Distintas agrupaciones ya anunciaron que el próximo martes se movilizarán hasta los tribunales federales de Comodoro Py, a fin de brindarle su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner. Ese día se conocerá el veredicto del juicio contra la vicepresidenta en la causa vialidad.
Si bien La Cámpora todavía no definió si convocará a una acción en las calles, otros espacios ya confirmaron sus actividades para el 6 de diciembre próximo. La organización MILES, que encabeza Luis D'Elía, anticipó que el martes que viene se darán cita en Liniers y desde allí marcharán hasta los tribunales del barrio porteño de Retiro.
"El martes 6/12 a las 10.00 nos juntamos en Rivadavia y Gral. Paz (San Cayetano) para marchar caminando hasta Comodoro Py para repudiar el fallo sin pruebas contra @CFKArgentina y pedir la inmediata renuncia de la Corte Suprema del Lawfare", publicó el dirigente social en su cuenta de la red social Twitter. Por su parte, la agrupación Soberanos, que fundaron Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto, entre otros, también estará presente en las inmediaciones de Comodoro Py 2002.
El padre Francisco Paco Olveira, del grupo Curas en Opción por los Pobres, publicó en su cuenta de Instagram el flyer de Soberanos Capital, que llama a hacer una "vigilia desde las 9 en defensa de Cristina y en defensa de la propia democracia". El sacerdote fue parte del primer encuentro público que encabezó Cristina Kirchner en el Senado tras haber sufrido un atentado contra su vida.
En tanto, el titular de la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Daniel Catalano, se sumó al respaldo y el gremio advirtió que "pararán el Estado" si hay una condena contra la vicepresidenta. "Si la tocan a Cristina... paramos el Estado. Los trabajadores no vamos a permitir un Lula en nuestro país. Basta de lawfare y persecución política", publicó en la red social Twitter.
El Tribunal Oral Federal 2 dictará el próximo martes el veredicto del juicio conocido como Vialidad en el que está acusada la presidenta del Senado de ser la supuesta jefa de una asociación ilícita que direccionó obra pública en Santa Cruz a las empresas de Lázaro Báez.