El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió los datos actualizados de la reducción del empleo público que llevó adelante la administración de Javier Milei desde que asumió en diciembre pasado y exhibió que casi 36.000 trabajadores estatales fueron desvinculados.El funcionario nacional dio a conocer mediante su cuenta de X que, entre diciembre de 2023 y noviembre pasado, unos 35.936 empleados públicos perdieron su trabajo en el Estado, como parte de la política de recorte del gasto público que implementó el gobierno en su primer año.  El total del personal público desvinculado se compone de las reducciones en la Administración centralizada y descentralizada (21.408), de las Empresas del Estado (11.951) y del Personal Militar y de Seguridad (2.577). Sturzenegger celebró el ajuste en el Estado señalando que "recordemos siempre que menos gasto público son menos impuestos y por ende más capacidad de gasto para el sector privado", y remarcó que "en otras palabras es devolverle el dinero a sus verdaderos dueños. VLLC!".

"Después de mucho tiempo, ahora les marcamos la agenda nosotros a ellos". Uno de los principales colaboradores de Jorge Macri en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se entusiasma con el relanzamiento de la gestión del PRO que incluyó el desdoblamiento electoral y un proyecto para suspender las PASO para legisladores porteños. Se trata de una declaración de guerra a La Libertad Avanza en el distrito base de Mauricio Macri que anticipa también tempestades en el armado opositor a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. "Nosotros tenemos los 40 votos para eliminar las PASO en la Legislatura, no se cómo van a hacer ellos en el Congreso. La agenda se las marcamos nosotros ahora", agrega el funcionario de CABA. En el gobierno de Jorge Macri celebran haberse anticipado con la suspensión de las PASO, previstas para el 27 de abril en la Ciudad de Buenos Aires, mientras Javier Milei no logra consensos en el Congreso para convocar a sesiones extraordinarias e incluir la eliminación de las primarias abiertas, simultaneas y obligatorias a nivel nacional. 

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, convocó a los distintos boques parlamentarios a alcanzar un acuerdo para tratar en sesiones extraordinarias el proyecto de eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Según cálculos oficiales, se ahorrarían más de US$150 millones.  “El proceso electoral del 2025 para elegir diputados y senadores nacionales tendrá un costo estimado de más de 500 millones de dólares, entre PASO y elecciones generales. Si elimináramos las PASO, se ahorraría entre 35% y 40% de esa suma. Es decir, estamos hablando de un ahorro superior a los 150 millones de dólares”, planteó. El jefe de Gabinete dijo que “desde 2011, fecha en que entraron en vigencia, solo han sido un costo económico para el Estado y una molestia para el conjunto de los ciudadanos, que han tenido que votar en Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para resolver los problemas que los políticos no han sabido solucionar en sus propios partidos”. “Sería fundamental que podamos eliminarlas definitivamente, si hubiera acuerdo en sesiones extraordinarias o al principio del período ordinario, para ahorrarles a los argentinos tiempo, molestias y dinero”.

El presidente Javier Milei dio a conocer que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no está analizando actualmente competir como candidata en las elecciones legislativas del año 2025. Sin embargo, el mandatario dejó abierta la puerta a que en el corto plazo cambie de parecer. El rol protagónico que asumió la funcionaria -mano derecha del jefe de Estado- en los últimos meses, principalmente luego del acto en Parque Lezama, sembró la duda sobre una posible postulación de cara a los comicios de medio término que se llevarán a cabo en agosto y octubre del próximo año.

A través del decreto 1112/2024, el Gobierno habilitó a las Fuerzas Armadas a colaborar en cuestiones de seguridad interior tales como actuar ante amenazas terroristas y colaborar con el control de las fronteras. Para hacerlo, la gestión de Javier Milei derogó un viejo decreto 727/2006, que les prohibía a los militares poder participar de operaciones de esta clase. En concreto el decreto permite la participación de las fuerzas ante agresiones de actores como organismos paraestatales extranjeros, terroristas u otras organizaciones transnacionales, “que puedan afectar intereses vitales” y además contempla la posibilidad de que participen en la vigilancia y el control de los espacios en las zonas fronterizas para “fortalecer el control en áreas sensibles”. Para lograr cumplir con estos nuevos objetivos, las Fuerzas Armadas se someterán a un nuevo adiestramiento y capacitación en función del flamante marco legal, en el que tendrán intervención en posibles amenazas de organizaciones del exterior, ya sean estatales como no estatales. En esta nueva preparación se tendrá en cuenta que el eventual combate a un grupo terrorista se podría dar en ciudades, a corta distancia sin tropas abiertas como plantea un escenario de guerra convencional.

El bloque de Unión por la Patria (UxP) cierra el año 2024, con noticias similares a como lo comenzó. El diputado por Santa Fe, Roberto Mirabella, presentó una nota a las autoridades de la Cámara y del bloque de UxP, anunciando la creación de una nueva bancada. La partida de Mirabella del bloque de Germán Martínez, se suma a los tres diputados por Tucumán, que a inicios de este año y del debate de la ley Bases, conformaron el bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo. Roberto Mirabella hizo el anuncio por las redes sociales, confirmando que su nuevo espacio unipersonal se llamará Defendamos Santa Fe.

“Este lunes estaremos buscando alternativas de acuerdos”, señaló un importante asesor de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien además recordó que la titular del Senado se pronunció sobre esto en una rueda de prensa, tras la sesión que expulsó a Edgardo Kueider del Cuerpo. “No lo dijo para que no pase nada, lo planteó con la necesidad de encontrar una solución al tema del congelamiento de las dietas”, señalaron desde el primer piso del Palacio legislativo.  “Yo no soy senadora, solo facilito las condiciones para el tratamiento y la discusión de este tema, pero no soy la que toma las decisiones. Entendiendo el esfuerzo inmenso que está haciendo la población, desde lo económico, creo que debemos estar a la altura y por eso deben estar congeladas las dietas de los senadores”, dijo el pasado 12 de noviembre ante los periodistas en el Salón de las Provincias, abriendo de esa manera un tiempo de posibilidades de acuerdos entre los bloques legislativos para tomar una definición respecto de sus dietas legislativas. El pasado 22 de agosto los senadores suspendieron la vigencia de la resolución y votaron por un desenganche de sus ingresos con el personal legislativo. Además, retrotrajeron cualquier aumento de haberes.

Tras la reunión entre Javier Milei y los diputados radicales para afianzar la alianza y negociar la eliminación de las PASO, el diputado tucumano, Mariano Campero, manifestó la posibilidad de armar “una alianza de listas”. “Vamos a confluir todos y queremos ser parte de esa fuerza indudablemente porque, en este momento, hay que profundizar este cambio y seguir con el camino de transformación”, sostuvo el legislador en declaraciones a la prensa.  La reunión se desarrolló en la Casa Rosada y participaron los diputados que fueron expulsados de la UCR, Luis Picat, Mariano Campero y Martín Arjol. Los tres quedaron afuera en tanto colaboraron con sus votos para blindar el veto de Javier Milei sobre las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento de las universidades. Estuvieron también el jefe de bloque de la UCR en la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo, y los legisladores Francisco Monti, Federico Tournier, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Atilio Benedetti, Roxana Reyes y Pablo Cervi.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió a los rumores que lo vinculan a una posible candidatura en las elecciones legislativas del 2025 y aseguró que si el presidente Javier Milei le pide que sea candidato lo aceptaría. El portavoz fue consultado al respecto durante su habitual conferencia de prensa matutina, a lo que respondió: "Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea".

El 31 de diciembre vencen 50.000 contratos en distintas áreas de la administración pública nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analiza una nueva medida de fuerza, ante la posibilidad de que el Gobierno decida avanzar con otra ronda de despidos en el Estado. “No puede existir un solo despido”, sostienen desde el sindicato.La Casa Rosada confirmó la desvinculación de 2400 empleados “irregulares” del Ministerio de Justicia y dispuso el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (Decahf), lo que provocó la eliminación de 1388 puestos laborales. Ante esa situación, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, reclamó por la renovación automática de los trabajadores estatales y una recomposición salarial de emergencia.  “El 31 de diciembre no puede existir un solo despido en el Estado. Se debe garantizar la continuidad de todos los contratos. El proceso tiene que ser automático”, lanzó Aguiar en un comunicado. Otra de las medidas que el Gobierno tiene para avanzar con el ajuste en la APN es a través de los exámenes de idoneidad. El 95% de los empleados públicos que lo rindieron aprobaron en el primer intento. Según datos del Ministerio de Desregulación, que encabeza Federico Sturzenegger, 9000 trabajadores estatales de planta transitoria y contratados completaron las pruebas, que son obligatorias e incluyen preguntas de competencias básicas. Cerca de 50.000 empleados debían rendir la evaluación como requisito obligatorio para renovar sus contratos.

La Federación Nacional de Trabajadores Camioneros anunció “medidas de acción directa” por falta de acuerdo con el Gobierno en las negociaciones paritarias. El gremio emitió un comunicado en el que advirtió: “Cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional”. El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, había amenazado con un nuevo paro nacional si no se cerraba la paritaria sectorial con un aumento salarial de 15% para el período diciembre-febrero. Luego, la oferta del empresariado quedó en 8% de aumento dividido en estos tres meses. Sin embargo, el Gobierno no ofrecía más del 1% de aumento mensual. “Ante la negativa del Gobierno Nacional de convalidar el aumento salarial acordado con las Cámaras Empresarias y considerando que el propio sector empresario manifiesta no tener incidencia en la formación de precios, esta Federación manifiesta que no se puede permitir que el Ministerio de Economía coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las cámaras del sector”, expresa el comunicado.

La relación entre el Gobierno de Javier Milei y el PRO está en crisis hace tiempo, pero en los últimos días hubo algunos indicios de acercamientos. En realidad, el Presidente envió un ultimátum en el que advirtió a sus hasta ahora aliados: “O vamos juntos en todos lados o vamos separados; trampas al electorado, no”. Quien recogió el guante fue Mauricio Macri, que se mostró de acuerdo, aunque exigió “cumplir con la palabra como nosotros lo hicimos este año, ser absolutamente transparentes con el electorado y, ante todo, cuidar la República”. Por estas horas hay una disputa en el PRO en cuanto a qué postura tomar en las elecciones legislativas del año que viene. Los principales dirigentes del espacio se inclinan a presentarse solos en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. “Hoy el PRO está trabajando para ir solo a las legislativas”, señaló alguien muy cercano al expresidente. A diferencia de esto, en el resto del país hay más consenso para ir juntos, ya que consideran que lo contrario es “hacerle el juego al kirchnerismo”.  En las primeras filas del partido amarillo sostienen que la definición será “distrito por distrito”. No habrá un mandato unívoco en todo el país, ya que hay realidades diferentes en todo el territorio nacional.

La Secretaría de Trabajo volverá a intermediar nuevamente entre sindicatos y empresarios luego de las amplias diferencias que volvieron a mostrar en la última reunión del Consejo del Salario. El Gobierno deberá definir por decreto el valor del sueldo mínimo, fijado en $271.571 desde octubre de este año. En el encuentro la Confederación General del Trabajo (CGT) solicitó que el Salario Mínimo, Vital y Móvil se estableciera en diciembre en torno a los $572.000, requerimiento que obtuvo el acompañamiento de las dos representaciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). Esta coincidencia gremial no había ocurrido hasta el momento durante la gestión de Javier Milei. Sin embargo, la contrapropuesta de las cámaras empresariales provino desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que ofreció fijar en $278.000 el sueldo mínimo para el corriente mes, con una serie de aumentos en el primer trimestre del 2025: $284.000 en enero, $290.000 en febrero y $295.000 en marzo del próximo año.

A través de una resolución publicada en las últimas horas firmada por Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, el Gobierno estableció “la obligatoriedad para todos los internos alojados en el Servicio Penitenciario Federal (SPF) de participar en las tareas de mantenimiento, limpieza, aseo e higiene de los espacios propios y comunes de los establecimientos penitenciarios”. La medida precisó que las actividades podrán ser llevadas a cabo durante cinco horas diarias. También se detalló que estos trabajos no serán remunerados. La resolución indicó que será el SPF el encargado de “elaborar los planes y cronogramas específicos de las tareas asignadas y controlar su cumplimiento”. “Las personas privadas de la libertad no son víctimas sino victimarios de la sociedad en su conjunto y, en ese entendimiento, el esfuerzo estatal debe estar orientado a que reparen el daño causado y adopten hábitos orientados al reconocimiento de su responsabilidad individual”, argumentó el gobierno nacional en su relación.

Los bonos de fin de año destaparon una nueva interna libertaria en el Congreso. Mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ya oficializó el otorgamiento del bono a sus empleados, la titular del Senado, Victoria Villarruel, está en negociaciones con los gremios.  Diputados y senadores no solo tienen fuertes diferencias por sus ingresos, sino también por los alcances de cierta recomposición salarial para sus trabajadores. Mientras el Senado aprobó una resolución de enganche de sus ingresos con los aumentos paritarios de los trabajadores legislativos, Diputados no lo hizo. Además, Menem otorgó a los diputados un incremento salarial indirecto mediante la entrega de un bono de fin de año a algunos sectores de empleados parlamentarios, específicamente las categorías de planta permanente y transitoria. Pero ese bono no alcanza al personal contratado. En el Senado, Villarruel aún no implementó esta medida. Esto se encuentra en plena discusión, ya que la vicepresidenta busca evitar que la crisis del Senado se profundice producto de las diferencias que mantiene con el Poder Ejecutivo, su distanciamiento del presidente Javier Milei y de integrantes de su gabinete, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como su pelea con los senadores por el descongelamiento de sus dietas a partir del próximo enero. Por tal motivo, está llevando a cabo conversaciones con los gremios legislativos APL, ATE y UPCN para alcanzar un entendimiento.

El Gobierno nacional designó al diplomático de carrera Alejandro Alonso Sainz como embajador de la Argentina en España, una plaza de relevancia en el ámbito internacional y clave en el turbulento vínculo que Javier Milei tiene con el mandatario español, Pedro Sánchez. El cargo estaba vacante desde fines de noviembre, cuando Javier Milei desplazó al embajador Roberto Bosch, quien ocupó ese puesto luego de haber sido número dos en la embajada durante la gestión de Ricardo Alfonsín, en el gobierno de Alberto Fernández. Alonso Sainz es un diplomático de carrera que fue cónsul argentino en Barcelona durante ocho años consecutivos, durante los cuales tuvo bajo su área a cerca de 150.000 argentinos que viven en su jurisdicción, que abarca Cataluña, pero también Valencia, Aragón, Andorra, Castellón, Huesca, Zaragoza y Alicante. Alonso Sainz es, además, un hombre cercano a Luis Kreckler, el actual cónsul general de San Pablo que en estos días está en Buenos Aires asesorando a Werthein en el rearmado de la Cancillería.