De acuerdo con una reciente encuesta nacional, menos del 20% de los argentinos quiere que siga gobernando el peronismo. Además, el estudio muestra una desaprobación por parte del electorado a la gestión del Gobierno, con un 72,7% de los consultados disconforme; y a los principales dirigentes del oficialismo y de la oposición.
Según el estudio de la consultora Solmoirago, realizado entre el 11 al 18 de julio pasado ante un universo de 1.800 encuestados mayores de 16 años, el aumento generalizado de los precios es uno de los principales problemas para el país. En tanto, la gente manifestó sentir “tristeza” ante la asunción de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía.
El trabajo, que tiene un margen de error del 2,31% para un nivel de confianza de 95%, reveló que el 62% de los encuestados tienen entre mucho y algo de interés en la política, mientras que el resto se mostró lejos de este tema o prefirió no responder.
Cuando se les preguntó abiertamente cuáles consideraban que eran los principales problemas de la Argentina en este momento, las palabras “economía” e “inflación” fueron las más mencionadas (2.640 y 2.230 veces, respectivamente), seguidas por “gobierno”, “dólar”, “corrupción”, “desempleo” y “otros”.
En este sentido, la llegada de Batakis al Palacio de Hacienda le generó “tristeza” al 30,5% de los consultados, “esperanza” al 24%, bronca al 22,1% y “alegría” al 3%, al tiempo que el 21,1% restante no emitió una opinión al respecto.
En cuando al escenario electoral, a poco más de un año de los comicios, el 37% de las personas que participaron de este estudio aseguraron que todavía no saben a qué partido o frente votarían para Presidente.
El primer espacio que aparece en esta lista es Juntos por el Cambio, que se mantiene como el más elegido, con un 34,5% de intención de voto, seguido por el Frente de Todos, con un 17,2%, y en tercer lugar los Libertarios, sumando a las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert, con un 8,5%.
Si se separa por posibles candidatos, el trabajo muestra que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tiene un piso de intención de voto del 14,6% y un techo del 50,9%; mientras que para la titular del PRO, Patricia Bullrich, es de 22,8 y 48,3, respectivamente, y para el ex mandatario nacional Mauricio Macri, del 20,6 y el 46,9 por ciento.
Por el lado del oficialismo, aparecen la vicepresidenta Cristina Kirchner, con un piso del 16,3% y un techo del 23,5%; el actual jefe de Estado Alberto Fernández, 7,2 y 24,4; el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, con una intención del voto de entre 6,5 y 22,9, y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con una base de 12,8 y un máximo del 21,4 por ciento.
Sin embargo, si las PASO fueran mañana quien se ubica mejor en la encuesta es la titular del Senado y ex presidenta, seguida por Bullrich, el economista liberal Javier Milei, Macri y Rodríguez Larreta, entre otros.
Por otra parte, bajo este mismo precepto, pero al cruzar los diferentes datos, la consultora llegó a la conclusión de que aquellos encuestados que dijeron tener mucho interés en la política, un 48,4% elegiría a Cristina Kirchner y otro 42,1% optaría por Mauricio Macri.

La UTEP, encabezada por Esteban “Gringo” Castro y Juan Grabois, y la Unidad Piquetera, que lidera Eduardo Belliboni, anunciaron, en conferencia de prensa, una nueva movilización masiva para el 27 de julio. De esta forma volverán a unirse organizaciones que hasta hace muy poco tiempo se mostraban afines al Gobierno junto a piqueteros de izquierda. Reclamarán por “trabajo genuino, por un bono de 20.000 pesos, la universalización de los programas sociales y el aumento del salario mínimo”.
Asimismo, convocadas por la Corriente Clasista Combativa (CCC) confirmaron una manifestación para hoy contra la “criminalización de las organizaciones sociales”.
“Vamos a movilizar fuertemente el 27 a Plaza de Mayo, contra el ajuste y por todos los reclamos. Un ajuste que golpea por igual a los barrios y a los trabajadores. A esta acción hemos invitado a la UTEP, que, coincidiendo en muchos puntos, quedó en debatir la posibilidad de confluir”, afirmó Eduardo Belliboni, líder de Unidad Piquetera.
“Vamos también contra la criminalización de la protesta social. Por eso participaremos mañana, a las 10 en el Obelisco, de la movilización convocada por la CCC contra la persecución. Para que esta crisis no termine de demoler los ingresos populares es necesario un paro nacional y un plan de lucha, medidas que seguimos reclamando a la CGT. La movilización del 17 de la CGT no tiene reclamos y es tarde, necesitamos salir ahora a defender los salarios y todos los reclamos populares”, agregó.
La UTEP, que incluye a organizaciones que forman parte del Frente de Todos, Unidad Piquetera y el Frente de Lucha se manifestaron juntos por el Salario Básico Universal. Solo faltaron los dirigentes que son funcionarios y que manejan casi tres billones de pesos de programas sociales. Así, quedó evidenciado que el Gobierno perdió influencia en los movimientos sociales que se mostraban como afines, al marchar junto a los piqueteros de izquierda.
En esa dirección, Juan Grabois, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, integrante de la UTEP, pronunció un encendido discurso desde el simbólico Puente Pueyrredón, donde criticó con extrema dureza tanto al Presidente como a la Vicepresidenta Cristina de Kirchner. Grabois, en pocos minutos, marco el quiebre entre la mayoría de estos espacios populares y el frente gobernante: “El principal problema es la miseria que hay en este país”, afirmó.
Antes aseguró que los problemas de “Cristina no son nuestro problema”, en una clara alusión al enfrentamiento que tiene con la Justicia, y le recodó al Jefe de Estado que seguirán luchando por el Salario Básico Universal: “Es fácil, Alberto, es muy sencillo el reclamo. Si no, para qué te pusimos ahí. Te pusimos ahí para que haya menos pobreza, no para que haya más. Si no te gusta el Salario Universal inventa otra cosa. No salgas a decir que hay que calmar a los mercados”, exclamó y aseguró que “hay gauchos y gauchas que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en las calles para que no siga habiendo este hambre en la Argentina”. Hasta ahora, el referente social, no se había expresado con tanta vehemencia. Es más, le advirtió al Presidente que podría haber hasta 200.000 manifestantes volcados a la calle, reclamando urgentes soluciones para los sectores más vulnerables.
Como representante máximo de la oficialista UTEP marchó su secretario general Esteban “Gringo” Castro. Lo hizo como referente de ese espacio considerado como el “gremio de la economía popular”. Castro es dirigente del Movimiento Evita, aunque cuando habla lo hace por la UTEP. “Quiero plantear más unidad. Tenemos matices, pero debemos ponernos de acuerdo. Porque cada vez que logramos un avance salarial los formadores de precios nos quitan nuestro salario. Tenemos que poner límite al empresario que se cree que tiene derecho en decir quién come y quién no come en la Argentina”, dijo desde el mismo escenario que Grabois.
En el mismo acto, como ocurrió ayer durante las protestas por la “infiltración” a las organizaciones sociales en Jujuy por parte de la Policía provincial y por la libertad a la dirigente Milagro Sala, también estuvo presente Eduardo Belliboni, de la Unidad Piquetera. Y lo hizo aún sin estar a favor del Salario Básico Universal.

Frente a un costo de vida que se dispara al 7% en julio según analistas, el Gobierno mostró su preocupación por los incumplimientos en los acuerdos de precios y los faltantes que se vienen registrando en las góndolas.
El secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, advirtió que se intensificarán los operativos de fiscalización en supermercados del AMBA para "defender" los ingresos de los argentinos.
"Aplicaremos la fuerza de la ley frente a incumplimientos en los acuerdos de precios o faltantes en las góndolas", alertó.
Pollera destacó las "inspecciones que llevan adelante la AFIP y ARBA en "empresas productoras de bienes de consumo masivo, centros de distribución y supermercados, para supervisar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias".
En este escenario de tensión económica, dijo que se está "planificando para garantizar el mejor proceso de fiscalización" y se quejó de que "el macrismo la destruyó pasando de 500 inspectores a 13".
El funcionario señaló que con el objetivo de "cuidar con más eficacia el bolsillo de los argentinos ante los abusos e incumplimientos, estamos trabajando desde la secretaría, con provincias y municipios para cubrir todo el territorio nacional".
"Las áreas especializadas llevan adelante los operativos en marcha, los que también fueron realizados sobre empresas productoras de bienes de consumo masivo con alto poder de mercado", señaló.
Dijo que durante los procedimientos en distintas plantas, también participó la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), se controló que el transporte de mercadería se lleve a cabo con toda la documentación en regla y sin maniobras de evasión tributaria.
"Las tareas de fiscalización de precios que impulsa la Secretaría de Comercio Interior se llevan a cabo en paralelo, junto a un grupo de inspectores de las distintas áreas especializadas de la AFIP que también realizan la tarea", explicó.
Pollera, quien reemplazó a Guillermo Hang al frente de Comercio Interior, dijo que los agentes de la Dirección General Impositiva (DGI) realizan los relevamientos presenciales vinculados a los niveles de facturación, mientras que los inspectores de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social (DGRSS) corroboran el cumplimiento de las obligaciones laborales.
Y explicó que el Ministerio de Trabajo "también es parte de los distintos operativos coordinados que se extenderán a lo largo de las próximas semanas, donde participarán más de 100 funcionarios de todos los organismos involucrados".

Se complicó el diálogo de la oposición con el Gobierno para superar el agravamiento de la crisis económica. Los presidentes de los tres partidos que integran Juntos por el Cambio negaron haber mantenido contacto con representantes del oficialismo y advirtieron que no hay espacio para buscar consensos. La postura más drástica fue expresada por la jefa del PRO, Patricia Bullrich, quien afirmó a Infobae: “¿Diálogo? Que hagan lo que tienen que hacer: dejen de emitir, bajen el gasto, busquen el equilibrio fiscal, dejen de subir 70 % los sueldos de funcionarios, hagan su trabajo y presenten un plan”.
El titular de la UCR, Gerardo Morales, destacó a este medio que no recibió ningún llamado del Frente de Todos para hablar sobre el diálogo político, aunque fue tajante acerca de cuál será la postura de JxC: “Ya se definió que el diálogo es en el Congreso”.
En iguales términos opinó el presidente de la Coalición Cívica (CC), Maximiliano Ferraro: “El único ámbito institucional de la oposición es el Congreso de la Nación -ratificó ante Infobae-. Los que tienen que encontrar un diálogo y acuerdo son Alberto Fernández y Cristina Kirchner, hoy estamos frente una grave erosión económica, social y política sin precedentes”.
De las filas de la CC, Juan Manuel López, jefe de bloque de diputados nacionales, dijo que “los trascendidos sobre diálogo con la oposición son difíciles de entender cuando no hay diálogo en el Frente de Todos, pero sobre todo cuando no hay plan”. “Cuando tengan algún programa o política pública relevante que la manden al Congreso, nuestro rol está ahí”, puntualizó.
Desde el larretismo, el secretario general y de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, Fernando Straface, señaló: “No recibimos ninguna convocatoria (del Gobierno) y si hubiera existido, sería contradictoria con las declaraciones días atrás de Cristina Kirchner acusando a CABA de no producir, las declaraciones de Kicillof de ayer o la actitud del Gobierno Nacional de no recibir a los presos de la Ciudad”. Y disparó: “El Gobierno no tiene ningún plan frente a la crisis económica que estamos viviendo”.
La primera certeza luego de los trascendidos sobre una convocatoria del Gobierno al diálogo es que este tema no provoca fisuras -hasta el momento- en Juntos por el Cambio: no hay diferencias entre “halcones” y “palomas”. Tanto duros como moderados critican sin piedad al Gobierno por el grado de profundidad que adquirió la crisis y toman distancia de cualquier instancia de negociación.
Es más: las principales figuras de la coalición opositora aseguraron que no hubo contactos desde el Gobierno. “Ellos tiran anzuelos y hablan en off, así que ni vamos a discutir sobre un supuesto. Lo mío es una convicción. Además, no son creíbles”, resaltó Bullrich.
Ante la insistencia de Infobae en conocer su posición ante una eventual convocatoria oficial, gran parte de la dirigencia opositora coincidió en remitirse al comunicado que difundió hace 24 horas la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, en el que expresó “su máxima preocupación por la crisis sin precedentes que estamos atravesando y que continuará empeorando; esta falta de dirección, nutrida de una crisis política y moral del Gobierno produce una profunda descomposición del tejido social”. Y advirtió: “Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro”.

A los gobernadores los une más que nada el temor de que la crisis económica termine golpeando con dureza las finanzas de sus territorios. Saben que cada vez que se promete un ajuste al Fondo Monetario Internacional, sus cajas crujen. Por eso se acercan como nunca al Presidente y a la ministra de Economía, Silvina Batakis.
Los mandatarios provinciales siempre fueron reacios a cualquier ajuste. Lo vivieron todos los presidentes de la democracia. Desde Raúl Alfonsín hasta Mauricio Macri y ahora está experimentando esa situación el propio Alberto Fernández.
Sin embargo, siempre tuvieron un as en la manga porque todos los presidentes fueron en busca del apoyo de las provincias para sostener la gobernabilidad. Y sacaron ventaja.
Por lo pronto, los gobernadores ya escucharon de boca de la ministra Batakis, primero, y luego de palabras del propio Presidente, que la obra pública no se detendrá a pesar de la crisis y del acuerdo con el FMI.
En otro ámbito, este reclamo también se replica. Hablamos de los intendentes bonaerenses. Los peronistas/kirchneristas ya se reunieron con Kicillof para saber hasta dónde llegará el ajuste en la provincia y que va a pasar con la coparticipación y la obra pública provincial.
Los de Juntos por el Cambio pusieron el grito en el cielo. Temían ser discriminados y le pidieron una reunión a Kicillof, quien recibió a los radicales y luego a los jefes comunales del Pro.
Gobernadores e intendentes transitan por un camino similar. Irán por la reelección el año próximo y el horizonte está lleno de interrogantes y profundas preocupaciones.
No son los únicos desvelados por el futuro. También se agrupan en esa línea los movimientos sociales vinculados con el gobierno, que poseen funcionarios nacionales en distintas áreas y la CGT.
Desde ambos sectores partieron palabras de respaldo público hacia el presidente Alberto Fernández, pero, en privado, ya hicieron saber sus preocupaciones por el plan económico y el ajuste, el deterioro de los ingresos producto de la elevada inflación y la frágil tregua entre el presidente y Cristina Kirchner.
Saben que están todos en el mismo barco y que si sigue el actual rumbo, las elecciones del 2023 se pueden parecer mucho a un naufragio.

El presidente Alberto Fernández participa de la LX Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados en la ciudad paraguaya de Luque, donde reafirmará la postura argentina en favor profundizar un proceso "más franco, más decidido y más profundo de integración" para enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia y la guerra en Ucrania.
El mandatario argentino asistirá a partir de las 10 de Paraguay (11 horas de la Argentina) de la reunión de presidentes, que se desarrollará en el Centro de Convenciones de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), en la ciudad de Luque, distante a unos 10 kilómetros de la capital paraguaya, informaron fuentes oficiales.
El plenario de Jefes de Estado -el primero presencial luego de la virtualidad impuesta por la pandemia de coronavirus que se inició en marzo de 2020- tendrá inicio con las palabras del presidente de anfitrión, Mario Abdo Benítez, quien presentará el Informe de la Presidencia Pro Tempore ejercida por Paraguay, y que al término de la reunión traspasará oficialmente a la República Oriental del Uruguay.
Según fuentes de la organización, durante el cónclave cada mandatario de los Estados parte tendrá una intervención de hasta 15 minutos y seguirá un orden alfabético.
En tanto, los cancilleres que acudan a la cita en representación de sus respectivos presidentes tendrán una exposición de hasta 7 minutos, mientras que a los invitados especiales se les asignará 5 minutos como máximo.
Tras las exposiciones y debate los mandatarios pasarán a la aprobación de las declaraciones y comunicados conjuntos del bloque, para finalizar con la tradicional foto Oficial de la Cumbre.
La sexagésima cumbre del Mercosur abordará una serie de temas económicos, entre los que sobresalen el análisis de la política arancelaria de Brasil, que en mayo dispuso una rebaja unilateral de sus tarifas, la posibilidad de un acuerdo comercial "de última generación" con Singapur y el seguimiento del tratado suscripto en 2019 con la Unión Europea.
El encuentro de jefes de Estado cuenta con la presencia confirmada de tres de los cuatro presidentes de los países que integran el bloque: Fernández; el anfitrión, Mario Abdo Benítez, y el uruguayo, Luis Lacalle Pou.
Tras idas y vueltas sobre su presencia en la cumbre, el mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este lunes que no asistiría al encuentro por problemas que debe resolver en su país, según informó la cadena de noticias CNN Brasil.
No obstante, Brasil estará representado por sus ministros de Economía, Paulo Guedes, y de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Franca, quienes defenderán ante sus pares de la Argentina, Paraguay y Uruguay uno de los aspectos más controversiales dentro del bloque, como es la rebaja unilateral de 10 puntos porcentuales del AEC (Arancel Externo Común).
Alberto Fernández participará del almuerzo de honor que el presidente Abdo Benítez ofrecerá a los mandatarios de los Estados Parte del Mercosur, Estados asociados e invitados especiales en el complejo del Chaco/Tosa.
Alberto Fernández estará acompañado de una comitiva que integra el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, quien participó este miércoles en Paraguay de la LX Reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Mercosur, una instancia preparatoria en la que se definieron los temas que mañana se analizarán y debatirán en la Cumbre de Jefes de Estado del bloque regional.
De la comitiva también formarán parte el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco; el embajador argentino ante la República del Paraguay, Domingo Peppo, y el embajador argentino ante la República Oriental del Uruguay, Alberto Iribarne.
La decisión de Uruguay de iniciar negociaciones "individualmente" para un acuerdo comercial con China fuera del bloque regional, fue en los últimos días uno de los puntos de resonancia y divergencia entre los países miembro.
En la Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común del Mercosur (CMC) que sirve de antesala para el cónclave de mandatarios, el canciller uruguayo, Francisco Bustillo, reafirmó este miércoles la "potestad" de su país de "negociar con terceros países extrazona".
Bustillo consideró que Uruguay avanzará en ese sentido "con nuestros socios" del Mercosur o en su defecto "individualmente".
Por su parte, el canciller argentino Santiago Cafiero, que habló de manera previa, ratificó la postura ya expresada en cumbres pasadas por el presidente Fernández de realizar negociaciones en forma conjunta y consensuada.
La postura argentina está en línea con lo dispuesto en las actas constitutivas del bloque de Asunción (1991), Ouro Preto (1994) y la decisión 32 del 2000 suscripta en Buenos Aires.
"Lo que llamamos Mercosur es lo que hagamos los países con la integración", remarcó Cafiero, quien consideró que las naciones que integran el bloque "serían más débiles" negociando en forma separada.

Juan Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del espacio político Frente Patria Grande, no tiene el apoyo del gobierno de Alberto Fernández, de los principales movimientos sociales, como el Evita y Somos Barrios de Pie, ni de la Unidad Piquetera, liderada por el Polo Obrero, para exigirle al Frente de Todos que implemente el Sueldo Básico Universal (SBU).
Los principales dirigentes populares que integran la oficialista Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP); de los denominados “Cayetanos” planean una movilización masiva en favor del jefe de Estado el 7 de agosto; y de la Unidad Piquetera, para conocer su posición sobre el pedido que el dirigente social realizó de manera vehemente a Fernández desde el Puente Pueyrredón el pasado 20 de julio: “Si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y cálmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina”, vociferó.
“No es el momento de dar la discusión por el Salario Básico Universal” opinó, después del encendido discurso de Grabois, Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita y funcionario del ministerio de Desarrollo Social.
“Lo primero que tenemos que hacer, porque hay una corrida bancaria de sectores que están apostando fuertemente detrás de estos intereses, es colaborar lo más posible en darle fuerza al Gobierno para que pueda resolver esta crisis, en este vendaval en el que estamos en este momento”, analizó el secretario de la Economía Social.

Pérsico no está solo dentro de los movimientos sociales. Todo lo contrario. Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social y Desarrollo local, le dijo a este medio: “Hoy hay que fortalecer al Gobierno. Hay que dar muestras de unidad. Estamos convencidos que el Frente de Todos va a encaminar esta situación”. Y agregó: “Necesitamos, en el medio de esta presión de los sectores concentrados por avanzar en una devaluación, dar señales claras de que hay que estabilizar esta situación económica de corrida cambiaria”.
En vez de insistir con el Salario Básico Universal, uno de los dirigentes de los denominados “Cayetanos” entiende que hay que “avanzar en prorrogar la ley de emergencia alimentaria”.
Si bien admite que la situación social por la que atraviesa el país “es difícil”, el dirigente social mantiene la esperanza en el Gobierno: “Tanto el peronismo como el Frente de Todos va a construir la fortaleza para resolver y disciplinar al poder económico en un punto que nos permita sacar adelante la situación y luego dar respuesta a las demandas sociales que deriven de la situación de incremento de precios”.
Los Cayetanos es un tridente de organizaciones sociales que desde el comienzo del mandato de Fernández han apoyado su gestión. Está conformado por el Movimiento Evita, liderado por Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, funcionario en la Jefatura de Gabinete; Somos Barrios de Pie, de Menéndez; y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) que lidera el diputado nacional integrante de la bancada del Frente de Todos Juan Carlos Alderete.
Navarro, al ser consultado por Infobae, respondió: “Ya se expresó Emilio (Pérsico) al respecto”. Es decir, no apoya la demanda del referente del MTE.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio expresó “su máxima preocupación por la crisis sin precedentes que estamos atravesando y que continuará empeorando”. Esta falta de dirección, nutrida de una crisis política y moral del Gobierno produce una profunda descomposición del tejido social”, sostuvo la dirigencia opositora en un Zoom del que participó toda su conducción.
“Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y el frente que lideran son los únicos responsables de este descalabro”, advirtió JxC, que afirmó: “En las últimas horas fuimos testigos de un ejemplo claro. En dos videos de 7 minutos, la Vicepresidenta realizó un nuevo embate contra la Corte en otro intento por someter a un poder del Estado para avasallar las instituciones y garantizar su impunidad. Horas más tarde, el propio Presidente adhirió al embate elevando el nivel de gravedad institucional”.
Tras una reunión por Zoom, los referentes de JxC manifestaron que “la posición delictiva y conspirativa de la señora Vicepresidenta no sólo vacía la figura presidencial, sino que también atenta contra el resto de las instituciones”. Y agregaron: “Asistimos a la persecución de un interés meramente personal que pone ante el abismo a toda la Nación”.
“Desde Juntos por el Cambio -señalaron en un comunicado-, continuaremos poniendo límites a los intentos de avasallamiento institucional como la reforma judicial o la modificación de la Corte Suprema, también buscaremos bloquear cualquier intento de políticas que ahoguen aún más al sector productivo y a los argentinos como los aumentos de impuestos o la creación de nuevos”.
La dirigencia opositora destacó que “este hecho de altísima gravedad institucional se suma a una agenda totalmente disociada de los problemas de los argentinos” y puntualizó: “La ciudadanía vive a diario presa de la inseguridad, la pérdida del dinero por causa de la inflación descontrolada, dificultades para sostener o conseguir un trabajo digno y un sistema educativo que no prepara a nuestros hijos para el futuro”.
“El Gobierno somete a los argentinos a una constante incertidumbre que no hace más que profundizar los problemas de todos los días -criticó JxC-. La falta de un plan y su permanente improvisación les impide reconocer los problemas y trabajar para solucionarlos. Esto genera más inestabilidad, más inflación y más pobreza. Y como si esto fuera poco, sus luchas internas por el poder le echan nafta al fuego de la conflictividad social liderada por los propios miembros del Frente de Todos y en constante incremento en todas las calles del país”.
En la reunión se acordó impulsar un proyecto de ley para garantizar la autonomía del Banco Central: “Más y mejores instituciones serán la base fundamental para devolver la credibilidad en nuestra moneda, poniendo fin a la utilización del BCRA como un instrumento de financiamiento de un gasto público descontrolado a través de la emisión y las operaciones de deuda”, sostuvieron los referentes de Juntos por el Cambio.

La incertidumbre sobre el rumbo económico luego de la salida del Gobierno del ex ministro Martín Guzmán, el cepo a las divisas disponibles para el pago de importaciones y la disparada de los dólares alternativos al oficial regulado pusieron un alto piso a las proyecciones sobre cómo cerrará la inflación de este julio recargado, y el arrastre que deja para los próximos meses. Las consultoras ya estiman un porcentaje por encima del 7% e incluso cercano al 8 por ciento.
En las últimas semanas, la falta de previsión sobre los costos de reposición influyó en aumentos preventivos de precios que se verán reflejados parcialmente en el índice de este mes. En la primera quincena de julio, el IPC del Gran Buenos Aires que mide la consultora Ecolatina trepó a 7,9% en comparación con igual período del mes anterior.
La aceleración fue generalizada según los datos de la consultora de marras, pero hubo algunos aumentos marcados en productos durables: por ejemplo, artefactos para el hogar 12,9%, muebles 13,8%, herramientas 16%, adquisición de vehículos 9,2%, accesorios y repuestos de vehículos 20,4%, equipos de audio, televisión y video 12,6%, entre otros.
Los bienes de consumo masivo también tuvieron subas marcadas, con un promedio de 7,2 por ciento.
Por su parte, a diferencia de otros momentos de saltos en la dinámica inflacionaria, también crecieron los precios de los servicios, con un promedio de 7,7%, donde se destacaron incrementos en restaurantes (20%) y turismo (12%).
En este contexto, incluso estimando una desaceleración en los últimos cinco meses del año, en niveles por debajo del 5% mensual, Ecolatina proyecta un piso para la inflación de 2022 de 85%. “La incertidumbre cambiaria que se vivió tras la salida de Martín Guzmán le sucedió a un primer efecto que fue la restricción a las importaciones producto de un mes en el que venían desacumulando reservas, donde típicamente se solía acumular. Eso había generado mucha preocupación porque no se cumplía con la meta acordada con el FMI y en los últimos cuatro días del mes se sumaron USD 1.500 millones por ese freno, cinco veces más de lo que se venía registrando en todo el año que fueron USD 300 millones”, detalló a Infobae el economista de la consultora Santiago Manoukian.
Esa restricción a las importaciones produjo varios efectos: un menor nivel de actividad hacia adelante por la menor disponibilidad de bienes e insumos y aceleró la inflación por la incertidumbre respecto al costo de reposición de esos bienes. “Quienes quieren seguir importando y no puede acceder al dólar oficial resuelven ir a un dólar paralelo que termina impactando en los precios. En la inflación de julio lo que más gravitó fueron bienes durables porque hay un esquema de incentivos para la compra de esos productos, una demanda que encuentra una oferta que no puede responder de la misma manera”, dijo Manoukian.
Es el caso de la venta de autos, electrodomésticos, materiales de la construcción que automáticamente frenan las ventas hasta que el panorama aclare. “El ancla era el acuerdo con el FMI, que es débil y móvil porque tenés que ir haciendo correcciones de tarifas y tipo de cambio que impactan en la inflación, pero es un ancla que intenta orientan expectativas. Se fue Guzmán, que era el garante de ese acuerdo, y surge inquietud sobre el perfil de la nueva ministra. Toda esa incertidumbre volvió a desanclar las expectativas con un Gobierno con muy baja credibilidad. Hay una disociación entre la velocidad que están tomando los acontecimientos y la respuesta del Gobierno”, agregó.
En FIEL proyectan una inflación para el cierre de julio más cercana al 8%. “Si tenés aumento de brecha, esa brecha es por una demanda de dólares, una caída de la demanda de pesos. Eso te pega en las reservas, te sube la brecha y levanta los precios; te generan más inflación y más expectativas de devaluación. En un contexto donde tenés que frenarlo, no mirarlo de atrás. Lo que hace el Banco Central, lamentablemente, es mirarlo de atrás”, contó a Infobae Juan Luis Bour, economista jefe de FIEL.

El Gobierno anunció un acuerdo con las cámaras de laboratorios y empresas farmacéuticas para que durante los próximos 60 días los precios de los medicamentos aumenten como máximo un punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes anterior, al tiempo que se implementará el programa "Pacientes Cuidados", que prevé 35 por ciento de descuento en los valores de los remedios para la población sin obra social ni prepaga.
Así lo anunciaron la jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, y el secretario de Comercio, Martín Pollera, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada después de reunirse con el presidente Alberto Fernández y empresarios farmacéuticos.
Los funcionarios presentaron también un programa de "Pacientes Cuidados" que ofrece un "35% de descuento" en "todos los medicamentos de prescripción a la población con cobertura pública exclusiva" que no cuenta con obra social o prepaga.
A partir del acuerdo suscripto con las cinco cámaras de laboratorios y las federaciones de farmacias, los precios de los medicamentos "no van a estar por encima de la inflación, sino que se van a mantener al menos un punto por debajo del IPC del mes anterior", detalló Tarragona.
Durante los próximos 60 días todos los medicamentos que se comercializan a través de farmacias, tanto recetados como de venta libre, tendrán un aumento máximo de hasta 1 punto por debajo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del mes anterior.
Fernández estuvo acompañado en la reunión, realizada esta tarde en el Salón Eva Perón de Casa de Gobierno, por las ministras de Economía, Silvina Batakis, y de Salud, Carla Vizzotti; por Pollera y Tarragona y por la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Natalia Grinblat.
Por el sector farmacéutico lo hicieron Carlos Escobar Herrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales; Eduardo Macchiavello, presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos; Marcelo Burstein, presidente de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos, y Luciano Tombazzi, vicepresidente de la Cámara Argentina de Productores de Medicamentos Genéricos y de uso Hospitalario.
También lo hicieron Jimena Worcel, directora médica de la Cámara Argentina de Productores de Especialidades Medicinales de Venta Libre; Damián Sudano, presidente de la Federación Farmacéutica; María Isabel Reinoso, presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, y Sandra Prieto, protesorera de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias.
Tras la reunión, el Presidente afirmó en un comunicado que "el tema de los medicamentos hace a las necesidades de la gente" y destacó la importancia de "enfrentar el problema en conjunto: encontrarse, acordar y cumplir".
Además, el mandatario sostuvo: "En los tiempos difíciles es donde podemos probarnos como comunidad que somos, probarnos en nuestra solidaridad, en nuestro compromiso social, en nuestra vocación de ganar sin lastimar al otro. Tal vez sea una oportunidad".

El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, denunció penalmente al exmilitar Aldo Rico "por delitos contra el orden constitucional" a raíz de la convocatoria a los militares lanzada públicamente por el excarapintada ante la situación social y afirmó que de esta manera busca defender "la democracia, asegurar el 'Nunca Más'" y "hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia".
Pietragalla Corti explicó que presentó la denuncia ante la Justicia "en cumplimiento del deber indeclinable de realizar acciones concretas y efectivas a fin de garantizar la vigencia de la Constitución Nacional, la defensa irrestricta de la democracia, de asegurar el Nunca más' y hacer realidad los postulados de Memoria, Verdad y Justicia".
"A casi 40 años de la vuelta de la democracia, y luego de más de 20 años de reiniciados los juicios por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, este tipo de acciones, que buscan desestabilizar la democracia, no pueden ser tolerados", afirmó la Secretaría en un comunicado.
Además, destacó que "el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son la columna vertebral de la construcción democrática".
Según informó ese organismo, se solicitó a la Justifica federal que investigue a Rico "ante la posible comisión del delito de amenaza pública e idónea contra las autoridades democráticamente electas", que se encuentran tipificadas en el artículo 226 bis del Código Penal.
En los argumentos de la denuncia, se sostiene que se debe considerar que el exteniente coronel del Ejército "tiene contactos políticos, militares y policiales y experiencia previa en la organización y ejecución de dos levantamientos militares" contra el sistema democrático, y se recuerdan los alzamientos carapintadas de 1987 y 1988 contra el gobierno del expresidente Raúl Alfonsín.
En un video difundido ayer por redes sociales, Rico convocó a militares en lo que consideró "una llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas". "Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer", expresó el exmilitar, y pronosticó que "las circunstancias de violencia se van a profundizar".

Finalmente, los diputados y senadores deberán votar en el recinto del Congreso si se otorgan a sí mismos el aumento de paritarias del 69% como recibió el resto de los empleados del Congreso. Así lo resolvieron Sergio Massa y Cristina Kirchner, presidentes de ambas cámaras parlamentaria.
En un comunicado, informaron que la suba otorgada “la semana pasada al personal del Congreso de la Nación no aplica a los legisladores y legisladoras”. Y agregaron: “Cualquier aumento a senadores y senadoras y diputados y diputadas, deberá ser tratado y aprobado por el pleno de cada Cámara”.
El lunes había trascendido que la titular de la Cámara de Senadores y el presidente de la Cámara de Diputados iban a obligar a los legisladores a pedir el aumento a través de una carta de adhesión. Sin embargo, este martes, el comunicado oficial difundido a través de la cuenta de Twitter del Senado confirmó que para acceder a la suba, tendrán que votarlo en el recinto.
La semana pasada Cristina Kirchner y Massa acordaron con los empleados parlamentarios un aumento salarial acumulado del 69% que también puede impactar en la dieta de los diputados y senadores de la Nación.
Cada año, los aumentos de las dietas se “enganchan” a los aumentos dispuestos en paritarias a los empleados del Congreso. Eso se hace a través de decisiones administrativas de las presidencias de cada cuerpo. En 2020, se dispuso que los legisladores que lo pidieran, podrían donar el 40% del sueldo otorgado. Así lo hizo, por ejemplo, el entonces senador Esteban Bullrich.
Ahora, si el aumento se aprueba en el recinto, un diputado nacional pasaría a tener un sueldo neto de $606.000 en octubre.
El aumento salarial acordado con los empleados del Senado y de la Cámara de Diputados
La recomposición salarial se pagará en dos tramos: del 30% a partir del 1° de julio y otro 30% desde el 1° de octubre. Con revisión en noviembre, cuando también se evaluará la posibilidad de incorporar una suma fija no contributiva solo para trabajadores, no legisladores.
El acuerdo se selló durante una reunión en el Salón Delia Parodi, entre autoridades de Diputados y del Senado, junto con los gremios que conforman UPCN Congreso, APL y ATE Congreso.

Un avión de Aerolíneas Argentinas, que volaba rumbo a Ushuaia, Tierra del Fuego, debió aterrizar en Comodoro Rivadavia, Chubut, tras una amenaza de bomba en pleno vuelo.
Se activó el protocolo de emergencias, por el que fue cerrado el aeropuerto. La información fue confirmada tanto por la empresa como por Aeropuertos Argentina 2000.
Amenaza de bomba y cierre de aeropuerto: qué sucedió con el vuelo de Aerolíneas que debió aterrizar de emergencia en Chubut
La información fue confirmada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en un comunicado. “El Turno de prevención de la UOSP Comodoro Rivadavia recibe comunicación de la Torre de control anoticiando que estaría arribando un vuelo de la empresa Aerolíneas Argentinas declarado en emergencia por amenaza de bomba a bordo”, indica el texto.
El vuelo es el “AR 1882″, y habría despegado de Aeroparque a las 04:46 del día de la fecha”, de acuerdo con el comunicado. La aeronave transportaba a 172 pasajeros y 6 miembros de la tripulación.

El comunicado de la PSA.
“En primer lugar, se decidió dirigir la aeronave a un sector remoto de la aeroestación donde se encontraban el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), oficiales de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y personal de la brigada de explosivos de la Policía de Chubut, como parte del Plan de Contingencias Aeroportuarias”, detallan acerca del procedimiento.
De esa manera desembarcaron a toda la tripulación y pasajeros y se los guio hacia el hall de arribos del aeropuerto.

Cristina Kirchner publicó una extensa carta acompañada de un video de casi 15 minutos en la que critica en muy duros términos a la Corte Suprema y hace una especie de cronología sobre cómo evolucionó el máximo tribunal desde que asumió Néstor Kirchner hasta la actualidad. “De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia” es el título de la presentación, que se enfoca, principalmente, en el accionar de la Justicia con Macri en el poder y en los últimos tres años.
“En el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces....el presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida ‘mayoría automática’. A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”, comienza el texto.
Luego, rápidamente, salta al 2015 para marcar que allí comenzó la decadencia: “El 10 de diciembre de 2015 asumió como Presidente de la Nación Mauricio Macri. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional: en abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como miembros de la Corte Suprema, quienes, a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos”.
“Paralelamente, en los Tribunales de Comodoro Py se inventaba un nuevo método de privación de la libertad que se conoció como la “Doctrina Irurzun”. La misma consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un ‘poder residual’ y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no ‘obstruir’ las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos. Así, se encarceló a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Mauricio Macri. Esa ‘nueva’ Corte no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial”, continúa el texto.
Sobre este tema, completa: “Esa lucha culminó el 22 de septiembre de 2021, en un verdadero y auténtico escándalo: una Corte fracturada eligió a Rosatti y Rosenkrantz como presidente y vice. La decisión se tomó con la ausencia de los otros dos miembros y Rosatti tuvo que autovotarse para poder ser presidente; igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización”.
La Vicepresidenta le atribuyó varios párrafos a los cuatro miembros de la Corte que permanecen luego de la renuncia de Helena Highton de Nolasco: “Comenzaron a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos. Causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo”.
Y agrega: “Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble: después de 15 años de vigencia ininterrumpida (lo que equivale a casi cuatro períodos de gobierno) la Corte de los cuatro declara inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006; a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Peor aún. ‘Resucitan’, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura”.
“Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”, concluye la ex presidenta.

La ministra de Economía Silvina Batakis dijo "Hay que pasar el invierno y en septiembre, va a aflojar la presión sobre las reservas de dólares del Banco Central porque disminuirá la demanda de energía y salida de divisas para importaciones de petróleo y gas". El Gobierno se esperanza con que la corrida cambiaria y las presiones sobre la inflación también van a aflojar. El dilema para la Ministra de Economía es cómo llegar a septiembre con la incertidumbre generalizada y sin precios relativos en buena parte de la economía real.
Ese es parte de los argumentos que usa la ministra de Economía para intentar llevar calma en medio de la peor corrida cambiaria de los últimos años y conseguir el apoyo político de los gobernadores e intendentes oficialistas que la visitaron durante toda la semana en el Palacio de Hacienda.
La promesa recurrente que expone Batakis en la mayoría de los encuentros que son organizados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, es que quedan por lo menos dos meses de dura crisis cambiaria e inflacionaria, y que el problema está atado al aumento de la demanda de energía para evitar el desabastecimiento tanto en familias como industrias, en medio del frío y de la guerra en Ucrania.
Batakis descarta -por ahora- imponer cortes de energía programados como consecuencia de la escasez de combustibles pero advierte sobre la crisis que sí están programando países de Europa y EEUU. Ellos, dice Batakis, ya dijeron que van a tener problemas de energía durante el invierno en Europa y están hablando de cortes programados, pero aclara que en Argentina estamos en el epicentro de la crisis y que si se extiende la crisis, el año próximo el gasoducto Néstor Kirchner permitirá aumentar la energía para el consumo interno y para exportar y generar divisas.
En medio de la fuerte corrida cambiaria con el dólar blue trepando los $336 en otra jornada de incertidumbre por la falta de precios relativos que mantiene casi paralizada toda la economía real, la ministra reunió al equipo económico para anunciar una leve flexibilización para la compra de dólares a turistas extranjeros, que le permita al Banco Central captar los dólares de turismo receptivo para sumar a las reservas.

La ministra de Economía, Silvina Batakis y y el jefe de Gabinete Juan Manzur se reunieron con gobernadores para buscar apoyo al plan de ajuste. Tras la comunicación inicial, solo cinco mandatarios provinciales asistieron presencialmente y otros dos lo hicieron vía Zoom.
En la previa a la reunión con la ministra de Economía, el jefe de Gabinete se reunió con Raúl Jalil (Catamarca), Omar Gutiérrez (Neuquén), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). El encuentro se centró en articular proyectos y buscar respuestas desde el Ejecutivo a las necesidades de las provincias.
A ese bloque de gobernadores se sumaron en la reunión con Batakis en Hacienda el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff y, vía Zoom, sus pares Jorge Capitanich (Chaco) y Gustavo Sáenz (Salta).
“Mantuvimos una productiva reunión con Silvina Batakis y los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Neuquén, Santiago del Estero y Tucumán, quienes manifestaron su apoyo a la ministra. El objetivo fue tomar nota de las prioridades de cada provincia para potenciar su desarrollo”, publicó Manzur tras el encuentro.
Y sumó: “La ministra brindó su análisis sobre la situación económica actual y las oportunidades del país para seguir mejorando los índices de empleo y producción, las condiciones de crecimiento con estabilidad e inclusión y, sobre todo, trabajar en conjunto para reducir brechas”.
En tanto, según confirmaron fuentes oficiales, este martes se realizará la segunda ronda de reuniones federales y estarán presentes los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; de Entre Ríos, Gustavo Bordet y de La Rioja, Ricardo Quintela.
Según pudo saber este medio, el objetivo es realizar reuniones con pocos integrantes “para tener tiempo para escucharlos con más tranquilidad”, por lo que se espera que la ministra reciba a más gobernadores en los próximos días.

El Consejo Directivo de la CGT ratificó la movilización del próximo 17 de agosto desde el Obelisco hacia la Plaza de los Dos Congresos en rechazo de "la especulación económica" y en demanda de "soluciones claras", y condenó a "los formadores de precios que agudizan el proceso inflacionario y la pobreza".
La conducción de la CGT, que co-lideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, deliberó durante casi cuatro horas en el histórico edificio de Azopardo al 800 y repudió a los formadores de precios que provocan "una inusitada situación de pobreza".
Las fuentes gremiales señalaron que esperan que la marcha del 17 de agosto próximo -a la que se sumó la CTA del docente Hugo Yasky- será masiva y señalaron que en ese acto los cotitulares de la central obrera leerán "un documento de claro y neto corte político".
"El consejo directivo analizó durante casi cuatro horas la difícil y dura coyuntura política y económica por la que atraviesa la Argentina y condenó la avaricia inconmensurable de los formadores de precios, que provoca la profundización del proceso inflacionario y los alarmantes índices de pobreza entre los sectores más vulnerables", puntualizaron.
Además, los voceros gremiales señalaron a esta agencia que buena parte del debate se centró en la metodología organizativa y el punto de llegada de la movilización de agosto, ya que un sector del consejo directivo propuso marchar de forma masiva hacia las sedes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA), lo que luego fue finalmente desestimado.
El consejo directivo también convocó para las 17 del lunes próximo en la sede de Azopardo a un acto en homenaje a Eva Perón, en el 70 aniversario de su fallecimiento.
"El 17 de agosto, en el contexto de una masiva movilización, se leerá un duro documento de neto corte político, que condenará a los formadores de precios que agudizan la situación de pobreza y profundizan el proceso inflacionario", señalaron los voceros.
Daer confirmó esta tarde en conferencia de prensa posterior al encuentro que en la marcha de agosto se reclamarán "soluciones claras" y que los trabajadores y otros sectores sociales repudiarán "la especulación económica"; sostuvo que la CGT "no permitirá esa situación bajo ningún punto" y también condenó las especulaciones políticas.
"Se reclamarán soluciones claras a la clase política y se rechazarán las evidentes especulaciones de diferentes sectores económicos", sostuvo el dirigente del gremio de Sanidad, quien respaldó al Gobierno nacional y condenó "la especulación económica".
Su par Pablo Moyano, adjunto nacional del gremio de Camioneros, había señalado que la decisión cegetista de volver a las calles será "un mensaje a la clase política" y que esa marcha "no se realizará ni a favor ni en contra del Gobierno sino para defender las paritarias libres y el trabajo digno que lograron los trabajadores a través de la lucha".
"La CGT defenderá al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hasta el último día del mandato", aseguró Moyano, aunque admitió que "el Gobierno comete errores, como no haber demostrado fortaleza para sentar a los formadores de precios y decirles que se dejen de joder con el salario y la comida".
La CGT ratificó la marcha que la semana anterior fue debatida y aprobada por su mesa chica ampliada en rechazo del proceso inflacionario y en demanda de "unidad", y sostuvo que esa unidad es "la necesaria garantía para resolver los problemas económicos".
Todas las fuentes gremiales consultadas por Télam coincidieron en respaldar al Gobierno nacional y en condenar al empresariado que procura continuar obteniendo "ganancias extraordinarias y a los formadores de precios, que solo especulan con la economía".
El extitular cegetista y líder camionero, Hugo Moyano, había defendido al Gobierno al señalar que mantuvo las paritarias y, por ello, "los trabajadores lo apoyan, porque además durante la gestión no se produjeron despidos ni suspensiones y ya se evidencia una reactivación tanto en la propia actividad camionera como en otros sectores productivos".
En el encuentro se produjo un fuerte contrapunto cuando un sector del consejo directivo propuso modificar el destino final de la marcha para que las columnas de trabajadores se enfilaran hacia la UIA, la AEA y la Sociedad Rural, pero ello fue finalmente desestimado.

Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, falleció este lunes a los 96 años, luego de una larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos y tras buscar intensa e incansablemente a su nieto Martín, con quien pudo reencontrarse y abrazarse en 2015, tras casi cuarenta años de lucha.
Desde la organización que preside Estela de Carlotto despidieron con "enorme tristeza" el deceso de Delia Giovanola, a quien calificaron como una "militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría".
"Enorme tristeza. Aún no caemos. Falleció Delia Giovanola, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. Militante de la memoria, la verdad, la justicia y la alegría. En 2015, tras casi 40 años de lucha, pudo encontrar a su nieto Martín", dice el mensaje con que Abuelas despidió a Delia desde su cuenta oficial en Twitter.
Desde el gobierno nacional también lamentaron con "inmenso dolor" la muerte de la integrante de Abuelas, a quien reivindicaron como un "ejemplo de resistencia y compromiso".
El presidente Alberto Fernández dijo en su cuenta de Twitter: "Con mucho dolor despedimos a Delia Giovanola, una de las fundadoras de nuestras queridas Abuelas de Plaza de Mayo. Su legado quedará en nuestra memoria como una verdadera enseñanza: nunca abandonar nuestras luchas. Hasta siempre, Delia".

El presidente Alberto Fernández cuestionó las intenciones de su par Luis Lacalle Pou de trazar un Tratado de Libre Comercio con China, y bregó por la unidad del Mercosur.
Lo hizo a través de un crítico mensaje a Uruguay en el marco de la sesión plenaria de la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur y Estados Asociados.
"Debemos estar juntos, más unidos que nunca, somos más fuertes, somos un continente que da cátedra. Por qué no empezamos a fundar un nuevo Mercosur, donde nos prestemos las potencias que somos y que tenemos para que todos seamos más potentes", propuso el mandatario de cara a sus pares.
En la misma línea, desde en el Centro de Convenciones de la Conmebol ubicado en la ciudad de Luque aseguró: "Si creemos que el cada uno puede salvarse por si solo no ha aprendido la enseñanza del Papa Francisco, nadie, nadie se salva solo".
De esta forma, el mandatario centró su discurso en torno las intenciones de Uruguay de cerrar negocios económicos con China, y planteó la posibilidad de analizarlo de conjunto entre los cuatro países del Mercosur.
"Si existiera la posibilidad de analizar un acuerdo con China y el Mercosur, por qué no lo analizamos juntos. Tengamos presentes que tenemos entre los cuatros un país que tiene otra relación comercial con China, por qué no pensamos en nosotros como lo que somos, un espacio único. Los invito a pensar en eso, en lugar de lo que algunos años titularon hace dos años, cuando Luis (Lacalle Pou) habló de su idea de pensar en China... 'el Mercosur se muere'. El Mercosur debe vivir muchos años más, siempre, y América Latina y el Caribe deben estar unidas para siempre porque el mundo ha cambiado", reflexionó.
A su parte, aseguró que le tocó gobernar "el peor momento de la historia", e insistió en focalizar la atención en el impacto de la guerra de Ucrania en América Latina, y la pandemia. "La pandemia generó un año de quiebre en la economía mundial y todos lo padecimos", afirmó, y sostuvo que en plena recuperación, el conflicto bélico sumó su repercusión.
"Cuando alguien estornuda en Moscú, un argentino se resfría", graficó el Presidente al tiempo en el que propuso "transformar los proyectos de cada país en proyectos del Mercosur", y proveer a Europa de alimentos y energía de forma conjunta.
Para Fernández, la salida es la unidad de los países de Latinoamérica para "evitar cometer los peores errores", y delimitar esfuerzos comunes para vender alimentos y energía al mundo, y así "eliminar las asimetrías que existen".
Y concluyó: "Lo único que pido a todos es que no nos ilusione la idea de separarnos, de buscar soluciones individuales, de que algunos pueden salir con un proyecto propio que le alcance a uno porque todo eso es de corto aliento. No me niego a analizar todo lo que haya que analizar y eso es mi querido Lacalle Pou lo que se llama flexibilización del Mercosur, y no quiero que nadie se caiga de la cornisa".
A su parte, Lacalle Pou le respondió con crudeza al mandatario argentino: “La mejor manera de protegernos, a mi nación y mi pueblo, es abriéndome al mundo. Y por eso los pasos que toma Uruguay, que pide ser entendido y comprendido por el Mercosur”.

Los principales referentes de la coalición opositora se encontrarán este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Buscan una muestra de unidad frente a la interna oficialista y descartan abrir un diálogo con el Ejecutivo.
“Prudencia, prudencia y prudencia”: la crisis política que atraviesa el Gobierno, en un clima de inestabilidad económica, es seguida con preocupación en la oposición. El martes, Juntos por el Cambio volverá a reunir a su Mesa Nacional. En un equilibrio delicado, la coalición busca una postura firme, pero evitar darle argumentos al oficialismo y a sus acusaciones de “golpismo”. El diagnostico opositor, sin embargo, es alarmante: Alberto Fernández ya no gobierna.
La reunión será presencial y amplia. Participarán los cuatro presidentes de los partidos que componen JxC: Patricia Bullrich (PRO); Gerardo Morales (UCR); Miguel Pichetto (Encuentro Republicano Federal) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Se espera la presencia de los jefes parlamentarios, del mandatario porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y del expresidente Mauricio Macri, que regresará el lunes al país tras su viaje a Suiza y Francia.
En la sede del PRO, en la Ciudad de Buenos Aires, los referentes opositores buscarán dar una muestra de unidad en contraste a la disgregación oficialista; continuarán con el análisis del programa de Gobierno consensuado para el 2023, que elaboran las cuatro fundaciones partidarias, y discutirán la elaboración de listas únicas en provincias en las que no existen las PASO, algunas de las cuales comenzarán a tener elecciones a inicios del año que viene.
Desde la renuncia de Martín Guzmán al Ministerio de Economía y la nueva crisis política que abrió en el Gobierno, Juntos por el Cambio emitió dos comunicados. El domingo pasado, Bullrich, Pichetto, Morales y Ferraro compartieron un Zoom. El mensaje fue similar en ambos casos: un reclamo de responsabilidad al Gobierno, un llamado a terminar con sus luchas internas y un intento por dejar en claro que el problema, y su solución, es responsabilidad exclusiva del oficialismo.
En Juntos por el Cambio existe un diagnóstico compartido: el quiebre del Frente de Todos es irreversible, Alberto Fernández ya no gobierna (como lo expresó claramente Elisa Carrió), la situación política y económica es delicada, rayana a lo insostenible, y los candidatos de la coalición deben limitar las señales de “campaña” anticipada.
De hecho, en las últimas semanas, los presidenciables redujeron los niveles de enfrentamiento interno, aunque no frenaron sus recorridas y el trabajo en sus armados políticos.
“Tuvimos hasta ahora una conducta totalmente institucional y lo hemos demostrado. No vamos a entrar en el juego del oficialismo sobre si empujamos o no empujamos, nosotros tenemos que mostrar que estamos unidos y contar muy claramente cómo vamos a resolver los problemas”, señalaban en el ala dura PRO.
“Mucha cautela y responsabilidad por la fragilidad institucional”, plantean en el larretismo.