La tensión entre el Gobierno y los movimientos sociales oficialistas continúa por más que el viernes, tras una larga reunión en la Casa Rosada, parecieron fumar la pipa de la paz.
La causa del conflicto fue la decisión de la administración de Alberto Fernández de ajustar los planes sociales para poner en caja el gasto estatal y cumplir con parte de las metas comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), transparentar los millonarios desembolsos mensuales para el Potenciar Trabajo -que involucra más de 1.300.000 beneficiarios-, y desenganchar ese programa del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Las organizaciones populares oficialistas reaccionaron de la misma forma que los piqueteros de izquierda: salieron a la calle por primera vez en tres años y acordaron una serie de medidas de fuerza como si fuesen una fuerza opositora.
Para desandar ese camino, esperan que en los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz, de un primer paso y “congele” esas decisiones, al menos hasta febrero, como se habló en Balcarce 50. Recién ahí se levantaría el plan de lucha que las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) votaron ese ese mismo viernes en la asamblea abierta que realizaron en el Puente Pueyrredón. Entre las medidas, se acordó realizar una jornada nacional con asambleas, marchas y cortes en todo el país el miércoles próximo y una “Navidad de los pobres” en las calles, como las realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri, el 24 de diciembre.
Las últimas semanas de Juan Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social fueron tensas. Entre otras razones, porque no llegaban los alimentos secos y frescos a los comedores de las organizaciones populares; también por la implementación de una auditoría presencial en cooperativas y Unidades de Gestión en la que los titulares de Potenciar Trabajo debían realizar sus 20 horas diarias de tareas.
Sin embargo, su reemplazo por Tolosa Paz tensó al máximo la relación con organizaciones sociales como el Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, que hasta el momento se habían mostrado incondicionales a Alberto Fernández, quien no dudó en involucrarlos en su administración en puestos claves. Por ejemplo, a Emilio Pérsico, uno de los líderes del Evita, lo designó al frente de la Secretaría de Economía Social, desde la cual se administra el Potenciar Trabajo y que en 2023 tendrá un presupuesto récord de $594.285.915.597.
A Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie lo nombró subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo Local. Fernanda Miño, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene como su máximo referente a Juan Grabois, está a cargo de la Secretaría de Integración Socio Urbana. En 2023 el presupuesto aprobado para su área es de $11.213.769.266. También abrí el gobierno a otros referentes sociales como Fernando “Chino Navarro, quien en la actualidad está a cargo de la Secretaría de Relaciones con Sociedad Civil y Desarrollo Comunitario que depende de la Jefatura de Gabinete.
La ebullición interna llegó a tal temperatura que los dirigentes sociales amenazaron con renunciar a sus cargos en el Poder Ejecutivo.
Gildo Onorato, referente del Evita y secretario gremial de la UTEP, dijo a Infobae: “Entre el Gobierno y nuestros compañeros elegimos a nuestros compañeros, no vamos a convalidar ni ser cómplices de un ajuste directo a nuestra base social”. Y reconoció: “El Movimiento Evita analiza en este momento a nivel nacional abandonar los cargos que algunos de sus dirigentes ocupan en el Poder Ejecutivo. Una vez más, cuando las cosas no van bien, vuelven a cargar contra los últimos y las últimas de la fila con criterios burocráticos insólitos y falaces. Pareciera que no les tiembla el pulso para sacarle la comida de la mesa a las familias que más lo necesitan en un contexto crítico de fin de año”.
Después de esta posición extrema, revelada por este medio, y el corte en el Puente Pueyrredón, Fernández invitó a un almuerzo a en la Rosada a Emilio Pérsico y Esteban “Gringo” Castro, el poderoso secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular.
Ingresaron por la explanada de Casa de Gobierno después de la desconcentración. Al Presidente lo acompañaba Tolosa Paz.
Fue en ese encuentro que los cuatro acordaron postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo y se les adelantó que la atrasada cuota de noviembre de ese programa se pagará en los próximos días.