La investigación por el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell empieza su etapa final. La Suprema Corte de Justicia Bonaerense confirmó la elevación a juicio y las prisiones preventivas de los ocho rugbiers acusados de asesinarlo a golpes a la salida de un boliche.
Los magistrados rechazaron un recurso de queja presentado por el defensor Hugo Tomei, abogado de Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Blas Cinalli.
Con la confirmación de la prisión preventiva, los ocho acusados llegarán detenidos al debate que comenzará el 2 de enero ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores.
“Más allá de las dogmáticas alusiones a un ´estado de indefensión´ y la vulneración del derecho a ser oído, no demostró la existencia de un cambio sorpresivo que hubiera obstaculizado el derecho que -de manera genérica- aduce vulnerado”, fue el fundamento que utilizaron los jueces Hilda Kogan, Luis Genoud, Sergio Torres y Daniel Soria para desestimar el planteo de Tomei.
Para los jueces, el abogado tampoco “explicó qué defensas se vio privado de ejercer, pues no vinculó su denuncia con las circunstancias concretas del caso, lo que sella la suerte adversa de la impugnación por insuficiente”.
Ya en septiembre del año pasado la Suprema Corte de Justicia había rechazado un recurso de la defensa para lograr que cesen las prisiones preventivas por considerarlo “inadmisible”. La única instancia que le queda al defensor de los rugbiers es recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En el caso de que eso no suceda, quedará firme la elevación a juicio y las prisiones preventivas para los ocho acusados, que están imputados por los delitos de “homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas” y “lesiones leves” sufridas por amigos de Fernando que estaban junto a él la madrugada del crimen.
En la causa fueron sobreseídos otros dos jóvenes acusados de ser partícipes necesarios: Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi.
Crimen de Fernando Báez Sosa: cuándo comenzará el juicio y qué puede pasar
El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa comenzará el lunes 2 de enero de 2023, a casi tres años del crimen. Serán 22 jornadas que se desarrollarán en plena feria judicial y contarán con la participación de más de 130 testigos.
Las audiencias se realizarán en el Palacio de Tribunales de Dolores, ubicado en la calle Belgrano 141 de esa ciudad bonaerense, y estará a cargo de los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lázzari.
Para la fiscal Verónica Zamboni, los acusados “acordaron darle muerte” a Fernando Báez Sosa y, para ello, “previamente distribuyeron funcionalmente sus roles” luego de haber tenido una discusión dentro del boliche Le Brique. De acuerdo con la instrucción del caso, los rugbiers atacaron al joven estudiante entre las 4.41 y las 5 del 18 de enero de 2020.
En el juicio también se debatirán las responsabilidades penales de todos los acusados por las lesiones sufridas por cinco amigos de Fernando que se encontraban con él cuando fue asesinado.

El diputado Máximo Kirchner criticó Horacio Rodríguez Larreta por utilizar un “lenguaje tan duro, tan de taita, tan de arrabal y de guapo” para “sacar chapa contra los pibes y pibas” que toman escuelas en la Ciudad de Buenos Aires, y lo atribuyó a que Horacio Rodríguez “Larreta quiere descargar la frustración de bajar la mirada con Macri, que lo maltrata y lo deja sin dignidad”, en una interpretación que refiere a interna política que atraviesa la oposición.
En su primer discurso público tras el intento de atentado contra su madre, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el dirigente de La Cámpora cargó contra el referente porteño de Juntos por el Cambio por “agarrársela con los pibes y pibas que están buscando ver cómo encuentran soluciones a los problemas que tienen”.
Con un enfático respaldo a los estudiantes que protagonizan las tomas de colegios, Máximo Kirchner cuestionó tanto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña como a Horacio Rodríguez Larreta porque se ve que “le gustan los jóvenes que andan con antorchas, llevan guillotinas a las marchas y proponen matar a otro”.
“Ojalá las pibas y pibes que están agrupados en centros de estudiantes sean lo más solidarios que puedan. No importa si están en una provincia que gobierna el peronismo o no. Pero tienen que ser solidarios con los pibes que están siendo maltratados”, exhortó el referente del kirchnerismo.
“Los escuché decir ‘vamos a ser inflexibles’ con los pibes o acusar a los trabajadores del neumático de ‘intransigentes’, cuando a las cerealeras hubo que generarle otro dólar para que liquiden lo que se produce en nuestro suelo y es parte de los bienes comunes de nuestra patria”, continuó el legislador nacional, al mencionar también el duro conflicto que encabezó el Sindicato Único del Neumático (SUTNA) que paralizó la producción sectorial y finalizó con la firma de un acuerdo salarial.
“Pareciera ser que a los pibas y pibes, y a las trabajadoras y trabajadores, se los califica de cualquier manera por ejercer sus reclamos para la búsqueda de su dignidad. Ahora cuando vienen las cerealeras no son intransigentes, no son inflexibles, ningún policía va a verlos y la economía argentina tiene que darles un privilegio”, prosiguió con la misma línea argumentativa el referente del PJ bonaerense, durante un acto político en Morón.
Según Máximo Kirchner, en la oposición existe una diferente vara al evaluar las protestas sociales, al mencionar que en el conflicto por la Resolución 125 con las entidades agropecuarias durante el año 2008 “hubo 110 días de cortes” de ruta, y ningún dirigente del macrismo se pronunció en contra de esa metodología de acción.
“Nunca escuché en esos días a Macri, a Larreta y a los medios de comunicación ser tan duros e inflexibles como lo han sido con los trabajadores, trabajadoras y los estudiantes”, insistió.
Por lo tanto, el legislador interpeló: “El ejemplo que tiene que tener en claro nuestra sociedad -piense cómo piense y vote a quién vote- es que cada vez que nos encontremos a un punto de inflexión ya sabemos para qué lado algunos van a torcer la historia. Imaginen que hasta el 2015, capital y trabajo se encontraban distribuidos entre 51-49 puntos del PBI, hoy está en 60-40 en favor del poder económico. Diez puntos han desaparecido de la mesa de los argentinos en la distribución del ingreso y hoy está en mano de unos pocos que, no conformes, usan ese poder para extorsionar y poner de rodillas al Estado. ¿Cómo piensan que va a terminar esto?”.
El ex jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados realizó estas declaraciones en el Encuentro de la Militancia del Frente de Todos (FdT) de Morón, al cumplirse un mes del intento de magnicidio de Cristina Kirchner.
El acto arrancó a las 16 y se realizó en forma cerrada en la vieja cancha de rugby del Club Los Matreros, en el centro del mencionado distrito bonaerense. Máximo Kirchner, único orador de la jornada, estuvo acompañado por el intendente, Lucas Ghi.
Estuvieron presentes en la actividad dirigentes del Partido Justicialista, el Frente Renovador, el Movimiento Evita, Proyecto Sur, el partido Somos, el Movimiento Nacional Alfonsinista, el Partido de la Concertación FORJA, el Partido Comunista, Partido Comunista (Congreso Extraordinario), el Partido del Trabajo y del Pueblo, la Unidad Socialista para la Victoria, el Partido Solidario y Nuevo Encuentro, entre otras fuerzas políticas.

La cúpula de la CGT, sin Pablo Moyano, se reunió para definir los detalles del acto del 17 de Octubre y, en ese marco, se ratificó el lanzamiento de la "Corriente Político Sindical Peronista".
Así lo confirmó el secretario general Héctor Daer, tras participar de un encuentro en la UOCRA. "Estamos organizando el armado de un espacio político y va a tener lanzamiento el 17 de Octubre en un acto en Obras Sanitarias que tendrá lugar por la mañana", explicó el líder del sindicato de la Sanidad.
Detalló que se tratará de "un espacio político del sindicalismo, que es mayoritariamente peronista" dentro de la CGT, pero que excede a la confederación.

Lanzamiento del espacio político sindical
"A partir de este espacio buscamos dar las discusiones que queremos", sostuvo Daer en declaraciones a la prensa tras la reunión, a la que no fue invitado el integrante del triunvirato Pablo Moyano.
Al ser consultado sobre si el secretario adjunto de Camioneros estaba de acuerdo con la iniciativa, respondió: "No es que no esté de acuerdo o que esté de acuerdo, no lo hablamos con él. Ellos tienen definida una movilización para el 17 de Octubre".
"Queremos consolidar un espacio político que participe dentro del peronismo para discutir el poder real. No solo es una discusión de cargos, candidaturas, sino también de adónde va el país", agregó.
Del encuentro participaron Daer, Carlos Acuña (Estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Jorge Sola (seguros).
La reunión se dio en momentos en que las tensiones internas están a la orden del día y que Moyano se diferencia no solo con el acto del 17 de Octubre por el Día de la Lealtad, sino también en cuanto al pedido de reapertura de paritarias con un 130 por ciento de aumento.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó con prisión preventiva a Nicolás Gabriel Carrizo y a Agustina Díaz como partícipes secundarios del intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, perpetrado el 1 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.
La magistrada valoró en su resolución que ambos procesados tenían en sus teléfonos celulares -a través de sus sistemas de Whatsapp- información sensible vinculada con el ataque fallido contra la expresidenta, según surge del fallo judicial al que tuvo acceso Télam.

¿Quiénes son y cuáles fueron sus roles?
Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte.
Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido le sugirió que borrara toda la información de su celular y que desde antes sabía que ella había adquirido una pistola.
En su resolución, la jueza Capuchetti consideró que "los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz".
La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de "homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa" y mandó a trabarles embargos por 100 millones de pesos a cada uno, según surge del fallo de casi 130 páginas.
En ese sentido, señaló que "quedó acreditado por los mensajes enviados en la previa del hecho, y con posterioridad al mismo que, Carrizo y Díaz planificaron el evento criminoso y sus participaciones serán secundarias ya que, de no haber efectuado sus contribuciones, el delito igualmente podría haberse configurado de la manera en que se hizo y conforme la concreción del plan criminal acordado".

Sobre el plan de ataque
Para la magistrada, el plan delictivo tuvo "su inicio el día 22 de abril del año en curso, fecha en la cual Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, con la numeración `25037´ en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada por Sabag Montiel para cometer el hecho investigado".
"El día señalado Brenda Uliarte le indicó a un contacto identificado como 'Serena' que había adquirido un arma de fuego. Concretamente, le dijo 'si, tengo un fierro, lo compre porque mi ex está jede'. El mismo día también le informó esa circunstancia a otro contacto agendado como 'Fran', a quien le refirió 'tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro'".
Carrizo fue detenido por orden de la jueza Capuchetti luego de que en su celular –aportado voluntariamente cuando se presentó de modo espontáneo como testigo- se encontraran conversaciones anteriores al ataque fallido en las que ya hablaba sobre la idea de matar a la Vicepresidenta.
En su teléfono se hallaron también conversaciones posteriores al ataque vinculadas con la voluntad de ocultar material probatorio; incluso, hablaba de una pistola que él supuestamente les había dado a los agresores y que no se utilizó para el ataque.
"Estuvo muy cerca, falló el arma, no lo entiendo, andaba bien", se lamentó el acusado en un intercambio de mensaje que tuvo con una persona de su confianza identificada entre sus contactos telefónicos como "Andrea", a quien también le informaba que él mismo había aportado una pistola que no fue la que finalmente usó Sabag Montiel, según pudo reconstruir Télam de fuentes con acceso a la investigación.

A un año de las próximas elecciones, los gobernadores del peronismo comenzaron a delinear una suerte de estrategia que consiste en no cortar lazos con el Gobierno nacional, pero sí tomar cierta distancia. Apuestan a cuidar más que nunca el poder territorial y salir ilesos de la interna del Frente de Todos, el ajuste iniciado por Sergio Massa y la mala imagen de la gestión de Alberto Fernández.
En ese contexto, los gobernadores del peronismo tienen un triple objetivo en los próximos meses: eliminar las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), desdoblar los comicios en sus territorios y evitar que el recorte en las erogaciones del gasto estatal impacten en las arcas locales.
Los dirigente provinciales le vienen reclamando al Gobierno que avance con una eliminación de las PASO. Sin embargo, la medida no sólo tendría el absoluto rechazo de la oposición, sino que también comenzó a generar ruido hacia dentro del FDT.
Según confirmaron fuentes parlamentarias, diputados nacionales que responden a los movimientos sociales del oficialismo, como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la Corriente Clasista Combativa, decidieron plantarse y ya avisan que no acompañarán.
Con los votos ya de por sí ajustados, sin apoyo de los legisladores de los movimientos no habría margen para la aprobación de una iniciativa. Está previsto que en el transcurso de esta semana el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) presente el respectivo proyecto.

Suspensión de las PASO, Ley de Lemas y elecciones desdobladas
Más allá de lo que suceda a nivel nacional, los gobernadores que tienen claras mayorías locales ya comenzaron a derogarlas en sus distritos por medio de las legislaturas provinciales.
A fines de agosto pasado, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, logró que la legislatura local suspendiera “en forma excepcional y extraordinaria” las PASO del año que viene en la provincia. Sáenz, cercano al ministro de Economía, Sergio Massa, había tomado la misma decisión en el 2021 en virtud de la pandemia de coronavirus.
En diciembre del 2021, el gobernador peronista de San Juan, Sergio Uñac, consiguió la derogación de las PASO. A principios de septiembre de este año, la Cámara de Diputados de la provincia dejó sin vigencia la normativa que impedía modificaciones al sistema electoral local hasta 18 meses antes de los comicios, y luego aprobó la reinstauración en las próximas elecciones de un mecanismo similar a la ley de lemas.
En San Luis, el mandatario Alberto Rodríguez Saá, realizó lo mismo que su par sanjuanino y presentó un proyecto en la legislatura local para eliminar las Primarias y reinstaurar la ley de lemas.
Mientras que en Chubut, el gobernador Mariano Arcioni, dirigente alineado con Sergio Massa y aliado del PJ local, fuerte en los municipios, también intenta avanzar con la derogación de las Primarias e impulsar una nueva ley de lemas para las próximas elecciones, además de la reelección indefinida de intendentes.
Por su parte, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, descartó a mediados del mes de septiembre la posibilidad de suspender las primarias, pero confirmó que las elecciones generales a gobernador tendrán lugar el 17 de septiembre. Mientras que a finales de abril, Osvaldo Jaldo -gobernador interino que reemplazó a Juan Manzur- adelantó que las elecciones en Tucumán volverían a llevarse a cabo en el mes de junio.

El Gobierno debió montar un importante operativo de seguridad en la Casa Rosada por una amenaza de bomba. También se recibieron amenazas en el Ministerio de Defensa, minutos antes de que el presidente Alberto Fernández se dirigiera a la Cena de Camaradería anual de las Fuerzas Armadas. Tras las inspecciones, no se detectaron explosivos.
Las amenazas fueron recibidas a través de numerosos llamados al 911 provenientes de distintos puntos del país. Los principales se produjeron en la provincia de Buenos Aires. En la investigación tomó intervención el Juzgado Federal n°6, a cargo del juez Daniel Rafecas.
En la Casa de Gobierno y en la Plaza de Mayo trabajaron las brigadas de explosivos de la Policía Federal, los bomberos con escáners y perros que se utilizan para la detección de bombas. Tras las amenazas que despertaron la alerta en el Gobierno y el protocolo de seguridad, fue necesario evacuar a todo el personal de la Casa Rosada.
Minutos antes de que el presidente Alberto Fernández se dirigiera al Ministerio de Defensa de la Nación, una llamada también había alertado por una bomba en el Edificio Libertador, sede de la cartera.
Pese a las amenazas, Alberto Fernández encabezó la tradicional Cena de Camaradería anual de las Fuerzas Armadas. Allí, el mandatario volvió a referirse a los “discursos de odio”, que según el discurso del Gobierno generaron las condiciones para que se produjera el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
“Argentina, nuestra patria, cumplirá el año entrante cuatro décadas de democracia ininterrumpida. Eso, que debe llenarnos de orgullo, se ve empañado por un discurso de odio que se siembra en la sociedad, buscando que crezca la división y el desaliento”, dijo Alberto Fernández.
El presidente reiteró también el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas frente a “la usurpación británica”. “El mejor homenaje que podemos rendirles a nuestros héroes es seguir reclamando por el ejercicio pleno de soberanía sobre las islas Malvinas y continuar exigiendo que el Reino Unido acate las resoluciones internacionales que señalan claramente que hay una disputa territorial y que la solución debe alcanzarse de manera pacífica a través de la diplomacia”, afirmó.
La Casa Rosada ya había recibido una amenaza de bomba el 30 de diciembre del año pasado a través de un llamado al 911. En aquella oportunidad intervino la Casa Militar y tras una revisión a cargo del escuadrón antibombas se decidió no evacuar al personal del edificio. El Presidente se encontraba en ese momento en la Casa de Gobierno, y tampoco fue evacuado.

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) criticaron los dichos del diputado radical Facundo Manes, quien reinstaló la tensión interna de la coalición al afirmar que el expresidente Mauricio Macri "tiene que reflexionar" por haber "espiado a gente de su propio Gobierno" entre 2015 y 2019, una gestión que catalogó de "populismo institucional".
"Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como ésta es romper la oposición", publicó en su cuenta de Twitter el diputado de JxC Fernando Iglesias en referencia a las declaraciones que formuló Manes.
Allí, el candidato a presidente mejor posicionado de la Unión Cívica Radical (UCR) -uno de los partidos que conforman JxC, junto al PRO y la Coalición Cívica-, profundizó la discusión interna de la coalición al decir que durante la gestión de Macri "hubo operadores que manejaban la Justicia, datos y evidencia que dejan en claro que espió a gente de su propio Gobierno".
A su vez, legislador porteño y exsecretario privado de Macri, Darío Nieto, rechazó a través de Twitter los dichos de Manes: "Macri armó un partido de la nada y en 15 años ganó la Ciudad, la Nación, fue el único capaz de frenar al kirchnerismo y cambió la Argentina para siempre. Manes, ¿A quién te comiste?".
Quien también criticó al neurocirujano de extracción radical fue el Auditor General de la Nación y representante del Peronismo Republicano, Miguel Ángel Pichetto, que calificó sus declaraciones como "un disparate".
"Reconozco que Manes tiene legitimidad y derecho a querer representar a su partido. Eso no es suficiente para agredir a un hombre que fue presidente y mantiene un nivel de adhesión y liderazgo muy importante. El oficialismo está de fiesta con esto. Analizo esta situación como inconveniente", sostuvo Pichetto en declaraciones formuladas a Radio 10.
En esa línea también se ubicó la diputada de la Coalición Cívica Leonor Martínez Villada, quien manifestó en Twitter su "repudio a las declaraciones demagógicas" de Manes.
Por su parte, la diputada de JxC Silvia Lospennato indicó estar "orgullosa" del Gobierno de Macri para responder los dichos de Manes.
"Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023, al que no le guste, que siga su rumbo", resaltó Lospennato en redes.

El Gobierno nacional ratificó a Juanchi Zabaleta al frente del Ministerio de Desarrollo Social y aseguraron que "sigue trabajando" en la cartera, ante las versiones periodísticas que circularon este jueves sobre su posible renuncia.
"Sigue trabajando en el ministerio", respondieron fuentes cercanas al ministro oriundo de la ciudad bonaerense de Hurlingham.
En las últimas horas, Zabaleta quedó en el centro de la escena política por la tensión creciente con la Unidad Piquetera, un conjunto de organizaciones de izquierda que acamparon dos noches frente al edificio ministerial ubicado en la Avenida 9 de Julio para reclamar "trabajo genuino" y el "aumento de las partidas presupuestarias para planes de empleo".
Ante la consulta de este medio, desde Desarrollo Social aclararon que Zabaleta está dedicado a resolver el conflicto. "A la mañana estuvo en un operativo de auditorías al Potenciar Trabajo en Morón", precisaron.
Además, indicaron que el funcionario estuvo "monitoreando las conversaciones informales" que pusieron fin al acampe de los piqueteros.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el nuevo régimen de Fomento a las Inversiones y a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento cuyos beneficios para las empresas del sector permitirán alcanzar en 2023, unos 10.000 millones de dólares en ingresos de divisas, por ventas de servicios al exterior, que lo consolidarían como el tercer complejo exportador de la Argentina.
El nuevo régimen, en primera instancia, exceptuará a las empresas del sector que realicen inversiones superiores a US$ 3 millones de la obligación de liquidar un monto equivalente al 20% en el Mercado Único Libre de Cambios, cuando se trate de la radicación de nuevos negocios o emprendimientos.
La misma norma también prevé que el 30% del incremental de exportaciones pueda destinarse al pago de salarios en relación de dependencia, con el incentivo de que ambos beneficios serán acumulables.
Esto se suma a que las empresas que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal -que se incrementó un 200% en el Presupuesto 2023- puedan transferirlo a otras firmas por única vez, de modo que pueda usarse todo el presupuesto asignado a la mejora en la competitividad de las empresas.
Durante la presentación, Massa identificó a la Economía del Conocimiento como "el complejo exportador más importante en términos de peso relativo en la balanza comercial", por lo que las medidas anunciadas este lunes contribuirán a que "el sector exporte US$ 10.000 millones en 2023 y lograr que miles de argentinos se incorporen al mercado de trabajo a partir de estas iniciativas".
"Aspiramos a ser los primeros exportadores de conocimiento de la región", aseguró Massa, a la vez que señaló el objetivo de "multiplicar por tres a las compañías que acceden a beneficios fiscales" y que con el incremental de divisas las empresas puedan pagar mejores salarios que incentive la radicación de trabajadores que puedan desempeñarse en el sector para "que nuestros jóvenes puedan aportar el capital humano transformado en dólares para la Argentina".
"Tenemos la enorme oportunidad de salir de la recurrente discusión por la estrechez de dólares", afirmó el ministro, aunque pidió no tratar este tema como "una discusión sobre las reservas", sino como una oportunidad para "consolidar a la economía del conocimiento como el tercer complejo exportador de la Argentina" y que impulse la transformación de la marca país.
Massa presentó el régimen -que será implementado a través de un DNU a publicarse en las próximas 48 horas en el Boletín Oficial- durante un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK) este lunes por la tarde, acompañado por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el presidente de Argencom, Sebastián Mocorrea; el titular de la firma Accenture, Sergio Kaufman; y el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, Sergio Candelo, entre otros directivos del sector.
Sujarchuk precisó que el nuevo régimen "no es un dólar tecno, sino un estímulo a la generación del trabajo", ya que "es una medida permanente que va más allá de la brecha cambiaria".
"Queremos competir contra el mundo y generar divisas, pero también empleo de calidad. Argentina tiene que ser conocida en el mundo por su talento", sostuvo el secretario, a la vez que remarcó que "la propuesta es generar un gran acelerador que no sea una medida sino un programa concreto que se hilvanan con todos los anuncios del Ministerio y que hacen a la conformación de una política de Estado".
En ese sentido, remarcó el valor de Argentina Programa, con el que se avanza en la capacitación de 70.000 programadores para abastecer a un mercado que demanda cada vez más trabajo de este tipo.
En el inicio del acto, en representación del sector empresario, Kaufman resaltó que en 2021 el sector alcanzó los US$ 6.200 millones en exportaciones y que en los últimos 12 meses esa cifra se incrementó hasta los US$ 7.400 millones, marcando "un crecimiento y compromiso importante para generar resultados, exportaciones, generar dólares pero también empleo formal".
"Es un sector que ha sido súper resiliente a todas las crisis. Lo que hay que rescatar es que es un proyecto del país, porque en este tema ha habido una consistencia absoluta sin importar de la ideología del Gobierno", aseguró Kaufman en declaraciones a la prensa al término de los anuncios.

Fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en los que secuestraron teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el pasado 1° de septiembre cuando un hombre le apuntó y gatilló a metros de su cabeza con una pistola que tenía cinco balas en el cargador.
Los procedimientos ordenados por la jueza María Eugenia Capuchetti se realizaron entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer en inmuebles vinculados a dos personas que quedaron bajo sospecha a partir de distintas conversaciones de whatsapp que mantuvieron con Nicolás Gabriel Carrizo, el cuarto detenido por el intento de magnicidio que protagonizó el procesado Fernando Sabag Montiel.
Las personas que quedaron bajo sospecha son aquellas a las que Carrizo tenía agendadas en su celular como "Joa" (Joana Colman) y "Jony White", con quienes mantuvo conversaciones vinculadas a la ataque fallido contra la dos veces expresidenta Fernández de Kirchner, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.

Los allanamientos
Durante los procedimientos, que fueron al menos dos, llevados a cabo en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, se secuestraron teléfonos celulares de las dos personas y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritaje, según fuentes de la investigación.
Los allanamientos se activaron luego de una presentación de la querella de la vicepresidenta, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal en la que se solicitaba investigar, entre otras cosas, el posible móvil económico que pudo haber motivado a Sabag Montiel y su pareja Brenda Uliarte a intentar cometer el magnicidio.
La punta para avanzar sobre la posible motivación económica de Sabag Montiel surgió de un diálogo detectado por los abogados de la vicepresidenta en uno de los grupos de whatsapp que integraba donde, el 15 de agosto pasado, escribió: "Yo quisiera hacerme el vendedor y meterle un corchazo", informaron fuentes judiciales.
En esa misma conversación, y al referirse a Brenda Uliarte y sus planes magnicidas, Sabag Montiel escribió: "Yo a ella la trato de bajar, pero a mi me importa la plata, si nos compran o le dan un laburo, ya está salvada, bienvenido sea".
Las referencias al tema económico coinciden con otros mensajes detectados por los abogados de la querella donde una persona agendada como "Joa" en el teléfono de Gabriel Nicolás Carrizo, líder del grupo, sostuvo que sabía que lo había hecho por plata.
"Se que lo hizo por plata, por acomodo, así que el chabón en cuatro años ponele que sale y sale reacomodado mal eh… a ver, como les vuelvo a repetir, uno por plata se vende ¿si? Pero si, si los nombro a ustedes, eso si así que fíjense bien… y no solo a ustedes cinco porque nombro a más personas, fíjense bien", escribió "Joa" en un grupo de whatsapp que compartía con Carrizo.
Las conversaciones de las que participa "Joa", en las que exhibe poseer información sensible y eventualmente reservada, ocurrieron después de que se produjera la detención de Uliarte, la noche del domingo 4 de septiembre, cuando en el expediente regía el secreto de sumario.
En la misma presentación judicial los abogados de la vicepresidenta habían reclamado también que se avance con la identificación de la persona a la que Carrizo tenía agendada en su celular como Jony White, algo que ya ocurrió y devino en nuevas medidas.
Ese contacto mantuvo un diálogo con Carrizo que para la querella podría ser determinante. "Estamos pensando matar al jefe de La Cámpora esta vez", "están llegando todos", "Si querés venir", "Vamos a tener una charla grupal", fueron los mensajes que Carrizo le envió al contacto "Jony Withe" el 1° de septiembre a las 23.40, dos horas después, del ataque fallido a la vicepresidenta.

El ministro de Economía, Sergio Massa presenta un programa que destine a la producción nacional las divisas que ingresaron por el "dólar soja".
Estas medidas modificarán el funcionamiento del SIMI (Sistema Integral de Monitoreo Importaciones) procurando bloquear la posibilidad de acceder a medidas cautelares, por las cuales muchas empresas obtuvieron dólares a precio oficial.
En otro orden, el dólar Qatar permanece sin ser anunciado, ya que según pudo averiguar NA de voceros oficiales siempre fue un trascendido, nunca un tema firme que se iba a dar pronto", ya que se trata de "un esquema complicado" por eso se posterga.
"Vamos a anunciar medidas para que caigan esas cautelares por las que algunos vivos consiguieron dólares para importar cosas que la Argentina no necesita", subrayó el viernes Massa durante una conferencia de prensa que ofreció en el Palacio de Hacienda.
A su vez, por el nuevo sistema las pymes tendrán certeza de la fecha de pago una vez que la importación haya sido aprobada para, de esta manera, sostener los sistemas de producción.

Massa anuncia cambios en el SIMI
Los US$ 8.100 millones obtenidos sobrepasó el objetivo inicial del Gobierno de US$ US$ 5.000 millones, anunciado a principios de septiembre cuando lanzó el Programa de Incremento Exportador por el cual se les reconoció a los productores de soja un tipo de cambio de $200 por dólar.
Consultoras económicas destacaron que fue la mayor compra de divisas para un mes como septiembre por parte del Banco Central (BCRA).
Esta medida no modificó la política de importaciones del Banco Central, que siguió entregando divisas a $ 147 por dólar, con lo cual la brecha tuvo que compensarse con emisión monetaria.
Luego para evitar que esos pesos en poder de los productores presionen los tipos de cambio oficiales el BCRA, les prohibió a las empresas que liquidaron mediante este programa hacer operaciones de dólares en la Bolsa o en títulos a liquidarse en dólares.
Además, con la intención de cerrar el cerco sobre aquellos que no estaban dispuestos a vender sus cereales, ordenó un aumento de la tasa de interés para quienes los retuvieran.

Tras conocerse los números de la pobreza, la vicepresidenta Cristina Kirchner le reclamó al Ministerio de Economía más intervención en el sector alimentario. “Las empresas han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, escribió en un hilo de Twitter.
“El Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, agregó.
La vicepresidenta señaló que los datos en materia de indigencia, que aumentaron del 8,2% al 8,8% en el último semestre, dejan en evidencia “el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”.
“Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda”, explicó Cristina Kirchner en otro de sus tuits.
La pobreza llegó al 36,5% en la Argentina en el primer semestre de 2022, según datos publicados por el INDEC este miércoles. De esta manera, el nivel de pobreza bajó respecto del 37,3% del semestre previo y se alejó del 42% en el que había terminado 2020. Según las estimaciones, 17,3 millones de personas alcanzan esa condición.
En tanto, la indigencia en los primeros seis meses de este año alcanzó el 8,8%. Esto es, que marcó una suba de 0,6 puntos con relación al 8,2% que se había informado en el relevamiento del semestre previo. Si bien esas personas forman parte de la estadística más global de pobreza, pero son el grupo más vulnerable, ya que sus ingresos no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria.
En cuanto a los grupos por edad según, el INDEC informó que el 50,9% de los niños de 0 a 14 años son pobres, mientras que en el grupo de 15 a 29 años y de 30 a 64 años es de 43,3% y 32%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 12,1% se ubicó bajo la línea de pobreza.
A la hora de revisar geográficamente, la mayor incidencia de la pobreza se observó en las regiones de Gran Buenos Aires y Cuyo, donde la cifra llegó al 37% en cada una; y el Noreste (NEA), donde se ubicó en el 36,7%. Puntualmente, en Gran Resistencia (Chaco) el índice llegó al 49,9% y en Concordia (Entre Ríos) 49,2%.
En contrapartida, los menores indicadores de pobreza se reportaron en las regiones Patagonia (31,4%) y Noroeste (NOA), con el 36%.

El juicio oral en la causa Vialidad se reanuda con el comienzo del alegato final de la defensa del empresario Lázaro Báez, quien tiene un pedido de condena de 12 años de prisión por parte de la fiscalía en la causa que investiga si fue beneficiado con la asignación de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
El Tribunal Oral Federal 2 escuchará al abogado de Báez, Juan Villanueva, quien hablará ante los jueces durante tres jornadas, en respuesta a las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola Báez.
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por supuesto lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y cumple con arresto domiciliario por esa causa.
El dueño de Austral Construcciones enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron "prevaricato".
Báez está acusado por supuesta "asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública".
La semana pasada los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu escucharon a las defensas de otros dos acusados, el exsecretario de Obras Públicas José López y el también exfuncionario de Planificación Federal Carlos Kirchner. En ambos casos se reclamó la absolución.
"José López no cometió ilícitos. Nunca pudo haber cometido corrupción en la obra pública porque no lo controlaba", señaló el defensor de López, Santiago Finn. Además, la defensa oficial del exfuncionario cuestionó que los fiscales hayan involucrado al acusado en un presunto operativo para "limpiar todo", que según ellos se habría puesto en marcha a fines de 2015 para ocultar los presuntos ilícitos que ahora se juzgan.
"¿Como se 'limpian' kilómetros de caminos viales? No se limpian, quedan ahí", planteó el defensor y además sostuvo que "la intimidad resultó absolutamente violada, para López y las personas que hablaban con él".
La defensa se refirió al uso por parte la fiscalía como prueba en su alegato final del contenido de mensajes del celular del exfuncionario, que había sido peritado en otra causa en la que se lo condenó por enriquecimiento ilícito y que el TOF2 aceptó incorporar a este juicio.
Una vez que finalice la defensa de Báez, el listado seguirá con los últimos cuatro imputados cuyos alegatos falta escuchar, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
Periotti está acusado como supuesto organizador de asociación ilícita agravada y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública.
En el juicio ya reclamó su absolución la Vicepresidenta, quien expuso por videoconferencia ante los jueces y denunció que los fiscales cometieron "prevaricato", por lo que pidió que se extraigan testimonios en el momento del veredicto para una eventual denuncia penal.
"La acusación de los fiscales viola la Constitución" porque "un Gobierno elegido por el pueblo no puede ser considerado como una asociación ilícita", remarcó la vicepresidenta en su exposición, al asumir su propia defensa por ser abogada.
"A la que tenían que traer de los pelos a un juicio era a mí y, para traerme de los pelos a mí al juicio, trajeron de los pelos al Código Penal, a la Constitución, a la jurisprudencia, a todo", enfatizó la titular del Senado.
También reclamaron absoluciones los abogados de los acusados Julio De Vido, exministro de Planificación Federal; la del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y la de los exfuncionarios de Vialidad nacional y provincial que trabajaban en Santa Cruz Héctor Garro, Mauricio Collareda y Raúl Daruich.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
El debate se inició hace más de tres años, están acusados 13 imputados y, una vez que termine la etapa de alegatos, será el momento de ejercer el derecho a réplicas y dúplicas por parte de las partes, si es que las hay.
Luego se fijará un cronograma para últimas palabras y, finalmente, la fecha del veredicto, que se evalúa dar a conocer antes de fin de año.

El ministro de Economía, Sergio Massa, llamó a la búsqueda de un acuerdo político para sancionar el Presupuesto 2023 y contar "con una hoja de ruta" como "se merece la Argentina", y señaló que el proyecto de gastos y recursos es "prudente y realista" y que la pauta inflacionaria proyectada del 60% "es conservadora" .
Massa explicó por espacio de tres horas los detalles del presupuesto enviado el pasado 15 de septiembre, que contempla las variables macroeconómicas proyectadas por el Gobierno de un aumento del 2% del crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), un déficit del 1,9% y una inflación promedio del 60%.
Sobre la pauta inflacionaria y al responder una pregunta de la diputada de JXC Margarita Stolbizer, Massa señaló que "no hay una medida que baje la inflación. No soy mago ni pretendo serlo, ni voy a mentirle a la gente".
"En los pasitos finales de mi vida política, quiero hacer esto bien. Las metas macro están planteadas sobre la base de diferentes políticas, la combinación de la política monetaria, fiscal, de acumulación de reservas, inversión pública y privada son las que permiten construir en el desarrollo de las proyecciones macro ese escenario", expresó.
En la misma línea, el ministro aseguró que "la propuesta del 60% es conservadora, si lo hacemos entre todos podemos bajar aún más la inflación".
Flanqueado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller; y junto a su equipo económico y a la portavoz presidencial, Gabriela Cerrutti, Massa explicó los detalles del Presupuesto 2023 en una reunión que se celebró en el Salón de Pasos Perdidos.
Asistieron al Congreso el viceministro Gabriel Rubinstein, y los secretarios de Hacienda, Raúl Rigo; de Finanzas, Eduardo Setti; de Producción, José de Mendiguren; de Energía, Flavia Royon; y de Agricultura, José Bahillo.
La audiencia contó con la presencia de los jefes de los bloques del Frente de Todos, Germán Martínez; la UCR, Mario Negri; del PRO, Cristian Ritondo; de Encuentro Federal, Margarita Stolbizer; de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo; del Interbloque Federal, Alejandro Topo Rodríguez; de Juntos por Rio Negro, Luis Di Giácomo; de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy; de Avanza Libertad, José Luis Espert; y de la izquierda, Romina del Pla y Myriam Bregman, entre otros.
La reunión fue abierta por la presidenta de la Cámara de Diputados, Moreau, quien señaló que se está "dando tratamiento al proyecto de ley más importante del Estado Nacional como es el Presupuesto" y destacó que "se ha acordado con las diferentes bancadas parlamentarias" el ordenamiento del debate.
La disertación de Massa se extendió por unas tres horas, algo inusual en comparación con las habituales exposiciones mucho más breves, y, además, el ministro se quedó una hora respondiendo las consultas de los legisladores.
En ese contexto, hasta tuvo un contrapunto con legisladores de izquierda por el conflicto desatado entre los empresarios y el sindicato de neumáticos.
Al iniciar su disertación, el ministro de Economía, planteó la necesidad de "trabajar juntos en un acuerdo político" para conseguir la aprobación del presupuesto porque son necesarios esos consensos "dentro de las distintas visiones de país que están reflejadas en el Congreso".
"El fallido Presupuesto 2022 lo llevo como una cruz, porque soy el único presidente de la Cámara en la historia de la democracia al que le rechazaron un Presupuesto. Espero como ministro tener más éxito que como presidente de la Cámara", agregó Massa,
Al reclamar la sanción del Presupuesto, Massa dijo que su "aprendizaje como ministro es que cualquiera sea el Presupuesto, es muy importante que el Congreso fije una hoja de ruta".
En esa línea, agregó que ante la falta de presupuesto "lo que termina pasando es que el que tiene mayor capacidad de presión o de influencia a la hora de definir el gasto es quien consigue imponer dentro del ámbito de funcionamiento del Poder Ejecutivo su idea o su objetivo a lo mejor sobre otro".

El Ministerio de Salud reportó 40 muertes por coronavirus y 2.935 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 34,5% menos de casos que el domingo pasado (4.482).
De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 4,7% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 42 fallecimientos.
De esta manera, suman 129.937 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.711.355 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
Durante la última semana murieron 11 personas en Buenos Aires, 2 en la Ciudad de Buenos Aires, 7 en Catamarca, 1 en Chaco, 1 en Chubut, 7 en Corrientes, 3 en Córdoba, 1 en Entre Ríos, 2 en Mendoza, 1 en Río Negro, 3 en Salta, 1 en Santa Fe, y 1 en Tierra del Fuego.
En tanto, Jujuy (-1) reclasificó un caso.
Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 109.590.029, de los cuales 40.991.153 recibieron una dosis, 37.833.574 las dos, 3.153.549 una adicional, 21.601.396 el primer refuerzo, y 5.963.721 el segundo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 117.191.912 y las donadas a 5.083.000.

Luego de dos años de postergaciones, el próximo sábado 1° de octubre se actualizarán los impuestos a los combustibles, según lo establecido por el Gobierno. Estos incrementos -según se espera en el mercado- no se trasladarían al precio final de las naftas y el gasoil que pagan los automovilistas en las estaciones de servicio. Al menos inmediatamente.
La decisión del traslado a los precios dependerá de las empresas, que difícilmente puedan absorber ese costo. Según fuentes del mercado, la compañía YPF, la líder del mercado con más del 60% de participación, no aplicará los incrementos de inmediato. En algunas otras compañías del sector, aseguran que seguirán el aumento que determine la petrolera estatal.
Desde el Gobierno reafirman que, tal como se estableció por decreto, el primer día de octubre corresponde aplicar la actualización de dos impuestos: Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) que impactan en el precio de las naftas y el gasoil. Esos aumentos fueron postergados en varias oportunidades a lo largo de 2021 y 2022. Fuentes oficiales aseguraron que la decisión de actualización para el mes próximo se mantiene “en pie”, sin modificaciones.
A la fecha, se encuentran postergados los incrementos en los montos de impuestos correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de 2021, y al primer, segundo y tercer trimestre de 2022, para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La decisión oficial es que el próximo sábado se apliquen las actualizaciones correspondientes al primer y segundo trimestres de 2021.
“Tratándose de impuestos al consumo y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”, se explicó en el último decreto de postergación. Y se justificó la decisión por la necesidad de “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”.
De acuerdo a las estimaciones del sector, el aumento de los impuestos impactaría en $4,20 por litro en naftas y $3,10 por litro en diesel. Y recuerdan que el precio por litro de la nafta súper en YPF aumentó un 45,5% en lo que va del año, frente a una inflación acumulada -hasta agosto- de 56,4 por ciento. Al considerar que la inflación de septiembre podría rondar 6% en las previsiones más optimistas, la nafta habría aumentado casi 20 puntos menos.
“En el actual contexto económico y social, continuar hablando de aumento de impuestos (en realidad de mantener los impuestos constantes en términos reales) es preocupante, pero debemos evaluar seriamente las consecuencias de no hacerlo y de seguir practicando postergaciones del cumplimiento de las leyes votadas por el Congreso de la Nación”, señaló un informe elaborado por la consultora Energy Consilium, que dirige el ex ministro de Energía Juan José Aranguren.
“Una vez implementado los ajustes de ICL e IDC dispuestos y atentos a la potencial baja en el precio global de la energía que podría sobrevenir cuando cese el conflicto desatado por la invasión de Rusia a Ucrania, tal vez haya llegado el momento de implementar un fondo de estabilización del precio de los combustibles con lo recaudado en ICL e IDC de forma tal que en el futuro se puedan amortiguar las variaciones en los precios globales utilizando la estructura impositiva de los combustibles para ello”, aseguraron desde la consultora.

Más de 730 kilos de marihuana, valuados en más de $110 millones, fueron incautados este sábado en la provincia de Misiones. El operativo contó con dos procedimientos conjuntos que se realizaron al detectar el extraño comportamiento de dos embarcaciones provenientes de Paraguay.
El primer operativo ocurrió en la localidad de Santo Pipo, cuando una patrulla de la Prefectura Naval Argentina detectó, a la altura del kilómetro 1669 del Río Paraná (Arroyo Ñacanguazú), que la tripulación de una embarcación proveniente de Paraguay arrojó bultos hacia la costa argentina y regresó al país vecino.
Los efectivos inmediatamente se dirigieron por agua al lugar, en el que encontraron 23 bultos. Con el apoyo de un perro detector de estupefacientes, a los pocos minutos pudieron comprobar que se trataban de 706 paquetes de marihuana, con un peso de casi 687 kilos. Todo el cargamento fue secuestrado por orden de la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá.
Casi simultáneamente, se secuestraron dos bultos con 45 panes de marihuana, con un peso de más de 43 kilos. El personal de la Delegación de Inteligencia Criminal e Investigaciones de Prefectura Santa Ana y de la Prefectura Candelaria comandaron el operativo.
Los efectivos, apostados estratégicamente en el kilómetro 1601,5 del río Paraná, observaron -con la ayuda de la cámara térmica de visión nocturna- la llegada de una embarcación hacia la costa argentina y su inmediato retorno a Paraguay.
Al acercarse al área, confirmaron lo que presumían y secuestraron los 45 panes de marihuana, con la intervención de la Fiscalía Federal N°1 de Posadas.
Entre ambas operaciones, la Prefectura Naval Argentina secuestró 751 panes de marihuana, con un peso de más de 730 kilos. El valor total de la droga incautada en ambas operaciones supera los $110 millones.
A estos operativos se le sumó anoche otro de Gendarmería Nacional. Los efectivos de la sección “Puerto Rico”, dependiente del Escuadrón 11 “San Ignacio”, patrullaban la Ruta Provincial N°6 cuando a la altura del paraje “Yacutinga”, observaron al conductor de una camioneta que realizaba maniobras a gran velocidad hacia la Ruta Nacional N°12. Favorecido por la poca visibilidad, el hombre consiguió fugarse.
Ante esa situación, los gendarmes iniciaron un rastrillaje y divisaron huellas recientes de neumáticos en la zona. Siguiendo los rastros, hallaron 42 bultos que estaban acopiados entre la maleza.
Poco después, en presencia de testigos, se abrieron los elementos: contenían 1.134 paquetes rectangulares con un olor característico a marihuana. El narcotest arrojó como resultado positivo para “cannabis sativa”, con un peso total cercano a 1.105 kilos. En este caso también intervienen la Fiscalía y el Juzgado Federal de Oberá.

Gabriel Carrizo, el líder de “La banda de copitos”, seguirá detenido. Lo decidieron los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia. Carrizo es el jefe de la organización donde trabajaban Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel, considerados coautores del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El líder de “Los copitos” está detenido desde hace dos semanas. La fiscalía entiende que pudo haber sido un partícipe necesario del ataque a la expresidenta.
“Más allá de lo alegado por la defensa respecto de las diligencias probatorias solicitadas, y sin perjuicio de la participación que pudo o no haber tenido el imputado en los sucesos objeto de esta causa, se encomienda a la magistrada de grado a que -con la premura que exige el caso- decida la situación procesal del encartado, avance este que eventualmente permitiría reevaluar el temperamento aquí adoptado, ponderando situaciones fácticas y probatorias no abarcadas en el marco de un planteo excarcelatorio como el aquí analizado”, aseguraron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en el fallo.
Por su parte, el juez Mariano Llorens sostuvo: “En lo relativo al entorpecimiento de la investigación, aún restan realizar medidas de prueba -tales como peritajes de teléfonos, entrecruzamiento de llamados, todo lo cual permitiría terminar de esclarecer los hechos objeto de investigación, así como también develar la eventual participación de terceras personas en aquéllos. Ello me conduce a presumir que, en caso de recuperar su libertad, el encausado podría entorpecer la pesquisa y obstaculizar su avance”.
En ese sentido, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal ya habían rechazado días atrás un pedido similar hecho por la defensa de Agustina Díaz, otra de las imputadas en este expediente.

La carrera de cara a las elecciones 2023 comenzaron y varios dirigentes políticos han expresado sus intenciones a suceder a Alberto Fernández en la Presidencia. Los diferentes partidos también salieron a defender sus preferencias. En esta línea, y pese a la alta imagen negativa de Cristina Kirchner, el ala dura del Frente de Todos (FdT) insiste en su candidatura a presidenta para el año que viene.
Juliana Di Tullio, presidenta del bloque de Unidad Ciudadana en el Senado, analizó que para el 2023 ve a "Cristina Kirchner jugando y del otro lado alguien que represente a la derecha". Y especificó, que el contrapunto debería ser representado por el exmandatario, Mauricio Macri, porque "los otros son copias más berretas".
El escenario político para el 2023, según el kirchnerismo
En declaraciones radiales, la legisladora oficialista reconoció su deseo de que la titular del Senado busque volver a la Casa Rosada: "Tengo una contradicción, porque quisiera que no, por ella, pero quisiera que sí, por mí, por el pueblo argentino. No quiero una fotocopia, algo que se parece: quiero que sea Cristina".
En el mismo sentido, se expresó al referirse a la posibilidad de que el líder del PRO sea candidato: "Los otros son copias más berretas. No le veo a (el jefe de Gobierno porteño) Horacio (Rodríguez Larreta) lo que le ven todos, de ser más conciliador".
La dirigente kirchnerista consideró que en ese virtual escenario "gana" la actual vicepresidenta.

En estado de alerta por la amenaza de Pablo Moyano de romper la CGT, Alberto Fernández buscó interceder en la interna de la central sindical y se comunicó con el líder camionero para aclararle que no quiso excluirlo del encuentro de anoche con el resto de los referentes cegetistas y pedirle unidad en medio de la crisis económica. Frente a un panorama social complicado y sin perspectivas de controlar el índice de inflación en lo inmediato, en la Casa Rosada quieren evitar a toda costa que una división formal genere un nuevo frente de conflicto para el Gobierno. El hijo de Hugo contestó que lo pensaría y por la tarde le comunicó al resto de los dirigentes de su espacio que finalmente se quedará, aunque la división entre los popes gremiales continúa latente.
Durante la charla de esta mañana, el Presidente le aclaró a Moyano que no estaba en sus planes marginarlo de la cena que encabezó anoche en la Quinta de Olivos, con su amigo Héctor Daer y otros seis dirigentes cegetistas. Ese encuentro, que se mantuvo en reserva durante el lunes, había sido el disparador de la bronca del camionero, que arrastra desde el año pasado la sensación de que lo apartan de la mesa de diálogo entre el Gobierno y los gremios.
“El Presidente le hizo la aclaración correspondiente, charlaron en buenos términos y Pablo le dejó saber, sin confirmarlo por completo, que estaba dispuesto a quedarse”, dijo un alto funcionario que colabora a diario con Alberto Fernández. En la Casa Rosada esgrimieron que la lista de invitados al encuentro en la residencia presidencial había sido diseñada por la propia CGT y que fueron ellos los que apartaron a Moyano. “Alberto no tenía idea de quiénes iban a venir. Sólo sabía que querían hablar de la reapertura de paritarias y del conflicto de los neumáticos”, se excusaron.
En el ala moderada del Gobierno atribuyeron el enojo de Moyano a la interna gremial y a los celos internos por la relación de Daer con el Presidente. “Él ya venía caliente y aprovechó lo de anoche como excusa para tensar. Pero ya había problemas”, dijo una fuente oficial. El disgusto del camionero ya se había filtrado en julio, durante la organización del acto por el aniversario del fallecimiento de Perón en la sede de la CGT, a donde asistió la primera plana de la central, e inclusive fue Hugo Moyano, pero faltó Pablo, que resistía la realización de una ceremonia de la que se sentía, una vez más, marginado.
En la Casa Rosada respiraron con alivio tras la confirmación de la unidad que trascendió esta tarde. “Una ruptura hubiera implicado enfrentar a dos CGT, una dialoguista y una combativa, algo que no nos venía pasando”, dijo un importante funcionario. En el Gobierno cuentan la lista de conflictos y protestas sociales sindicales vigentes, mientras la inflación no da tregua. Y no querían sumar el problema grave de un moyanismo combativo. “Si bien son pocos gremios, te hacen un paro general de transporte y te complican todo”, agregaron, temerosos también de un acercamiento con los movimientos sociales más críticos del ajuste que empuja Sergio Massa y de su vínculo con el FMI.
De todas formas, evitaron atribuir la decisión de Moyano de quedarse al llamado del Presidente. “Habrá que preguntarle a él por qué quiso quedarse”, dijeron en Balcarce 50. Aunque destacaron que Alberto Fernández tiene buena relación con Hugo Moyano y evaluaron que ese factor puede haber jugado a favor. De todas formas, los rivales del camionero no fueron tan benevolentes. En cambio, deslizaron que la ruptura no se efectivizó porque el triunviro de la CGT no recibió suficientes adhesiones entre sus aliados durante un encuentro realizado hoy en la sede del gremio, con el Frente Sindical por el Modelo Nacional (Fresimona), donde militan Mario Manrique (SMATA), Omar Plaini (canillitas), Juan Pablo Brey (aeronavegantes), Raúl Durdos (SOMU), Graciela Aleñá (viales) y Cristian Jerónimo (vidrio), entre otros.