves 2 de junio con los finalizados en 9.

Transportistas de cargan denunciaron un desabastecimiento casi total de gasoil en siete provincias, y un suministro parcial de hasta 20 en otras siete, lo que muestra que más de la mitad del país sufre la falta de combustible.
Para reflejar con exactitud la situación, la entidad creó el “Mapa de abastecimiento del gasoil”, que funciona como un semáforo virtual para dar cuenta de la situación de acceso al combustible en cada provincia.
A la fecha, con más de 600 respuestas procesadas, en el mapa elaborado por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) se conforma de la siguiente manera:
- Siete provincias en rojo (se señala a los sitios en los que hay muy bajo o nulo suministro en las estaciones de servicio): Jujuy, Salta, Formosa, Tucumán, Misiones, Corrientes, Entre Ríos.
- Siete provincias en naranja (se identifica los distritos en los que el promedio de suministro es de 20 litros por unidad): Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, San Juan, Mendoza, Buenos Aires y CABA.
- Cuatro provincias en amarillo (se refiere a los lugares en los que se cargan entre 21 y 50 litros por unidad, y entre 51 y 100 litros): Catamarca, La Rioja y San Luis, en el primer subgrupo, y La Pampa, en el segundo.
- Las provincias del Sur aparecen en verde.
"El desabastecimiento que estamos sufriendo lleva más de dos meses. Entendemos que no es un tema sencillo de solucionar, pero nos queda en claro que se trata de un problema generado por la falta de divisas y la dificultad para avanzar rápido en las políticas que se requieren”, dijo Roberto Guarnieri, presidente de Fadeeac.
Añadió que “desde hace varias semanas, cientos de camiones de Bolivia vienen al puerto de Campana a buscar el combustible que importa su país. Si se paga, hay combustible disponible. Mientras tanto, en Argentina tenemos camiones varados a orillas de la ruta, por falta de gasoil".
El dirigente afirmó que “es un problema que afecta a todo el país, de diferente manera. La situación más crítica se vive en el centro y norte; en el sur, por ahora, no se han registrado mayores complicaciones, pero si no se encuentra una solución de manera urgente, empezaremos a ver desabastecimiento”.
“No podemos llevar la cosecha en tiempo y forma, ni el ganado o los alimentos. La industria en general empezará a sentir las consecuencias”, enfatizó.
En el mismo sentido remarcó que “el combustible es un elemento esencial para poder cumplir con nuestra tarea. Más del 90% de la economía argentina se mueve en camión”.
La falta de suministro regular de combustible se refleja en los tiempos de espera para el abastecimiento.
De acuerdo con el relevamiento de Fadeeac, 31% de los encuestados esperó entre 6 y 12 horas para poder cargar gasoil; 26% debió aguardar más de 12 horas; 26% entre 3 y 6 horas; y 17%, entre 2 y 3 horas.
"Las pérdidas que ocasiona esta situación son muy grandes, desde el punto de vista económico y social. El tiempo de espera y la incertidumbre de un transportista que no puede saber cuándo saldrá, ni cuándo llegará a destino produce un daño enorme”, insistió Guarnieri.
El trabajo reveló además que “el aumento del precio del combustible a granel muy por encima de los incrementos registrados en surtidor, hizo que muchos transportistas dejaran de lado la opción de abastecimiento en playas privadas, para hacerlo en estaciones de servicio ubicadas en las rutas (62%) y en centros poblados (24%), con el consiguiente impacto en el entorno”.

La Cámara de Diputados continuará la semana próxima con el análisis de la propuesta de reforma al Consejo de la Magistratura impulsado por el oficialismo, que propone elevar de 13 a 17 el número de integrantes y crear cuatro regiones federales para su funcionamiento.
De esta manera, la Cámara baja retomará el martes próximo ese debate en un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (FdT), y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), con exposiciones de invitados del ámbito académico y judicial.
La iniciativa del Poder Ejecutivo, que en el Senado contó con el respaldo del oficialismo y bloques provinciales, busca dotar de mayor federalismo al organismo encargado de la selección de jueces.

El proyecto
La iniciativa eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, con la meta de dotarlo de mayor federalismo.
De esta manera, si avanza el proyecto del Poder Ejecutivo, el Consejo volvería a ampliarse, después de que en diciembre del año pasado la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de la conformación de 13 miembros que se dispuso en 2006.
En esa resolución, el máximo tribunal otorgó al Congreso un plazo de 120 días para sancionar una ley que estableció una nueva estructura del organismo encargado de proponer magistrados para que los designe el Presidente de la Nación, administrar el Poder Judicial, controlar la actividad de los jueces y eventualmente sancionarlos y enviarlos a juicio político.
El plazo expiró el pasado 15 de abril sin que el oficialismo pudiera poner el tema en debate, entre otras cuestiones, por la falta de conformación de las comisiones mencionadas.
Por esa razón, el Consejo de la Magistratura empezó a estructurarse el mes pasado con la composición de 20 integrantes y esta semana ya tuvo su primera reunión con la nueva conformación, presidida por el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
En ese primer encuentro, se consensuó una agenda de prioridades y una dinámica de funcionamiento; y se resolvió fijar el próximo jueves 2 de junio, a las 9.30, como día de primer plenario ordinario que será transmitido públicamente a través de una plataforma virtual.

La construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá la formación neuquina de Vaca Muerta con el centro del país y cuyo inicio se estima para el mes próximo, generará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, afirmó la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun.
"La obra no solamente impacta en la balanza comercial sino también en el desarrollo regional y en la generación de empleo, y podemos decir que la inversión de por sí, generará entre empleos directos e indirectos alrededor de 6.000 puestos de trabajo", precisó la directora del BICE a la radio AM 750.
Asimismo, Sacnun indicó que "todo el proceso licitatorio ya está en marcha", y estimó que "en junio estaría iniciándose la obra", cuyo primer tramo -desde la localidad de Tratayén, en Neuquén, a Saliqueló, en Buenos Aires- estaría finalizado a tiempo para el invierno de 2023.
"Es una decisión política que está en marcha y que tiene recursos y fondos para retomar un proyecto energético al servicio del desarrollo nacional", enfatizó la funcionaria, quien valoró la obra como un paso para que el BICE "en algún momento se convierta en una banca de desarrollo".
Asimismo, destacó que el proyecto no solamente será financiado con fondos del Tesoro Nacional sino también con parte de lo recaudado a través del Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas.
El pasado viernes Energía Argentina (Enarsa) y el BICE firmaron el contrato que conforma el fideicomiso del Fondo de Desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) que administrará los bienes que se utilizarán para la construcción del gasoducto, mientras que a principios de mayo se concedió a Tenaris el abastecimiento de cañerías.
De esta forma, se cumplió con lo dispuesto por el decreto 76/2022 de febrero último que encomienda a Enarsa (Ieasa en ese entonces) la construcción del gasoducto y la concesión de transporte, además de ser el fiduciante del Fondesgas, fondo en donde el BICE actuará como fiduciario.

Con Macri la obra fue paralizada
El proyecto del gasoducto Néstor Kirchner, en su primera etapa, permitirá ampliar en un 25% la capacidad del sistema de transporte de gas natural, por un total de 24 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios, lo cual permitirá reemplazar la importación de combustibles.
En ese sentido, de acuerdo con estimaciones del Ente Regulador del Gas (Enargas), se prevé un ahorro "en el corto plazo" en subsidios por US$ 1.000 millones anuales, a la vez que generará un impacto positivo en la balanza comercial energética por alrededor de US$ 1.800 millones.
Sacnun cuestionó que durante la administración del expresidente Mauricio Macri la obra "fue paralizada".
"Instalaron un relato de que Argentina era exportadora de gas, pero Argentina exportaba porque se había derramado el consumo no sólo residencial sino fundamentalmente industrial, con una pérdida de entre 2.500 y 2.600 usuarios industriales", dijo la directora del BICE.

Si bien más del 80% de la población en la República Argentina completó el esquema primario de vacunación contra el coronavirus, sólo el 40,7% se dio la primera dosis de refuerzo, una herramienta clave para fortalecer la producción de anticuerpos frente a la cuarta ola que golpea en el país.
Al momento, el 89,7% de las personas residentes inició su esquema de vacunación, el 81,6% lo completó y el 40,7% aplicó su primera dosis de refuerzo, según los últimos datos consignados por el Ministerio de Salud.
En la población mayor de 50 años, que es la que representa el 90% de las muertes por coronavirus, el 96,4% inició su esquema, el 94,2% lo completó y sólo el 67,2% aplicó su primera dosis de refuerzo.
En los adolescentes, la cobertura con esquema primario también es alta (el 92,4% inició su esquema y el 80,2% lo completó), pero la dosis de refuerzo es considerablemente menor: sólo se la aplicó el 29,2%.
Si bien la estadística contempla hasta la primera dosis de refuerzo, en Argentina se comenzó a aplicar un segundo refuerzo desde el 14 de abril.

Qué dicen los especialistas
En el Consejo Federal de Salud (Cofesa), se planteó que en esta primera etapa los grupos priorizados para el segundo refuerzo están conformados por personal de salud, personas de 50 años o más y de 12 años o más con inmunocompromiso que hayan recibido el primer refuerzo hace 4 meses o más.
"Lo que está sucediendo es que las jurisdicciones una vez que vacunaron a esa primera población objetivo están avanzando con las otras poblaciones; de modo que ya hay provincias que aplican el segundo refuerzo a la población general", explicó a la agencia Télam la médica infectóloga Florencia Cahn.
Y recordó que "el esquema primario o inicial para la mayoría de la población es de dos dosis, pero para mayores de 50 que habían recibido Sinopharm o personas inmunosuprimidas se considera el esquema inicial a las tres dosis".
"Una vez completado este esquema, para la aplicación del primer refuerzo hay que esperar cuatro meses y después otros cuatros meses más para la aplicación del segundo refuerzo. Esto tiene que ver con el período en el que se comienza a observar una caída de los anticuerpos", detalló.
En el caso de que la persona haya tenido coronavirus "se pueden esperar hasta 90 días para darse el refuerzo pero si el paciente se vacuna antes no le va a hacer mal".
"Lo que sabemos es que el primer mes después de tener coronavirus hay una inmunidad generada por la infección por lo cual no tendría sentido vacunarse cuando te dan el alta", explicó.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó un proyecto para aliviar la situación de monotributistas y autónomos, con el fin de que los ingresos de esos contribuyentes "no pierdan contra la inflación".
La iniciativa tiene el respaldo del jefe del interbloque Federal, Alejandro "Topo" Rodríguez, y la diputada de Juntos por el Cambio Margarita Stolbizer.
Según señalaron fuentes legislativas, el proyecto de Massa, que también lleva las firmas de Leandro Santoro y Mónica Litza, tiene los votos para ser aprobado en el recinto.
La iniciativa que Massa ingresó al Congreso contempla adelantar a julio parte de la actualización anual del monotributo, que suele hacerse desde el 1° de enero de cada año a través de la fórmula de movilidad jubilatoria.
Las escalas de facturación de ese régimen quedaron desactualizadas por la escalada inflacionaria.
En el primer semestre de este año, las jubilaciones y demás prestaciones que paga la ANSeS acumularán una suba de 29,1%. El proyecto apunta a que ese porcentaje se utilice para actualizar las escalas de facturación de las distintas categorías del monotributo desde el 1° de julio de 2022.
Además, no incluyo aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que se buscará una actualización de los topes máximos de facturación, para que los cuatro millones de monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor -o quedar afuera del Régimen Simplificado- si su facturación creció en términos nominales por efecto de la inflación, según la propuesta de Massa.
Con relación a los autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias y que en la actualidad deben pagar el tributo con ingresos mensuales superiores a $63.000, la solución que contempla el proyecto es actualizar las escalas y deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede en línea o cercano a los empleados en relación de dependencia, que desde el mes que viene será de $289.792.
El paso siguiente sería establecer un mecanismo de ajuste que se aplique por la evolución salarial o la fórmula de movilidad, que hasta ahora determina los montos que esos contribuyentes deben pagar mensualmente como aporte jubilatorio.
Massa impulsó la semana pasada una actualización del piso de Ganancias, que comenzará a regir desde junio y destacó que esa medida busca "defender el poder de compra de los salarios", al igual que el proyecto sobre monotributistas y autónomos.

Las pruebas PISA, la evaluación educativa que realiza en todo el mundo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se hará este año por primera vez en formato digital a través de un software específico que no requerirá conexión a Internet, informó el Ministerio de Educación
La secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, explicó este viernes durante la 118 reunión del Consejo Federal de Educación, los alcances de esta nueva modalidad que reemplazará al papel y lápiz con el que se efectuaba hasta este año.
"La prueba PISA Digital 2022 tendrá lugar durante septiembre en casi 500 escuelas de todo el país", destacó la cartera educativa, y se realizará "por primera vez en computadora desde una plataforma digital".

Sobre la prueba PISA
La prueba estandarizada se efectúa a todos los alumnos de 15 años para medir su rendimiento académico en matemáticas, ciencias y lectura.
El estudio se basa en el análisis del rendimiento de estudiantes que, desde el año 2000, se realizan cada tres años en diversos países pertenecientes o no a la OCDE.
La reunión del CFE fue encabezada por el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y allí se propuso además un relanzamiento del Programa Nacional de Formación Permanente "Nuestra Escuela".
"Nuestra Escuela" se tata de una iniciativa federal, universal y gratuita destinada a docentes de gestión estatal, social, comunitaria y privada, de todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria y de la educación superior, técnica y docente.
También se trataron las pautas para la regulación de ingreso de estudiantes en la modalidad de educación domiciliaria y hospitalaria (EDyH) frente a situaciones complejas, con el objetivo se escolarizar a los alumnos que por diferentes circunstancias no pueden asistir a clases en escuelas.
Además se presentó el estado de avance de la preimplementación del Sistema de Gestión Escolar (SINIDE-SGE).
Se tata de un dispositivo informático que permite a los distintos actores que integran el sistema educativo gestionar de manera más eficiente las tareas asignadas al ciclo escolar, pudiendo acceder a datos para la toma de decisiones estratégicas y agilizando las tareas administrativas de los establecimientos.