Productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, realizaron una marcha y un acto en Plaza de Mayo en el cual pidieron por una baja de los impuestos y un menor gasto público.
"Esta es nuestra protesta y nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuesto; gasten menos; arréglense con lo que tiene o dedíquense a otra cosa", indicó la proclama leída en Plaza de Mayo firmada por el denominado Grupo Independencia, donde confluyen productores, asociaciones rurales y organizaciones como Campo+Ciudad, a cargo de la marcha y el acto.
"No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima; no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan", agregó el documento.
productores de diferentes partes del país -al que se sumaron a habitantes de la ciudad, con cánticos a favor del campo y en contra del Gobierno- ingresaron a la Plaza de Mayo con una veintena de tractores y camionetas, tras realizar una caravana desde el barrio porteño de Nuñez.
En la plaza hubo presencia de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), espacio político que convocó a la marcha, como Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere; más temprano, en el inicio de la marcha, estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
La protesta no contó con la participación de las entidades agropecuarias nacionales que integran la Mesa de Enlace, ya que consideraron al momento "inoportuno".
La movilización se da en un contexto donde los precios internacionales de los granos se ubican en niveles históricamente altos, en especial en estos últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania; durante la semana el maíz y la soja en Chicago alcanzaron máximos desde septiembre de 2012.
Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario vaticinó un crecimiento de las exportaciones de granos y derivados de 8% interanual en 2022, con una facturación récord de alrededor de US$ 41.053 millones, impulsada por el salto en los valores de los commodities agrícolas.

El gobierno nacional y los sindicatos estatales ATE y UPCN acordaron en el Ministerio de Trabajo un aumento salarial adicional del 10% para los trabajadores de la administración pública, que se percibirá con los salarios de mayo próximo, por lo que la mejora anual total para el período 2021/2022 alcanzó el 64,4%.
Los secretarios generales de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Hugo Godoy y Andrés Rodríguez, respectivamente, luego del encuentro en la dependencia ministerial de la avenida Callao al 100 de esta capital.
La compensación salarial del 10% ante "el elevado proceso inflacionario" complementó la paritaria aún vigente del período 2021-22, y fue convenida de forma previa a la apertura de la negociación colectiva de este año y de 2023.
El 10% adicional será percibido con los salarios del mes próximo por todos los trabajadores de la administración pública nacional y, de esa forma, totalizó una recomposición para el período junio 2021-mayo 2022 del 64,4%, detallaron la ATE y el Ministerio de Trabajo.
La Comisión Negociadora General, que integran sindicalistas y funcionarios de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Nación, convinieron un aumento en "las retribuciones del personal permanente y no permanente del convenio colectivo de trabajo homologado por decreto 214/06 del 10 por ciento desde el próximo 1° de mayo, que se aplicará sobre los ingresos mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobados y vigentes a mayo de 2021", se informó oficialmente.
También se acordaron en la cartera laboral "los valores y escalas retributivas de los escalafones y entidades del convenio colectivo y los montos equivalentes a la compensación por viáticos, el adicional por prestaciones de servicios en la Antártida, el reintegro por gastos de comida y la compensación por movilidad".
Funcionarios y sindicalistas convinieron además el reintegro mensual por gastos de guarderías o jardines maternales en la suma de 11.754 pesos a partir del 1° de mayo próximo, y el aumento de los montos mensuales del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en 4.367 pesos por "asistencia perfecta", en 3.059 pesos por "una inasistencia justificada" y en 1.747 pesos por "dos inasistencias".
Los gremios estatales aceptaron "de manera integral" la propuesta oficial, en el contexto de la revisión paritaria de los trabajadores del Estado nacional.
Godoy remarcó en un comunicado difundido luego del encuentro que los gremios aceptaron la propuesta del Estado para "compensar la elevada inflación".
Por la ATE participaron en la negociación, además de Godoy, el adjunto Rodolfo Aguiar, el paritario Flavio Vergara y Mariana Ammartino, del equipo jurídico.
"El Gobierno escuchó el planteo gremial para reabrir la paritaria a fin de garantizar el cumplimiento del objetivo de lograr un aumento por arriba del nivel inflacionario para el período 2021-22, desfasado por los incrementos que se producen de manera incesante y que requerían un reacomodamiento", destacó.
De cara a la negociación paritaria 2022-23, que se iniciará a mediados de mayo próximo, Godoy adelantó que la recomposición salarial tiene que ser acordada por "períodos más cortos" y "con menos cuotas" para "no ir atrás de la inflación".
En el encuentro participaron por el Gobierno Agustín Carugo, director de la Dirección de Análisis Laboral del Sector Público de Trabajo; Ana Castellani, de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete; el Subsecretario de Coordinación Presupuestaria, Gastón Suárez y, por la cartera de Economía, la Subsecretaria de Presupuesto, Florencia Jalda, entre otros.
Castellani había señalado que el Gobierno convocó a los gremios estatales para "revisar la paritaria 2021/22" porque "ambas entidades solicitaron su reapertura", y detalló que "el compromiso oficial es que los salarios le ganen al proceso inflacionario" del período.

El presidente Alberto Fernández cerró un precongreso provincial del Movimiento Evita que se realizó en la Universidad Nacional de San Martín, donde se pronunció a favor de que "los que más ganan sean los que más aporten" y "quienes menos tienen reciban lo que merecen".
"Cuando llegamos al Gobierno a la economía popular le faltaban herramientas para desarrollarse" y "ahora estamos dándole esas herramientas para que pueda demostrar todo su potencial", afirmó el jefe de Estado afirmó ante los delegados bonaerenses de la organización social.
Asimismo, señaló que el Gobierno nacional está enfocado en que "los que más ganan sean los que más aporten y quienes menos tienen reciban lo que merecen".
En otro tramo del discurso, el mandatario expresó: “Tenemos un gran desafío por delante que es, de una buena vez por todas, institucionalizar la economía popular y en eso estamos trabajando”.
Por otro lado, Fernández dijo que el acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no se dio en un marco de ajuste" y agregó: "No somos un gobierno que ajusta, somos un gobierno que invierte y que ayuda a los que menos tienen como lo hicimos con el incremento excepcional”.
En el acto estuvieron el secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete de la Nación y referente de la organización, Fernando "Chino" Navarro, e integrantes de la mesa nacional y provincial de ese espacio.
Además, asistieron la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, y el diputado nacional Leonardo Grosso, informó el Movimiento Evita en un comunicado.
En el cierre del congreso, Pérsico afirmó que "en el 2023 la única alternativa para los trabajadores y las trabajadoras es que volvamos a reelegir un gobierno del Frente de Todos".
Por su parte, Grosso ratificó que el próximo domingo 1 de mayo se realizará una "gran movilización" con motivo del Día del Trabajador.

En medio de la tensión con el gobierno nacional, Horacio Rosatti le tomó juramento a las consejeras electas que se sumarán al Presidente del máximo tribunal como nuevo titular del organismo que selecciona e investiga a los jueces. Además, los jueces firmaron una acordada que puede ser clave para la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos por la designación de los representantes de Diputados y del Senado.
La ceremonia -sin presencia de los medios- se realizó en el Salón Bermejo del máximo tribunal, en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. Además de Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, estuvieron varios de los consejeros actuales y el secretario general de Administración de la Corte, Héctor Marchi.
Las que juraron son la jueza civil de primera instancia Agustina Díaz Cordero, quien ganó las elecciones de magistrados por la Lista Bordó, la más crítica al oficialismo; las abogadas Jimena de la Torre y Maria Fernanda Vázquez; y la académica Pamela Tolosa.
De la Torre, ex funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, ganó las elecciones de abogados con el apoyo de Juntos por el Cambio. Venció a la lista de Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, que también entró al Consejo por el porcentaje de votos obtenidos.
Antes de ingresar a la jura, De la Torre cuestionó la jugada del Frente de Todos para designar al senador camporista Martín Doñate. “Había un plazo de 120 días que terminó el 15. En ese momento las segundas minorías eran el Pro en el Senado y el radicalismo en Diputados. Si se rompió el bloque del Frente de Todos nunca puede tener efectos hacia atrás”, sostuvo en la puerta principal del Palacio de Tribunales.
Vázquez y Tolosa llegan al Consejo con el apoyo en sus elecciones de Diego Molea, actual integrante del Consejo por los académicos.

En medio de la pelea por el Consejo de la Magistratura, el kirchnerismo acelera la ofensiva contra la Corte Suprema. La semana que viene, el Frente de Todos abrirá el debate para ampliar el número de miembros del máximo tribunal, confirmaron fuentes del bloque oficialista en la Cámara Alta.
La comisión de Asuntos Constitucionales se reuniría el próximo miércoles para tratar, aseguraron en la recientemente creada bancada cristinista “Unidad Ciudana”, una serie de proyectos referidos a la Corte Suprema de Justicia.
El oficialismo buscaría avanzar sobre el proyecto ya presentado del senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá. La iniciativa del puntano busca elevar a 9 el número de integrantes del máximo tribunal, respecto de los actuales 5 miembros (aunque hoy solo cuatro están en funciones desde la renuncia de la jueza Elena Highton de Nolasco en octubre).
El proyecto de Rodríguez Saá recuerda, en sus fundamentos, que la última reforma sobre la composición de la Corte fue hecha en el año 2006, con la sanción de la ley 26.183 a través de la cual se estableció un procedimiento de reducción de 9 miembros hasta llegar a los 5 de ahora.
De la ampliación de miembros a la paridad de género: las reformas que se analizan para la Corte Suprema
Desde la Cámara Alta señalaron que la semana que viene también se analizará un proyecto de la riojana Clara Vega. Se trata de la senadora que había ingresado al Congreso de la mano de Juntos por el Cambio, se alejó de la oposición tras el cambio de Gobierno y apoyó luego votaciones clave para el oficialismo.
La iniciativa de la legisladora apunta, sin embargo, no a una ampliación de los miembros de la Corte sino a la paridad de género. “La paridad de género entre hombres y mujeres implica que los miembros del mismo sexo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no podrá superar en más de uno a los miembros del otro sexo. En caso de modificarse el número de integrantes, este principio deberá respetarse en cuanto su integración sea impar, y en caso de ser par, deberá integrarse con un 50% de mujeres y un 50% de hombres”, advierte el texto.
También existía un proyecto de otro de los aliados circunstanciales del oficialismo en el Senado, el rionegrino Alberto Weretilneck, pero perdió estado parlamentario. Según se pudo saber el senador volvería a presentar una iniciativa para debatirla en la reunión de comisión y también apuntaría a una “ampliación federal” de la Corte Suprema.
La decisión de kirchnerismo en el Senado es una respuesta al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura que regía desde el 2006. El máximo tribunal dio 120 días para sancionar una nueva norma o retornar a la composición previa del organismo judicial.

El Senado y la Cámara de Diputados todavía no designaron a los representantes por la segunda minoría. Desde Juntos por el Cambio amenazaron con denunciar penalmente a Cristina Kirchner y Sergio Massa.
A pesar de las advertencias de Juntos por el Cambio, que hoy en conferencia de prensa aseguró que denunciará penalmente a Sergio Massa y a Cristina Kirchner si no designan a los dos representantes que faltan para el Consejo de la Magistratura, el oficialismo continúa esperando.
El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, le presentó una nota formal al presidente de la Cámara de Diputados para que se abstenga de firmar el nombramiento de Roxana Reyes -la candidata que propuso la UCR- hasta que no se defina con claridad cuál es el criterio para determinar qué fuerza es la segunda minoría de la Cámara.
“Considero que no debe avanzarse en nuevas designaciones hasta tanto quede absolutamente en claro el criterio de definición de lo que se considera el ‘bloque con mayor representación legislativa’, ‘la primera minoría’ y ‘la segunda minoría’, de conformidad a lo expresado por el art. 2, inc. 3 de la ley 24.937″, dice el texto.
Desde el oficialismo aseguran que la oposición está cambiando el criterio para definir qué espacio político tiene la potestad de designar a un representantes. Según su visión, en 2018 Cambiemos nombró a Pablo Tonelli por la primera minoría. “Pero ahora Negri quiere nombrar a Reyes y dice que la UCR es la segunda minoría. Negri a veces se autopercibe primera minoría y a veces, segunda”, bromearon desde la bancada oficialista.
Es decir, para el Gobierno de los cuatro legisladores debería designarse a uno por la mayoría (Frente de Todos), uno por la primera minoría (Juntos por el Cambio) y el de la segunda minoría correspondería a alguno de los bloque minoritarios. Por ejemplo, Provincias Unidas, liderado por Luis Di Giacomo. El Interbloque Federal ya tiene representante con Graciela Camaño.
Para aumentar la complejidad del debate, los nombramientos también serían según leyes diferentes: en 2018 según la ley de 2006, y ahora según la ley de 1997, a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la norma de 2006.
Tras los contundentes fallos de la Corte Suprema, que dieron por tierra con los intentos oficialistas de ganar tiempo, ahora el Frente de Todos en Diputados busca cambiar el eje de la discusión. Si bien no está claro cuál sería el ámbito para resolver esta disputa, desde el oficialismo insinuaron que podría debatirse en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos.
Probablemente al tanto de la estrategia del Frente de Todos, el presidente del bloque radical Mario Negri advirtió a través de las redes sociales que “no hay ninguna posibilidad de que el kirchnerismo y aliados se queden con los lugares que corresponden a Luis Juez y Roxana Reyes”.
Y agregó: “Nos respaldan la ley de 1997 en vigor y los fallos de la Corte. Si quieren ir por izquierda les va a pasar como con el juez de Paraná”.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro total de actividades en los servicios de corta y media distancia para la próxima semana en todo el interior del país. Comenzará a las cero horas del martes 26 de abril y se extenderá por dos días.
Según explicaron desde el sindicato, la medida de fuerza es para reclamar que los trabajadores del transporte de pasajeros del interior reciban el mismo incremento salarial que les otorgaron a los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“Bajo la regla de ‘igual remuneración por igual trabajo’ no vamos a permitir salarios por debajo de la inflación, ni haberes inferiores en el interior a los del AMBA. Por eso hemos resuelto un paro de actividades por 48 horas”, anunciaron a través de un comunicado firmado por el secretario general de la UTA, Roberto Fernández.
Desde el gremio argumentan que, antes de llegar a tomar esta decisión, “se agotaron todas las gestiones necesarias a fin de lograr el aumento salarial” para los trabajadores del sector y apuntaron contra los gobiernos provinciales.
“Queremos dejar expresado que el Estado Nacional viene asistiendo altamente a un sistema de transporte que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos provinciales, quienes no solo han abandonado todos los ámbitos de negociación paritaria, sino que desconocen las reiteradas invitaciones a participar de las discusión salarial”, remarcaron.
“Se les ha pedido a las autoridades del Comité Federal del Transporte su necesaria participación, compromiso y aportes para un sistema del que son nada menos que los titulares únicos y primeros, pese a lo cual, se han desentendido, sin asumir su rol, razón por la cual les responsabilizamos de todas las consecuencias derivadas de las medidas de acción gremial”, advirtieron en relación al paro de la próxima semana.
El febrero pasado, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), había impulsado la suspensión de las actividades en el transporte público de pasajeros en todo el interior del país debido a la falta de fondos para pagar salarios y combustible.
En aquel entonces, desde la entidad denunciaron que el gobierno nacional no envió los subsidios con los que se había comprometido a fines del año pasado.
“Al día de hoy el sector de transporte público por automotor de pasajeros de todo el interior del país no ha recibido los aportes comprometidos de parte del Gobierno, y sin los fondos necesarios se ve impedido de pagar salarios y cargar combustible, por lo que el servicio se verá interrumpido en el sector de corta y media distancia”, señaló el comunicado difundido el 4 de febrero.
Y advirtió que “de no haber una solución de parte del Gobierno, las empresas no podrán prestar servicios y se ponen en riesgo 33 mil fuentes de empleo”.
Por otro lado, desde Fatap denunciaron que el gobierno nacional sí efectuó los desembolsos de subsidios para el transporte en el AMBA. “La prestación brindada a usuarios de idénticos servicios ha encontrado soluciones y fondos en tiempo y forma, lo que nos hace concluir que el Interior del país no se encontraría dentro de la prioridades de quienes deben adoptar aquellas decisiones”, continuó el comunicado.
Semanas más tarde, el Gobierno aumentó la compensación para el transporte público del interior.

Los gremios estatales ATE y UPCN, que habían reclamado la urgente revisión del acuerdo salarial cuyo último tramo se abonó en febrero, negocian en la cartera laboral el cierre definitivo de la paritaria y demandan una compensación por la suba de precios de forma previa al inicio de la discusión de este año.
El encuentro en la dependencia laboral de la Avenida Callao al 100 fue convocado por los funcionarios ministeriales desde las 14.
El titular nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Hugo Godoy, sostuvo hoy en un documento que "el objetivo del diálogo será garantizar que de manera real se produzca un incremento salarial por arriba de la inflación".
La ATE y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) que conduce Andrés Rodríguez discutirán una compensación de la paritaria 2021-22 ante el proceso inflacionario, luego de que el Gobierno aceptase reabrir la negociación colectiva.
Con la revisión de febrero, los trabajadores estatales habían obtenido una pauta salarial total del 54%, aunque al conocerse las cifras de inflación de marzo último, de 6,7%, reclamaron reabrir la paritaria para lograr "un mejor piso de forma previa al inicio de la discusión convencional 2022-23", dijo Godoy.
Para el dirigente gremial, el impacto inflacionario de marzo "se extenderá en abril y mayo", por lo que "es preciso superar el aumento total del 54% a partir de mayo para garantizar que se le haya ganado realmente a la inflación".
Funcionarios y sindicalistas volverán a negociar a mediados de mayo la paritaria del nuevo período 2022-23, en la que la ATE ratificará su reclamo para acelerar los mecanismos de pases a planta y de recategorizaciones, entre otros temas.
La secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, señaló el fin de semana a Télam que los gremios fueron convocados para revisar la paritaria del período ante el reclamo de las organizaciones sindicales, y reafirmó que "el compromiso es que los salarios le ganen a la inflación, por lo que se revisarán los números en función de los incrementos de febrero y marzo".
Luego de la última revisión de enero en el contexto del convenio colectivo de trabajo, se había acordado un 14% adicional en dos tramos para el actual período paritario, lo que totalizó una recomposición del 54%.

Los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni pidieron a la Justicia tomar las "medidas pertinentes" para que ambos asuman como representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura y que se decrete la "nulidad absoluta" de las designaciones de Martín Doñate y Guillermo Snopek.
Además, el senador por Córdoba Juez se presentó en los tribunales federales de Retiro y denunció penalmente a la vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara Alta, Cristina Fernández de Kirchner.
La denuncia que presentó Juez quedó a cargo del juez federal Luis Rodríguez, tras ser sorteada en Comodoro Py 2002, informaron fuentes judiciales.
El escrito solicita el inicio de "ejecución de sentencia" presentado ante el juzgado federal en lo Contencioso Administrativo 3, ambos senadores nacionales reclamaron que "se decrete la nulidad absoluta del DPP 33/22 dictado por la Presidencia del H Senado de la Nación", según el texto difundido.
"Con notorio desconocimiento del orden jurídico aplicable, la Presidenta del H. Senado ha designado de manera ilegítima al senador oficialista Martín Doñate como consejero titular y al senador oficialista Guillermo Snopek como consejero suplente por medio del DPP 33/22 del 20/04/2022", sostuvieron en alusión a la decisión adoptada ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El senador Juez fue en persona a los tribunales federales de Retiro y radicó una denuncia penal contra la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado por supuestos delitos contra la administración pública.
"La conducta resultaría prima facie a todas luces una violación flagrante a sus obligaciones como Presidente del Cuerpo y Funcionaria Pública, poniendo en riesgo instituciones del Estado y la República", sostuvo en el escrito.
Ante el fuero contencioso administrativo federal, Juez y Schiavoni reclamaron que se "adopten las medidas pertinentes" que les permitan asumir como " consejeros de la magistratura titular y suplente respectivamente, ambos por la segunda minoría" y en representación de la Cámara Alta.
"Los actos de los integrantes del Bloque del Frente de Todos y el Decreto de la Presidencia de la Cámara constituyen claramente actos contrarios a los principios de división de poderes y la forma republicana de gobierno establecida por nuestra Constitución", advirtió el escrito patrocinado por el abogado Alfredo Vitolo.
Lo ocurrido habría afectado "la independencia judicial, y el derecho de quienes integran el Bloque Frente Pro del Honorable Senado de la Nación de contar con su representante ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y de los aquí firmantes, a título individual, a integrar el Consejo", agregaron
Juez y Schiavoni argumentaron que fueron designados por el Bloque Frente PRO en el Senado para integrar como titular y suplente respectivamente, el Consejo de la Magistratura por la segunda minoría.
"En tal carácter, nos presentamos y solicitamos ser tenidos por parte en el proceso de ejecución de sentencia que por el presente promovemos", sostuvieron.

La aplicación de refuerzos a la vacunación anticovid, con terceras y cuartas dosis, avanzaba esta semana en las provincias en forma paralela a la campaña de inmunización antigripal y las autoridades de Salud instaron a la población a completar los esquemas para reducir riesgos ante la inminente llegada del clima frío.
La ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, advirtió el jueves en la última reunión del Consejo Federal (Cofesa) que se busca aplicar la segunda dosis de refuerzo "lo más rápido posible a las personas que tienen mayor riesgo, para disminuir así la posibilidad de internaciones, complicaciones y fallecimientos".
Vizzotti apuntó que 14 millones de personas completaron su esquema inicial hace más de cuatro meses pero todavía no se aplicaron el refuerzo, por lo que señaló a los integrantes del Cofesa que "necesitamos que esta población se acerque a los vacunatorios" y pidió "seguir estimulando la vacunación, a pesar de la baja percepción de riesgo de la población".
Según el Cofesa, en esta primera etapa se dará prioridad de vacunación al personal de salud, adultos de 50 años o más y personas desde 12 años con inmunocompromiso, tras lo cual en dos semanas se evaluará la inclusión de otros grupos etarios con factores de riesgo y el personal estratégico, mientras cada provincia implementará la estrategia de la forma que considere más conveniente.
En Salta, desde el fin de semana pasado se habilitó la aplicación de la cuarta dosis y la jefa del programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, expresó que "quienes constituyen los grupos priorizados pueden acceder al segundo refuerzo luego de haber transcurrido cuatro meses de aplicado el primer refuerzo".
Jure instó a quienes aún no iniciaron el esquema de vacunación contra el virus o no lo completaron, a realizarlo, y apuntó que "es necesario contar con las dos dosis para reducir la hospitalización y la instancia grave de la enfermedad".
Además de los centros de salud y hospitales públicos, los salteños pueden concurrir a los vacunatorios móviles que se instalan en parques, estadios, plazas, paseos, mercados, supermercados y establecimientos educativos, entre otros puntos que van rotando a diario.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó durante las últimas hora que los montos del Programa Hogar tendrán un aumento del 20%.

¿Quiénes pueden acceder al Programa Hogar?
- Comedores
- Merenderos
- Clubes de barrio
- Centros de atención infantil y centros comunitarios de todo el país sin servicio de gas natural y que utilizan gas licuado envasado.

¿Qué es el Programa Hogar de ANSES?
El Programa Hogar de ANSES es un beneficio para acceder a garrafas de 10, 12 y 15 kilos aplica a personas que viven en zonas sin servicio de gas natural o que no se encuentren conectados a la red de distribución domiciliaria de gas.

Aumento en el Programa Hogar ANSES: ¿Cómo quedaron los montos?
Luego de que la Secretaria de Energía determinara una actualización de 20% en el monto del subsidio por garrafa a los beneficiarios del Programa Hogar cuyos montos son acreditados a través de la ANSES, desde ahora quienes obtengan este beneficio cobrarán $496,80 por garrafa.
A su vez, mediante la Resolución 271/2022, la Secretaría de Energía prorrogará hasta el 31 de diciembre la Asistencia Económica Transitoria del 20% para los productores, fraccionadores y distribuidores de gas envasado, como mecanismo para mantener un precio accesible para quienes utilizan garrafas.

El dólar blue aumentó $3, para cerrar en la punta vendedora a $ 198 y se convirtió nuevamente en el más caro del mercado, en una jornada en que cayeron los bonos en dólares y se registró un nuevo repunte accionario.
Después de diez jornadas de estabilidad el paralelo cerró a $ 195 en la punta compradora, tras superar nuevamente al dólar ahorro que estuvo debajo de $197 y la brecha cambiaria con la cotización mayorista se amplió al 74%, desde el 71,5% de ayer.
La última vez que la divisa tuvo un alza superior a la de hoy se registró el pasado 21 de enero, cuando subió $5, después de operar desde hace más de dos semanas por debajo de los $200.
El Banco Central (BCRA) compró otros USD 80 millones y acumula un saldo positivo de 160 millones en el mes y en el año de USD 110 millones.
El dólar ahorro o dólar solidario -minorista más impuestos- aumentó 25 centavos a $196,40 en promedio. El mayorista subió 15 centavos a $113,78.
En la Bolsa porteña, subieron los tipos de cambio financieros y el contado con liquidación avanzó un 1,3% a $191,12 y el spread con el mayorista ascendió al 68%. El dólar MEP o Bolsa tuvo un alza similar, terminó la jornada a $191,69 y la brecha ascendió hasta el 68,5%.
Las acciones en la Bolsa porteña registraron su tercera jornada en alza con un leve aumento promedio del 0,87% y el indicador líder S&P Merval terminó en las 92.038,35 unidades.
Los papeles que registraron alzas fueron los de PAMP que subió 5,18%, GCLA 3,73%, IRCP 3,70%, CGPA 3,12% y LOMA que avanzó un 2,84%. Entre las mayores bajas se anotaron las especies de EDLH que retrocedió un 9,22%, GRIM 4,44%, FIPL 3,60%, GARO 3,28% y MOLI que cayó 2,72%.
Las acciones de las empresas argentinas en Wall Street subieron hasta 5,6% con subas en Mercado Libre (5,6%), Pampa Energía (4,3%), y Globant (3,7%). Las bajas fueron para Cresud (3,9%), Corporación América (1,6%) e YPF (1,5%).
Los bonos en dólares cerraron con mayoría de bajas, de hasta 1,5% de la mano del Bonar 2035, mientras que el Global 2035 y el Global 2035 cayeron 1,2% y el riesgo país medido por el JP Morgan aumentó 0,5% a 1.687 unidades.

En medio del recalentamiento inflacionario, algunas paritarias anticipadas se cerraron con aumentos salariales por encima del 50% anual, pero existen otras que se trabaron y amagan con un conflicto, como la de la Asociación Bancaria, que lidera Sergio Palazzo, que anunció un paro para el jueves 28 luego de la “propuesta insuficiente” del sector empresarial.
Pero la paritaria más importante del país, porque alcanza a más de un millón de trabajadores, se acaba de cerrar: la Federación de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) acordó esta mañana con las cámaras del sector un incremento de su básico de convenio que eleva el piso salarial de $90.000 a $139.000, lo que implica un incremento anual del 59,5%, que se pagará en 7 tramos: 6% en abril, 6% en mayo, 6% en junio, 10% en agosto, 10% en septiembre, 11% en noviembre y 10,5% en de enero 2023.
El acuerdo, firmado por el sindicato que encabeza Armando Cavalieri y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (UDECA), contempla revisiones por la evolución y la aceleración de los precios, según se informó.
“Hemos logrado este acuerdo que contempla el impacto de la aceleración de los precios de los primeros meses -dijo Cavalieri-, y contamos con el compromiso de las cámaras de abrir nuevas revisiones para que el salario de los trabajadores no pierda poder adquisitivo frente a la inflación”.
El Sindicato de Alimentación, por su parte, presiona por una innovación que podría complicar al Gobierno, que necesita dar señales tranquilizadoras en el plano salarial: al reclamo de un 60% de aumento (había cerrado el convenio anual en un 52,7%), sumó tres pedidos de revisiones de lo pactado, en septiembre, diciembre y febrero de 2023, cuando lo habitual era uno solo.
Las negociaciones se postergaron para la semana próxima, pero será difícil llegar a un entendimiento. Hay peso pesados de uno y otro lado: en el sindicato negocian Rodolfo Daer, del Sindicato Capital y Buenos Aires, y Héctor Morcillo, de la Federación del sector, mientras que por los empresarios está Daniel Funes de Rioja, titular de la COPAL y de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La buena noticia para el Gobierno fue aportada en las últimas horas por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el principal sindicato industrial del país: contrariamente a lo que se preveía, el congreso nacional de delegados finalizó un día antes sin ningún pedido de reapertura de paritarias y con un aval al 45% de aumento firmado hace apenas un mes, con revisión salarial en noviembre.
En el cierre del encuentro, realizado en Mar del Plata, tampoco estuvo Máximo Kirchner, como afirmaban algunas versiones, aunque el discurso de apertura fue del gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una confirmación del giro hacia el kirchnerismo luego de la asunción de Abel Furlán, de la seccional Campana, como secretario general de los metalúrgicos en reemplazo de Antonio Caló.

La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados realizó una nueva jornada de debate en torno a la nueva Ley de Alquileres que se trataría a principios de mayo.
Representantes de inquilinos y de inmobiliarias retomaron sus exposiciones sobre la situación actual y sobre los cambios que habría que introducir en materia de alquileres.
En la primera jornada, las voces de los inquilinos se manifestaron a favor de la norma y alertaron que no se cumple correctamente, mientras que los representantes de propietarios e inmobiliarias hicieron foco sobre los dos puntos más cuestionados: la extensión de los contratos y el índice que se utiliza para los ajustes anuales.
En esta ocasión fueron convocados 30 expositores de ambos sectores, quienes ratificaron lo que habían planteado sus pares que participaron en el primer debate. Formaron parte inquilinos y representantes de colegios inmobiliarios y martilleros de distintas provincias del país.
Federico Prior, de Inquilinos Agrupados de Neuquén, se quejó de los "contratos cortos y en dólares que expulsan a la familias inquilinas" y remarcó que "el único garante de poder equilibrar una relación asimétrica es el Estado".
"Entonces planteamos que la ley de alquileres que sea un piso para un mercado totalmente desregulado, porque elude la ley permanentemente y tenemos estos contratos cortos con aumentos siderales que genera una situación grave. Sería grave volver a los dos años de contrato, porque tres da más tranquilidad a los inquilinos", agregó.
Por su parte, la docente de planificación urbana Laura Ceroli propuso "introducir el acceso a la vivienda posicionando el alquiler con una alternativa válida; establecer una regulación en el monto inicial teniendo en cuenta población, objetivo y ubicación y mantener el plazo mínimo de tres años para disminuir los costos de renovación".
También pidió "implementar la inscripción de los contratos en AFIP y mantener su registro; reemplazar el índice de actual por uno mas representativo que abarque a toda la población de inquilinos como el salario mínimo, vital y móvil y penalizar a propietarios que tengan una vivienda ociosa con volcarlas al mercado de alquiler".
Javier Grandinetti, de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, sostuvo que existe "una baja en la oferta de propiedades y un incremento de demanda", y agregó: "No tenemos transferencia de inquilinos a propietarios, como en cualquier país serio, porque no hay créditos hipotecarios, entonces se genera una situación de inquilinos para toda la vida, y eso genera más demanda".
Andrés Gariboldi, en representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, quien opinó que "la reforma de la Ley de Alquileres no soluciona en forma integral la problemática de la vivienda en nuestro país", pero hay que "poner en marcha medidas de corto plazo".
En ese sentido, pidió la "reducción del plazo del contrato de 36 a 24 meses" y "un escalonamiento dentro de las locaciones; no hay ningún producto ni ningún servicio en la República Argentina que se actualice una sola vez al año".
Entre otros puntos, habló de "incentivos para que haya inversiones en inmuebles para que ingresen al mercado locativo", que podrían ser beneficios sobre el impuesto a los Bienes Personales o "un blanqueo de capitales por el término de 180 días".
La discusión en torno a la Ley 27.551 continuará este miércoles, mientras que se espera que la semana próxima -los días 26 y 27- los diputados se aboquen al debate de la letra de los proyectos, con el objetivo de alcanzar dictamen único.
No será una tarea fácil, ya que hay muchos proyectos en danza y lo que proponen en Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos tiene diferencias sustanciales.
Los principales puntos de estudio son el lapso de los contratos de alquiler, actualmente fijado por ley en tres años, y el tiempo entre un ajuste y otro, algo que, según la norma vigente, se hace cada doce meses.
Para el oficialismo, el período de tres años es indistinto, lo mismo que el de ajuste. Además, entre los proyectos presentados por el Frente de Todos aparece un impuesto a la vivienda ociosa y beneficios para quienes ponen propiedades para alquiler.
Juntos por el Cambio, en tanto, propone bajar de tres a dos el tiempo de los contratos, para volver a lo que se estipulaba antes de la ley que comenzó a regir en junio de 2020. A la vez, la oposición reclama que el período entre un ajuste y otro sea de seis meses o un período menor a un año.

El costo de los productos que integran la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 6,5% en marzo, por lo cual una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores necesitó ingresos por $ 39.862 para no caer en la indigencia, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) subió 7% en marzo, con lo que una familia integrada por dos adultos y dos menores, requirió contar con ingresos por $ 89.690 para no caer debajo de la línea de la pobreza.
La suba del 6,5% en la Canasta Básica Alimentaria estuvo relacionada con la evolución de los precios de los diversos productos que la integran.
El Indec dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante marzo ascendió al 6,7%, y el rubro Alimentos y Bebidas mostró una suba mayor a la general, con un 7,2% de avance.
El organismo, además, informó ayer que los precios a nivel mayorista de Alimentos y bebidas subieron 10% durante el año pasado.
De esta forma, la CBA, que mide la evolución de los precios de productos alimenticios necesarios para la subsistencia, y que marca el umbral por debajo del cual se cae en la línea de indigencia, acumuló un incremento de 20,9% en los primeros tres meses del año.
En tanto, la Canasta Básica Total, que mide los ingresos necesarios para pagar alimentos y bebidas, indumentaria y servicios de una familia tipo, subió 17,8 % entre enero y marzo.
La diferencia entre una canasta y otra radica esencialmente en que las tarifas de los servicios públicos y el transporte tuvieron escasos aumentos.
Debido a estos incrementos, la semana pasada, el Gobierno anunció la entrega de una serie de bonos destinados a garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los trabajadores en todo el espectro laboral y productivo.
Así, se va a otorgar un refuerzo de ingresos a los trabajadores que no perciban ingresos formales y registrados y también va a incluir a los monotributistas categoría A y B, y a las trabajadoras de casas particulares entre 18 y 65 años de edad.
Se va a otorgar un monto de $18.000 a esta población en dos cuotas, pagadas en mayo y junio, que corresponden a los periodos de abril y mayo, tal como anunciaron el presidente, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, días atrás.
Además, los jubilados que perciban hasta dos jubilaciones mínimas percibirán un bono de $12.000 pesos en una única cuota que se suma a los $6.000 antes otorgados
En los últimos 12 meses, el costo de la CBA aumentó 55,2% y el de la CBT el 47,3%, informó el organismo.
La última medición del Indec, dada a conocer en marzo sobre datos del segundo semestre del 2021, registró que el 37,3% de los habitantes estaban por debajo de la línea de la pobreza, lo que representó una baja de casi cinco puntos frente al 42% registrado de finales del 2020.

En un plenario de comisiones, el Senado continuó con el debate del proyecto presentado por el Frente de Todos para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dólares de argentinos en el exterior no declarados.
La reunión se llevó a cabo con la participación de distintos expositores, mientras que el senador oficialista Oscar Parrilli adelantó que este miércoles se volverán a reunir y buscarán que el proyecto obtenga dictamen.
Los invitados de este martes fueron Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.
Existen dos proyectos kirchneristas analizados, uno de los cuales prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.
La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.
Por su parte, los senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Luis Juez, Pablo Torello y Humberto Schiavoni solicitaron el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expida sobre la constitucionalidad respecto de la Cámara de origen, toda vez que el art. 52 de la C.N. establece en forma taxativa que la creación de tributos debe ser iniciada exclusivamente por la Cámara de Diputados de la Nación.
El primero en exponer fue Pablo Manzanelli, quien hizo hincapié en "indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior" y consideró que "calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior".
"Entre diciembre del 2015 donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera y diciembre del 2019 en el que solo mediaron cuatro años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera", prosiguió.
Respecto al proyecto sostuvo que "busca dar respuesta a un problema viejo" y dijo que "esta montaña de deuda que incubó el gobierno anterior bajo ningún aspecto puede ser refinanciada por una economía como la argentina y más aún si nos atenemos a los vencimientos que dejó el gobierno de Macri".
"El proyecto también vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá una porción de la fuga de capitales", destacó Manzanelli y aclaró: "La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local".
En ese sentido, precisó que "este proyecto abarca una parte de eso, agarra solo o busca captar fuga de capitales ilegal radicada en el exterior".

Tras el éxito de las dos ediciones anteriores, el Gobierno prepara el lanzamiento del programa PreViaje 3, para apuntalar al sector turístico durante las temporadas media y baja, incluyendo los meses desde que terminan las vacaciones de invierno hasta que comienzan las del próximo verano.
Si bien el ministro de Turismo, Matías Lammens, todavía no definió la fecha de lanzamiento de esta tercera edición, ya está decidida su reedición con las mismas características que las dos anteriores: por cada consumo que se realice se generará un crédito a favor del 50% que podrá ser utilizado tanto en otros servicios turísticos como en gastronomía.
Según las cifras oficiales, en la segunda edición del PreViaje participaron 4,5 millones de personas y se movieron $150.000 millones en el sector turístico de todo el país, con gran impacto en las economías regionales.
A lo largo de los últimos meses, las cifras que arrojó el turismo fueron positivas. La temporada de verano fue récord y la Semana Santa también. En el Gobierno aseguran que el programa PreViaje fue fundamental para que eso sucediera.
La actividad fue una de las más golpeadas por los cierres para evitar la propagación del coronavirus y requirió de un programa que la apuntalara para lograr recuperarse.
En vez de crear un plan de asistencia directa a las empresas, lo novedoso del PreViaje fue que el crédito se generó a los usuarios, es decir, que los turistas pudieron elegir en dónde gastar ese saldo a favor.

Cómo funcionará el PreViaje 3
Esta nueva versión conservará el mismo formato que las dos anteriores: se devolverá el 50% de los gastos para volver a usar en el sector turístico a quienes realizaron su compra anticipada mediante una tarjeta precargada del Banco Nación o a través de la aplicación BNA+. También se podrá asociar a Mercado Pago.
Además, en el caso de afiliados al PAMI, el reintegro se mantendrá en el 70%.
A través de un acuerdo con el Ministerio de Cultura, se podrá seguir usando el beneficio en consumos culturales, y con PedidosYa, para apoyar al sector gastronómico.
Los datos de las primeras ediciones del PreViaje
En el Ministerio de Turismo muestran con orgullo las cifras que arrojaron las dos primeras versiones del Programa PreViaje y se entusiasman en repetir el buen desempeño en esta temporada baja.
En la primera edición de PreViaje, participaron 600.000 turistas y se generaron ingresos por $15.000 millones para el sector turístico.
Esas cifras se elevaron sustancialmente en la segunda edición, en la que 4,5 millones de turistas participaron y se generaron ingresos por $150.000 millones. Un 18% viajó durante noviembre y diciembre de 2021 y un 16% lo hizo entre marzo y abril de 2022.
Según cálculos oficiales, más de 300.000 personas usarán el beneficio durante este invierno 2022.

Distintos referentes de la oposición rechazan la propuesta que lanzó el Gobierno Nacional sobre crear un nuevo impuesto sobre las "rentas inesperadas" de las grandes empresas.
Las repercusiones llegaron desde todo el arco político, luego de que confirmara que hará una convocatoria a todos los sectores para tratar de implementar el proyecto, ya que eso requiere de un proyecto de ley a tratarse en el Congreso.
La iniciativa que pretende la Rosada alcanzaría a empresas de ganancias anuales de más de 1.000 millones de pesos, detalló Guzmán, quien aclaró que sólo "el 3,2%" de las firmas del país tienen esa clase de ingresos.
Sumado a lo que ya había anticipado el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el titular del bloque de diputados nacionales del PRO, Cristian Ritondo, expresó en diálogo con radio Rivadavia que "la Argentina no puede soportar nuevos impuestos".
A su turno, la líder del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo en su cuenta de la red social Twitter: "Presidente: ¡no basta con parches, hay que cambiar el rumbo! El Estado debe reducir drásticamente sus gastos improductivos, alentar la inversión en vez de castigarla y rebajar impuestos en vez de aumentarlos".
El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires Emilio Monzó señaló que "el único plan del Gobierno ante la crisis es la creación y el aumento permanente de impuestos a sectores productivos, cuando lo que se necesita es una reforma del sistema tributario".
"Queremos dar ese debate, pero rechazamos que se siga presionando a los que trabajan y dan empleo", subrayó el ex titular de la Cámara baja.
Por la UCR, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo sostuvo: "Tenemos el gobierno de los bonos y el apriete impositivo. No se les cae una idea productiva ni un plan serio".

Los trabajadores y trabajadoras sin ingresos formales que se encuentran en condiciones de solicitar el refuerzo de $18.000, deberán inscribirse únicamente a través de la página web de la Anses, se informó oficialmente.
El refuerzo de ingresos de $18.000, que se pagará mitad en mayo y mitad en junio, podrán solicitarlo los monotributistas categoría A y B, como también los monotributistas sociales.
El beneficio se amplia a quienes trabajan en casas particulares y trabajadores y trabajadoras sin ingresos formales.
En el caso del refuerzo de $12.000 para jubilados y jubiladas que perciben hasta dos haberes mínimos, se cobrará en mayo en forma automática
"Las y los jubilados y pensionados no deberán realizar ninguna inscripción. Percibirán el refuerzo de $12.000 en forma automática junto con su haber en el cronograma de pagos de mayo y sin la necesidad de realizar ningún tipo de trámite", informó la Anses en un comunicado.
El cobro del refuerzo de $18.000 es compatible con la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo para Protección social, la Prestación por Desempleo, con Potenciar Trabajo, con estar inscripto en el Registro Nacional de trabajadores de la Economía Popular y con los planes alimentarios provinciales y municipales.
Por otra parte, con el objetivo de que el refuerzo de ingresos llegue efectivamente a las ciudadanas y ciudadanos para los cuales se implementó esta medida, la Anses "evaluará la situación patrimonial, socioeconómica y de consumo de las y los solicitantes".
La fecha de inicio de inscripción será informada en breve por los canales oficiales del organismo, y con el objetivo de prevenir posibles estafas, la inscripción será individual, no requiere de ningún tipo de intermediario y se realizará únicamente a través de la página oficial de la Anses.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este lunes a la tarde antes de viajar a Estados Unidos que el Gobierno enviará en las próximas semanas un proyecto de ley al Congreso para gravar la "renta inesperada producto de la guerra", que plantea una alícuota sobre el componente de esa utilidad que se enfoca en un conjunto de empresas con ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos, que en 2021 fue de solo el 3,2% de las empresas.
Los criterios para la imposición de la alícuota incluyen que la ganancia neta imponible real tiene que haber crecido en forma significativa en 2022 respecto a 2021 y, además, se incluirá un parámetro para que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, la alícuota será menor, señaló el ministro durante el anuncio junto al presidente Alberto Fernández en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Durante el anuncio, el titular del Palacio de Hacienda precisó que el criterio “se enfoca en un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos” aunque señaló que eso de por sí “no es una condición única, sino una condición necesaria”.

¿Qué empresas pasarían a tributar el impuesto a la renta inesperada?
El ministro adelantó que se aplicará sobre las ganancias netas imponibles reales y afirmó que para ser incluidas dentro del criterio estipulado “deben ser superiores a los $1.000 millones en el año”. Es por eso que desde el Gobierno calculan que se afectará a una fracción muy pequeña de todo el entramado del país, dejando por fuera al universo de las Pyme.
“Para darles una idea, en 2021 tan solo el 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron esta ganancia”, prosiguió Guzmán.
Además se considerarán otros criterios para la aplicación de la alícuota. Por un lado, la ganancia neta imponible real “tiene que haber aumentado en forma significativa respecto a 2020”, aseguró Guzmán. Y además el resultado ordinario en relación a las ventas (margen de ganancia), también tiene que ser anormalmente elevado.