El abogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner Carlos Beraldi prepara la defensa para la etapa de alegatos del juicio por corrupción en la obra pública en Santa Cruz, del que pedirá que lo anulen.
Beraldi no discutirá las pruebas del juicio, que son difíciles de refutar, y acusará a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola de incluir evidencias imprevistas. Ese fue uno de los planteos que hizo la líder del Frente de Todos en su descargo en el despacho del Senado tras el pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Entre las pruebas criticadas por la Vicepresidenta están los chats extraídos del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José López, que para Luciani “muestran la intervención directa de Cristina Kirchner y Julio De Vido para beneficiar a Lázaro Báez”.
El ala dura K reclama un endurecimiento de la defensa de Cristina Kirchner
Los “gurkas” kirchneristas reclaman un endurecimiento de la defensa de la titular del Senado, que Beraldi encabece una ofensiva contra el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) a cargo del juicio y los fiscales, en línea con la Vicepresidenta. Aunque Beraldi quiere hacer una defensa “más profesional”.

Máximo Kirchner y Marcelo Fuentes, los asesores que escucha Cristina Kirchner
Cristina Kirchner solo escucha a dos asesores, en medio de la ofensiva a la Justicia: a su hijo, el diputado Máximo Kirchner, y al secretario parlamentario de la Cámara alta Marcelo Fuentes, los únicos que tuvieron contacto con ella antes de su descargo del martes. A veces también se suma el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro.
Máximo Kirchner convocó a una reunión del PJ bonaerense que lidera para definir la movilización en respaldo de la Vicepresidenta en una demostración de fuerza frente al avance del juicio de la causa Vialidad.

El Presidente, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron su "solidaridad" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el "hostigamiento político, judicial y mediático" expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de "proscribir" o "condicionar políticamente" a la exmandataria.
El presidente Alberto Fernández transmitió su "más profundo afecto y solidaridad" hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tras el pedido del fiscal Diego Luciani para que la exmandataria sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, a la vez que difundió desde sus redes sociales un comunicado oficial del Gobierno en el que se repudia "la persecución judicial" en su contra.
El pronunciamiento del jefe del Estado tuvo difusión pública apenas el fiscal Luciani terminó de pedir las condenas en el juicio por la obra pública en la provincia de Santa Cruz.
"Hoy es un día muy ingrato para alguien que, como yo, se ha criado en la familia de un juez, se ha educado en el mundo del derecho y enseña Derecho Penal hace más de tres décadas", escribió Fernández en su cuenta de Twitter, y agregó: "Vuelvo a transmitir mi más profundo afecto y solidaridad a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner".
En su posteo, adjuntó un comunicado oficial del Ejecutivo en donde resalta que "el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que quedó expresada este lunes, una vez más, en el alegato final y pedido de pena en la denominada Causa Vialidad".
"Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina", escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro en su cuenta de la red social Twitter.
Los pronunciamientos se conocieron mientras se desarrollaba la última audiencia de las 9 establecidas para el alegato de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, que se realiza en los tribunales de Comodoro Py.
"En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos", pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de la Vicepresidenta.

El interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados anunció en conferencia de prensa que presentó un pedido de juicio político contra Alberto Fernández por sus dichos contra Diego Luciani y la comparación con el fallecido fiscal Alberto Nisman.
El titular del bloque de la UCR, Mario Negri, aseguró que las declaraciones de Alberto Fernández causaron “gran conmoción” y señaló que son “más propias de un código mafioso que de un Presidente”. A su vez, denunció que el kirchnerismo está intentando llevar los temas judiciales “a la calle” y advirtió que “eso genera violencia”.
Por su parte, Cristian Ritondo, titular de la bancada del PRO, reconoció que desde la oposición entienden “la responsabilidad que implica el pedido de un juicio político” pero aclaró: “Creemos que el Presidente intenta intimidar, amenazar y violentar el trabajo de un Poder que debe ser independiente”. En ese sentido, mencionó que el artículo 53 de la Constitución permite pedir una medida del estilo: “Lo vamos a presentar por medio del interbloque de Juntos por el Cambio”, detalló.
En una entrevista televisiva el Presidente fue consultado sobre la decisión que había tomado la Corte Suprema de reforzar la seguridad de los funcionarios judiciales que intervenían en la causa Vialidad. “Realmente, alentar que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman... miren hasta acá, lo que le pasó al fiscal Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no... que no haga algo así el fiscal Luciani”, respondió.
“El Presidente debe entender que vive en un Estado de derecho y tiene que aceptar la decisión de la Justicia. No puede indultar a la Vicepresidenta porque la sociedad argentina no tolera más la impunidad”, agregó Juan Manuel López, de la Coalición Cívica.
Y completó: “Ojalá que la Vicepresidenta entienda que los actos que cometió son delitos y tiene que aceptar los tribunales de la Constitución porque sus conductas estaban previstas como delito”.
A su turno, Margarita Stolbizer llamó a la “concordancia y la paz” y recordó que el fiscal Luciani “cumple con su papel y su rol” en la causa de Vialidad.
“Ayer se pasaron todos los límites tolerables. No solo se ha querido violar el debido proceso, se ha traslucido una sutil amenaza y se ha convocado a la violencia para resolver lo que no pueden afrontar en sede judicial”, completó Ricardo López Murphy.
El Frente de Todos tiene 16 de los 31 integrantes de la Comisión de Juicio Político. Por lo tanto, la oposición no tiene posibilidades de avanzar con un dictamen de mayoría. Además, en caso de lograrlo, luego se necesitarían dos tercios de los votos en el recinto para poder destituirlo.

Luego de la movilización del miércoles pasado, la izquierda vuelve a salir a las calles para manifestarse por "la recuperación del salario" ante la inflación y por trabajo genuino. Los partidos políticos lo hacen hoy, en el marco de la reunión del Consejo de Salario Mínimo, Vital y Móvil, presidido por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y 32 miembros, 16 por la parte trabajadora y 16 por la empleadora.
El objetivo del encuentro será lograr acordar una revisión del nuevo valor del ingreso mínimo y los plazos en los que se darán esos incrementos.
En la reunión llevada a cabo el pasado 16 de marzo, se acordó un aumento del 45% sobre la base del mes en cuatro tramos, pero en mayo, se decidió adelantar la vigencia del aumento del mínimo que pasó a partir del 1 de junio de $45.540, y este mes llegó a $47.850.
Las agrupaciones nucleadas en Unidad Piquetera aseguran que ante la suba de precios, el monto quedó desactualizado y presionan a las centrales sindicales para que llamen a un paro general activo en respaldo de la exigencia que propone un aumento significativo del mínimo a $110.000.
"Este lunes se reúne el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que en su última reunión acordó la miseria de $47.000, un ingreso de indigencia. Una masa enorme de trabajadores y trabajadoras dependen de ello: las categorias mas bajas de los convenios colectivos, el plan Potenciar Trabajo y jubilados que cobran la mínima. Sin embargo no se conoce cual es el planteo de las centrales sindicales. ¿Cuál debería ser el salario mínimo para una familia?", se preguntó Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero a través de un comunicado de prensa.
Para motorizar el reclamo, Unidad Piquetera realiza una conferencia de prensa en la puerta de la edificio de la CGT, ubicado en la calle Azopardo 802, a las 9, para, a posterior, presentar una carta bajo la exigencia formal de la convocatoria a un paro activo, y enfatizar el pedido de un salario mínimo acorde a la inflación.
Luego, se trasladarán al obelisco donde concentrarán para emprender la movilización con destino al Ministerio de Trabajo.
"¿A quién consultó la CGT y la CTA para fijar ese monto? El nuevo Superministro Massa atiende los reclamos de la oligarquía agroexportadora, del embajador norteamericano y del capital financiero internacional. Pero no tiene ni un renglón en su agenda para los reclamos populares", denunciaron desde el bloque.
En la misma línea se expresó la dirigente del Nuevo MAS Manuela Castañeira, quien propuso además que el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil debe alcanzar los $170.000. "Lo que pretende el Gobierno es una miseria, forma parte del ajuste recesivo de Sergio Massa. Junto a los movimientos sociales independientes exigimos un salario mínimo de $170.000, tal cual venimos planeando desde hace largo tiempo. Trabajadores viviendo en la miseria, no se aguanta más", enfatizó.
Estarán presentes en la acción el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, MTR/Mido, Nuevo MAS, MST - Teresa Vive, FOL, Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie - Libres de Sur, FOB Autónoma, entre otros.
"Hay que defender el salario frente a la ofensiva ajustadora del gobierno que lleva adelante el programa del FMI", indica la convocatoria de los sectores de la izquierda para el próximo lunes.
El reclamo direccionado a Sergio Massa es compartido también por sectores afines al Gobierno como el Frente Patria Grande liderado por Juan Grabois, quien amenaza con romper con el Frente de Todos ante la falta de medidas sociales.
"Sin los últimos, no hay Todos", reza la consigna planteada por el sector, en reclamo de medidas para "los de abajo". Patria Grande cuenta con tres diputados en la cámara Baja y de irse del bloque oficialista configuraría un gran conflicto al Frente de Todos dado que perdería la primera minoría.

La secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, anunció la decisión de extender la vigencia del corte de biodiesel del 12,5%. La funcionaria lo hizo a través de su cuenta en la red social Twitter. “Estamos convencidos que debemos apostar a los biocombustibles que nos permiten un ahorro de dólares. Es por eso que hemos decidido, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Agricultura, prorrogar el corte al 12,5% de biodiesel", expresó. La medida llegó horas después de la visita de Massa a Coninagro y de los reclamos de los empresarios de los biocombustibles.
La medida le permite a los grandes productores de biodiésel del país poder permanecer en la actividad por un período más extenso y sumar su aporte para brindar la entrega del 12,5% que permite el Gobierno. Meses atrás, en plena crisis por la escasez de gasoil en el país, la Secretaría de Energía había elevado el corte obligatorio desde el 5% al 12,5%.
Desde la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBÍO) habían solicitado la medida. “Pedimos que se dé continuidad permanente a la medida, ya que mostró los beneficios y factibilidad de sustituir gasoil importado”, expresó la entidad presidida por Luis Zubizarreta. "Las empresas productoras podrán poner en marcha su capacidad productiva en el país, en lugar de importar mano de obra extranjera con un producto más caro“, aseguraron.
Incluso el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, celebró la medida. “Esto marca el excelente trabajo coordinado entre las secretarías que componen el Ministerio de Economía y del acuerdo generado con la Mesa de Enlace en las reuniones de trabajo que venimos manteniendo”, puntualizó.
En Coninagro, los dirigentes de la entidad cooperativa hablaron del tema con Massa. “Le explicamos al ministro el problema de las plantas de biocombustibles que tienen una alta capacidad ociosa en la actualidad”, graficó el vicepresidente Elbio Laucirica.
La semana pasada, Agro adelantó que la prolongación del actual esquema había sido charlado en las reuniones entre Bahillo y la Mesa de Enlace, y que la misma tenía el visto bueno por parte de la Secretaría de Agricultura.
"Vemos viento favorable para prorrogar el sistema actual", pero la decisión la va a tomar la Secretaría de Energía, comentaron en la cartera agrícola, había asegurado una fuente oficial. ¿Por cuánto tiempo? El pedido de los ruralistas era por dos años, pero aún no trascendió cuál fue la definición del Gobierno.

La Mesa de Enlace de entidades del campo fijó límites a la agenda de diálogo que vienen manteniendo desde la semana pasada con el secretario de Agricultura, Juán José Bahilo, al asegurar que pretenden que el gobierno conceda “cambios estructurales”.
Así lo señaló el presidente de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, quien indicó que hasta el momento como fruto de esas tratativas se logró destrabar la exportación de algunos tipos de carne vacuna con destino a China.
“Hasta el momento no hemos tenido resultado” dijo Achetoni, quien planteó que a pesar de ello “vamos a seguir insistiendo” en el diálogo con el gobierno.
El presidente de la Federación Agraria planteó que la Mesa de Enlace no pretende discutir con el gobierno medidas circunstanciales cuya finalidad sea solo acelerar la liquidación de dólares de parte de los productores.
“Las mejoras tienen que ser estructurales, no estamos en condiciones de aceptar mejoras coyunturales”, explicó.
En ese contexto, Achetoni hizo referencia al nuevo esquema ideado por el Banco Central, denominado “dólar soja” que consiste en que el productor acceda a 30% en dólares al valor oficial y el resto en un depósito en pesos ajustable al tipo de cambio.
“El dólar soja no lo vemos viable”, señaló Achetoni, quien no solo se refirió a las complicaciones que tienen los productores para llevar a cabo el tipo de operación financiera que dispone el BCRA, sino que además existe una cuestión política.
Achetoni dijo que si la Mesa de Enlace aceptara el esquema ideado por Miguel Pesce, el titular del Central, “estamos convalidando un blue mucho más alto” por lo que consideró que “tiene que haber un acortamiento de brecha” entre el oficial y los dólares paralelos.
Para el dirigente ruralista la solución tiene que ser por “un acortamiento de brecha, porque esto es lo que se ha naturalizado y es lo que ha venido afectando seriamente a la competitividad a cualquier producción”.
Al respecto, el dirigente ruralista consideró que tanto para el campo como para otro tipo de actividades “ha sido bastante completo tener dos monedas” ya que au criterio para el gobierno “es lindo cuando traen los dólares pero los duele cuando se tiene que ir”.
“No tiene sentido que tengamos un precio que le saca rentabilidad a nuestros productores y otro cuando tiene que comprar los insumos”, afirmó.
Por otro lado, el titular de la Federación Agraria Argentina dijo que “no tiene sentido” que el gobierno siga manteniendo las restricciones a la venta al exterior de carne bovina, al recordar que es uno de los alimentos que mantuvo más estabilidad de precios en los últimos meses y que cuenta con oferta suficiente.
Más allá de eso, Achetoni no descartó la chance de que las entidades del campo vuelvan a las protestas en caso de que no se registren avances en el diálogo con el Ministerio de Economía.

La Argentina estudia solicitar un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco de su nuevo Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), creado para ayudar a los países a garantizar un crecimiento sostenible.
El Gobierno podría solicitar formalmente la financiación del FRS en octubre, según informó la agencia Reuters, aunque no trascendieron más detalles.
“Eso esta fuera de la revisión. Es un tema ambiental y de Energía que no entra en evaluación a diciembre”, dijeron fuentes oficiales sobre el alcance de la iniciativa que recién podría concretarse en 2023.
Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad
La financiación a los países en el FRS tendrá un límite del 150% de su cuota en el FMI o de 1.000 millones de derechos especiales de giro (1.302 millones de dólares), lo que sea menor. En el caso de la Argentina, es lo último.
El directorio ejecutivo del FMI aprobó la puesta en marcha del FRS en abril y se espera que los préstamos comiencen en octubre. Los países de bajos ingresos y los vulnerables de ingresos medios pueden solicitar la financiación, que ha canalizado derechos especiales de giro de países con fuertes posiciones exteriores, según informa el sitio web del FMI.
La financiación pretende abordar retos a largo plazo, como el cambio climático, por lo que pretende ofrecer vencimientos de hasta 20 años con un periodo de gracia de 10 años.

Massa ultima los detalles para su primera gira internacional
En este contexto, el equipo del ministro de Economía trabaja en su primer encuentro con directivos del FMI. El viaje de Massa comenzará formalmente la semana del 6 de septiembre y tendrá como destinos Washington y Houston, confiaron fuentes oficiales. El traslado sufrió algunas modificaciones y sería más corto de lo planificado originalmente, ya que, según explicaron en su entorno, el ministro está abocado en el escenario local y no quiere irse por mucho tiempo.
Los especialistas que trabajan sobre la gira del ministro de Economía -principalmente el embajador argentino en Washington, Jorge Argüello y el especialista en temas internacionales, Gustavo Pandiani- están ultimando los detalles del viaje, que tendrá como foco primordial el encuentro con los directivos del organismo para llevar adelante la revisión del cumplimiento de las metas del segundo trimestre del año.

El Ministerio de Salud reportó en la última semana 80 muertes por coronavirus y 24.659 contagios, lo que representa un 21% menos de casos que el domingo pasado (31.198).
De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 36% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 126 fallecimientos.
De esta manera, suman 129.646 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.658.391 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Durante la última semana murieron 24 personas en Buenos Aires, 5 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en Catamarca, 3 en Chaco, 1 en Chubut, 12 en Corrientes, 2 en Córdoba, 5 en Entre Ríos, 1 en La Pampa, 1 en Neuquén, 3 en Río Negro, 9 en Salta, 1 en San Juan, 1 en San Luis, 2 en Santiago del Estero, y 8 en Tucumán.
Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 108.617.321, de los cuales 40.919.431 recibieron una dosis, 37.750.228 las dos, 3.142.697 una adicional, 21.255.852 el primer refuerzo, y 5.520.264 el segundo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 115.150.662 y las donadas a 5.083.000.

El presidente Alberto Fernández reiteró que el fiscal “Alberto Nisman se suicidó” y deseó que su colega Diego Luciani “no haga algo parecido”, cuando se refirió a la causa Vialidad y a su pedido de 12 años de prisión para la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Las palabras del mandatario nacional se dieron en una entrevista televisiva cuando un periodista le mencionó que la Corte Suprema de Justicia (CJS) pidió “que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales”.
En primera instancia, el jefe de Estado, dijo: “Le recomendaría leer tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, lo único que hizo fue decir un sinfín de disparates”.
Y siguió: “Realmente alentar que le pueda pasar lo que le pasó a Nisman...hasta acá, lo que le paso a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Espero que no haga algo así el fiscal Luciani”.
Luego, subrayó nuevamente que lo hecho por Luciani le “pareció de una debilidad jurídica asombrosa", al mismo tiempo que añadió: “Espero que la Justicia reencause esta situación”.

Primero fue Shakira, después Patricia Jaldín, ahora, Rocío Ludmila Castrillo es otra de las personas que fue testigo del manejo de dinero por parte de la Tupac Amaru y de su jefa, Milagro Sala. Castrillo es una joven de 22 años que vivió durante ocho en el Barrio Alto Comedero, construido en un sector por la organización, conocido como “El Cantri”.
La joven residía en una de las viviendas del barrio Tupac Amaru. Allí vivió junto a su mamá y a nueve hermanos. Estuvieron en el barrio hasta el 2013, cuando una de sus hermanas se suicidó. El estremecimiento de ese episodio, las llevó a dejar el barrio.
Aunque ni ella ni su familia tuvieron algún rol orgánico en la organización social de Sala, su vínculo con la Tupac viene por el lado de su participación en el Centro Cultural del barrio.
A partir de esa incursión, pudo ver cómo Milagro Sala ordenaba el famoso “Día de pago”. Y lo recuerda con lujo de detalles. “Ese día, venía a cobrar gente de toda la provincia a la sede de la Tupac Amaru o a la estación recuperada del ferrocarril”, le cuenta Castrillo a Infobae.
La Tupac Amaru se dividía en distintas áreas. Cada cooperativista y trabajador de esos sectores cobraba un sueldo. Una de las áreas era la de educación. Allí, quienes también recibían plata de Sala eran los propios alumnos. “A mí me pagaban cuando me sacaba buenas notas en la escuela Bartolina Sisa”, recuerda.
“En ese momento nos daban $700 a quienes tuviéramos notas más altas. En esa época era mucho. Además, nos daban un bolsón de alimentos”, le cuenta la joven a este medio. Se trataba del programa “Tupaqueritos”, una iniciativa ideada por Patricia Jaldín, la directora de Bartolina Sisa, y otros colaboradores del área educativa.
Era algo similar a un sistema de becas para aquellos alumnos, hijos de cooperativistas y residentes del barrio Tupac, que tuvieran buena calificación. “Los alumnos que asistían ahí tenían una beca. Tenían que mantener buena nota y buena conducta. Se les daba $700 a cada alumno sobresaliente por mes”, le explica Jaldín a Infobae.

El día de pago de la Tupac
Pero eso no era lo que le llamaba la atención a Castrillo. A partir de esa beca de $700, la entonces niña tenía que ir una vez por mes a la sede de la Tupac Amaru, en el centro de San Salvador, a cobrar ese dinero.
El mismo día que cobraba ella, también cobraban absolutamente todos los cooperativistas e integrantes de la Tupac Amaru de toda la provincia. “El día de pago” movía a gente de todo Jujuy hasta un galpón de la Tupac, para cobrar sus sueldos.
Filas de miles de personas esperaban largas horas para cobrar entre $2000 y $5000 mensuales, entre el 2010 y el 2015. En tanto, a los estudiantes les daban $700.
“Llegaban bolsos con plata de los autos de Milagro Sala para pagarle a la gente de la Tupac Amaru”, revela Castrillo. En la sede de la organización, en la calle Alvear, se llenaban largas mesas con plata.
Se repartía dinero en efectivo, discrecionalmente, a miles de cooperativistas en toda la provincia. Era dinero que provenía de fondos públicos para construir viviendas sociales. Sin embargo, había miles de cooperativistas que cobraban mensualmente por obras que nunca empezaron ni se hicieron, conforme consta en los expedientes “Pibes Villeros” y “Megacausa”.

Diputados nacionales de distintos bloques de la oposición encabezados por el radical Ricardo Buryaile presentaron un pedido de Juicio Político contra el presidente Alberto Fernández, a quien acusan de "intromisión" en el Poder Judicial, luego del comunicado emitido por el Gobierno nacional para defender a la vicepresidenta Cristina Kirchner en la que causa que enfrenta por supuesta asociación ilícita.
"Las expresiones del Presidente de la Nación denotan un grave desconocimiento de las facultades y atribuciones de cada Poder del Estado. Es facultad privativa de la Cámara de Diputados evaluar, en todo caso, si el Presidente de la República posee la idoneidad suficiente para cumplir el mandato popular depositado por los argentinos", afirmó el formoseño, autor de la iniciativa.
La propuesta es acompañada por diputados de todos los bloques de Juntos por el Cambio y también por José Luis Espert de Avanza Libertad, en una muestra más de la creciente sintonía del economista liberal con la principal alianza opositora.
El comunicado advirtió que "no es la primera vez que se intenta distorsionar la República con actos y / o expresiones que constituyen una grave violación de la división de Poderes".
"El Presidente, como autoridad de un Poder del Estado, no puede ejercer funciones judiciales, ni tampoco arrogarse el conocimiento de causas pendientes, por lo que sus expresiones constituyen, por cierto, una falta de respeto a la división de Poderes consagrada en nuestra Constitución Nacional", señalaron los firmantes.
Para Buryaile, "estas expresiones y conductas que se reiteran constituyen un ataque sistemático al Poder Judicial".
"Esta arremetida no puede pasar desapercibida por el Congreso Nacional, quien tiene la obligación institucional de debatir en el seno de la Cámara de Diputados la responsabilidad que le cabe al Presidente de la Nación y para ello, es imperioso abrir el correspondiente Juicio Político que se ha presentado", concluyó el ex ministro de Agroindustria del Gobierno de Mauricio Macri.
Acompañaron la iniciativa los diputados nacionales Mario Negri, Soledad Carrizo, Roxana Reyes, José Luis Espert, Margarita Stolbizer, Pedro Galimberti, Fernando Carbajal, Karina Banfi, Pablo Torello, Karina Bachey, Héctor Stefani, Marcela Coli, Jorge Rizzotti, Gabriela Lena, Virginia Cornejo, Victoria Morales Gorleri, Gustavo Bouhid, Carlos Zapata, Ximena García, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipolini y Francisco Monti.
Luego del encendido discurso de una hora y media que pronunció Cristina Kirchner en su descargo por el pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos, referentes de la oposición reaccionaron en rechazo a los conceptos vertidos por la vicepresidenta.
"Cristina Kirchner preguntó por qué no se investigó de dónde salieron los 9 millones de dólares que López escondió en un convento. PERO en el juicio, López dijo que se los dio el secretario privado de Cristina. La Vicepresidente va a ganar el Oscar a mejor edición de la realidad", dijo Negri en Twitter.
El presidente del bloque de la UCR en Diputados aseguró que Cristina Kirchner "revoleó hoy a sus ex funcionarios y a empresarios de la construcción, pero no pudo explicar ni una palabra del ´plan limpiar todo´, las pruebas claves que incorporaron Luciani y Mola para demostrar su sociedad con Báez".
La diputada nacional de Encuentro Federal (JxC) Margarita Stolbizer aseguró que Cristina Kirchner "no contestó ni rebatió ninguna de las acusaciones y pruebas presentadas por los Fiscales Mola y Luciani".
"Hubo defraudación al Estado y entre todos los imputados conformaban una asociación ilícita para cometer delitos, que cometieron y se enriquecieron", afirmó, en línea con la acusación de la fiscalía.
El senador nacional de la UCR y líder de la corriente Evolución, Martín Lousteau, advirtió que "el show" de Cristina Kirchner hablando en vivo desde el Congreso impidió que se reunieran las cinco comisiones del Senado previstas para este martes.
"La única agenda que le importa a la vicepresidenta es la suya. Esto es una muestra más del sometimiento del Senado a los intereses personales de Cristina", remató.
En declaraciones televisivas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, dijo que "si a Cristina no le toca ser candidata por estar condenada, no le tocará".
"Alberto Fernández fue el primero en decir que Cristina Kirchner es corrupta, y luego lo dijo Sergio Massa. Por eso, Alberto Fernández y Massa fueron unos de los primeros acusadores de Cristina", agregó la ex ministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos.
Por la Coalición Cívica, el presidente de la esa bancada en Diputados, Juan Manuel López, consideró que "el juicio de la Obra Publica no disciplina a nadie", tal como aseguró Cristina Kirchner en su descargo emitido en vivo y en directo en redes sociales y pantallas de televisión.
"Tiene que ser un hito en el avance para la integridad de toda la política argentina. Cristina Kirchner busca un pacto de impunidad pero sólo la Justicia nos va a hacer mejores", sentenció, en un mensaje que fue retuiteado por su jefa política, Elisa Carrió.

Cristina Kirchner dio luz verde para armar una movilización masiva en apoyo a su figura, a medida que avanzan las causas judiciales en su contra. La marcha no tiene fecha, pero sería después de que la vicepresidenta haga su alegato en el juicio oral por el caso conocido como Vialidad.
La idea se empezó a gestar en el núcleo duro desde que se iniciaron las audiencias de acusación del fiscal Diego Luciani, hace tres semanas. Hubo reuniones de organizaciones políticas que responden a la “jefa”, con La Cámpora a la cabeza de las conversaciones y la logística.
Este lunes está previsto que la fiscalía pida una condena con pena de prisión. Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita y defraudar al Estado por el direccionamiento de obra pública a Lázaro Báez, amigo de la familia y socio comercial de ella y su marido.
Luciani trabajó durante tres años con un equipo de seis personas para sostener las pruebas que expuso durante ocho jornadas. Hubo una especial dedicación, alimentada por la personalidad del fiscal, para hacer efectistas y televisivas sus presentaciones. Digamos que le dio a Cristina de su propia medicina.
El atractivo que generó el proceso es tal que la primera audiencia, transmitida por el canal de YouTube del Poder Judicial, cuenta con casi 650 mil visualizaciones. No es usual que eso pase. El resto de los juicios registra en promedio menos de mil vistas.
“Queremos una movilización que conmueva el escenario político”, dijo un dirigente al tanto de los preparativos. La coordinación de la movida tiene epicentro en el conurbano. La intención es recorrer barriadas y plantear al discusión en plenarios. Es la manera que tiene en kirchnerismo de agitar en el territorio para cuando llegue el momento salir con toda la fuerza a la calle.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, pidió reforzar la seguridad de los jueces del Tribunal Oral Federal 2 que juzga a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, tras una serie de amenazas verbales contra los magistrados.
El juez Rosatti hizo la solicitud por escrito a la Cámara Federal de Casación Penal para que aumente la custodia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ante pedidos en las redes sociales de ir a sus casas a “escracharlos” de parte de militantes K.
La seguridad ya había sido reforzada en el caso del fiscal federal Diego Luciani luego de que se publicara una foto en la cual se lo ve junto a Giménez Uriburu en un equipo de fútbol que participa en un torneo amateur en la quinta Los Abrojos, cuyo dueño es Mauricio Macri.
Los jueces del mencionado tribunal ya tienen una custodia asignada desde la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015.
Las amenazas en las redes sociales contra los miembros del tribunal que juzga a Cristina Kirchner en la causa Vialidad
El pedido se conoció este martes después que en las redes sociales se sucedieran mensajes que clamaban por la difusión de los domicilios de los jueces y fiscales que llevan adelante en la llamada causa Vialidad en la que se juzga a la actual vicepresidenta.
Uno de los mensajes del usuario @kike_MPD arrobó a La Cámpora con una frase temeraria: “Hay que difundir los domicilios de estos jueces y fiscales de este pelorron [sic] de fusilamiento, si no se ataca con el mismo calibre no se puede”.
La alusión del “pelotón de fusilamiento” refiere a las declaraciones de la expresidenta hechas el lunes, tras conocerse el pedido del fiscal Luciani de 12 años de prisión en el marco de la causa Vialidad. En su perfil de Twitter, Cristina Kirchner afirmó: “Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático-judicial, es impedirme el ejercicio del derecho de defensa ante cuestiones que nunca figuraron en el acto de acusación del fiscal al que asistí durante cinco días en mayo de 2019″.

¿Cómo fue el pedido del fiscal de condenar a 12 años de prisión a Cristina Kirchner en la causa Vialidad?
El lunes el fiscal Luciani pidió una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en el juicio por la causa Vialidad. La vicepresidenta está acusada de presunta corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, dijo Diego Luciani en su alegato final. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para todos los imputados y el decomiso de US$1000 millones.
La expresidenta es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además está acusada de los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En un fuerte descargo, la vicepresidenta dijo este martes que el proceso en su contra en realidad “es un juicio contra el peronismo”.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, el principal órgano de conducción política de la coalición opositora, intentará reunirse la semana próxima para aplacar el pésimo clima interno que generaron las denuncias de Elisa Carrió, quien había pedido "reglas decentes" y cuestionó a varios dirigentes del espacio.
La intención es que el próximo encuentro de la dirigencia opositora se realice el miércoles 24 en la sede porteña del sindicato de Gastronómicos. Según todas las fuentes consultadas la reunión se hará en la medida en que no haya ningún otro sobresalto.
Si bien en una cumbre del PRO días pasados en un restaurante de la Costanera se intentó clausurar con paños fríos los efectos del "huracán Carrió", dándolo por superado, lo cierto es que las cicatrices aún no cerraron.
Carrió apareció hace dos semanas en varios reportajes en los que pidió "reglas decentes" en JxC, cuestionando a dirigentes como Gerardo Morales, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman y Cristian Ritondo, entre otros.
En sus cuestionamientos hacia sus propios pares de la coalición, Carrió dijo que JxC "tiene que estar conformada por decentes" y señaló que "no puede haber más negocios", al criticar a los dirigentes que podrían alcanzar acuerdos con Sergio Massa o el peronismo. Incluso, llegó a apuntar a la vida privada de uno de ellos.
Tras las denuncias de Carrió, será complicado poder conciliar los lugares de los "lilitos", como se llaman internamente a los integrantes de la Coalición Cívica, en las próximas listas legislativas.
Como ejemplo, basta mirar lo que ocurrió en las últimas horas en Córdoba, a un mes de los comicios municipales de Marcos Juárez, donde la Coalición Cívica le quitó su apoyo a la lista de Juntos por el Cambio.
Si este cisma cordobés llegará también a nivel nacional es un enigma que sólo el tiempo resolverá, pero lo cierto es que ya sonaron las alarmas puertas adentro de la coalición.
"La discusión fue oportuna. Hay pocas maneras de dar esa discusión, y se dio puertas adentro. Casi todo lo que dijo Lilita lo señaló a los líderes de Juntos por el Cambio en distintas oportunidades. Hay discusiones que son incómodas, y hay que jugar fuerte para que salgan a la luz. Si no, siempre quedan solapadas", defendió a su jefa Juan Manuel López, diputado nacional y presidente del bloque de la CC.
Para López, JxC "va a permanecer unido" de cara a las elecciones del 2023, pero anticipó que desde su espacio van a dar "muchas batallas internas".
Mientras tanto, los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio siguen mostrándose y dejando en claro sus perfiles.
Mauricio Macri retomó sus recorridas por el conurbano bonaerense yendo esta vez a Tres de Febrero, distrito gobernado por el intendente del PRO Diego Valenzuela.
El exmandatario repitió el formato que ya había usado en Vicente López e Ituzaingó: recorridas por el centro del lugar, y selfies con vecinos y comerciantes.

El próximo 5 de septiembre comenzarán los alegatos de los abogados de todos los acusados en la causa Vialidad donde se investiga el supuesto direccionamiento de obra pública para la provincia de Santa Cruz en favor de Lázaro Báez. El primero será Héctor Garro, representado por Mariano Fragueiro Frías, y luego continúa por orden alfabético.
El turno de los representantes legales de Cristina Kirchner será el sexto. Allí, los equipos legales de la Vicepresidenta, encabezado por Carlos Beraldi, deberán responder ante el Tribunal Oral Federal 2 las acusaciones que presentó el fiscal federal Diego Luciani. A diferencia de lo que fue el discurso de la líder del Frente de Todos en el Senado, en esta ocasión, los letrados deberán dar respuestas técnicas para lograr que haya una pena de no más de 7 años o, en el mejor de los casos, la absolución de la ex mandataria.
Entre los objetivos que maneja el abogado defensor de Fernández de Kirchner, según pudo saber Infobae, es demostrar lo inverosímil y casi imposible que resulta montar una asociación ilícita desde el Poder Ejecutivo -como se la acusa- con los controles cruzados establecidos, por ejemplo, en el Presupuesto, DNU o designaciones ya que, en la mayoría de esas herramientas, interviene el Congreso.
Además, darán respuestas técnicas -no políticas como sucedió hoy- para lograr una pena no mayor a los 7 años o la absolución. En caso de que haya una condena, la inhabilitación y el decomiso será inevitable.
Durante su alegato, el fiscal federal Diego Luciani pidió que la Vicepresidenta sea condenada a 12 años de prisión y a no poder ejercer más cargos públicos en su vida al considerarla jefa de una asociación ilícita por la obra pública que recibió de manera irregular el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. “Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país”, dijo en su primera audiencia, el 1 de agosto. A partir de allí desarrolló su acusación contra la ex presidenta.
Luciani señaló que Báez, ocho días antes que Néstor Kichner asumiera en mayo de 2003 como presidente de la Nación, fundó Austral Construcciones. Báez, amigo de Néstor Kirchner, pasó de ser monotributista y empleado bancario a dueño de una empresa constructora, dijo el fiscal. Además, el empresario compró otras compañías del rubro de la provincia, como Kank y Costilla y Gotti.
Así, entre 2003 y 2015 las empresas de Báez recibieron 51 obras públicas para Santa Cruz. Se trata del 78 por ciento de obras que se asignaron a esa provincia en ese período. El fiscal detalló en su alegato que solo tres fueron finalizadas en tiempo y forma y no eran obras viales. Solo 27 de las 51 fueron culminadas, de las cuales 24 tuvieron demoras severas con retrasos injustificados. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas. Esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías”, describió.
La Fiscalía analizó cada una de las obras. Concluyó que las empresas recibían del estado adelantos financieros superiores a los que permitía la ley; en las licitaciones competían las empresas de Báez y otra que llamó de “cortesía” que se presentaba y siempre perdía, en general era “Petersen”; se pagaban sobreprecios; se extendían los plazos para terminarlas sin justificación; y se pagaban de manera total a pesar que no estaban terminadas. “No hay obra que finalice en termino por la falta de capacidad de la empresa. Todas las licitaciones fueron una farsa. Hubo una cartelización organizada por el estado nacional”, sostuvo Luciani.

Los fiscales que intervienen en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 dieron por probado que durante ese período los gobiernos kirchneristas se manejaron de modo arbitrario para beneficiar al empresario Lázaro Báez y comenzaron a cerrar así el alegato acusador.
En la octava de las nueve audiencias solicitada por la fiscalía para sus alegatos, los magistrados Diego Luciani y Sergio Mola insumieron la mayor parte del tiempo en reseñar parte de sus exposiciones anteriores para asegurar que está acreditada la comisión de los delitos de asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y administración fraudulenta.
Se espera que, tal como anunciaron al inicio de su alegato, en la audiencia del lunes 22 los fiscales pidan penas para todos los imputados, entre los que está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, aunque de lo expresado en la audiencia de hoy surgiría que no acusarán al exfuncionario del ministerio de Planificación, Carlos Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner.
“Fueron doce años de arbitrariedades de un apartamiento sistemático de las leyes. Realizaron acciones corruptas, ilegales durante años”, sostuvo el fiscal Luciani, para luego agregar que “resulta indudable que todos los integrantes se conocían y formaban parte del plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos (del Estado)”.
“La expresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas”, afirmó minutos más tarde el fiscal Mola al exponer otra parte del alegato.
En su turno, Luciani aseguró que “todos los miembros de la asociación ilícita sabían quién era Lázaro Báez y qué representaba, él era Néstor y Cristina Kirchner” por lo que afirmo que no “hubo sólo conocimiento sino voluntad de cumplir todos los roles asignados para cumplir con el plan criminal”.
El fiscal aseguró, además, que dinero supuestamente desviado de las arcas del Estado fue luego “reciclado” a través de “maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades", hecho que se analizó en la causa Hotesur-Los Sauces.
A la misma hora que Luciani se refería a aquella causa en la cual los imputados fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5, la Cámara Federal de Ccasación Penal notificaba a las partes a cerca de la fijación de fecha de audiencia para analizar si confirma o revoca los sobreseimientos.
La audiencia comenzó, como las siete anteriores, a las 8.30 y se desarrolló de modo semipresencial ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
"Ya hemos acreditado que el dinero percibido por el grupo Báez no se destinó al desarrollo de las obras que se adjudicaron", recalcó el fiscal Diego Luciani en el primer tramo de su exposición de este viernes, en la cual insistió en vincular directamente al empresario con los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
Luciani mostró mensajes entre Báez y el entonces secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, en los que, de acuerdo con su ponderación, se advierte que eran "contratistas contratantes, una misma parte".
Luego intervino Mola, quien en principio se enfocó en las denuncias públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández sobre la persecución política a través de este proceso penal al sostener que "el 'lawfare' como construcción jurídica no existe".
"El 'lawfare' no existe y no es más que un entramado político que busca desacreditar hechos graves de corrupción", sostuvo Mola.
Cuando finalicen los alegatos de las fiscalía, comenzará al turno de los abogados defensores, que buscarán utilizar en su favor todo lo ocurrido durante el juicio que lleva más de tres años, en el que testigos de los más variados rechazaron que hubiera habido irregularidades en la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
Además de Báez y la vicepresidenta, en esta causa se encuentran imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, el exsecretario López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, entre otros.
Sobre Carlos Kirchner, exfuncionario de Planificación Federal, la fiscalía sostuvo que “no hay pruebas sobre algún aporte o participación” en la supuesta asociación ilícita y que “no está despejado ni siquiera en la instrucción si el área creada y donde fue designado el primo del presidente, era un paso más en la organización delictiva”.

La oposición pidió que se haga justicia en la causa Vialidad tras el pedido de 12 años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner hecho por el fiscal Diego Luciani. A través de sus distintas reacciones, representantes contrarios al oficialismo afirmaron que ahora es turno de que los jueces decidan y que podrían sentar un precedente judicial para que “la Argentina está dispuesta a no tolerar más corrupción”.
La vicepresidenta es juzgada por corrupción en la obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez.
La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, escribió en su cuenta de Twitter: “No hay golpe de puño, amenaza e insulto de la vicepresidenta que tuerza el valor que tiene la Justicia independiente para los argentinos”.
En tanto, el diputado nacional Fernando Iglesias pidió condenar a la expresidenta: “Espero que este juicio a Cristina termine en una condena. Y espero que esa condena sea fundacional para que podamos tener una verdadera República”, dijo en Twitter.
En otro mensaje ironizó sobre el pedido del fiscal de decomisar US$1000 millones a los imputados en la causa. “Mal, los fiscales. Eso es juego desleal. Si le quitan la que se llevó se terminan las puebladas. Así, no!”, señaló.
En tanto, el exgobernador de Mendoza y actual titular del Interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, consideró que los argentinos “solo esperan que se haga justicia”.
En un tuit publicado poco antes del pedido de penas del fiscal Luciani, escribió: “El pedido de Cristina Kirchner para ampliar su indagatoria ya no es posible procesalmente. Lo que busca es montar un circo para sus fanáticos. La mayoría de los argentinos ya no le cree más su relato y sólo esperan que se haga justicia”.
El diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman también se sumó a las reacciones en Twitter. “Los fiscales Luciani y Mola han hecho su trabajo. Ahora es el tiempo de los jueces, quienes no solo decidirán acerca de las personas imputadas, sino si la Argentina está dispuesta a no tolerar más corrupción”.
A su vez, el diputado Martin Tetaz escribió un escueto mensaje en sus redes sociales: “12 años. Será Justicia”
El fiscal Luciani, en su alegato final, analizó que la causa Vialidad “se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”. Además, solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida para todos los imputados y el decomiso de US$1000 millones.
La expresidenta es la principal acusada en la causa como jefa de una asociación ilícita. Además suma los delitos de defraudación al Estado en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La presión inflacionaria no cede y el impacto en la vida diaria de los argentinos es directo. Así lo refleja un reciente relevamiento de la Escuela IDAES de la UNSAM (Universidad Nacional de San Martín) que analizó el efecto del alza de precios en las medidas de ajuste de las familias, el temor a que la profundización de la pérdida de poder adquisitivo lleve a un descenso de clase social, y las perspectivas económicas a futuro, entre otros temas.
El estudio revela que el 83% de las personas encuestadas tuvo que tomar medidas de ajuste frente a la inflación. En ese sentido, el informe aporta que el 48% de las personas encuestadas aseguró que tuvieron que dejar de pagar cuentas, facturas o boletas, mientras que un 46% afirmó que tuvo que pedir dinero prestado.
A su vez, un 69% creen que van bajar de clase social en los próximos meses y un 65% señaló estar de acuerdo con la afirmación de que “no hay tema más importante que la inflación”. Es así que el 82,6% afirmó que “habla mucho con su familia” sobre los aumentos de precios.
“El ajuste en las economías familiares, la desorganización de la vida diaria y el temor al desclasamiento gobiernan de manera transversal la experiencia y el humor social frente a la inflación. En términos de demanda política se traduce en dos tendencias: un consenso social anti-inflacionario de corte fiscalista, instalado entre votantes opositores al gobierno del Frente de Todos, avanza sobre su propio electorado”, indicó el análisis de la Escuela IDAES.
Asimismo, añadió que “al mismo tiempo, el núcleo más leal de los votantes del oficialismo adhieren a un consenso social anti-inflacionario de corte distribucionista. Los primeros días de Sergio Massa frente al Ministerio de Economía transcurren buscando la fórmula mágica que resuelva la cuadratura del círculo en que se ha convertido la base social del Frente de Todos en el contexto de alta inflación”.
El informe hizo hincapié en el impacto de la inflación en los bolsillos, en el orden cotidiano, en el tiempo dedicado a los vínculos y en las relaciones afectivas. El 78,6% siente que es muy difícil organizarse con los gastos diarios y el 70,7% admite tener que dedicar más tiempo que antes a la búsqueda de precios.
“La omnipresencialidad del fenómeno inflacionario hace que también sea un tópico que altera lo doméstico: el 82,6% siente que se habla mucho en familia sobre los aumentos de precios, 7 de cada 10 personas reconocen que la falta de dinero genera fricciones. La preocupación por el futuro de los precios alcanzaba al 83,8% de los argentinos”, precisó el relevamiento.
En esa línea, el estudio remarcó que “la perspectiva de futuro es poco alentadora: la mayoría tiene incertidumbre sobre lo que va a pasar, pero certeza de su desclasamiento. Un 62% de las personas encuestadas respondió afirmativamente a la proposición “no puedo pensar en el futuro”, y un 69% aseguró creer que va a bajar de clase en los próximos meses”.
El reporte dice que “en un contexto de inflación creciente todos pierden". "El tema es quién pierde más. Primero pierden los que ven afectado su poder adquisitivo. Trabajadores y jubilados ven cómo el ritmo del aumento de los precios es mayor y más veloz que los aumentos de los ingresos. Le siguen los más vulnerables: desempleados y jóvenes. Los ganadores, en cambio, se concentran para las personas encuestadas en dos actores: las empresas extranjeras y la oposición”, señala el reporte.

El fiscal federal Diego Luciani pidió que la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La acusó de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.
“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones”. Y añadió: “nuestro único objetivo fue buscar la verdad”. “Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión”.
El fiscal tuvo en cuenta una serie de agravantes para pedir la condena a Cristina Kirchner: CFK: la magnitud de los delitos cometidos, que su aporte fue principal, su poder de dirección para el resto de los acusados, los medios empleados, la extensión en el tiempo de daños. También la calidad de los motivos de la maniobra (“el lucro personal buscado”) y el “apartamiento de cualquier tipo de escrúpulos”.
Luciani también ponderó “el desprecio a la ciudadanía en general por dilapidar fondos públicos, a los ciudadanos de Santa Cruz en particular que no tuvieron las rutas construidas y a los empleados de las empresas que se quedaron sin trabajo”. El fiscal dijo que la ex presidenta “defraudó a los ciudadanos que la votaron”.
“No tuvo arrepentimiento y ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”, concluyó el fiscal. En los juicios hay situaciones que atenúan la pena para los acusados. “No encuentro ni un solo atenuante para Cristina Kirchner ante los crímenes cometidos”, sostuvo el fiscal.
En la audiencia de hoy el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos. Y el fiscal Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos. “Deviene de suma importante que de dictarse el decomiso de los bienes el destino sea instituciones de bien público para equilibrar el perjuicio de los graves delitos”, planteó Luciani.
Luego de la descripción de los hechos, Luciani pidió investigar a las empresas que se presentaban para licitar por entender que habrían sido espurias para simular la existencia de competencia con las firmas de Lázaro Báez. Ahí nombró a las empresas Petersen Esuco y Equimac. El fiscal también solicitó extraer testimonios para investigar “la posibilidad de ilicitudes con el proceso licitatorio al hospital materno infantil de Río Gallegos” y “de todos los posibles ilícitos que surgen del teléfono de José López”.
Como conclusiones finales, la fiscalía le apuntó al presidente Alberto Fernández y habló de la “injerencia indebida” en el curso del juicio. Fue cuando recordó que sus palabras en torno a que “la cartelización de la obra pública es un problema histórico de la Argentina”. “El Estado es víctima de estos delitos, pero no hay que confundir el estado con las personas que ocasionalmente conducen o administran” y la ciudadanía es víctima.{
El fiscal se refirió a las palabras de Alberto Fernández cuando habían detenido al a José López en 2016. “Le quisiera recordar que dijo públicamente que renunció como jefe de Gabinete por la corrupción en la obra pública”, señaló. Pero subrayó que ahora el jefe de Estado buscó correr el foco de esas declaraciones . “Para defender puerilmente a su compañera de formula evitó hablar de los hechos probados en el caso”, aseguró.

Gobernadores y representantes de trece provincias se reunieron en La Plata, con el bonaerense Axel Kicillof como anfitrión, para hacer una análisis de la situación actual tras las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa.
En ese marco, reclamaron aunar esfuerzos para reducir la inflación y subrayaron que se debe "proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos".
Estuvieron presentes, además de Kicillof, los gobernadores Sergio Ziliotto (La Pampa); Jorge Capitanich (Chaco); Osvaldo Jaldo (Tucumán); Gustavo Bordet (Entre Ríos); Gildo Insfrán (Formosa); Alberto Rodríguez Saá (San Luis); Ricardo Quintela (La Rioja); Sergio Uñac (San Juan); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca).
"La Liga de Gobernadores y Gobernadoras de las provincias argentinas manifiesta la necesidad de aunar esfuerzos y voluntades para reducir la inflación, sostener el crecimiento de la economía, potenciar el empleo productivo a través del desarrollo de las cadenas de valor en cada una de nuestras economías regionales y mejorar el ingreso disponible de las familias argentinas", arrancó el documento que difundieron los mandatarios provinciales.
En este contexto, insistieron en la "necesidad de impulsar una serie de medidas y acciones concretas", como "propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del presupuesto 2023 con criterio federal e inclusivo, a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación no sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales".
También pidieron "garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad", y promover la "disponibilidad de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares".
La Liga de Gobernadores reclamó también "fortalecer la articulación entre las provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos" y "desarrollar los mayores esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en
empleos genuinos, y al mismo tiempo proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos".
"En este sentido, es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país", enfatizaron al reiterar ese reclamo.
Y expresaron que "no es fácil gobernar en este contexto internacional complejo, pero al mismo tiempo este desafío nos debe unir más que nunca con una única bandera: la bandera argentina".
"El futuro se presentará promisorio si somos capaces de transformar las restricciones del presente en oportunidades para todos y todas. Unidad Nacional, Federalismo real y Desarrollo Económico con justicia social son los principios que nos unen. Necesitamos que estos principios se traduzcan en acciones para construir nuevos tiempos que nos permitan unir sueños de generaciones en realidades tangibles", agregaron los gobernadores.