La Corte Suprema de Justicia demora definir si le toma o no juramento a los representantes políticos del Consejo de la Magistratura, luego de que se complejizara y judicializara el conflicto con el Poder Legislativo por la representación en el organismo que elige y remueve jueces.
La Corte y sus voceros venían instalando la semana pasada que los ministros se definirían por alguna salida en las reuniones de acuerdos de los martes y jueves, pero la definición no llegó.
El supuesto rechazo a la jura del senador oficialista Martín Doñate llegaría poco después de que hicieran lo propio abogados, jueces y académicos, y cuando la judicialización por la representación de la segunda minoría del Senado estuviera más clara, pero el escenario se complejizó.
En principio el conflicto se amplió a la Cámara de Diputados cuando la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, decidió poner en suspenso los nombramientos de los cuatro representantes hasta tanto se resolviera la cuestión de fondo.
Además, la justicia en la Contencioso Administrativo federal le negó por tercera vez un amparo al senador Luis Juez, para impedir que asumiera Doñate: en los dos primeros, porque consideraron que la formación de los bloques legislativos no es asunto judicializable, y en el último porque no se dan las condiciones de "urgencia" porque la Corte ya tomó decisiones en la materia.
La Corte, como máximo tribunal, no está obligada a tomar criterios de instancias inferiores pero hay una legitimidad en sus decisiones que los miembros de la Corte no suelen desconocer.
Todo indica que el pedido de Juez volverá a ser tomado por la Corte y que ratificará su sentencia que colocaba al cordobés en el lugar de Doñate, pero hasta tanto debe decidir sobre la jura de los senadores.
El último indicio cierto del camino a seguir lo dio hace 10 días cuando dispuso la jura de los diputados Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade, Álvaro González y Roxana Nahir Reyes, sin fecha, y en cuanto a los senadores manifestó que "tales designaciones se encuentran a estudio del Tribunal por razones que son de público conocimiento".
Desde el inicio del proceso de modificación del Consejo de la Magistratura, en diciembre del 2021, cuando la Corte la declaró inconstitucional, insisten desde el cuarto piso del Palacio de Justicia que el paso final para ser consejero es que el presidente, hoy Horacio Rosatti, le tome juramento al candidato electo y para eso sus diplomas, la documentación en definitiva, tiene que estar correcta.
En el caso de Doñate, la objeción es precisamente que la Corte rechazó su designación y así se lo hizo saber Juez al propio máximo tribunal con una presentación cuando su colega fue ratificado en el Senado por 37 votos unánimes del oficialismo y la ausencia de la oposición.
"El que quiera hacer amigos que no sea juez", suele repetir Rosatti cuando le advierten sobre las complejidades políticas que él entiende perfectamente, pero esa máxima no alcanza para que el balance sea positivo en la intervención de la Corte en el Consejo.
En un sistema de justicia que en algunas áreas alcanza una vacancia del 50%, el órgano que lleva adelante el trámite complejo que significa elegir a un juez no puede estar nunca paralizado hace ya más de un año si se quiere revertir ese déficit.
"Gestión, gestión, gestión" repetían como un mantra sus colaboradores cuando Rosatti asumió la presidencia del Consejo y lo cierto es que no pudo darle el pretendido dinamismo.
El Consejo adolece de la misma dificultad de todo el sistema político para cerrar acuerdos y eso no es responsabilidad de la Corte, pero lo cierto es que su participación solo profundizó la parálisis.
Desde que la Corte declaró en diciembre pasado inconstitucional la composición del Consejo, votada por el Legislativo y vigente desde 2006, los consejeros apenas pudieron elevar ternas sin conflicto de juzgados del interior del país cuando tiene tres vacantes para juez federal en Comodoro Py y dos lugares en la poderosa Cámara Federal.
Sin un horizonte de solución cercana, la Corte ratificará seguramente su decisión de respaldar a Juez y administrará con sus herramientas el conflicto con el Legislativo, mientras el Consejo seguirá en el limbo viendo cuándo puede volver a funcionar.