La vicepresidenta Cristina Kirchner habla a las 9,30 en la última jornada del juicio que lleva más de tres años y en el que el fiscal Diego Luciani pidió la condena 12 años de prisión.
La fiscalía sostiene la existencia de una asociación ilícita que funcionó entre 2003 y 2015 en la que se le direccionó —según el expediente— en gran cantidad obra pública al empresario Lázaro Báez.
Después de la palabra, o no, de la exmandataria, los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso fijarán la fecha en donde se dará a conocer la sentencia. La misma será antes de terminar el año.
La expresidenta tuvo varias intervenciones a lo largo de proceso. La última fue en la etapa de alegatos cuando refutó la acusación y volvió a hablar de lawfare, teoría que sostiene la coexistencia de una conspiración política (de la oposición) y sectores de la Justicia para perjudicarla.
El juicio comenzó durante el último año de mandato del ex presidente Mauricio Macri y que tenía, en ese momento, a Javier Iguacel como titular de Vialidad Nacional. Aunque parte de los hechos ya estaban bajo la órbita de tribunales por una presentación que la Coalición Cívica había hecho en 2008.
Las penas solicitadas fueron de 12 años para Cristina Kirchner y Báez. Mientras que diez para el ex ministro (Planificación Federal) Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y para el exdirector de Vialidad Nacional Nélson Periotti.
Para Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del Distrito 23 (Santa Cruz) de la Dirección Nacional de Vialidad, la fiscalía pidió cinco y seis años de prisión respectivamente. Para Abel Fatala, exfuncionario de Planificación Federal, la pena de 4 años.
Por último, había reclamado tres años para Héctor Garro; seis para Juan Carlos Villafañe; cinco para Raúl Pavesi y cuatro para José Snatibáñez: Todos de la Dirección de Vialidad del distrito Santa Cruz.
De ser condenada, la Vicepresidenta no irá presa porque la sentencia recién se ejecutará cuando el fallo esté firme, es decir, cuando lo ratifique la Corte Suprema de Justicia, la cual no tiene plazos.