El Consejo de la Magistratura surgido del fallo de la Corte Suprema, con su integración de 20 miembros, celebrará su primer plenario el próximo 2 de junio, retomando así la agenda de temas que quedaron pendientes durante el proceso que concluyó a mediados de abril pasado.
Entre esos temas pendientes está la definición de una serie de concursos para cubrir vacantes de jueces de primera instancia y de cámara en el Fuero Federal porteño, con sede en Comodoro Py 2002.
La formación anterior no consiguió consensuar las ternas para ocupar esas vacantes y todo parece indicar que tampoco habrá acuerdo en el corto plazo.
No obstante, el Consejo convocó a pruebas de oposición para otros dos juzgados federales, el Tribunal Oral de Jujuy y el de primera instancia de Tartagal, Salta.
El Consejo también resolvió que la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, clave para la propuesta de los candidatos a nuevos jueces, estará integrada por 12 miembros: cuatro abogados, tres jueces, dos diputados, dos académicos y el representante del Poder Ejecutivo.
El flamante Consejo celebró una reunión de Coordinación, en la que estuvieron presentes los 20 integrantes: los 13 que venían del formato anterior más los siete que se sumaron tras el fallo de la Corte, entre ellos el propio presidente del cuerpo, Horacio Rosatti.
Justamente Rosatti inauguró la reunión agradeciendo a los últimos dos presidentes en el antiguo formato, el abogado Diego Molea y el camarista federal de San Martín Alberto Lugones, “por llevar adelante los procesos para lograr la integración” del Consejo.
La principal novedad en materia de juzgamiento de la conducta de los jueces es que habrá una Comisión de Disciplina y una de Acusación, funcionando por separado (hasta ahora venían haciéndolo en una sola).
Las autoridades de cada comisión, así como la vicepresidencia del Consejo, quedaron para resolver en el plenario del próximo jueves.
Rosatti hizo hincapié, y el resto de los consejeros los acompañó, en “el compromiso de continuar trabajando en agendas vinculadas a la transparencia y la perspectiva de género en materia judicial”.