La amenaza de otra semana de caos en la calle está latente, a pesar del principio de entendimiento logrado por el Ejecutivo con los movimientos sociales afines al Gobierno. Y no se trata de un detalle menor, debido a la cercanía del fin de semana largo y la posibilidad, alentada por piqueteros opositores, de que haya cortes de ruta en la víspera de los feriados del jueves y viernes.
Los movimientos nucleados en Unidad Piquetera analizan por estas horas un endurecimiento del plan de lucha, que además contiene la posibilidad de más cortes de calle e incluso de acampes. Reclaman que el bono de $45.000 se universalice y cuestionan la decisión de frenar el ingreso de beneficiarios a los planes sociales.
En el Gobierno temen que la conflictividad social escale camino a las Fiestas, pero los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) condicionan las decisiones orientadas hacia una ampliación de la asistencia a los sectores más vulnerables. En ese escenario, el riesgo de un diciembre caliente es mayor.
Desde los movimientos de izquierda reconocen que los cortes de ruta y acampes son medidas en estudio para la semana entrante. “Lo estamos definiendo en estas horas”, indicó Silvia Saravia, coordinadora territorial de Libres del Sur.
La dirigente social desestimó la posibilidad de que agrupaciones oficialistas acompañen las acciones, como se había especulado a partir de la interna del Gobierno con los piqueteros afines. “Parece que ya desistieron de movilizarse”, insinuó.
El viernes, durante una jornada en la que confluyeron las protestas de movimientos oficialistas y opositores, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el sindicato de los grupos que integran el Movimiento Evita, Barrios de PIE, la CCC y el MTE, realizó una asamblea con 5000 delegados en el Puente Pueyrredón y definió un plan de lucha contra el Ejecutivo. Sin embargo, el Presidente Alberto Fernández y la ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, se reunieron con el líder del Evita y funcionario de la cartera social, Emilio Pérsico, para intentar desactivar la medida.
La interna oficialista volvió a estallar luego de que se filtrara un informe de la AFIP que indicaba que más de 250.000 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo declararon Bienes Personales o compraron dólar con fines de ahorro, conductas incompatibles con el programa. El informe había sido solicitado por Juan Zabaleta, antecesor de Tolosa Paz.
Las organizaciones oficialistas denunciaron que el Gobierno planeaban avanzar con la suspensión masiva de inscriptos al programa Potenciar Trabajo, y que podría demorarse además el pago para todos los beneficiarios. Más tarde, el Presidente negó un recorte masivo y la ministra de Desarrollo se comprometió a cumplir con el cronograma de pagos.
La reacción del Gobierno ante las irregularidades detectadas en los planes sociales es cuestionado tanto por los piqueteros afines como los opositores, y el riesgo de una posible ruptura con los oficialistas sigue latente. El lunes, será el día clave en las negociaciones.
Sobre las tensiones en torno al Potenciar Trabajo, Tolosa Paz mencionó que el Gobierno busca “poder separar algunas pequeñas diferencias que encontramos en el padrón que todos los meses se paga desde el Ministerio”, y aclaró: “Es falso que más de 250 mil personas no deberían cobrar el Potenciar Trabajo”.