Las negociaciones entre el equipo económico y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) atraviesan por un momento de particular tensión, según coinciden en señalar tanto en el Palacio de Hacienda como noticias provenientes de Washington. La línea del Fondo sigue insistiendo con la necesidad de llevar adelante medidas de austeridad, en tanto que el ministro Sergio Massa no está dispuesto poner en juego la actividad económica, según señalan en su entorno.
Uno de los aspectos centrales de los pedidos argentinos es que el país obtenga fondos adicionales. En principio, se estima que el FMI podría llegar a enviar -una vez concluido el acuerdo- unos U$S 2.000 millones – más los reembolsos estipulados.
La política fiscal es otro de los temas controvertidos. Los técnicos no aceptan la petición del equipo económico de elevar en el orden del 2,5% del PIB la meta del déficit fiscal para el año. Por el contrario, habían planteado la necesidad de una reducción a 1,6% del desequilibrio primario.
La solución a la cual estarían arribando sería intermedia: mantener el 1,9% estipulado en el acuerdo, a pesar de que la sequía también tuvo impacto en los ingresos fiscales.
Esta meta de 1,9% -de por si exigente-, implica una fuerte restricción del gasto público que resulta difícil de cumplir en medio de un proceso electoral, presunción que comparte el organismo multilateral.
Debe tenerse en cuenta que la recaudación tributaria se muestra afectada por la sequía y su impacto en las exportaciones, además la desaceleración del consumo interno por la dinámica inflacionaria. En el primer semestre del año la recaudación cayó 4,4% interanual (suponiendo una inflación de 7% para junio).
Mediante la decisión administrativa 540/23 se modificó el presupuesto nacional incrementándose los recursos en $ 21.735,0 millones y el gasto total en $ 95.641,9 millones siendo el impacto sobre el resultado financiero negativo en $73.906,6 millones.
En las negociaciones “todos juegan a hacer creer que se creen” comentan en Washington. De hecho, el acuerdo a lograr durará solo hasta diciembre. Es que, en el organismo saben que será necesario “barajar y dar de nuevo” con el nuevo gobierno.
Mientras se espera llegar a un acuerdo, el Gobierno decidió postergar los pagos al FMI por más de U$S 2.500 millones concentrándolos al 31 de julio, según confirmó un portavoz del FMI.

El presidente de YPF, Pablo González, defendió en la Cámara de Diputados el proyecto que crea un "Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado", el cual apunta a fortalecer la cadena de valor de esta industria para abastecer al mercado interno y potenciar las exportaciones.
"Necesitamos una norma que vuelva competitivo el proyecto porque Argentina tendría que estar compitiendo con Estados Unidos", resaltó el funcionario en un plenario de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
En el anexo de la Cámara baja, el santacruceño brindó detalles sobre la iniciativa enviada al Congreso el 29 de mayo pasado por el Poder Ejecutivo, con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Economía, Sergio Massa.
El proyecto declara de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL) y busca incentivar grandes proyectos de inversión a través de beneficios fiscales.
Para acceder al régimen de beneficios, dichos proyectos deben tener un monto de inversión mínima y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.
Alcanzará a aquellas empresas que presenten proyectos dentro de los primeros tres años de la sanción de la ley, prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación.
La iniciativa contempla un "compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria" que garantiza a los beneficiarios un porcentaje de libre utilización de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años.
También el acceso a divisas para importaciones, estabilidad cambiaria de treinta años para normas de endeudamiento financiero.
Como contrapartida, para acceder al régimen especial se requiere integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local.
"Teniendo en cuenta la demanda de energía que hay en el mundo, que hoy estemos acá tratando un tema que debe configurar una política de Estado es muy saludable para todos", celebró González.
En su exposición, el funcionario precisó que la demanda local de gas licuado es de "1.8 trillones de pies cúbicos y la proyección para el 2030 da 2.4 trillones de pies cúbicos, y para el 2040 3.6 trillones de pies".
"El gas fue declarado energía de transición. Nuestro país tiene una fuerte matriz energética de gas casi por arriba del 60%", resaltó.
"Con este nivel de consumos y de reservas, Argentina tendría 170 años de reservas en un horizonte de transición energética que no va a durar eso", destacó.
Según afirmó, "el desafío de nuestro país es monetizar las reservas de gas y ver la forma de abastecer el mercado interno y después los saldos exportables".
"La monetización del gas de Vaca Muerta determina que de 500 pozos de fase uno pasemos a más de 2.500 pozos en total. Este proyecto, durante el lapso de su vida, va a consumir 35 trillones de pies cúbicos que es menos del 11% que tiene Vaca Muerta en recursos. Los tres gasoductos van a ser de 640 kilómetros", detalló.
González reveló que YPF y su socia Petronas (empresa de Malasia) empezarán a buscar las líneas de financiamiento para terminar el proyecto.
“El problema que está teniendo Vaca Muerta es que tiene la potencialidad de producir más petróleo y gas del que puede transportar", puntualizó.

El Gobierno oficializó una nueva ampliación del Presupuesto 2023 para solventar distintos gastos y se profundiza la preocupación por el déficit fiscal. En esta oportunidad, se aumentarán partidas por $95.641,9 millones, que se destinarán a afrontar pagos de salarios, asistencia social y subsidios.
La medida se informó a través de la Decisión Administrativa 540, publicada en el Boletín Oficial con la firma el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y del ministro de Economía, Sergio Massa, y con un anexo de 329 hojas que detalla las modificaciones.
De acuerdo a los cálculos de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), se trata de una ampliación de $20.566,4 millones en gastos corrientes y $75.075,5 en gastos de capital.
De acuerdo a la normativa, son “gastos impostergables para su normal funcionamiento”, como la atención de “necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento y equipamiento, así como de los créditos para pago de subsidios y transferencias varias”, y otras partidas del área de Seguridad Social.
El sector que tendrá mayor incremento de créditos es la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que recibirá $163.500 millones para la atención de gasto relacionados con asignaciones familiares, pensiones a excombatientes y otros complementos previsionales. “Se contempla un aumento de las asignaciones vigentes financiadas con crédito externo en la órbita de los Programas Políticas Alimentarias, Potenciar Trabajo, Apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia e Integración Socio Urbana”, indica el Boletín Oficial.
Además, se destinarán $40.732,2 millones para diferentes áreas de la Jefatura de Gabinete; $17.416,9 millones para el Ministerio del Interior y $7267,5 millones para el de Seguridad. En la decisión administrativa se detalló la suma de gastos para el Poder Legislativo por $30 millones y los del Poder Judicial por $3222,4 millones.
Economía también recibirá un incremento de los créditos para gastos corrientes y de capital de $23.981 millones. Educación obtendrá una suma de $9314,9 millones; $14.140 millones serán para el de Desarrollo Social, $6493,9 millones para el de Cultura, para Turismo y Deportes será de $71,9 millones, $16 millones para el ministerio de Salud y $8,2 millones para el de Obras Públicas.
Asimismo, se sumarán por $697.481.119 los créditos para la Defensoría General de la Nación, para fortalecer la Justicia Penal Federal en la Provincia de Santa Fe.
Para atender cuestiones salariales y de funcionamiento, hubo aumentos de $3147,1 millones para Prefectura, $2376,2 millones para Gendarmería, $ 667,9 millones para la Policía de Seguridad Aeroportuaria y $271 millones para la Policía Federal.
Al Ministerio de Defensa se destinaron $3283,2 millones para el de la Fuerza Aérea y $3196 millones para el Estado Mayor General del Ejército.
Por su parte, en la compensación de gastos, hubo recortes de $254.528,9 millones en la jurisdicción Obligaciones a Cargo del Tesoro, $35,9 millones en el Ministerio de Defensa y de $32 millones en el de Ambiente.. También, se aplicó un recorte de $5032 millones en los créditos de la Dirección Nacional de Vialidad.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación puso en marcha el Programa “Impulso Tambero 2″, destinado a pequeños y medianos productores lecheros, afectados por el impacto de la sequía y el aumento de costos por el “dólar agro”, y fue anunciado este martes por el ministro de Economía, Sergio Massa, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el titular del área, Juan José Bahillo.
Con una inversión total de $ 7.000 millones, el programa consiste en que cada productor recibirá una suma fija durante dos meses, calculada en función del promedio mensual de leche comercializada entre abril de 2022 y marzo de 2023.
Este enfoque tiene como objetivo proporcionar un alivio económico inmediato a los productores, teniendo en cuenta la realidad de sus operaciones comerciales.
Montos según el volumen comercializado
Los beneficios del programa se distribuirán de manera diferenciada según el volumen de leche comercializada por cada productor. Aquellos que hayan comercializado hasta 1500 litros diarios recibirán $20 por litro de leche, mientras que los productores que hayan comercializado entre 1500 y 7000 litros diarios recibirán $15 por litro de leche.
El monto máximo a percibir por productor será de 800.000 pesos mensuales, lo que asegura una distribución equitativa y proporcional de los fondos disponibles.
El Gobierno estima que el programa alcanzará al 88% de los CUITs (Código Único de Identificación Tributaria) de los productores tamberos que comercializan leche en el país.
Massa enfatizó que el Programa “Impulso Tambero 2″ beneficiará a la gran mayoría de los tambos. Explicó que “Es un programa que atiende a 9 de cada 10 productores, permite en cada litro de leche tengan una asistencia adicional de $20 adicionales, es una inversión del Estado, para garantizar el abastecimiento en góndola y también para garantizar las exportaciones”.
El ministro afirmó: “El 40 por ciento se exporta en leche en polvo”. El objetivo del programa es elevar la cantidad de litros de leche, pasando de 5000 a 7000 litros, con el apoyo del Estado para impulsar una mayor producción y llegar a la mayor cantidad de hogares.
Subrayó la importancia del dinero que recibirán los productores. Según sus palabras, “Son $800.000 al mes que sirven para garantizar el funcionamiento en cada tambo”.
Además, hizo mención a los desafíos que enfrenta el sector debido a los efectos de la sequía, la cual provocó pérdidas estimadas en casi US$ 20 mil millones. “Esto es parte del enorme daño que ha producido la sequía. Nos arrancó casi US$ 20 mil millones”, destacó.
Por la difícil situación que atraviesan los productores ganaderos en Santa Fe, Massa anunció un aporte adicional para la provincia. “Estamos sumando $400 millones para la emergencia agropecuaria”, informó.

La segunda parte del programa lanzado en enero
El 7 de enero, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el plan Impulso Tambero, por el cual el eslabón primario del sector lácteo recibió fondos desde el Estado por $9160 millones. El programa tuvo como objetivo alcanzar a 8 de cada 10 productores de leche de todo el país.
Se otorgó una suma fija de acuerdo a dos escalas productivas hasta 1500 litros por día, percibirán $15 por litro vendido y entre 1500 y 5000 litros por día, recibirán $10 por litro vendido. Hasta 60 mil litros mensuales tenían un “reconocimiento” de $2.400.000 en cuatro meses.
La implementación del Programa “Impulso Tambero 2″ apunta a restaurar a la industria lechera que sufrió el impacto climático. Al proporcionar un respaldo económico directo a los productores, se espera que esta iniciativa contribuya a estabilizar la actividad productiva, fomentar el crecimiento del sector y garantizar la continuidad de la producción láctea en el país.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó sus propuestas para el campo en la sede de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y afirmó que las exportaciones del sector pueden duplicarse en los próximos 6 años.
La gremial, que agrupa a más de 350 cooperativas y representa a más de 150.000 productores de diversas economías regionales en todo el país, integra la mesa de enlace junto a la Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).
Rodríguez Larreta fue recibido por el presidente de la entidad, Elbio Laucirica, y el vicepresidente, Marcelo Federici, y destacó que el sector agroalimentario representa el 70% de las exportaciones argentinas. “Podría ser mucho más: hoy hay mercado en el mundo para duplicar las exportaciones en 6 años”, afirmó.
Entre otras medidas para alcanzar ese objetivo, mencionó: “Lo primero que se necesita es estabilidad. Con tasas de 120% anual nada puede funcionar. También hacen falta reglas de juego claras y un tipo de cambio competitivo y predecible en el tiempo. Y la garantía de que no se va a modificar todos los días el régimen regulatorio impositivo”.
Asimismo, aseguró que “podemos llevar a cero todas las retenciones de lo que son las economías regionales”.
Para eso, indicó, es necesario que haya estabilidad y un programa de desarrollo para determinar, sector por sector, dónde se encuentran las trabas y los problemas. “Las retenciones son un pésimo impuesto. Cuanto mejor podamos ordenar el tipo de cambio y más rápido podamos llegar al déficit cero, más rápido vamos a poder bajarlas”, dijo.
Además, subrayó la importancia de mejorar la infraestructura: “Hay que invertir en la principal ruta de los granos de exportación del país que es la Hidrovía. Tenemos problemas de caminos, con rutas clave que conectan con los puertos por las que da miedo circular”, opinó.
Sobre las medidas para cumplir con ese objetivo, el funcionario señaló: “Lo que cambia la Argentina es lograr el apoyo político para hacer todo lo que tenemos que hacer. Lograr una mayoría en el Congreso para aprobar las leyes que se necesitan para que los cambios se mantengan en el tiempo. Yo creo en eso y la realidad me está dando la razón: el triunfo en San Juan es una muestra de eso”.
El precandidato estuvo acompañado por la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales de CABA, Carmen Polledo y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Francisco Resnicoff.

El Consejo del Salario volverá a reunirse la semana que viene para ajustar los valores del piso salarial en función de la pauta que resuelva el candidato presidencial y ministro de Economía, Sergio Massa. El organismo que integran centrales obreras, cámaras empresarias y el Gobierno, reanudará actividades el jueves 13 con la premisa de ajustar el monto, que en la actualidad es de 87.987 pesos y cuya función esencial es actualizar los planes sociales que equivalen a la mitad del mínimo. Al igual que en el último debate, en marzo pasado, el Ejecutivo espera pactar un nuevo acuerdo de corto plazo, probablemente trimestral.
La resolución difundida ayer por la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, presidenta del Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, llama a los 32 miembros (la mitad corresponde a la CGT y a las dos versiones de la CTA, y el resto al sector empleador) a discutir de manera virtual desde las 14 el nuevo valor del piso de ingresos y de las prestaciones por desempleo.
La convocatoria estaba contemplada en el último acuerdo pero las centrales obreras todavía no decidieron un criterio para acudir a la reunión. En rigor, desde la CGT -con absoluta mayoría en la representación sindical- dijeron que aguardarán una señal de Massa para acomodar el reclamo a su pedido. Se trata de una dinámica asentada en los últimos años desde que el salario mínimo dejó de ser una referencia concreta para el sector privado formal y pasó a ser centralmente la medida para los planes sociales y sólo secundariamente una orientación para los contratos no registrados.
La posición de las últimas negociaciones bajo el mandato en Economía de Massa, sumado a las restricciones que impone en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no hacen prever un desenlace muy distinto de los acuerdos previos que se limitaron a acompañar el proceso inflacionario con los ajustes en cuotas del salario mínimo. El encuentro de marzo pasado del Consejo del Salario terminó con el voto mayoritario (sólo se abstuvo la CTA de los Trabajadores y se pronunció en contra la CTA Autónoma) de los miembros por un incremento en tres cuotas del 26,6% que terminó de aplicarse el mes pasado, cuando llegó al valor actual de 87.987 pesos. Aquel debate no estuvo exento de tensión: el mecánico Mario Manrique (número dos de Smata y actual candidato a tercer diputado nacional por Unión por la Patria) reclamó de manera airada y sin éxito que se lo dejara hablar durante el debate y a continuación Pablo Moyano se desconectó de la sesión virtual sin llegar a votar, ofuscado por el resultado modesto de las deliberaciones, según explicó a continuación.

En el acumulado del primer semestre el sector produjo 295.777 vehículos de pasajeros y utilitarios, es decir, un 21,4% más respecto de las 243.698 unidades que se produjeron en el mismo período de 2022, informó la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA).
En lo que respecta al comercio exterior, las exportaciones de automóviles de los primeros seis meses del año alcanzaron las 152.044 unidades, un 8,6% más respecto de las 140.049 unidades que se enviaron a diversos mercados entre enero y junio de 2022.
En tanto, que entre enero y junio se comercializaron a los concesionarios un total de 206.861 unidades, un 14,1% por sobre las 181.233 unidades que se entregaron en el mismo período del año pasado.
Martin Galdeano, presidente de ADEFA, sostuvo que “al cierre del primer semestre el sector muestra un crecimiento acumulado del 21,4% y 8,6% en producción y exportación, respectivamente. Este comportamiento, nos impulsa a reforzar el trabajo conjunto con la Cadena de Valor y el Gobierno para enfrentar los desafíos coyunturales que aseguren la tendencia de crecimiento mostrado en el primer semestre”.

Junio
Con 20 días hábiles de actividad, las terminales automotrices produjeron 53.522 unidades, 10,6% por sobre el volumen de junio 2022 y un 0,5% más que mayo anterior.
Las automotrices exportaron 23.291 vehículos, por lo que se notó una importante baja del 27,0% respecto del volumen que se registró en junio del año pasado y se ubicó 23,1% por debajo de su comparación con mayo.
Finalmente, en lo que respecta a ventas mayoristas, el informe de ADEFA arrojó que en junio el sector automotor comercializó a la red de concesionarios 44.138 vehículos, un 18,5% por sobre el volumen de junio de 2022 y un 14,3% más respecto de las entregas del mes anterior.
“La actividad mantuvo los volúmenes que se registraron el mes anterior con un leve aumento del 0,5% en producción, no así las exportaciones que se vieron afectadas por problemas logísticos y de fletes”, señaló Galdeano.

La grilla de piquetes en rutas que suma ya una veintena de días en la provincia de Jujuy dispara pérdidas económicas en materia de turismo por entre $l20 millones y $200 millones diarios, a partir de la erosión que la protesta genera en el normal desarrollo de esta actividad clave para el distrito norteño, con una caída del 50% en la ocupación hotelera.
Si la lupa se coloca sólo sobre el fin de semana XXL de junio, las pérdidas fueron de cerca de $700 millones. La preocupación se acrecienta de cara al ingreso a la temporada alta, a partir del receso invernal escolar de dos semanas de julio en todo el país.
La radiografía de protestas de ayer mostró 11 cortes de ruta en distintos puntos del territorio jujeño (afectan las rutas nacionales 9, 34, 52 y 40), protagonizados por miembros de comunidades originarias en rechazo a la reforma constitucional aprobada el 20 de junio, impulsada por el gobernador radical y precandidato a vicepresidente de JxC (en dupla con Horacio Rodríguez Larreta), Gerardo Morales.
Entre los puntos de protestas se incluyen el cruce de la Ruta Nacional 9 y la 52, en la entrada a Purmamarca (con apertura al tránsito cada 3 horas); en Tilcara (también sobre la Ruta 9) y en La Quiaca, Abra Pampa, Susques y el acceso a Cauchari.
Según datos difundidos desde despachos provinciales, el diagrama de cortes genera en la actualidad pérdidas diarias del orden de los $120 millones, un monto que se incrementa a $200 millones diarios si se trata de temporada alta. A tono con la incertidumbre entre los turistas el esquema de protestas, la ocupación hotelera registra una caída del 50%.
Los datos fueron incluidos en una solicitada publicada ayer en medios locales. “Cortemos con los cortes”, fue el planteo plasmado en el título por el Gobierno jujeño. “Llevamos 20 días sufriendo un perjuicio por personas que no abren canales de diálogo y no clarifican sus protestas”, aseguraron desde la administración de Morales. En esa línea, remarcaron que “el reclamo violento, cortando rutas y paralizando la libre circulación, en nuestra provincia produce un perjuicio que en muchos casos es irreparable, limitando las actividades comerciales a miles de jujeños”.
La erosión excede el ámbito del turismo. “Los cortes de ruta generan un impacto negativo en el normal desarrollo de las producciones locales, perjudican directamente los flujos de provisión de materia prima, el traslado del personal, los servicios agropecuarios y la comercialización”, enfatizó el ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, con el foco puesto en las necesarias actividades de logística y reaprovisionamiento de los sectores productivos. Además dijo que existe una fuerte preocupación entre empresarios y productores, en una provincia con un 70% de la actividad centrado en el comercio y los servicios.
“Las consecuencias son de una gravedad preocupante; hay empresas que decidieron posponer sus planes de inversión por la inseguridad que se ha generado”, subrayó.

El Gobierno le pagará a fin de mes al Fondo Monetario Internacional (FMI) los vencimientos por poco más de u$s 2.500 millones que operan durante todo julio. “Se unifican los pagos”, confirmaron fuentes oficiales luego de acordar el formato con el organismo de crédito. De esta forma, se da lugar para culminar la renegociación y obtener un nuevo desembolso de Derechos Especiales de Giro. Mientras, el ministro de Economía, Sergio Massa, sigue discutiendo con Washington la reformulación del programa.
Esta novedad traerá un alivio a la perspectiva de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Según estimaciones de la consultora Ecolatina, las reservas netas de la entidad se encuentran en terreno negativo por u$s5.300 millones . De acuerdo al cronograma original, esta semana se debían cancelar cerca de u$s1.300 millones y la próxima otros u$s650 millones. En total durante julio operan vencimientos con el Fondo por poco más de u$s2.500 millones.
El mecanismo de aplazar los vencimientos hasta fin de mes ya se hizo en otras oportunidades. La última fue en junio, cuando el Gobierno terminó cumpliendo sus obligaciones con el organismo multilateral con un remanente de Derechos Especiales de Giro por el equivalente a u$s1.700 millones que quedaban en las reservas y con yuanes “de libre disponibilidad” que se obtuvieron por el intercambio de monedas con China por u$s1.000 millones.
De esta forma, el ministro Massa continuará discutiendo con las autoridades del Fondo la reformulación del programa, cuyas metas quedaron sepultadas por los efectos de la sequía que le restará a Argentina exportaciones por cerca de u$s20.000 millones este año. Una alta fuente del equipo económico calificó a las negociaciones como "arduas" aunque se mostró optimista sobre la posibilidad de cerrar el acuerdo en los próximos días y obtener un adelanto de desembolsos que permita despejar el horizonte financiero.
La principal incógnita pasa por determinar el volumen de ese anticipo y también por si un porcentaje de los dólares podrá utilizarse para intervenir en el mercado y mantener a raya las cotizaciones paralelas. Este punto es central para el Ministerio de Economía que entiende que el proceso de desaceleración de la inflación, que con el dato de junio acumulará dos meses, se debe centralmente a la paz cambiaria.
Esta semana, el Gobierno también confirmó que abonará en los próximos días alrededor de u$s1.000 millones de los cupones de la deuda reestructurada en 2020. “Reafirmamos una vez más nuestro compromiso con el pago de las obligaciones de la deuda pública y la gestión de una estrategia financiera que permite dar tranquilidad y certidumbre a los mercados”, dijo el secretario de Finanzas, Eduardo Setti.
Con este escenario, en el Palacio de Hacienda también exploran otras vías para fortalecer el frente cambiario. Por un lado, avanza un acuerdo con Brasil para financiar parte de las importaciones desde el país vecino. Por el otro, se analiza un nuevo esquema para incentivar las exportaciones del sector agropecuario. Cualquier novedad sobre estos dos puntos, se confirmará una vez que se cierren las negociaciones con el FMI.

El ex Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, se suma al equipo económico de Sergio Massa, según informaron fuentes de la cartera económica. Este domingo también se incorporó Daniel Scioli.
Domínguez será asesor ad honorem del Ministerio de Economía y una de sus tareas será construir el Acuerdo Social entre sindicatos, empresarios Universidades y Estado que fije el modelo de desarrollo e industrialización de los recursos naturales argentinos.
La metáfora de Sergio Massa sobre Mauricio Macri y el FMI: "El tío vago tomó una hipoteca y la plata se fue"
Massa selló el apoyo del oficialismo local a la fórmula presidencial de Unión por la Patria (UxP).
Domínguez fue dos veces ministro de Agricultura y actualmente es Director de proyectos especiales de Smata, sindicato que conduce Ricardo Pignanelli, y Coordinador técnico de la CSIRA (Confederación de gremios industriales). Además, es precandidato suplente a senador de la provincia de Buenos Aires por Unión por la Patria.
Desde el Ministerio de Economía destacaron que Domínguez "ha venido construyendo vínculos y articulaciones con los sectores agropecuarios del interior del país y los sectores industriales, particularmente la industria automotriz".
"El trabajo es el ordenador social por excelencia, y que sindicatos empresas y Universidades deben interpretar las señales de progreso que vienen del futuro y sentar las bases del 2030. Es momento de poner, con sentido patriótico, las capacidades nacionales en valor, en un contexto de reordenamiento de las cadenas globales y, aprovechar las oportunidades de este tiempo" afirmó Domínguez.
En las últimas horas, Sergio Massa viajó a Iguazú, donde encabezó un encuentro con ministros de Economía y presidentes de Bancos Centrales del Mercosur sobre el uso de monedas locales en el comercio del bloque. Domínguez, quien se ocupará de asesorar al Ministerio, viajó junto a la delegación compuesta por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; su par de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna y el presidente del BCRA, Miguel Pesce.
El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, confirmó que se sumará al equipo de Sergio Massa en el Ministerio de Economía como asesor internacional. En la semana se reunieron luego de que el diplomático y exgobernador bajara su candidatura y permitiese la lista de unidad en Unión por la Patria.
“Asesor Especial para la Agenda Internacional del Ministerio” será el título que ostentará Scioli. Tendrá como objetivo "fortalecer una estrategia de diplomacia económica para la Argentina", indicaron desde el Gobierno.
Al igual que Domínguez, el nombramiento será ad honorem. Según destacaron desde el ministerio, permitirá "reforzar la dimensión política internacional del Ministerio", que comanda Massa, con quien el exgobernador se reunió esta semana en el Palacio de Hacienda.

Con el objetivo de evaluar el funcionamiento del programa Precios Justos Barriales, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, recibió a los representantes de las distintas cámaras empresariales.
Durante la reunión se analizaron los datos sobre la evolución de los precios de los alimentos, que en las últimas semanas marcaron una desaceleración en la suba.
Participaron del encuentro la titular de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y Países del Sudeste Asiático (Cedeapsa), Yolanda Durán; al presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (Faba) y vicepresidente de la Confederación General Almacenera (CGA), Fernando Savore; y al representante de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenia.
En ese marco, los comerciantes marcaron un claro repunte en la venta de galletitas dulces, puré de tomate y aceite producto de la estabilización mediante Precios Justos Barriales, luego de la implementación del programa.
Asimismo, se acordó profundizar el esquema de control por el cual los representantes de los comercios minoristas acercan listas de precios con información a la Secretaría de Comercio para constatar el cumplimiento de Precios Justos por parte de los mayoristas y las demás empresas formadoras de precios como Coca Cola, Arcor, Danone, Mastellone, Quilmes, CCU, entre otros.
Tombolini destacó que “la mejor forma de trabajar los acuerdos voluntarios de precios es compartiendo la información que nos brindan los comerciantes para evitar el abuso de los formadores de precios, quienes han tenido comportamientos cuestionables en meses anteriores.” Y agregó: “En julio estamos monitoreando gaseosas, lácteos y golosinas que presentan algunos desvíos bajo análisis”.
En ese sentido, según la canasta que mide la Dirección de Evaluación y Monitoreo de Precios de la Secretaría de Comercio en grandes cadenas de supermercados, los alimentos muestran una desaceleración si se compara junio respecto al mes anterior.
Asimismo, el Secretario informó que el acuerdo con las empresas estipula que para julio ningún precio puede aumentar más del 5%, mientras que la canasta de productos fijos que componen Precios Justos Barriales tendrá una pauta del 3,8%.
Además, durante el encuentro se destacaron las acciones realizadas por la Secretaría para verificar el cumplimiento del programa por parte de los mayoristas. Por caso, durante junio se realizaron más de 280 inspecciones en locales de Diarco, Makro, Maxiconsumo, Nini, Yaguar y Vital en donde se verificó el cumplimiento de precios y stock de productos.
De la reunión además participaron el subsecretario de Políticas para el Mercado Interno, Gustavo Faskowicz; la directora de Gestión Comercial Interna, Marianela Mongelós; y el director de Promoción del Consumo, Gastón Alonso.

En una decisión clave para la estrategia comercial del país, se oficializó el reglamento de normas básicas aplicables para la asignación y gestión del contingente arancelario de carnes vacunas enfriadas de alta calidad, conocido como Cuota Hilton. La medida, que regirá hasta el 2026, fue publicada en el Boletín Oficial bajo la Resolución 274/2023 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, resaltó que esta decisión es fundamental para posicionar a Argentina como un proveedor regular de carnes de alta calidad en el mercado internacional.
Para acceder a la Cuota Hilton 2023/2024, los interesados deberán completar el formulario inicial, denominado “solicitud para acceder a una licencia de exportación - Cuota Hilton 2023/2024″, a través de la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Además, se deberán adjuntar la documentación requerida según lo detallado en los Anexos II y III de la resolución respectiva.

Los criterios establecidos por el Gobierno
El nuevo reglamento establece criterios distributivos basados en el desempeño exportador de las firmas participantes durante los últimos tres años. El cálculo se compone del 70% de las exportaciones realizadas en ese período a cualquier destino y el 30% de las exportaciones efectuadas al país o bloque otorgante de la cuota, considerando su valor FOB declarado ante el Servicio Aduanero. Este criterio favorece a aquellos que han facturado más y desalienta la subfacturación.
La normativa busca asegurar transparencia en la asignación de la Cuota Hilton, adoptando un régimen de adjudicación idéntico al de otras cuotas de carnes vacunas otorgadas por Argentina, afirmaron desde Agricultura. Esto permite unificar en un único cuerpo normativo las cuotas asignadas tanto por Estados Unidos como por Europa, brindando previsibilidad al negocio exportador.
Argentina también ha iniciado un proceso de armonización de los regímenes aplicados para la asignación de sus cuotas arancelarias agrícolas, con el objetivo de hacerlos equivalentes a aquellos que el Mercosur adopte en acuerdos comerciales con terceros países o grupos de países. Esto facilita la interconexión de los sistemas de gestión de cupos nacionales con el sistema del Mercosur.
El consenso público-privado ha sido un aspecto fundamental en la elaboración de esta normativa. Los lineamientos generales fueron acordados en diálogos permanentes con el sector exportador de ganados y carnes, así como con los grupos de productores exportadores. Se buscó atender las necesidades de las dos categorías en las que se dividen los cupos: Industria Frigorífica y Proyectos Conjuntos de grupos de productores y/o asociaciones de criadores de raza bovina.
Otro aspecto crucial del nuevo régimen jurídico es la estrategia de inserción internacional. Se ha acordado con el sector de ganados y carnes la importancia de posicionar a Argentina como un proveedor regular y confiable de carnes vacunas de alta calidad. Dado que los mercados de Estados Unidos y Europa son altamente segmentados, se busca reforzar la calidad y el valor de los productos exportados.
Asimismo, se establece un Fondo de Libre Disponibilidad mínimo que garantiza la utilización óptima del cupo total. En ciclos anteriores, este fondo ha permitido alcanzar una ejecución del 100% de la cuota, ya que las renuncias de las cuotas partes de algunos beneficiarios podían ser aprovechadas por otros que habían cumplido con su adjudicación. Esta medida incentiva el cumplimiento de la adjudicación y permite que las empresas con menor tonelaje inicial puedan acceder al Fondo de manera inmediata y mejorar su desempeño para futuros ciclos.
La principal novedad es la decisión de unificar los criterios utilizados para la distribución de la Cuota Hilton con los de la asignación de las 20.000 toneladas de carne bovina que se exportan anualmente a Estados Unidos. (Foto: Clarín)
La principal novedad es la decisión de unificar los criterios utilizados para la distribución de la Cuota Hilton con los de la asignación de las 20.000 toneladas de carne bovina que se exportan anualmente a Estados Unidos. (Foto: Clarín)
El ingreso de postulantes nuevos a la Cuota Hilton sigue garantizado, aunque se establece un porcentaje de adjudicación en lugar de una cantidad fija. Esto permitirá ajustar la cuota en caso de recibir o negociar incrementos con terceros países, asegurando una proporcionalidad en la asignación.
En cuanto a situaciones de fuerza mayor, se contempla la flexibilización de las exigencias de cumplimiento de las cuotas partes de los Proyectos Conjuntos en caso de eventos climáticos extraordinarios. Esto facilitará la incorporación de nuevos productores durante cada ciclo comercial y ayudará a mitigar los efectos de sequías, inundaciones u otras eventualidades relacionadas con la naturaleza.
Finalmente, se establece la “intransferibilidad” de las cuotas partes adjudicadas, evitando así un mercado secundario de compra-venta que podría perjudicar el objetivo central del régimen.
“Esta medida busca maximizar la utilización del cupo y mantener la estrategia de posicionamiento internacional basada en la calidad y confiabilidad de las exportaciones”, según informaron oficialmente.

El Banco Central espera mantener su tasa de interés de referencia en 97% hasta las elecciones primarias de agosto, en medio de estimaciones de las autoridades de una desaceleración de la inflación mensual en junio, según dos personas con conocimiento directo del asunto.
Los funcionarios del BCRA esperan que los aumentos mensuales de precios se hayan frenado a menos del 7% el mes pasado, lo que justificaría la pausa en el aumento de las tasas, según las personas, que pidieron no ser identificadas.
La autoridad monetaria se resiste a recortar la tasa de referencia, una de las más altas del mundo, dada la incertidumbre electoral y las presiones en el mercado cambiario antes de la primera ronda de las votaciones. Uno de los funcionarios estima que la inflación mensual de julio será similar a la de junio.
El BCRA elevó las tasas del 75% al 97% entre marzo y mayo en un intento por enfriar los precios al ritmo más rápido en décadas.
La inflación anual ha subido hasta llegar a los tres dígitos debido a que la impresión de dinero, una sequía récord y los persistentes temores de una devaluación abrupta de la moneda fomentan más aumentos de precios antes de las elecciones presidenciales. En mayo, el índice se enfrió inesperadamente por primera vez en seis meses, con lo que puso fin a una racha incluso cuando las presiones sobre los precios se mantenían muy altas.
Los economistas encuestados por el Banco Central prevén un aumento anual de los precios de 149% para fines de este año y una contracción de 3% en el producto interno bruto. El Gobierno enfrenta una ardua batalla en las elecciones generales del 22 de octubre en medio de una profunda crisis económica. Los inversores esperan que un cambio hacia un Gobierno favorable a las empresas ponga fin a años de mala gestión financiera en el país.

La mirada de LCG
Un informe de hoy de la consultora LCG resumió que la tasa de política monetaria en el 97% (TNA), consistente con un 155% efectivo anual, lo que equivale a una remuneración del 8 por ciento. “De este modo, la tasa garantizada para plazos fijos de hasta $30 millones de personas humanas emula el rendimiento de las Leliqs, antes mencionado. Apartándonos del caso previo, para colocaciones de más de $1 millón a 30 días la tasa remunerada promedio se ubica en torno al 92,6% anual (7,7% mensual)”, detallaron.

Otras consideraciones del trabajo que firman Guido Lorenzo y su equipo:
– “En tanto, de acuerdo a nuestras proyecciones de inflación, un plazo fijo ajustable por CER (con vencimiento a 3 meses) rendiría en torno a un 22,5% a plazo (consistente con un 7,0% mensual). En este sentido, la tasa remunerada de las colocaciones a plazo tradicionales superaría levemente a la de los ajustables por CER (25% vs. 22,5%). Si bien no vemos un escenario de baja en la tasa interés, los plazos fijos UVA brindan una cobertura en caso de que la inflación se acelere, aunque para que ello justifique el menor grado de liquidez (por colocar a 3 meses), la inflación debería superar el 7,7% mensual”.

La Secretaría de Comercio prorrogó la vigencia del programa de financiamiento Ahora 12 hasta el 31 de enero de 2024, y anticipó que ese plazo podrá ser extendido a partir de esa fecha.
A través de la Resolución 1041/2023, el organismo dispuso también que podrán ser adquiridos mediante financiamiento los bienes de producción nacional y los servicios prestados en el país por quienes hayan suscripto el programa Precios Justos.
En una novedad respecto de versiones pasadas, las grandes empresas que quieran participar deberán adherir al programa de Precios Justos. Esto no aplica para las pequeñas y medianas empresas y comercios barriales.
En un comunicado de prensa difundido por el organismo que lidera Matías Tombolini, se indica que "los productos que se vendan con Ahora 12 solo pueden ser de origen nacional y desde ahora se incorpora la condición de que para participar del programa las empresas deben tener firmado acuerdos de precios con la Secretaría de Comercio. Esto, no obstante excluye a las PyMEs, comercios pequeños y medianos y se aplica solo en los rubros con acuerdos vigentes".
El objetivo de Ahora 12 es impulsar las ventas de productos que se fabriquen en el país, aumentar el consumo interno y que los usuarios puedan adquirir los productos con una tasa de financiación accesible.
Siguiendo esa línea, la secretaría de Comercio aumentó los topes de financiación de cuatro rubros: Motos a un valor de $ 730.000; anteojos y lentes de contacto a un valor de $62.000; equipamiento médico a un valor de $450.000; espectáculos y eventos culturales a un valor de $42.000.

Tasa de interés subsidiada
En cuanto a la tasa de interés a aplicar en el programa, se informó que la TNA será en un principio de 72,75%, dado que la norma establece que la tasa de financiación del programa se mantiene en 75% de la publicada por el Banco Central para los plazos fijos. Solo aumentará en la misma medida que se mueva la tasas que el Central paga a los depósitos a plazo fijo, lo que principalmente, dependerá de la inflación.
De esta manera, el Gobierno sigue financiando la tasa de interés, dado que la tasa de financiación continuará por debajo de los niveles de evolución del salario que es de un 102% (variación interanual) y la tasa de interés promedio del mercado que es de un 110% de TNA, lo cual incrementa el atractivo del programa.
El programa abarca 35 categorías de productos, entre los que se destacan los de línea blanca, indumentaria, calzado y marroquinería; materiales y herramientas para la construcción, muebles, bicicletas y motos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer el IPI Minero, un nuevo indicador de producción industrial del sector. Según los datos oficiales, la producción minera y energética creció un 7,8% interanual en mayo, y acumuló una expansión de 10,7% anual en los primeros cinco meses de año. Con esas cifras, el IPI Minero alcanzó el mayor nivel de producción desde el 2016, el punto de partida de la serie estadística.
El informe al que accedió Ámbito indicó que los sectores que más contribuyeron a este crecimiento fueron: producción de plata, oro y sus concentrados, con una expansión del 15,7% contra mayo de 2022 (+8,6 p.p. de incidencia positiva), petróleo crudo, que creció un 9% en relación con igual mes de 2022 (+4,8 p.p. de incidencia positiva) y carbonato de litio y otros minerales de litio, con un crecimiento del 3,2% respecto en la misma medida (+2,5 p.p. de incidencia positiva).
Al mismo tiempo, en mayo de 2023 el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 0,6% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,3% respecto al mes anterior.
La secretaria de Minería, Fernanda Ávila, consideró que el IPI minero es un insumo fundamental para conocer la evolución de la producción minera en Argentina. "Este lanzamiento es un verdadero hito que refleja la relevancia que está tomando el sector y su protagonismo en la economía argentina. Gracias al trabajo del INDEC vamos a contar con diagnósticos más precisos para afirmar el rol de la minería y los hidrocarburos como motores del desarrollo económico nacional. Entendemos que existen ciertas dificultades que es necesario abordar y trabajamos día a día junto a Sergio Massa para generar las condiciones necesarias para resolverlas y seguir impulsando el crecimiento de la industria minera”, sostuvo la funcionaria.
El organismo también reveló que en mayo de 2023 el índice de "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural" subió 10,6% respecto a igual mes de 2022.
Por su parte, el segmento de "Extracción de minerales metalíferos", cayó un 17,3% en el quinto mes del año y el de "Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación" subió un 1,7% interanual en mayo pasado.
El lanzamiento de este nuevo índice marca un nuevo hito de gestión del Estado argentino en el desarrollo de dos sectores claves para el país, la industria minera y el sector energético.

¿Qué es el IPI Minero?
El IPI minero incluye un exhaustivo relevamiento de las actividades económicas que conforman el sector de la industria minera y su cobertura geográfica es para el total del país.
Este indicador tiene como principal objetivo medir la evolución de la producción del sector minero tomando como variables para su cálculo la producción en unidades físicas y las ventas a precios corrientes deflactadas.
En su conjunto, todas las variables seleccionadas aportan con periodicidad mensual datos sobre más de 600 establecimientos industriales mineros. La serie estadística del IPI minero comienza en enero de 2017 y su periodicidad es mensual. El período base es el año 2016, año del último censo nacional a la actividad minera.
En este marco, la secretaria de Energía, Flavia Royón, celebró el crecimiento de la producción de petróleo en mayo, pero remarcó que "lo más importante es que los servicios de apoyo para la extracción de crudo y gas natural, crecieron un 24,4%, lo que significa más trabajo argentino, más desarrollo para empresas nacionales”.
“El impulso a la actividad hidrocarburífera por parte del ministerio de Economía nos encamina hacia el autoabastecimiento energético y hacia la generación de miles puestos de trabajo”, agregó Royón.

La minería y energía en números
- Extracción de petróleo crudo creció 9% interanual y 10,7% en los primeros 5 meses del año en comparación con el mismo acumulado del año pasado.
- Los servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural aumentaron 24,4% interanual y 31,7% en los primeros 5 meses del año en comparación con el mismo acumulado del año pasado.
- La producción de carbonato de litio y otros minerales de litio creció 3,2% interanual, y un 11,5% en los primeros 5 meses del año en comparación con el mismo acumulado del año pasado.
- La producción de plata y oro y sus concentrados creció 15,7% interanual y un 13,5% en los primeros 5 meses del año en comparación con el mismo acumulado del año pasado.

El ministro de Economía, Sergio Massa presidió un encuentro con su pares y los presidentes de Bancos Centrales del Mercosur, cuyo objetivo principal es establecer el uso de monedas locales en el comercio del bloque.
En el marco de la Reunión Ordinaria del Consejo Mercado Común del MERCOSUR, realizado en Iguazú, los funcionarios se reunieron para dialogar sobre la convergencia macroeconómica, la moneda común y la agenda de mejoras de los sistemas de pago como instrumento para el uso de las monedas locales.
En este sentido, Massa aseguró que "para fortalecer el comercio intra-Mercosur es fundamental consolidar los acuerdos en moneda local entre nuestros países".
El ministro se encuentra acompañado por el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; su par de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna; el presidente del Banco Central de la República Argentina, Miguel Pesce; y el ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.
Durante hoy y mañana, el Parque Nacional Iguazú será la sede del primer encuentro presencial de todos los socios del bloque desde diciembre de 2019, que no habían podido encontrarse por el contexto sanitario. Según lo informado, la importancia de este encuentro radica en revisar acuerdos comerciales contraídos como bloque regional.
Esta mañana, se reunieron los presidentes de los cuatro países que integran el Mercosur, donde Argentina le cedió a Brasil la presidencia hasta fines de 2023.

En medio del escenario electoral que intensifica las disidencias entre los distintos bloques, habrá nueva sesión en la Cámara de Diputados. La centralidad de la jornada será el tratamiento de la situación para los deudores de los créditos UVA, cuyo proyecto obtuvo dictamen a mediados de junio.
En la sesión, que iniciará a las 12 horas, se encuentra en la agenda la creación del nuevo "Régimen de Protección de Deudores de Préstamos Hipotecarios UVA y UVI", consensuado entre un bloque de diputados del Frente de Todos junto con parte de los legisladores de la Unión Cívica Radical.
La propuesta buscaría revaluar los criterios de adecuación de las cuotas, garantizando que los montos a pagar por el deudor hipotecario tomen como referencia a el índice mensual que dé más bajo entre el coeficiente de variación salarial basado en la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC, que mide la inflación promedio.
Además, se establece que la cuota a pagar no podrá exceder el 30% de los ingresos acreditados por los deudores. En tanto, para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1 de enero de 2023. A su vez, se establece que aquellos deudores que estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.
La iniciativa crea un "Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)" que tendrá como finalidad compensar los desbalances entre la cuota calculada en base a salarios y la estimada en base a la tasa UVA/UVI. El deudor deberá adherir de forma voluntaria al régimen para poder acceder a los beneficios del Fondo. En caso de que el deudor esté desempleado, este fondo especial se hará cargo de hasta tres cuotas.
El Banco Central hará un aporte mensual, "con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera", para el fondo compensador.
Sin embargo, la propuesta tiene como contraparte a otra que obtuvo un dictamen alternativo y fue creada por el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical), junto a un sector de la oposición que incluye a diputados del PRO y la Coalición Cívica.

¿Qué otros proyectos se debaten en Diputados?
En el temario de la sesión también figuran el Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos, que crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años, con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. La producción orgánica está relacionada a un modelo de soberanía alimentaria más amigable con el medio ambiente y con mano de obra intensiva.
Además, ya con dictamen mayoritario, se debatirá la Ley Olimpia que busca modificar la ley de Protección Integral contra la Violencia de Género para tipificar la violencia digital -a través de la extorsión y difusión no consentida de material sexual- como delito penal. A su vez, la normativa habilita a los jueces a la remoción del contenido íntimo del entorno digital.
Por su parte, también se encuentra en agenda la regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico; el Plan de refinanciación de deudas respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); la declaración de monumento histórico nacional del Parque de la Constitución Nacional; la derogación del régimen legal de trabajo de mujeres y niños; un acuerdo sobre Transporte Aéreo entre Argentina y Portugal; y la aprobación de cargos de cónsules y vicecónsules honorarios a ciudadanos argentinos propuestos por gobiernos extranjeros.

La recaudación alcanzó en junio los $3.517.257,6 millones. El primer semestre exhibió un desempeño seriamente afectado por el impacto de la sequía en los ingresos provenientes del Comercio Exterior.
De esta manera, la recaudación presentó una suba del +106,1% interanual entre enero y junio, si se excluyen los tributos. Mientras que, si se incluyen, la suba alcanza el +95,9%.
Los impuestos con mayor respuesta a la actividad económica motivaron la expansión de la recaudación nacional. Dentro de este grupo se destacan el IVA (+147,0% interanual), el impuesto a los Créditos y Débitos (+108,3% interanual) y los Impuestos Internos Coparticipados (+145,8% interanual).
Respecto de los recursos de la Seguridad Social (+113,9% interanual), se sostuvieron altas tasas de crecimiento debido a las mejoras salariales persistentes. La suba responde al crecimiento de las Contribuciones Patronales (+123,7% interanual) y de los Aportes Personales (+118,2% interanual).
En cuanto a los impuestos que otorgan progresividad al sistema, se expandieron en conjunto un +86,6% interanual.
En particular, el Impuesto a los Bienes Personales presentó un incremento de +147,8% interanual y el Impuesto a las Ganancias una variación de +75,1% interanual compensado parcialmente por la utilización del saldo a favor en otros impuestos.
Respecto al comercio exterior, se registró una suba interanual de +90,3%. Los derechos de exportación presentaron una mejora respecto a meses anteriores favorecidos por la implementación de una nueva ronda del Programa de Incremento Exportador.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) duplicó el monto de reintegro del 15% para las compras realizadas con tarjeta de débito y extendió el beneficio hasta el 31 de diciembre de 2023.
En detalle, mediante la Resolución General N.º 5360 se elevó el monto a un tope mensual de $4.056 por beneficiario y de $8.114 para aquellos que perciban dos o más beneficios, valores que comenzaron a regir desde el 1 de julio de 2023. Hasta el 30 de junio, los reintegros máximos eran de $2.028 y $4.057 respectivamente.
La medida alcanza a jubilados, pensionados que perciban el haber mínimo y a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE).

Cómo se aplica el beneficio
Los reintegros se acreditan en forma automática cuando los beneficiarios realizan compras en comercios con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la cual perciben sus prestaciones. El reintegro también está previsto para las operaciones abonadas con esas tarjetas bajo la modalidad de pago electrónico inmediato (PEI) o códigos de respuesta rápida (QR).
De acuerdo a lo informado por AFIP, el régimen abarca a aquellos productos que se comercializan en negocios dedicados a la venta al por menor y al por mayor como mini, súper e hipermercados, sumado a los que realicen venta de productos alimenticios únicamente, que se encuentran inscriptos ante la AFIP. También están alcanzados los kioscos y farmacias, siempre y cuando el beneficiario abone con tarjeta de débito.
Claro está, que una vez alcanzado el tope mensual de reintegro, el beneficio deja de correr hasta el mes próximo.
Es condición fundamental que la tarjeta de débito esté asociada a la cuenta bancaria del jubilado, pensionado o titular de asignaciones universales por hijo o embarazo. De los contrario, aunque quien realiza la compra sea titular de alguna de las asignaciones, el reintegro no podrá ser aplicado.
El monto a reintegrar se acreditará dentro de las 24 y 48 horas hábiles posteriores a efectuada la compra según el horario en que se haya realizado, con la tarjeta de débito donde la persona cobra la asignación, pensión o jubilación.
Las compras realizadas entre las 00:00 horas y las 17:00 horas, harán efectivo el reintegro dentro de las 24 horas hábiles de efectuada la compra. En cambio, aquellas posteriores a las 17:00 horas, obtendrán el reintegro dentro de las 48 horas hábiles después de hecha la compra.

Quiénes acceden al beneficio
Según dicta la normativa, los reintegros del 15% son para todas aquellas personas que cobren la jubilación mínima.
Podrán acceder al beneficio las personas que cobren la jubilación mínima, perciban una pensión mínima por fallecimiento o sean beneficiarios de una pensión no contributiva nacional mínima (invalidez, vejez, madre de 7 o más hijos, entre otras).
También son parte del programa los titulares de la asignación universal por hijo (AUH) y los titulares de la asignación universal por embarazo (AUE).
Aquellas personas que reciben dos o más de los beneficios mencionados, acceden automáticamente al tope de reintegro de $8.114.
Están excluidos del beneficios los monotributistas, excepto aquellos adheridos al Régimen de Trabajador Promovido, monotributo social o al especial para pequeños productores agrarios de tabaco, caña de azúcar, yerba mate y té que se encuentren encuadrados en la categoría A. Tampoco pueden formar parte del programa quienes tributan el Impuesto sobre los Bienes Personales por otros bienes que no son vivienda única, aunque formen parte de alguna de las categorías mencionadas.
Es importante aclarar, que las compras realizadas con la Tarjeta Alimentar no están alcanzadas por el beneficio del reintegro a sectores vulnerados.

El Gobierno nacional confirmó el lanzamiento de las primeras celdas de ion litio argentinas producidas por Y-TEC con recursos naturales de Catamarca y se pronostica un crecimiento exponencial de la capacidad productva instalada de litio entre los tres proyectos en marcha y otros cinco en producción.
La Argentina se posiciona hoy en el mercado con una capacidad de producción instalada de 37.500 toneladas de carbonato de litio y una producción anual promedio de 33.000 toneladas.
Posee tres plantas de litio en funcionamiento. Dos ubicadas en Jujuy, por un lado, en el Salar de Olaroz, de la empresa Sales de Jujuy; y por otro, en el Salar Cauchari-Olaroz de la Minera EXAR; y otra en Catamarca, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, de la empresa Livent. Estos tres proyectos posicionan al país como el cuarto productor a nivel mundial, luego de Australia, Chile y China; y el segundo en recursos (concentración de un material de interés económico), solo superado por Bolivia. En materia de reservas (que son los recursos con viabilidad económica de explotación), la Argentina es el tercer país, por debajo de Chile y Australia.
En el corto plazo se espera que otros cinco proyectos de litio, que a la fecha se encuentran en construcción, entren en producción en Jujuy, Salta y Catamarca.
Se trata de Proyecto Mariana, de la firma china Ganfeng Lithium; Centenario-Ratones de la empresa francesa Eramet; Sal de Oro, de la surcoreana POSCO que la semana pasada lanzó la construcción de una segunda planta; Sal de Vida, de la australiana Allkem Lda; y Tres Quebradas, de la empresachina, Zijin Mining Group. Estos proyectos, junto a los dos que se encuentran en operación que están expandiendo sus capacidades (Sales de Jujuy, por su lado, aumentará 25.000 toneladas, mientras que Livent, en cada una de sus dos fases de expansión, sumará 20.000 toneladas), permitirán aumentar la capacidad productiva a más de 200.000 toneladas.
La francesa Eramet anunció recientemente que el grupo de materias primas Glencore expresó su interés en ayudar a financiar la producción de litio en el país y reveló estudian un esquema de participación, que implique el pago por adelantado y la comercialización conjunta de litio que se producirá a partir del próximo año en su proyecto Centenario Ratón.

Las baterías de litio argentinas
A principios de 2023, a partir del trabajo en conjunto de la provincia de Catamarca e Y-TEC, se firmó un convenio por el cual Livent proveerá el carbonato de litio para abastecer a UNILIB, la primera planta de desarrollo tecnológico de celdas y baterías de América latina, que se pondrá en marcha en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata.
La planta que se pondrá en marcha en septiembre de este año, tendrá una capacidad de producción anual -medida en energía almacenada- de 15 MWh, equivalente a 2.000 baterías para almacenamiento estacionario de energías renovables o unos 300 para autos eléctricos.
En las últimas horas la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y el presidente de Y-TEC, Roberto Salvarezza, anunciaron la compra de litio a la estadounidense Livent.
“El desarrollo de la cadena de valor alrededor de la actividad minera es prioridad para el Gobierno y, tal cual lo indica Sergio Massa, debemos generar las condiciones para que el país sea un actor clave a nivel mundial...”, afirmó la funcionaria nacional, que la semana pasada participó en Salta de una expo de proveedores mineros de pueblos originarios de la Puna.
“Nuestro país -agregó Ávilacuenta con el capital humano y científico, y una industria nacional robusta para poder seguir avanzando en la cadena de valor. Este es un ejemplo concreto de eso y de que cuando la coordinación entre provincia, empresas privadas y Nación es virtuosa y las decisiones son firmes, podemos tenerresultados concretos y beneficios para nuestro país”.
Salvarezza celebró que en breve se pone en marcha el UNILIB y se comenzará a producir las primeras celdas de baterías de ion litio en el país. “Es importante para nosotros contar con el carbonato de litio para hacer realidad un emprendimiento que tiene más de 12 años de investigación científica. De esta manera, las primeras celdas argentinas serán producidas con carbonato de litio catamarqueño”, sostuvo.

Litio: los desafíos pendientes
La obtención de carbonato de litio grado batería es un proceso que conlleva un altísimo valor agregado, mientras impulsa el desarrollo de proveedores locales y genera empleo formal y bien remunerado en las comunidades donde se inserta. Pero hay desafíos pendientes.
Un informe realizado por Fundar en conjunto con la red Green Dealings y CENIT en base a la opinión de 600 expertos en litio recordó que Argentina, Bolivia y Chile forman una región que concentra el 53% de los recursos mundiales de litio y alrededor del 80% de aquellos que se encuentran en salmueras de salares. “A medida que la demanda de litio aumenta se abren nuevas oportunidades económicas para estos países. No obstante, conlleva riesgos de impactos negativos sobre el ambiente y las poblaciones que habitan los territorios donde se desarrolla la minería de litio, y en el desaprovechamiento de oportunidades para desarrollar capacidades productivas y tecnológicas”, advierten los especialistas en el reporte al que accedió Ámbito.
Los resultados de la encuesta indicaron un amplio acuerdo en torno a la idea de que la minería de litio en salares enfrenta desafíos significativos de sostenibilidad. El 77% de los participantes coincidieron en que se debe abordar este problema de manera prioritaria, aun si ello implica ralentizar o incluso suspender la actividad minera.
Según el panel, los desafíos ambientales son prioritarios. Los temas que requieren mayor atención están vinculados al impacto de la minería sobre el balance hídrico de la cuenca y sobre la biodiversidad del área donde se desarrolla la minería.
En segundo lugar, se encuentran los desafíos de carácter social. En este caso, se destaca la necesidad de mejorar la convivencia de la actividad minera con las economías regionales, así como también el respeto a las prácticas sociales y culturales de las comunidades cercanas o vinculadas con los salares.
Con relación a los desafíos para lograr la sostenibilidad económica, se señala la necesidad de que los países ricos en recursos de litio mejoren su capacidad para capturar el valor generado en su territorio. Con ese fin, se priorizaron dos canales: en primer lugar, que las comunidades locales logren una mayor participación en los beneficios obtenidos y, en segundo orden, que la minería establezca una vinculación más estrecha con los actores del sistema productivo y de innovación nacional.
Finalmente, en el caso de los desafíos de carácter social, se destaca la necesidad de mejorar la convivencia de la actividad minera con las economías regionales, así como también el respeto a las prácticas sociales y culturales de las comunidades cercanas o vinculadas con los salares.
“Para los y las expertas el concepto de justicia está fuertemente vinculado con temas de sostenibilidad económica, por encima de la sostenibilidad ambiental y social”, remarcó el informe, y añadió que el principal obstáculo es “la debilidad institucional y de capacidades estatales en los países productores”, mientras que en segunda instancia se destacó la asimetría de recursos que existe entre países demandantes y productores.