El presidente Alberto Fernández se reúne hoy con el primer ministro británico, Boris Johnson, encuentro que concita especial atención luego de la reciente resolución del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que instó a la reanudación de las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.
Según se pudo saber, a través de fuentes diplomáticas, la bilateral fue "solicitada por el Reino Unido".
Respecto de la temática a tratar, fuentes del Gobierno confiaron a esta agencia que "mañana (por el lunes) se verá cuáles son los temas que llevan los británicos a la mesa", pero aclararon que "la agenda de la Argentina es obvia, más aún cuando venimos de aprobar la resolución Malvinas del Comité de Descolonización".
La última semana, ese órgano de la ONU aprobó por consenso una resolución que llama al diálogo por la soberanía de las Islas Malvinas y restantes archipiélagos bajo control británico.
Durante ese encuentro celebrado en Nueva York, el canciller Santiago Cafiero sostuvo que ya era "momento que el Reino Unido deje en las páginas de la historia su ejercicio de potencia colonial" y afirmó que "la comunidad internacional debe actuar o será cómplice de la doble moral".
"Para el Reino Unido, Malvinas es dominación, especulación y oportunismo; Para mi país, es soberanía, justicia y dolor por nuestros caídos", expresó oportunamente el titular del Palacio San Martín.
Durante el viaje que depositó a Fernández y a su comitiva en Alemania, fuentes especializadas en la materia, explicaron que, si bien existe una posición tradicional del comité de Descolonización instando al diálogo, "siempre es bueno que, año tras año, se trate el tema".
Antes de que se conociera la realización de la bilateral, se había adelantado que la temática de Malvinas aparecería en alguna de las intervenciones que realizará el presidente Fernández, ya sea durante sus discursos en las mesas de debate o en el plenario en el que los mandatarios intercambian impresiones en modo de diálogo.
En los últimos meses, y al cumplirse 40 años de la Guerra de Malvinas, hubo nuevas manifestaciones que abrieron polémica de parte del Reino Unido. Por ejemplo, en marzo, en un informe sobre política de Defensa elevado por la administración de Johnson a la Cámara de los Comunes, se indicó que las Fuerzas Armadas británicas "disuadirán y desafiarán las incursiones en las Aguas Territoriales de Gibraltar Británico" y "mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, la Isla Ascensión y el Territorio Británico del Océano Índico".

El Instituto ANLIS-Malbrán confirmó que el hombre que había llegado a Mendoza procedente de España con síntomas leves compatibles con la viruela símica tiene esta enfermedad, en tanto que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dará a conocer en las próximas horas su definición acerca de si se trata de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional.
"El pasado fin de semana se detectó en la Provincia de Mendoza un caso sospechoso de viruela símica. Al sentir síntomas, una persona de sexo masculino consultó a una institución sanitaria donde, de forma inmediata se dio aviso a la Dirección de Epidemiología de la Provincia", informó el comunicado del Gobierno mendocino al confirmar la noticia.
Y detalló que "según expresa el protocolo, se le tomó muestra para descartar o confirmar la enfermedad y el Ministerio de Salud provincial envió una muestra para microscopía electrónica y PCR a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Dr. Carlos Malbrán".
“Hay que destacar la celeridad con la que se trabajó en conjunto ya que, el paciente consulta el fin de semana y hoy jueves ya sabemos el resultado”, indicó el jefe de laboratorios de biología molecular de la Provincia, Carlos Espul.
Espul informó que “el paciente se encuentra en muy buen estado de salud y es supervisado de forma permanente por los equipos del Ministerio y se encuentra aislado en su domicilio junto a su familia".
"En caso de seguir por este proceso positivo, se dará el alta cuando todas las costras se desprendan o caigan”, indicó.
Por su parte, la directora de Epidemiología Andrea Falaschi ratificó que al cabo de una semana el paciente que llegó de España presentó síntomas. “El alta está supeditada a la evolución de la persona, está siendo atendido por personal de Salud y el alta estará cuando se sanen todas las lesiones”.

Argentina ya tiene cuatro casos
Se trata del cuarto caso confirmado en el país; los primeros dos casos se confirmaron el 27 de mayo: el primero se trataba de un residente de la Provincia de Buenos Aires que había estado de viaje en España entre el 28 de abril y el 16 de mayo; el segundo fue de un español que se encontraba de visita en la Provincia de Buenos Aires.
Los casos no tenían conexión entre sí; ambos permanecieron aislados y tuvieron buen estado de salud durante la enfermedad.
El tercero se confirmó el 9 de junio; se trató de un residente de la Ciudad de Buenos Aires de 36 años con la particularidad de que no tenía antecedentes de viaje y también cursó la enfermedad con buen estado de salud general y tratamiento sintomático.

La inflación rondará el 5 por ciento en junio como consecuencia de la suba en los precios de alimentos, el alza en tarifas de agua y el nuevo ajuste en prepagas, según analistas económicos.
Para la consultora EcoGo, el pronóstico es del 5% para junio y 4,7% en julio. En el próximo mes, considera que influirán los productos y servicios estacionales por las vacaciones de invierno. "En este mes y el próximo, la inflación seguirá en torno al 5%, sin bajas previstas por ahora", proyectó Sebastián Menescaldi, su director.
Para junio, la consultora Analytica estima una inflación del 5,4% por el ajuste en las tarifas de servicios públicos y, en segundo lugar el encarecimiento de alimentos con estacionalidad, como verduras.
Mientras que sobre julio, estimó que la suba de precios estará más en línea con lo que sucede con la inflación núcleo, perforando después de cuatro meses el 5%, hasta ubicarse cerca del 4,6%, dijo Claudio Caprarulo, director de la consultora.
Cabe destacar que en julio se concretará el tercer tramo del aumento que se autorizó a las empresas de medicina prepaga, lo cual influye en el rubro Salud del costo de vida. Las cuotas se incrementarán un 4% durante el mes próximo, luego de las subas de 8% de mayo y de 10% de junio. Estas actualizaciones se sumarán a las que ya se dieron en los primeros meses del año, con un acumulado de 43% desde el inicio del 2022.
En cuanto a las tarifas de agua, AySA aplicará durante 2022 un ajuste del 32%, en dos tramos. El primer aumento será del 20% en julio y luego habrá un 10% acumulativo en octubre. La actualización tarifaria se encuentra en línea con la propuesta formal que presentó la empresa durante la última audiencia pública que se realizó en mayo pasado.
En AYSA se quejan de que la suba del 32% quedó por debajo de los aumentos otorgados a las empresas de energía, para los servicios de gas y electricidad, que suben hasta 42,7%.
La empresa volvería a pedir una nueva suba antes de fin de año y analiza una segmentación de tarifas, como la que se prevé implementar para los usuarios de los servicios de gas y electricidad.

Alquileres
En julio se dará la segunda actualización anual desde que se sancionó la Ley de Alquileres. Mientras en el Congreso continúa el debate por su modificación, los contratos que se firmaron en julio de 2020, cuando se reglamentó la ley, tendrán el próximo mes un nuevo ajuste.
Para un contrato que en julio de 2021 tenía un valor mensual de $50.000, con la actualización anual pasará a ser a partir de julio de 2022 de casi $75.000, un incremento de 48,23%.
El actual Índice para Contratos de Locación (ICL) tiene en cuenta en partes iguales las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la Remuneración Imponible Promedio de Los Trabajadores Estables (RIPTE).
Entre las propuestas que se están debatiendo en el Congreso, esta semana varios bloques de la oposición presentaron un proyecto donde se prevé que los contratos -hoy se actualizan una vez al año- puedan tener subas con una periodicidad de entre 3 y 12 meses. Además, se podrán aplicar otros índices de actualización, como el IPC (Precios al Consumidor, el IPIM (Precios Mayoristas) o el índice de salarios elaborados en todos los casos por el Indec.
En este marco de aumentos, el Gobierno oficializó a través de un decreto la segmentación de los recortes del beneficios, por la que se prevé que un 10% de los usuarios de servicios de gas y electricidad pasarán a tener tarifa plena.
Según el texto oficial, será con vigencia a partir de junio, retroactiva, y quienes quieran seguir recibiendo los subsidios deberán inscribirse en un registro que aún no está habilitado.
La quita de subsidios será gradual (en tres tramos bimestrales) y los usuarios de los deciles más altos terminarán pagando el precio pleno del valor del gas y la electricidad a fin de año.

El presidente Alberto Fernández encabezó en Casa Rosada la firma de un convenio para sumar una hora de clase por día en la provincia de Tucumán, lo que redundará en 38 jornadas adicionales por año, y destacó que la pandemia de coronavirus "ha retrasado la calidad educacional".
"Estamos tratando de buscar una salida a un problema que nos ha planteado la pandemia, que objetivamente ha retrasado la calidad educacional", resaltó Fernández.
El encuentro, que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el gobernador provincial, Osvaldo Jaldo; el ministro de Educación, Jaime Perczyk, y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, entre otras autoridades.
"Soy docente universitario tengo noción de lo que se aprecia la clase presencial y esa pérdida ha profundizado un problema en la Argentina y ha dejado a muchos chicos de distintas partes del país en una situación más compleja, porque no siempre pudieron acceder a las clases o a la conectividad adecuada", subrayó el jefe de Estado.
La medida anunciada por el Gobierno nacional contempla el aporte hasta un 80% del aumento del salario docente que requerirá la ejecución del plan, según detalló Presidencia en un comunicado.
La primera etapa, que comenzará luego del receso invernal, implicará "el incremento de la jornada horaria para 113.900 estudiantes de 312 establecimientos; mientras que la segunda parte entrará en vigencia al inicio del tercer trimestre de clases para 25.400 alumnos de 318 establecimientos".
"Hoy concretamos el primer hito, que es en la provincia de Tucumán: una cantidad importante de escuelas van a pasar a tener más horas de clase a la vuelta de las vacaciones de invierno y la otra mitad en el mes de septiembre", explicó el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk.
En ese marco, el titular de la cartera educativa indicó que en el Consejo Federal de Educación que se realizó este miércoles, los ministras y ministros de todo el país resolvieron "acordar un programa para extender la jornada en la escuela primaria pública argentina, cumpliendo el objetivo de la jornada extendida".
Además, aclaró que "cada provincia construirá su modelo de extensión, pero la idea es que ninguna escuela quede con menos de 25 horas semanales".
Por su parte, Osvaldo Jaldo celebró que la provincia de Tucumán haya sido la primera en firmar el convenio y completó: "Con este convenio estamos dando una muestra concreta de un Gobierno que invierte en el interior y en un área sensible como la educación".
El mandatario provincial asistió al encuentro junto al titular de la cartera educativa, Juan Pablo Lichtmajer; y el jefe de Gabinete, Lucas Orellano García; además de supervisores y directores de instituciones educativas, y alumnos, padres y madres de distintas escuelas de esa provincia.

Las tensiones entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Kirchner crecieron esta semana, en el marco de las posiciones acerca de los movimientos sociales.
En ese marco, la Iglesia llamó a que los dirigentes busquen “una visión superada de la violencia ligada a la lucha de poder”. El pedido lo hizo el presidente del Episcopado Monseñor Oscar Ojea.
Ojea habló en la apertura de las tradicionales Jornadas Sociales que anualmente organiza la Pastoral Social en Mar del Plata y del que participan políticos, empresarios, sindicalistas, referentes sociales y economistas y que este año tiene como tema “Integración y trabajo para una patria de hermanos”.
En este contexto, se refirió a las fricciones que se mantienen dentro del Gobierno, habló de la “lucha de poder” y pidió adoptar una visión “que nos permita centrarnos en las verdaderas necesidades y búsquedas de nuestro pueblo”.
Esta semana, la vicepresidenta volvió a criticar públicamente algunas políticas del Gobierno de Fernández, lo que incluyó cuestionamientos a movimientos sociales oficialistas.
“No debemos hablar tanto de los planes sociales, más allá de que son necesarios en la coyuntura, sino de un verdadero plan de desarrollo humano Integral que incluya un proyecto para reencauzar la angustiante necesidad de tierra, techo y trabajo que tiene nuestra población”, apuntó Ojea.
En este sentido, subrayó que a los obispos el tema del ordenamiento territorial les parece “prioritario” de abordar. “En los últimos años han aumentado los pobres y los indigentes”, dijo.
El acto se realizó en el auditorio del hotel 13 de julio, de Luz y Fuerza, y estaban junto a Ojea el ministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta; el secretario de Culto Guillermo Oliveri, la ministra de Gobierno bonaerense Cristina Álvarez Rodríguez; el intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro; el presidente de la Pastoral Social, el obispo de Lomas de Zamora Jorge Lugones, y el obispo local, Gabriel Mestre.

Una madre y sus cuatro hijos murieron y otras 31 personas fueron asistidas como consecuencia de un incendio originado en el séptimo piso de un edificio del barrio porteño de Recoleta, que obligó a desplegar un gran operativo con ocho dotaciones de bomberos y 22 ambulancias del SAME para controlar las llamas y rescatar a los vecinos damnificados.
Se trata de Sofia Kabudi y sus hijos Rafi Jabbaz, de 3 años; Orly Jabbaz, de 7; Esther Jabbaz, de 9 y Camila Jabbaz, de 19, mientras que el padre de la familia, Isaac Jabbaz (55), fue internado primero en la terapia intensiva del Hospital Rivadavia con quemaduras en el rostro y afecciones en su sistema respiratorio por lo que fue intubado con respiración mecánica, y luego fue trasladado al Sanatorio Finochietto.
En tanto, otro hijo de 23 años del matrimonio fue dado de alta esta tarde luego de permanecer unas horas en observación en el Hospital Rivadavia con "un tratamiento de oxigenoterapia" en cámara hiperbárica, debido a que inhaló humo, informó el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a los resultados preliminares de las pericias de la Oficina de Incendios y Explosiones de Bomberos de al Ciudad, el incendio se habría originado en "la súbita reacción térmica de baterías de litio pertenecientes a un scooter monopatín eléctrico".
Esa reacción habría estado inducida "por la sobrecarga o descargas excesivas, golpes en celdas o bien exposición a fuentes de calor".
Y ese potencial térmico "se transmitió a los elementos con capacidad de arder lo que dio origen al fuego"
El fuego comenzó a las 5.50, en el departamento del séptimo piso del edificio de Ecuador 1026, casi avenida Córdoba, mientras sus ocupantes dormían y rápidamente se expandió al piso superior, obligando a la evacuación y rescate de todos los ocupantes de los 14 pisos.
Según el fiscal Sebastián Fedullo, a cargo de la causa, por lo que refiere personal de bomberos, "habría sido algo accidental, no hay ningún signo de violencia en la propiedad. No hay nada eléctrico y de gas que haya explotado".
Noemí, una vecina del sexto piso del edificio afectado, contó a la prensa esta mañana que se despertó "con los escombros que caían del séptimo", piso donde "vive una familia de 11 personas".
"Me encontré con el padre de la familia, que pedía ayuda. Agarró el matafuegos de la escalera pero no pudo volver a ingresar al departamento porque estaba en llamas. Estaba atacado de nervios, y no podía hablar", relató Noemí sobre el dramático momento que atravesó el hombre.

El campo expresó su preocupación por la falta de gasoil y reclamó una rápida salida a la problemática que ya está afectando a las diferentes actividades productivas, como así también a todo lo relacionado con el abastecimiento de productos alimenticios. En las últimas horas hubo un pronunciamiento de la dirigencia de Santa Fe y una movilización de productores y ciudadanos autoconvocados en Chaco.
La Mesa de Enlace de la provincia de Santa Fe señaló en un comunicado que por la grave situación que se atraviesa ante la falta de combustibles, “las entidades que representamos a productores agropecuarios santafesinos entendemos que no podemos esperar soluciones de aquellos que son responsables del presente caos, por lo cual ante ‘funcionarios que no funcionan’, solicitamos públicamente la renuncia del Secretario de Energía de la Nación, Sr. Darío Martínez”.
Además, atribuyeron la falta de gasoil en más de 20 provincias del país “a la manifiesta irresponsabilidad de las autoridades nacionales para resolver un tema crítico para la economía del país. Siendo el gasoil un insumo elemental e indispensable para la producción y el transporte, la crisis desatada obedece a la imprevisión y a la incompetencia de los responsables de un área tan sensible”.
Hay que recordar que la crisis del gasoil desató en los últimos días un paro por tiempo indeterminado de un sector del transporte de carga, que hasta el momento ha tenido un fuerte impacto en el ingreso de camiones a los puertos exportadores del país, como consecuencia de los cortes de ruta en diferentes puntos del país.
Al respecto, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) expresó que de continuar la protesta “los puertos quedarán sin funcionamiento y esto afectará tanto a las exportaciones como a las divisas”. También comentaron que “son 180 mil toneladas de granos sin ingresar a los puertos y el stock remanente en terminales está llegando a su fin”.

La comisión de Transportes emitió un dictamen de consenso que declara la emergencia del sistema de transporte público automotor de pasajeros en el interior del país hasta el 31 de diciembre, lo cual implica el desembolso hasta esa fecha de 59.500 millones de pesos.
Entre los objetivos, también se menciona la implementación del sistema SUBE en todo el territorio nacional.
El dictamen hubiera sido unánime si el diputado de Identidad Bonaerense Florencio Randazzo no lo hubiera rechazado por sus críticas al alcance de la emergencia y a la facultad delegada al Poder Ejecutivo.
Tras el visto bueno de la comisión de Transportes, el debate continuará en la Comisión de Presupuesto.
También se acordó discutir una nueva ley que regule la distribución federal de subsidios, con el objetivo de eliminar las asimetrías entre lo que recibe el AMBA y el Interior.
De acuerdo a datos de la propia secretaría de Transporte, el AMBA concentra (sin contar las ampliaciones presupuestarias) el 84% de los subsidios totales, mientras que a las provincias les queda el 16% restante, pese a tener al 63% de la población del país según el censo demográfico del 2010.
La tarifa de arranque del AMBA es de 18 pesos (aunque se anunció una suba inminente del 40%), mientras que en el Interior está en un rango de entre 24 y 80 pesos.
Otro tema que sobrevolará las discusiones de la comisión tiene que ver con el traspaso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las 32 líneas que circulan exclusivamente por su territorio.

Ante el avance del PRO en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo organizó un almuerzo en La Plata para definir los candidatos que enfrentarán el amplio abanico de nombres que tiene su socio amarillo en Juntos por el Cambio. Si bien la excusa fue la celebración por la elección de Gastón Manes como presidente de la Convención Nacional, según pudo saber Infobae, el partido centenario analizó el escenario electoral y determinó las posibles fechas en las que empezará a lanzar a sus cuatro postulantes, que buscarán representar al interior con un fuerte apoyo a los intendentes.
La presión por la candidatura radical bonaerense se acrecentó con la propuesta -al menos pública y no formal- que lanzó Ezequiel Galli para consolidar una fórmula cruzada: Diego Santilli con Maximiliano Abad. Si bien el presidente de la UCR bonaerense es uno de los nombres que suenan y que cuenta con el apoyo de los hermanos Manes, este mediodía se mencionó también a la senadora provincial Érica Revilla, a la diputada Karina Banfi y al intendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández.
El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, es otra de las figuras con peso político y gestión de territorio pero genera desconfianza entre sus correligionarios por sus viejas alianzas con el PRO y el Frente Renovador. Sin embargo, creen que su participación en el almuerzo fue una “buena señal” para reconstruir su vínculo con el partido y hasta mencionan que mantiene un diálogo fluido con Abad, pese a haberse enfrentado en las internas de marzo pasado. Una fórmula que también podría funcionar para el año que viene.
El clima que caracterizó al evento organizado en las afueras de la ciudad de las diagonales fue de “unidad”, según describieron los protagonistas, ya que participaron “todas las líneas” que integran al partido centenario, algo que no sucedía desde 2015. Además de los referentes oficialistas y de Posse, estuvieron los que responden a Federico Storani y a Evolución, como fue el ejemplo de Danya Tavela y Pablo Domenichini.
En las reuniones que se realizaron en la previa al almuerzo, se definió que la nómina de candidatos comenzará a “salir a al cancha” a partir del mes de agosto, según adelantaron a este medio. De todos modos, la estrategia de Abad está depositada en la figura de Facundo Manes: cree que con una postulación fuerte en la presidencia y en los ejecutivos municipales, la llegada a la Gobernación estará garantizada. También apuesta a la “sorpresa”.

Las ventas en los supermercados crecieron en abril 3,1% en relación a igual mes del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Respecto a marzo pasado, las ventas en las grandes cadenas marcaron un retroceso de 1,9%, en la medición a precios constantes.
Durante abril, las ventas totales a precios corrientes sumaron $ 177.148 millones, de las cuales 30% se hicieron en efectivo, mostrando un incremento del 61,0% respecto a igual mes de 2021, casi en línea con la inflación.
Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito representaron el 28,3% del total y tuvo un alza del 75,6% interanual. Las realizadas con tarjeta, 36,9% y 65,3% respectivamente, mientras que las efectuadas “mediante otros medios de pago” 4,8% y 47,1%.
En cuanto a las ventas en los grandes supermercados mayoristas, abril mostraron una baja del 0,4% en comparación a igual mes del año pasado, al tiempo que no mostraron cambios respecto a marzo.
Por último, en los grandes centros de compra las ventas de abril aumentaron 100% en términos internuales, con una suba del 157% en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y del 49,9 % en el Resto del País.
En los shoppings, las ventas totales a precios corrientes en abril sumaron $ 46.058 millones, en los que se destacaron los rubros “Diversión y esparcimiento”, con un incremento 438,2% interanual; “Indumentaria, calzado y marroquinería”, con una mejora de 292,7%; y “Patio de comidas, alimentos y kioscos”, con una suba de 251,6%.

Alberto Fernández partió anche a Munich para participar del G7, el foro global liderado por Estados Unidos que reúne a las economías más poderosas de Occidente. El presidente viaja condicionado por la situación económica y la tensión interna causada por sus diferencias políticas con Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto Fernández aprovechará la cumbre multilateral para describir las graves consecuencias de la guerra de Ucrania en América Latina, pero la presencia de Sergio Massa en la delegación oficial confirma que durante la gira oficial no sólo se tratarán asuntos vinculados al orden internacional.
El jefe de Estado vuela a Alemania junto a Santiago Cafiero (canciller), Gabriela Cerruti (portavoz presidencial), Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica), Julio Vitobello (secretario General de la Presidencia), Gustavo Beliz (secretario de Asuntos Estratégicos), Jorge Arguello (embajador en Estados Unidos) y Massa.
La comitiva oficial se aloja en el hotel Bayerischer Hof de Munich y allí Alberto Fernández iniciará este domingo su agenda con Narendra Modi, primer ministro de la India. Se trata de un encuentro bilateral clave para la agenda comercial que el presidente propone en tiempos de guerra.
La India necesita preservar su seguridad alimentaria -condicionada ahora por el conflicto entre Rusia y Ucrania-, y Argentina puede cumplir con creces ese rol de proveedor de alimentos a un país que tiene una población cercana a 1.380 millones de personas.
Horas más tarde, Alberto Fernández será recibido por Markus Soder, ministro presidente de Baviera, en el Teatro Cuvilliéz de Munich Residenz. En este escenario histórico, Soder ofrecerá un espectáculo en honor de los países invitados al G7 y los Organismos Internacionales, y a continuación se servirá una cena oficial.
Durante este viaje, el jefe de Estado no podrá escapar al destino de sus antecesores. Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri -por citar casos paradigmáticos-, viajaron a reuniones bilaterales, foros regionales y encuentros multilaterales jaqueados por una situación social y económica que opacaban las razones geopolíticas de la salida al exterior.
Alberto Fernández pretende convertir a América Latina en el principal proveedor de alimentos e hidrocarburos a nivel global, apalancado en la guerra ilegal que Rusia libra contra Ucrania. Este conflicto complicó la seguridad alimentaria y la disposición de gas en Europa, y el Presidente reiterará en el G7 que la región puede suplir la venta de los comodities que se negociaban todos los días en Moscú y Kiev.

La Justicia aceptó el amparo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño para que se aplace el vencimiento anual del pago y la presentación de los impuestos a las Ganancias y a los Bienes Personales establecido para los próximos días.
La jueza Macarena Marra Giménez dispuso que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergue esta fecha.
En su decisión, la magistrada declaró “formalmente admisible la acción colectiva deducida” y reconoció “idoneidad al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como representante del colectivo involucrado en defensa de los derechos de los/las profesionales matriculados/as en Ciencias Económicas en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Además, ordenó “establecer como objeto procesal de la causa que se ordene a la AFIP-DGI prorrogar el vencimiento de la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias - incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas cuyo vencimiento está previsto actualmente para los días 23 a 27 de junio, hasta después de transcurridos 60 días desde que fueron puestos a disposición los sistemas web necesarios para cumplir dicha labor, es decir a partir del día 12 de julio en adelante”.
“Atento la proximidad del vencimiento de los plazos para la presentación de las declaraciones juradas involucradas -para los días 23 a 27 de junio-, y de conformidad con las facultades otorgadas por el art. 4 inc. 1º párrafo 3º de la Ley 26.854, corresponde ordenar como medida interina y hasta tanto se resuelva la medida cautelar peticionada en autos, la suspensión del vencimiento para la presentación y el pago de las declaraciones juradas determinativas del impuesto a las ganancias - incluyendo el impuesto cedular- y del impuesto sobre los bienes personales del Período Fiscal 2021 de las personas humanas, establecido por la Resolución General AFIP Nº 5192/2022″.
Además, dispuso requerir “a la demandada Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) que, en el término de 3 días, produzca el informe previo establecido por el art. 4º de la Ley n° 26.854 y la publicación en su página web institucional de los datos de la presente causa, su objeto y la medida interina que aquí se ordena”.
El Consejo presentó el 14 de este mes el amparo “solicitando que se prorroguen los vencimientos de la presentación y el pago de las Declaraciones Juradas del Impuesto a las Ganancias -incluyendo el Impuesto Cedular- y de Bienes Personales, Personas Humanas período fiscal 2021, hasta tanto se cumpla el plazo de 60 días desde la puesta a disposición y el correcto funcionamiento de los aplicativos; es decir, a partir del 12 de julio próximo”.
Además, solicitó “una medida cautelar urgente que suspenda los vencimientos que operan entre los días 23 al 27 de junio, a los fines de resguardar los legítimos derechos de trabajar de los profesionales matriculados en su Institución y de los contribuyentes en general”.
La presentación fue realizada por la presidenta del Consejo Gabriela Russo y el secretario,. Julio Rotman, ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, donde “se promueve una acción de amparo colectiva, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional”.
Russo afirmó que “Esta medida responde a nuestra firme convicción de ejercer una férrea defensa de nuestra profesión, realizando todas las acciones necesarias para resguardar los derechos e intereses de nuestros profesionales matriculados y el ciudadano de a pie que quiere y debe, cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma”.
“Esta resolución judicial que reconoce la legitimidad de nuestro reclamo y se enmarca dentro de una serie de acciones que desde nuestra institución venimos impulsando con el objetivo de defender los derechos de los contadores que representamos y de los contribuyentes alcanzados que asesoramos”, dijo Russo.
Al respecto, el tributarista Sebastián Domínguez indicó a Infobae que “el Consejo había agotado todas las vías posibles de negociación con la AFIP, pero ante la inflexibilidad del organismo, decidió presentar este pedido de amparo porque se necesitan 60 días desde que se implementan los nuevos sistemas; esta postergación nos otorga por lo tanto más tiempo para trabajar mejor”.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, trabaja en el traspaso de entre 180.000 y 200.000 planes del plan Potenciar Trabajo a gobiernos provinciales y municipales, confirmaron fuentes oficiales. Desde el ministerio de Desarrollo Social aclararon que la medida “está vigente y en marcha” desde el 29 de diciembre de 2021.
La medida se conoce poco después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner les hiciera fuertes críticas a las organizaciones sociales. En el plenario de la CTA, exigió “la aplicación de las políticas sociales no siga tercerizada” y que el Estado vuelva a tener el “control, la auditoría, y la aplicación” de los planes, hoy en mano de organizaciones sociales.
La Vicepresidenta de la nación dio otra señal en este sentido al publicar en Twitter una foto de su reunión con el intendente de Pehuajó Pablo Zurro. Allí, contó que recibió una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo” y que el jefe comunal, a su vez, planteó esta idea a Zabaleta.
La decisión del ministro de Desarrollo Social se conoce además luego del cuarto intermedio de la reunión del miércoles del Zabaleta con representantes de Unidad Piquetera, a los que les reiteró que “no habrá más altas del Plan Potenciar”.
Las fuertes declaraciones de Cristina Kirchner respecto a las organizaciones sociales recalentaron el enfrentamiento con el presidente Alberto Fernández, que reclamó que por las diferencias internas no se digan “cosas injustas”.
Alberto Fernández se diferenció de la vice y les agradeció a las organizaciones sociales: “Estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener a los sectores vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde el compromiso no existió”.

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitió dos dictámenes para reformar la Ley de Alquileres, uno de mayoría impulsado por el Frente de Todos que propone mantener la actual norma y sumar beneficios fiscales para mejorar la oferta de viviendas, y otro propiciado por los bloques opositores en el que proponen que los plazos de los contratos sean a dos años y que el ajuste de los valores sea pactado entre las partes.
La decisión se adoptó en una reunión de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, que conducen Cecilia Moreau y Carlos Heller.
El despacho del oficialismo sumó 40 firmas de legisladores, mientras que el de la minoría -impulsado por Juntos por el Cambio, Frente de la Concordia, Interbloque Federal y el Interbloque de Provincias Unidas- recibió el respaldo de 39 diputados.
A lo largo del debate desde el oficialismo se insistió en que la solución no está en quitar derechos a los inquilinos sino en sumar incentivos para mejorar la oferta de alquileres.
Desde la oposición, por su parte, dijeron que su propuesta apunta a eliminar una fuerte regulación que a su juicio generó que se hayan retirado del mercado propiedades en alquiler, si bien todos coincidieron en que el principal problema es el aumento de la inflación.

La propuesta oficialista
A lo largo del tratamiento el Frente de Todos defendió la ley sancionada en 2020 que establece contratos a tres años, actualización anual de los valores basado en un indicador promedio de la inflación que mide el Indec y la variación salarial publicado por el Ripte del Ministerio de Trabajo.
El oficialismo además impulsa que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de 30 millones de pesos.
También proponen en el proyecto un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.
Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.

Por la minoría
Por su parte, el dictamen de minoría prevé un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes basado el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS) elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices, y una actualización consensuada que puede ir de tres meses y a un año.
Los bloques opositores también proponen como los oficialistas beneficios para los monotributos y eximición de bienes personales para propietarios que tengan viviendas de hasta 30 millones.
Además impulsan que no se pague la ley del cheque en caja de ahorro o cuentas corrientes bancarias utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados, conforme a la reglamentación.
El presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo que el dictamen de mayoría es producto de haber "escuchado a un montón de actores que no nos resultan inocuas" en alusión a los 150 oradores que expusieron en las reuniones informativas donde la mayoría de las organizaciones de inquilinos reclamaron mantener la ley votada a instancias de Cambiemos.
Agregó que "por ese motivo para nosotros los caminos van por los incentivos y no poder reducir los derechos de los inquilinos".
Por su parte, el legislador del FDT Lucas Godoy-quien actuó de vocero del oficialismo-rechazó la propuesta de reforma la actual norma y señaló que "bajo el argumento de que esta ley, propuesta e impulsada por Juntos por el Cambio, fomentó el aumento de los precios presentan otro dictamen donde la actualización de los precios del alquiler estará sujeta a los índices del Indec".
"Me llama la atención que los opositores buscan echar por tierra y hayan decidido soslayar los derechos de los inquilinos que a lo largo de las audiencias no han planteado retornar a un plazo de dos años y que no tengan ninguna regulación", agregó.
Destacó que "es incomprensible y no está comprobado que el aumento de los precios sea un producto de la ley".
Desde Juntos por el Cambio, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace dijo que "estamos expresando una visión del mercado de alquileres en este dictamen, y es que la intervención del Estado no debe darse a través de la regulación de los precios sino a través de los incentivos para incrementar la oferta porque es un derecho humano el acceso de la vivienda".
Agregó que "la regulación planteada hace dos años no tuvo resultado espero es por eso que un conjunto de bloques proponemos que las partes que puedan fijar ese ajuste con intervalos que van entre 3 y 12 meses".
En tanto, el legislador de Juntos por Rio Negro, Agustín Domingo, señaló que el dictamen opositor busca " incentivar la oferta de inmuebles para alquiler, volver al plazo de dos años y el ajuste en el precio entre inquilino y propietario".
A su vez, la legisladora del Interbloque Federal, Graciela Camaño, señaló que dijo que "desde una ley no vamos a resolver el problema que tenemos en materia habitacional pero debemos ver de qué forma generamos oferta inmobiliaria" y dijo que es indispensable "tener una política económica que resuelva el problema de la inflación".

Luego de las declaraciones de Cristina Kirchner en el plenario de la CTA sobre los planes sociales, mujeres de diversas organizaciones sociales realizan una olla popular y una radio abierta para contestarle a la Vicepresidenta.
La convocatoria es a las 10 hs. en el Obelisco. “Vamos a contestar a este ataque con las protagonistas en la lucha contra el hambre que integramos las largas filas piqueteras en todo el país. Cristina Kirchner, con nosotras no”, dice el comunicado que difundieron.
“Hoy tenemos 7% de desocupación, pero tenemos 1.300.000 planes. Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, había planteado Cristina en un acto en la localidad bonaerense de Avellaneda y desató el enojo de las organizaciones sociales.
Es por eso que las mujeres que integran los movimientos nucleados en la Unidad Piquetera salen a la calle este viernes: “El ataque se produce en medio de una enorme movilización contra el ajuste del gobierno que Cristina integra, y utiliza su lugar de poder político y mediático para violentarnos a las mujeres trabajadoras y precarizadas de las barriadas populares”.
“La Vicepresidenta reclamó el monopolio estatal de los programas sociales, en la tónica de los recientes ataques mediáticos y patronales a las organizaciones piqueteras con el propósito de liquidar la precaria asistencia económica del Estado y desmantelar el movimiento de desocupados que lucha contra el ajuste. Quiere realinearse con los intendentes y gobernadores de largo prontuario misógino y machista, para el manejo punteril de los programas de asistencia social, en función de su acomodo electoral”, apuntaron.
Acusaron a Cristina de querer “dar la lapicera” a los punteros del PJ de las provincias y municipios y agregaron: “No necesitamos su beneplácito para luchar contra la violencia machista, estatal y la doble opresión que ejercen los de su clase. Es justamente CFK la que elije a los ‘barones del conurbano’ para acumular futuros votos”.
“Como mujeres organizadas y piqueteras, repudiamos la pretensión de Cristina Kirchner de que el Estado meta la mano en las organizaciones. Usan el tema de la mujer como pantalla, para atacar a lxs piqueterxs que luchamos, y no se hacen responsable de la doble opresión que ejercen hacia todas las trabajadoras”, remarcaron.

El proyecto de Ley de Alivio Fiscal para beneficiar a trabajadores monotributistas y autónomos, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo dictamen unánime al finalizar una reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado en la que se resolvió que el tema sea llevado al recinto el 30 de junio.
La iniciativa, que en Diputados fue respaldada por los bloques del oficialismo y de la oposición, pretende mejorar la situación de alrededor de 4,5 millones de monotributistas y de más de 140.000 autónomos.
“Queremos darle respuesta lo más rápido posible a este tema”, afirmó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, durante la reunión de la comisión en la que anticipó que “el próximo 30 de junio le daremos tratamiento en el recinto”.
De ese modo, el titular de la bancada oficialista aseguró que el proyecto, que cuenta con el respaldo de Juntos por el Cambio, aunque en disidencia parcial, sea convertido en ley antes del 1 de julio para poder contemplar los nuevos parámetros de facturación en la recategorización semestral.
Para ello, deberá compararse la facturación total del período comprendido entre julio de 2021 y junio de 2022 respecto de estos nuevos parámetros para resolver si es necesario cambiar de categoría.

El proyecto
La iniciativa, presentada originalmente por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, busca por un lado actualizar la facturación de los monotributistas para evitar que tengan que cambiar de categoría y pagar mayores cuotas y, por otro, aumentar las deducciones de ganancias que pagan los empleados que revisten en la categoría de autónomos.
Los cambios suman nuevos beneficios para los sectores de menor facturación e incrementan en un 60% el monto tope de las primeras cuatro categorías del Monotributo, mientras que en las dos primeras -A y B- se eliminó el pago del componente impositivo.
Las reformas implementadas al proyecto original contemplan que las categorías más bajas del monotributo -A y B- no paguen el componente impositivo, por lo que la cuota mensual será de $288 y $555 por mes, respectivamente.
Para darle progresividad a la medida, este beneficio será para los monotributistas "puros", es decir para quienes no tienen otros ingresos ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles.
De acuerdo con el dictamen original, la facturación que podrá alcanzar cada categoría del monotributo será la siguiente: Categoría A $ 748.382; Categoría B $1.112.459; Categoría $1.557.443; Categoría D $1.934.273; Categoría E $ 2.277.684,56; Categoría F $ 2.847.105,70; Categoría G $ 3.416.526,83; Categoría H $ 4.229.985,60; Categoría I $ 4.734.330,03; Categoría J $ 5.425.770,00; y Categoría K $ 6.019.594,89.
De esta manera, según se precisó, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado.
Los cambios impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas, de los cuales el 39% residente en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el 61% restante en el resto del país.
Con respecto a los autónomos, el proyecto prevé de 2 a 2,5 veces la deducción especial para autónomos y en triplicar la de nuevos profesionales.
En la reunión de este miércoles, el presidente de la Comisión de Presupuesto, el oficialista riojano Ricardo Guerra, aseveró que el proyecto servirá para resolver la “desactualización que se sufre por el proceso inflacionario y que no implique al monotributista pagar más impuestos, tener que saltar de escala o quedar fuera del régimen”.
Mayans agregó que el Frente de Todos “apoyará el despacho tal como vino” porque “se necesita celeridad en el tema para aliviar la situación de estos sectores”.
A su turno, el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann, consideró que el proyecto “es un parche mal hecho”, y enfatizó que Juntos por el Cambio pedirá algunos cambios en el recinto, aunque insistió en que la oposición “votará en general a favor de la iniciativa”.
Finalmente, la cordobesa de PRO, Carmen Álvarez Rivero, dijo que “este proyecto tiene un costo mayoritariamente sobre la seguridad social”, al tiempo que sentenció que "lo que hay que resolver es la inflación".

Cuando Gerardo Morales lanzó fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri, en el encuentro radical que se realizó esta noche en Río Cuarto, fue ovacionado por sus correligionarios, pero no sucedió lo mismo cuando mencionó un posible acuerdo con el peronismo “más racional”. Inmediatamente se escucharon los gritos de protesta de los referentes locales: “Con (Juan) Schiaretti no”. Es que la provincia de Córdoba, que mañana será anfitriona de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, vive momentos de definiciones sobre las candidaturas y en el partido centenario crecen las denuncias cruzadas sobre supuestos acuerdos con el actual gobernador, quien busca imponer a su sucesor Martín Llaryora y construir su armado nacional como opositor.
El encuentro radical estuvo encabezado por el presidente del Comité Nacional, Gerardo Morales, y el presidente de la Convención Nacional, Gastón Manes. Se realizó desde las 19 en el local ubicado en la calle Cabrera al 700, en Río Cuarto, donde participaron referentes locales y nacionales, entre ellos, Mario Negri. También habían sido convocados los senadores Luis Naidenoff y Carolina Losada, pero no estuvieron presentes.
La expectativa para la reunión era repasar la posición de la UCR dentro de Juntos por el Cambio. Es que el partido vive una interna sobre cómo deben ser los nuevos acuerdos con el PRO para no repetir el papel que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019. En ese sentido, durante su discurso, Morales apuntó contra uno de los lemas que había impuesto el expresidente cuando presentó su entonces Gabinete: “Tenemos que romper esa lógica de creernos los mejores, de creer que tenemos el mejor equipo del mundo”.
Incluso, Morales reiteró su postura en las negociaciones con el FMI: “Obviamente que tenemos responsabilidad con la deuda, no hay fuerza política que escape a la realidad de la actualidad”. En ese sentido, cuando llamó a construir un “acuerdo nacional” integrado por el radicalismo y “sectores del peronismo racional”, desde la tribuna se escuchó a varios correligionarios gritar: “Con Schiaretti no”.
Pese a la interrupción, el presidente del Comité Nacional llamó a mantener la unidad en la coalición opositora y alejarse de los sentimientos de la “antipolítica”, en referencia al liberalismo representado por Javier Milei. “Es posible que nos hagamos cargo del gobierno para el 2023 y tenemos que tener un plan de gobierno”, lanzó y agregó: “No nos tenemos que mover de donde estamos, tenemos que seguir en el centro, propiciando el diálogo, terminar con la grieta. Este país no tiene solución si seguimos peleados”.
El acto también estuvo protagonizado por el discurso de Gastón Manes, quien fue recientemente electo como presidente de la Convención Nacional de la UCR con un rol clave para las futuras alianzas. Como contó en varias oportunidades Infobae, junto a su hermano neurólogo representan el ala purista del espacio. Buscan independizarse del PRO, rechazan las fórmulas cruzadas y ven con buenos ojos nuevas alianzas con espacios como el peronismo federal y el socialismo.
“Estamos recuperando la musculatura. Se viene un año difícil pero importante para el partido. En la unidad lograremos ocupar el lugar que merecemos en el marco de la coalición para ofrecer a la sociedad un esquema político”, aseguró el hermano del neurólogo. Al igual que Morales, Gastón Manes destacó el trabajo de gestión que tienen los dirigentes del partido, por ejemplo, en las tres provincias que gobiernan y los distintos municipios y habló del “sueño de tener un gobernador (en Córdoba) y un presidente radical”.

Los alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires decidieron tomar el histórico establecimiento para reclamar que remuevan a un “docente violento” y a un trabajador que tiene una condena por abuso sexual a una menor de edad. La medida, que se comenzó a gestar esta noche, durará hasta el viernes a última hora. Las autoridades aseguran que ya tomaron cartas en el asunto y esperan llegar a un acuerdo en una reunión que tendrán mañana con el Centro de Estudiantes.
Según explicó la titular del Centro de Estudiantes, Victoria Liascovich, la medida de fuerza se acordó luego de tres asambleas realizadas en el turno mañana, tarde y noche.
“La decisión se debe a la falta de respuestas por parte de la UBA a dos reclamos concretos: tenemos a un docente violento que tiene contacto con estudiantes y a un no docente denunciado por abuso sexual a una menor de edad. Queremos que ambos sean removidos de inmediato”, agregó la alumna de 5to año.
Uno de los acusado fue identificado como Sebastián Báez, un empleado de limpieza del campo de deportes que está condenado por abuso sexual a su hijastra. El otro es un profesor del Departamento de Educación Física que amenazó a un alumno que lo denunció por seguir cuentas de pornografía teen en Twitter.
A diferencia de la toma del 2019, donde debió realizarse afuera porque el entonces rector Gustavo Zorzoli impidió que los jóvenes ingresaran a ocupar el colegio, esta vez será adentro.
“Vamos a ocupar plata baja y el primer piso, cosa que el segundo y el tercero estén en perfectas condiciones para la llegada de los chicos del curso de ingreso que vienen los sábados”, aclaró Fiona Leotta, vicepresidenta del Centro de Estudiantes.
Además la protesta no será por tiempo indeterminado como ocurrió otros años, sino hasta el viernes a la noche. “Vamos a levantar la toma unas horas antes, tal vez el viernes a la noche, para que los no docentes puedan limpiar. No queremos afectar el curso de ingreso, sobre todo que los chiques rinden este sábado”, explicó.
Según pudo saber este medio, la toma se inició en las últimas horas. Algunos estudiantes fueron a sus casas a buscar colchones inflables, bolsas de dormir, colchones comunes, sábanas, y frazadas para pasar una noche que será muy fría.

El Ministerio de Economía logró reducir vencimientos de deuda de fin de mes en $358.000 millones, a través de una operación de "conversión" de títulos públicos.
El próximo jueves 30 de junio el Tesoro Nacional debía afrontar vencimientos por $605.886 millones.
Luego de esta operación, logró reducirlos a $248.000 millones, en medio de las fuertes necesidades de financiamiento que tiene el Tesoro Nacional.
En la operación de conversión, el Tesoro ofreció dos canastas de instrumentos compuestos por distintas combinaciones de Letras a Descuento (LEDES) y ajustable por CER (LECER) en conversión por la LEDE S30J2 y la LECER X30J2.
Se recibieron un total de 143 ofertas: 97 correspondieron a la LEDE S30J2 por un total de VNO $128.196 millones y 46 a la LECER X30J2 por un total de VNO $145.775 millones.
Esas ofertas representaron un total de VNO $273.972 millones, lo que equivale a un valor efectivo de $ 357.836 millones. La próxima licitación se hará el martes 28 de junio.

Se avecinan tiempos de definiciones en el Congreso, sobre controvertidos proyectos que mantienen enfrentados al oficialismo y la oposición, mayormente integrada por legisladores de Juntos por el Cambio. La Ley de Alquileres, la reforma del Consejo de la Magistratura, Alivio Fiscal y Cuidados Paliativos estarán entre los principales temas de agenda.
En detalle, el proyecto de alivio fiscal con cambios que aprobó Diputados: ¿Cómo beneficiaría a monotributistas y autónomos?
Cómo beneficiará a monotributistas y autónomos el proyecto de alivio fiscal
Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados buscará avanzar este miércoles, a partir de las 13 horas, con el dictamen de reforma a la Ley de Alquileres. Carlos Heller (Frente de Todos) presidirá la comisión de Presupuesto y Hacienda; y Cecilia Moreau (Frente de Todos) la de Legislación General.
Semanas atrás, los interbloques de Juntos por el Cambio y Federal pidieron al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se debata en el "menor tiempo posible" la reforma de la Ley de Alquileres, para que pueda emitirse un dictamen unificado y pueda ser tratado en el recinto de sesiones.

Ley de Alquileres: ¿Qué puede pasar?
El oficialismo podrá conseguir el dictamen de mayoría porque tiene el número, unas 40 firmas, para imponer su criterio: 16 en Legislación General y 24 en Presupuesto contra 39 opositoras si se suman 15 y 24 de cada comisión. Sin embargo, el resultado en el recinto de sesiones es incierto.
El Frente de Todos tiene 117 votos -ya que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aporta para el quórum pero no vota- con lo cual necesita 12 sufragios más para imponer en cada debate su postura y en este tema solo tiene el aval hasta ahora de los dos diputados del Frente de la Concordia.
En tanto, Juntos por el Cambio está consensuando un solo despacho con el Interbloque Federal (IF) y Juntos por Rio Negro, y con eso ya tiene garantizado al menos 126 votos, aunque si suma solo a la derecha ya consigue 130.
La discusión llegara al plenario de comisiones luego de que expusieran 150 oradores pertenecientes a asociaciones de defensa del consumir, de corredores inmobiliarios, y de inquilinos, quienes expresaron posiciones contrapuestas sobre cómo reformar la ley de alquileres.
Ley de Alquileres: cuáles son las diferencias y coincidencias entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio
Las principales diferencias entre el oficialismo y los bloques opositores es que mientras el FDT mantiene los principales ejes de la ley votada en 2020, es decir los tres años de contrato y la actualización anual con un índice entre inflación y aumento salarial, JxC propone volver a los dos años y ajustes acordados entre las partes.
En cambio, coinciden en los beneficios impositivos para permitir que no paguen Bienes Personales por 15 años para aquellos que pongan sus viviendas en alquileres, aunque con un monto tope de $ 30 millones, y los monotributistas.
También se discutirá un sistema de incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler. Otro punto clave pasa por la ampliación de las ofertas de seguro de caución, una bancarización obligatoria y el registro de parte de los martilleros de los inmuebles ante la AFIP, entre otras cuestiones.

Debate sobre la reforma del Consejo de la Magistratura
El ministro de Justicia, Martín Soria, fue invitado a exponer este miércoles próximo ante un plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados, en torno al proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, impulsado por el oficialismo y que cuenta con media sanción del Senado.
Al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos) y de Justicia, a cargo de Rodolfo Tailhade (FdT), convocado para las 11, fue invitado también el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena.
Se trata de la cuarta reunión informativa para debatir el proyecto desde que se pusiera en marcha el debate, el pasado 17 de mayo, luego de la jornada constitutiva de las comisiones, donde expusieron hasta el momento una veintena de especialistas.