El Senado de la Nación convirtió en ley la eliminación de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias, un proyecto impulsado por el Ministro de Economía, Sergio Massa, con 38 votos a favor y 27, en contra. Ahora, debaten los cambios a la Ley de Alquileres.
La iniciativa recibió el apoyo del oficialismo y del bloque Unidad Federal, que responde a espacios provincialistas, y el rechazo de Juntos por el Cambio, que al igual que en el debate en la Cámara baja la consideró que se trata de una medida “electoralista”.
La primera plana del sindicalismo siguió el cierre de la sesión desde los palcos del Senado. Estuvieron presentes Sergio Palazzo, titular de la Bancaria; Pablo Moyano, de Camioneros y Omar Plaini, del sindicato de Canillitas, entre otros.
La reforma de Ganancias se centra en la modificación de la cuarta categoría, un universo integrado actualmente por 80.000 trabajadores. Es decir, el tributo cambiará de nomenclatura por la de Impuesto a los "Mayores Ingresos" y será abonado únicamente por quienes obtengan ingresos mensuales superiores al nuevo piso del tributo, el cual fue fijado en $1.770.000.
A través de la iniciativa se busca que el impuesto recaiga, únicamente, "sobre los mayores ingresos en relación de dependencia y por las otras rentas aludidas".
La determinación del impuesto se efectúa de acuerdo con el siguiente mecanismo: se considera, al comienzo del período fiscal, el valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) vigente el 1° de enero de ese año, el que se actualizará el 1° de julio de cada año fiscal, considerando el valor del SMVM vigente a esa nueva fecha.

El debate por Ganancias en el Senado
El primer senador que tomó la palabra fue el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el riojano Ricardo Guerra (Frente de Todos), quien ratificó la postura oficialista de partir del "concepto de no considerar al salario como una ganancia sino como lo que es, una retribución al trabajo, y en el caso de jubilaciones un haber de retiro”. “Para cumplir esta premisa se instituye que los salarios brutos que no superen a los 15 salarios mínimos no estén sujetos al impuesto a las ganancias", agregó.
Uno de los contrapuntos provino del senador porteño Martín Lousteau (Evolución Radical), quien planteó que "esta medida es tremendamente regresiva porque se va a pagar con inflación, que afecta más a los de más abajo. Si vamos a bajar impuestos, digamos qué gastos vamos a bajar”. Asimismo, atribuyó la iniciativa al "efecto para las elecciones" y apuntó al impacto en los distritos: "El 59% son recursos que salen de las provincias. Dicen que se va a compensar pero eso no está en el proyecto".
Los argumentos se reiteraron en el caso del oficialismo. El senador el chubutense Carlos Linares, entendió que la eliminación del impuesto constituye "una reparación histórica" que inicia un camino para "dignificar y levantar la vara" que beneficiará a "900.000 personas de las cuales la mayoría son sostén de familia". Su compañero de bancada, el chaqueño Antonio Rodas, planteó que el proyecto se trata de "acto de estricta justicia con respecto a devolverle a los trabajadores algo que realmente les corresponde. Porque todos consideramos que el salario no es un impuesto".
En la vereda opositora, el correntino Eduardo Vischi coincidió en la importancia de "bajar impuestos", pero opinó que "hay que hacerlo cuando hay margen y ahora estamos en medio de una tormenta perfecta. Esta es una medida populista que nos empuja a una hiperinflación que va a dar pie a un estallido social".
Los distintos referentes de los radicalismos provinciales subrayaron el efecto que podría tener la eliminación del impuesto a las Ganancias en las arcas de sus distritos, entre ellos el fueguino Pablo Blanco: “Los empleados de Tierra del Fuego no tienen ningún beneficio con esta eliminación del impuesto a las ganancias, pero la provincia tiene una perdida de más de 20 mil millones de pesos".
En el inicio de la sesión, el Senado le rindió homenaje a Aldo Neri, ex ministro de Salud nacional en 1983 y fallecido recientemente el 21 de septiembre. Posteriormente, se trató el pliego de la jueza Ana María Figueroa, quien fue cesada por la Corte Suprema de la Nación de su cargo en la Cámara de la Casación por haber cumplido los 75 años. Con 36 votos afirmativos y 35 votos negativos, se aprobó el pliego para que Figueroa sea designada como Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal.