Europa seguirá respaldando a Ucrania en la guerra contra Rusia, "mientras sea necesario", afirmó la titular de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyden.
En su discurso en el Foro Económico Mundial, que se desarrolla en la ciudad suiza de Davos, Von der Leyden remarcó que el apoyo de la UE "es inquebrantable y no vacilará", y agregó que "Estamos dispuestos a ayudar a Ucrania para restablecer el suministro de electricidad, de calefacción y agua, o para preparar los esfuerzos para la reconstrucción a largo plazo".
La alemana ratificó la postura del bloque de Europa occidental en torno al conflicto entre Ucrania y Rusia, pero también se refirió a investigar las subvenciones chinas: "No dudaremos en abrir investigaciones si creemos que nuestra contratación pública u otros mercados están siendo distorsionados por tales subvenciones", advirtió.
Y también anunció la presentación de un proyecto para implementar "una industria con cero emisiones" de gases de efecto invernadero, apoyado la denominada tecnología verde, es decir, un conjunto de prácticas que se centran en la sostenibilidad.
La normativa buscará "identificar objetivos claros para la tecnología limpia europea para 2030. El objetivo será centrar la inversión en estrategias y proyectos a lo largo de toda la cadena de suministro", expresó.

La tasa interanual de inflación en Estados Unidos marcó en diciembre su sexta baja mensual consecutiva y se situó en el 6,5%, seis décimas por debajo de la de noviembre, según los datos publicados ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés).
En términos mensuales, los precios de consumo bajaron una décima, en un momento en el que se observa de cerca si la escalada en las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) tienen efecto en la contención de los precios en EE.UU.
El índice de la gasolina fue, con diferencia, el que más contribuyó a la disminución mensual de los precios, ya que cayó mensualmente el 9,4 %, mientras que el índice de alimentos aumentó un 0,3 % durante el último mes del año.
Según indicó la BLS, la tasa de inflación del 6,5 % es la más baja desde octubre de 2021. La inflación subyacente o núcleo, que excluye los precios de la energía y los alimentos, se situó en el 5,7% en su tasa interanual, tras subir 3 décimas el mes pasado.
Los datos de la inflación se conocen en un momento en el que todos los ojos están puestos en si las constantes alza de las tasas que realizó la Fed están teniendo el deseado efecto de contención de los precios.
En diciembre se produjo el último aumento en la tasa, que fue la séptima desde marzo. Aunque fue de medio punto, frente a las cuatro alzas consecutivas de 0,75, la Fed dejó en claro que las subas no van a parar por el momento.
El siguiente incremento lo decidirán los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, en inglés) de la Fed en su próxima reunión, que tendrá lugar el 31 de enero y el 1 de febrero.
Datos como el de la inflación de EEUU tendrán mucho peso en las decisiones futuras de la autoridad monetaria, según ha explicado en numerosas ocasiones su presidente, Jerome Powell.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, buscó desmarcarse del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado y lamentó el ataque lanzado por cientos de sus seguidores en Brasilia.
“Lamento lo que pasó el 8 de enero. Fue increíble”, dijo Bolsonaro en un diálogo con un grupo de simpatizantes fuera de la residencia donde se aloja en la Florida, a donde llegó el 30 de diciembre, dos días antes de dejar el cargo, para evitar traspasarle la banda presidencial a su sucesor Lula da Silva.
Bolsonaro, quien es investigado por su rol en el asalto a Brasilia, viene moderando su discurso en los últimos días. Cambió su biografía de Twitter, en la que hasta la semana pasada se declaraba presidente y candidato a la reelección y ahora se presenta simplemente como “38° presidente del Brasil”. Lula es el número 39°.
Qué le dijo Jair Bolsonaro a varios seguidores que se le acercaron en la Florida
Bolsonaro conversó con seguidores en la Florida, a quienes les dijo que cometió “algunos deslices” durante su gobierno, según un video divulgado este lunes
“En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hubo agujeros? Sí, es lógico. Cometimos algunos deslices en casa, quién dirá en el gobierno”, dijo.
Alguno de sus simpatizantes le aconsejaron no regresar a Brasil, donde es investigado por las autoridades bajo sospecha de autoría intelectual del asalto a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero.
Ese domingo, miles de personas identificadas con el exmandatario, quien durante años sembró dudas sobre el sistema electoral, invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que a los involucrados en la invasión y los destrozos en los edificios del gobierno, el poder judicial y el legislativo se les respetará el derecho a la defensa, pero serán sancionados.
Lula recibió a senadores y diputados, entre ellos el presidente de la Cámara, Arthur Lira, y al presidente interino del Senado, Veneziano Vital do Rêgo, quienes fueron al Palacio del Planalto para entregar el decreto de intervención en seguridad del Distrito Federal, rápidamente aprobado por el Congreso, informó la agencia Reuters.
El presidente volvió a criticar al expresidente Jair Bolsonaro por no aceptar el resultado electoral y llamó "locos" a quienes invadieron y destrozaron edificios públicos en Brasilia.
En tanto, las investigaciones sobre los ataques terroristas en la capital brasileña arrojaron que la mayor parte de quienes financiaron las acciones se concentraban en los estados de Paraná, Mato Grosso do Sul y San Pablo.
Según el sitio G1, los datos fueron recabados por el sector de Inteligencia del Ministerio de Justicia y eran compartidos con los investigadores de la Policía Federal.
Son considerados financistas las personas que entre otras acciones pagaron por transporte, alimentación y otros ítems a las personas que el domingo invadieron y vandalizaron los principales edificios de los poderes federales.
Los otros Estados que también de destacaron por la cantidad de financistas son Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás.
El Ministerio de Justicia recibió más de 60 mil denuncias sobre el aporte de dinero para las movilizaciones golpistas en la capital brasileña.

Brasilia anunció el aumento del número de policías militares frente a la sede de los poderes públicos para reforzar en forma permanente la seguridad después del intento de golpe de Estado.
La medida fue dispuesta a 9 días del asalto de cientos de seguidores radicales de Jair Bolsonaro contra el Congreso Nacional, el palacio presidencial y el edificio de la Corte Suprema.
La gobernadora del Distrito Federal, Celina Leao, dijo que “de inmediato” el número de agentes pasará de 248 a 500 policías militares destacados en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y de las sedes de los tres poderes públicos.
Brasilia se blinda para mantener “una seguridad firme”
Leao asumió el despacho luego de que el gobernador Ibanéis Rocha fuera destituido temporalmente, mientras se determina por qué falló la seguridad el 8 de enero pasado.
El aumento del número de agentes desplegados en el corazón de la capital se decidió “para que podamos tener el máximo de tranquilidad y una seguridad firme”, afirmó Leao en rueda de prensa junto con el presidente de la cámara, Arthur Lira, y el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.
La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo federal por decreto presidencial desde el 8 de enero, cuando seguidores de Bolsonaro invadieron y saquearon el Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Más de 2000 personas fueron arrestadas, de las que 1159 se encuentran aún detenidas, de acuerdo con el último balance oficial. Más de 800 ya pasaron por audiencias preliminares.

Joe Biden quedó envuelto en un escándalo. Un fiscal especial investigará el hallazgo de dos lotes de documentos clasificados en el garage y la biblioteca de su casa particular en Delaware.
Se trata de archivos que datan de cuando el actual mandatario era el vicepresidente de Barack Obama.
La investigación estará a cargo de Robert Hur, designado por el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.
La Casa Blanca admitió que Biden tenía en su poder esos documentos seis años después de dejar la vicepresidencia, algo que prohíbe la ley, pero aclaró que los archivos fueron “desplazados por inadvertencia”.
”Confiamos en que una revisión mostrará exhaustivamente que estos documentos se desplazaron por inadvertencia, y el presidente y sus abogados actuaron rápidamente al descubrir este error”, afirmó Richard Sauber, abogado de la Casa Banca, en un comunicado.
Según el abogado, se trata de “una pequeña cantidad” de “documentos personales y políticos. Todos menos uno estaban en el garaje de la residencia del presidente en Wilmington (Delaware)”, dijo. Uno de los archivos estaba en una biblioteca de la casa particular del presidente.
El 12 de agosto, el FBI allanó la residencia de Donald Trump en el complejo de Mar-a-Lago, en Palm Beach y durante el operativo se secuestraron documentos clasificados.

El número de muertos por un ataque ruso con misiles en la ciudad ucraniana de Dniéper se elevó a 40, con docenas de desaparecidos, lo que lo convierte en el incidente civil más mortífero de la campaña de tres meses de Moscú de disparar misiles a ciudades alejadas del frente.
Ucrania afirma que las muertes masivas de civiles, que califica de terrorismo, demuestran por qué necesita más armas para derrotar al ejército ruso a 11 meses de su invasión. Rusia niega haber atacado intencionadamente a civiles.
La ministra alemana de Defensa, Christine Lambrecht, dimitió ante la creciente presión a su Gobierno para aprobar un aumento del apoyo militar internacional a Kiev, al comienzo de lo que parece una semana crucial para los planes occidentales en Kiev.
Las autoridades reconocieron que había pocas esperanzas de encontrar a más personas con vida entre los escombros del atentado del sábado en la ciudad central de Dniéper, pero el presidente Volodímir Zelenski afirmó que la operación de rescate continuaría "mientras haya la más mínima posibilidad de salvar vidas".
Un militar de uniforme depositaba flores y sollozaba, agarrándose la cabeza en señal de dolor, junto a un improvisado altar a los muertos en una parada de autobús situada frente al enorme agujero donde se levantaba el bloque de apartamentos.
El misil arrasó los nueve pisos de una parte de la estructura de hormigón. Los equipos de rescate removieron escombros durante más de 48 horas después del atentado.
"Todos vivimos en edificios como este y nos imaginamos qué pasaría si nos ocurriera a nosotros. Es horrible", dijo Polina, de 28 años, vecina del barrio.
Rusia, que desde octubre lleva a cabo ataques a gran escala contra ciudades ucranianas, principalmente a infraestructuras de generación de energía, dijo que no era culpable de la destrucción en Dniéper, ya que fue causada por las defensas aéreas ucranianas.
Kiev afirma que el edificio de apartamentos fue alcanzado por un tipo de misil que Ucrania no puede derribar.
Al menos 40 personas murieron en el ataque y 30 siguen con paradero desconocido, según el funcionario municipal Gennadiy Korban. Además, 75 personas resultaron heridas, entre ellas 14 niños.

Las conversaciones sobre los tanques
Decenas de miles de personas han muerto desde que las tropas rusas invadieron Ucrania el 24 de febrero, y alrededor de una cuarta parte de la población ha huido de sus hogares.
Las fuerzas ucranianas reconquistaron franjas del territorio oriental y meridional durante la segunda mitad de 2022. Pero las líneas del frente han permanecido sin cambios en su mayor parte durante los dos últimos meses, a pesar de los intensos combates en los que ambos bandos han sufrido grandes pérdidas.
Ucrania afirma que la clave para romper el estancamiento serían los tanques de combate y vehículos blindados occidentales, ya que darían a sus fuerzas la capacidad de atravesar las líneas rusas.
Hasta ahora, los países occidentales se han abstenido de enviar tanques de combate, reacios a provocar al Kremlin, que afirma que Ucrania lucha en nombre de un complot occidental más amplio para destruir a Rusia. El tabú de los tanques se rompió finalmente el fin de semana cuando Reino Unido prometió enviar un primer escuadrón de Challengers a Kiev. El lunes confirmó el suministro de 14 tanques Challenger 2 y más material, incluidos cientos de vehículos blindados y misiles avanzados de defensa antiaérea, para "acelerar el éxito ucraniano".
Al anunciar la ayuda militar adicional, el ministro británico de Defensa, Ben Wallace, instó a Alemania a permitir el suministro de tanques Leopard a Ucrania, subrayando que esto podría desbloquear el apoyo de otras naciones.
Los aliados de Alemania -especialmente los Estados de Europa del Este que en su día fueron satélites soviéticos- han sido cada vez más directos en sus demandas de que Berlín proporcione Leopard, o al menos conceda permisos para su exportación.
Rusia califica la guerra de su "operación militar especial" —según la denominación del Kremlin— desencadenada por los lazos cada vez más estrechos de Kiev con Occidente, que según Moscú ponen en peligro su seguridad.
Ucrania y sus aliados occidentales la califican de invasión no provocada para borrar la independencia de una república exsoviética que Moscú considera una falsa nación.

Las protestas en Perú, con movilizaciones y bloqueos, especialmente en la zona sur del país, obligaron a las autoridades a establecer el toque de queda en esa región, que se puso en marcha, a un mes de la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien había intentado disolver el Congreso y luego fue encarcelado.
La medida entró en vigencia pocas horas después de que una multitud participara del cortejo fúnebre para despedir a las 18 víctimas que dejó el enfrentamiento entre manifestantes, que pretendían invadir el aeropuerto de Juliaca, y la policía.
En tanto, las autoridades estiman que alrededor de 100 mil personas estuvieron presentes, al grito de "Asesinos!!", en obvia referencia al gobierno de Dina Boluarte.
Tras la salida de Castillo su lugar lo ocupó su vicepresidenta, Boluarte, quien ahora quedó envuelta en una denuncia judicial, junto a otros funcionarios de alto rango, a quienes responsabilizan por la muerte de 45 manifestantes -incluidos los de Juliaca- desde que se iniciaron los incidentes en todo el territorio peruano.
La denuncia fue presentada por la legisladora Ruth Luque, quien hoy escribió en su cuenta de Twitter: "Disparos indiscriminados en mi región (Cusco), la gente grita desesperada pidiendo que no disparen. Un gobierno que a punta de fuego y balas pretende quedarse. Basta".
La zona de Puno, uno de los epicentros de las protestas contra la administración actual, estará bajo el toque de queda durante tres días, con el fin de hallar una tregua a las revueltas que se suceden desde hace un mes.
Allí, a unos 1.220 kilómetros de Lima, el lunes pasado unas dos mil personas intentaron invadir el aeropuerto de Juliaca, y en medio de los enfrentamientos con la policía hubo casi una veintena de civiles fallecidos.
Por su parte, Boluarte declaró duelo nacional laborable para este miércoles, en señal de respeto a las 45 víctimas mortales que se produjeron durante las protestas iniciadas tras la destitución de Castillo de la presidencia.

El número de muertos por un ataque ruso con misiles a un edificio de apartamentos en la ciudad ucraniana de Dniéper ascendió a 30, mientras las esperanzas de los equipos de rescate de encontrar sobrevivientes se desvanecían.
La consejera del gobernador regional, Natalia Babachenko, dijo que hasta el momento se había confirmado la muerte de 30 personas y que más de 30 estaban hospitalizadas, 12 de ellas en estado grave. Entre 30 y 40 podrían seguir atrapadas bajo los escombros.
El edificio de Dniéper, ciudad del centro-este de Ucrania, fue parcialmente destruido durante una serie de ataques el sábado, la mayor oleada de incursiones rusas en dos semanas.
Sobre el terreno, los combates seguían centrándose en las localidades de Soledar y Bajmut, en la región oriental del Dombás.
Un grupo de bomberos encontró a una mujer con vida más de 18 horas después del atentado. La llevaron en brazos hasta un lugar seguro. Decenas de residentes, jóvenes y ancianos, observaban horrorizados desde la calle.
Los bomberos recogieron un cadáver y lo sacaron de las ruinas en camilla con ayuda de una grúa.
"Las posibilidades de salvar gente ahora son mínimas", declaró a Reuters el alcalde Borys Filatov. Creo que el número de muertos se contará por decenas".
En una declaración sobre los ataques del sábado, el Ministerio de Defensa ruso no mencionó Dniéper como objetivo específico. "Todos los objetos asignados fueron alcanzados", remarcó.
Los trabajadores de emergencia dijeron más temprano el domingo que habían oído a gente gritar por ayuda bajo los escombros y que estaban aprovechando los momentos de silencio para ayudar a dirigir sus esfuerzos.
El alto mando militar ucraniano afirmó el domingo que Rusia lanzó el sábado tres ataques aéreos, 57 incursiones con misiles y llevó a cabo 69 ataques con sistemas de salvas de cohetes de armamento pesado. Las fuerzas ucranianas derribaron 26 cohetes.
Los ataques del sábado también afectaron infraestructura crítica en Kiev y otros lugares. Las autoridades advirtieron que esto restringiría el suministro eléctrico de la capital y de amplias zonas del país en los próximos días.
Rusia, que invadió Ucrania en febrero, lleva desde octubre bombardeando con misiles y aviones no tripulados la infraestructura energética del país, provocando apagones generalizados e interrupciones en el suministro de calefacción central y agua corriente.
En su discurso por video de la noche del sábado, el presidente Volodímir Zelenski hizo un nuevo pedido de más armamento a sus aliados occidentales.
Rusia dijo que sus fuerzas habían tomado el control de Soledar, que antes de la guerra tenía una población de 10.000 habitantes, en lo que sería un avance menor pero que tendría importancia psicológica tras meses de reveses en el campo de batalla.
Ucrania insistió el sábado en que sus fuerzas estaban luchando por mantener el control de la ciudad, pero los oficiales reconocieron que la situación era difícil, con combates callejeros y el Ejército ruso avanzando desde varias direcciones.

El Congreso de Chile dio luz verde a un nuevo proceso para reemplazar la constitución redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, luego de que el anterior esfuerzo terminó en fracaso en el plebiscito del 4 de septiembre pasado. El nuevo texto será sometido a otro referendo popular.
El plan que abre este nuevo proceso constitucional fue aprobado en la Cámara de Diputados por 109 votos, 37 en contra y dos abstenciones.
El proyecto de reforma, que mezcla órganos electos y designados, ya había sido aprobado por el Senado. Se espera que sea firmado y promulgado esta misma semana por el presidente Gabriel Boric.
La iniciativa fue negociada durante tres meses por 14 partidos políticos.

Cómo será el nuevo proceso constituyente en Chile
Durante décadas la constitución heredada de la dictadura de Pinochet fue señalada como la responsable del modelo político, económico y social imperante en Chile. El estallido social de octubre de 2019 impulsó y le dio sustento a la idea de que era el momento de escribir una nueva Carta Magna.
En este nuevo proceso constituyente trabajarán tres instancias a diferencia del anterior, cuyo borrador fue redactado por una convención de 154 miembros elegidos por votación popular y con cupos reservados para pueblos originarios.
Esta vez solo los 50 miembros del Consejo Constitucional serán elegidos en unos comicios, el 7 de mayo próximo. Los 24 integrantes de la Comisión de Expertos y los 14 del Comité Técnico de Admisibilidad serán designados por el Congreso.
Tanto la Comisión de Expertos, que redactará el primer borrador de nueva Carta Magna, como el Comité de Admisibilidad, deben comenzar su trabajo el 6 de marzo próximo. El Consejo Constitucional, en tanto, comenzará a trabajar el 7 de junio próximo.
La actual reforma prevé un nuevo plebiscito
Para aprobar las normativas y articulado del borrador se necesitará del voto favorable de tres quintos de los consejeros, no los dos tercios del proceso anterior. La actual reforma constitucional establece un plebiscito de salida que debe llevarse a cabo en diciembre.
El anterior proceso constitucional después que el 62% del electorado rechazó a comienzos de septiembre una propuesta elaborada por una convención constituyente dominada por la izquierda.
“Hemos honrado la palabra y podemos estar contentos por la democracia chilena”, destacó el presidente de los diputados, Vlado Mirosevic, luego de la aprobación del proyecto.

Momentos antes que un avión se estrellara en Nepal con un saldo de 67 personas fallecidas, entre ellas una argentina, uno de los pasajeros comenzó a transmitir en vivo a través de su cuenta de Facebook, por lo que quedaron registradas las alternativas de la tragedia.
El video difundido por Sonu Jaiswal, quien tenía 35 años y viajaba con un grupo de amigos en el vuelo de Yeti Airlines que se estrelló cerca de Pokhara, termina con gritos aterradores y un fuego voraz que los acalló.
Jaiswal, que planeaba filmar el aterrizaje, en primer lugar se enfocó en una suerte de selfie, mostró las imágenes del destino próximo por una de las ventanillas, a sus amigos y empezaron los movimientos bruscos. Todo desembocó en gritos apagados por el fuego y la destrucción.
Jaiswal residía en la ciudad de Ghazipur, en el estado indio de Uttar Pradesh, y viajaba junto a sus amigos Abhishek Kushwaha, Anil Rajbhar y Bishal Sharma.
"Sonu estaba en Facebook live después de embarcar en el vuelo hacia Pokhara. La retransmisión en directo mostraba que Sonu y sus acompañantes estaban de buen humor, pero de repente aparecieron llamas antes de que se detuviera la transmisión”, contó su primo Rajat Jaiswal al The Times of India.

La explanada gigante donde se ubican las sedes de la Presidencia, el Supremo, el Congreso y los ministerios está cerrada al tráfico y se reforzó la seguridad en la zona y en todo el territorio nacional con un amplio despliegue. El epicentro del ataque del domingo está tomada por antidisturbios y miembros de la Guardia Nacional. El Tribunal Supremo ordenó a las autoridades que impidan cualquier intento de bloquear calles, carreteras u ocupar espacios o edificios públicos.
El presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que quería volver a la normalidad y dar el impulso definitivo a su recién nacido Gobierno, lanzó una advertencia a los que, por la vía de la agitación, quieren hacerle la vida imposible: “Cada gesto contra la democracia brasileña será castigado”, advirtió el mandatario, que asumió el poder el 1 de enero y vio con espanto cómo una semana después la democracia brasileña sufría el ataque más grave en casi cuatro décadas.
Brasil ya estaba extremadamente polarizada antes de la toma de las instituciones; y los ánimos están ahora extremadamente caldeados. Por si fuera poco, el expresidente Jair Bolsonaro, ha azuzado el fuego desde Florida (EE UU). Una vez más, tira la piedra y esconde la mano, un gesto frecuente en su estrategia de ataque sistemático a las instituciones. El martes difundió en sus redes sociales un vídeo que alienta la falsedad de que hubo fraude, que Lula “no fue elegido por el pueblo” ni ganó en las urnas, sino que fue colocado a dedo por el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior Electoral. La publicación corrió como la pólvora en internet, pero el propio Bolsonaro la eliminó rápidamente. Fue su primera manifestación explícita de apoyo a las tesis de fraude electoral después de los sucesos del domingo.
Más de 1.150 participantes en el motín golpista fueron enviados a prisión, según informó la Policía Federal. Cada uno recibió una colchoneta, una pastilla de jabón, cepillo y pasta de dientes; y pueden salir al patio. La fiscalía general de la república abrió una investigación contra tres diputados bolsonaristas. Y los responsables políticos de la Policía Militar en el Distrito Federal, que los escoltó y no evitó el ataque, fueron apartados por los jueces, así como el máximo jefe policial.
Rui Costa, ministro de la Casa Civil (una especie de primer ministro), explicó que el Gobierno ha decidido aumentar el despliegue de uniformados. “Tomamos medidas para reforzar la seguridad en todo el país debido a que están circulando invitaciones a nuevas manifestaciones. Por eso, hemos adoptado una posición de precaución respecto a la seguridad de la Explanada de los Ministerios y en ciudades de todo el país”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, descabezó la dirección de los medios de comunicación públicos brasileños que provenían del gobierno de Jair Bolsonaro.
Lo hizo disconforme por la cobertura que los medios públicos realizaron del frustrado intento de golpe de estado del 8 de enero, cuando miles de bolsonaristas radicales tomaron el Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema.
Mientras numerosos portales privados tildaban de “vándalos” y hasta “terroristas” a los asaltantes, los medios públicos calificaron de “manifestantes” a los bolsonaristas radicales que irrumpieron en las sedes de los tres poderes del Estado con intenciones de destituir a Lula.
La decisión incluye el nombramiento de la periodista Kariane Costa como presidenta de la Empresa Brasileña de Comunicación (EBC), de la que dependen medios clave como la agencia de noticias Agencia Brasil, TV Brasil o la emisora de Radio Nacional, informó Telam.
La medida supone la apertura de un proceso de transición y reorganización en el organismo que durará unos 30 días, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.
La prensa brasileña dijo que la dirección de estos medios seguían en manos de funcionarios nombrados por el anterior presidente, Jair Bolsonaro.
Según el diario Folha, el detonante de los cambios habría sido la cobertura del intento de golpe de estado cuando calificaron de “manifestantes” a los seguidores de Bolsonaro.
Al día siguiente al asalto a los tres poderes, el informativo de TV Brasil emitió declaraciones del senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, lo que fue interpretado como una provocación por políticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT).
Según el portal G1, los funcionarios dimitidos son el director-presidente da EBC, Glen Lopes Valente; el director general, Roni Baksys Pinto; la directora de Periodismo, Sirlei Batista; el director de Administración, Finanzas y Personal, Márcio Kazuaki Fusissava; y el director de Operaciones, Ingeniería y Tecnología, Pedro Marcos Boszczovski.

El primer ministro de Perú, Alberto Otárola, denunció que un suboficial de la Policía Nacional murió tras ser “quemado vivo” por una turba que lo atacó en la ciudad sur andina de Juliaca. En esa región fallecieron el lunes otras 17 personas en manifestaciones contra el gobierno.
“Se constituye al lugar de los hechos la Policía y constata que un policía fue golpeado y maniatado y el otro, el subalterno de segunda José Luis Soncco Quispe, ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero”, aseguró Otárola durante su presentación ante el pleno del Congreso.
Perú vive una grave crisis institucional tras la destitución del presidente Pedro Castillo y el reemplazo asumido por su vice, Dina Boluarte. Desde entonces, simpatizantes del exmandatario piden la salida de la flamante jefa de Estado, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones inmediatas.
Desde el 7 de diciembre, un total de 46 personas murieron en protestas violentas, en especial en el sur del país.

Cómo fue el crimen de un policía quemado vivo en el sur del Perú
El primer ministro, quien acudió al hemiciclo para pedir la confirmación parlamentaria a su investidura, relató que los manifestantes retuvieron hacia la medianoche del martes un vehículo patrulla policial en una calle de Juliaca.
”En las mediaciones del colegio San Martín, en la urbanización Colmena en Juliaca, un grupo de manifestantes retuvo a la unidad móvil de la unidad de emergencia de la PNP (Policía Nacional del Perú), conformada por una tripulación de dos suboficiales, quienes fueron agredidos a mansalva por los manifestantes“, dijo.
Tras indicar que “deplora” este ataque, hizo un llamado “al orden, a la paz y a la tranquilidad de todos los peruanos”. Además, anunció que este miércoles se decretó un día de “duelo nacional”.
Otárola aseguró, además, que las autoridades del Ejecutivo darán “todas las facilidades” a la Fiscalía para que investiguen las muertes en las manifestaciones. Previamente, el jefe del comando operativo de la PNP, Jorge Luis Angulo, declaró al Canal N que el agente estaba a bordo de un vehículo cuando fue “secuestrado y posteriormente asesinado” y su cuerpo quedó “totalmente calcinado”.

El calentamiento de la Tierra se sigue acentuando cada vez más. Los ocho últimos años fueron los más cálidos jamás registrados desde 1880, cuando comenzaron este tipo de relevamientos. Lo anunció este jueves la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Los seis principales datos internacionales compilados por el organismo apuntan a las mismas causas: “Las concentraciones cada vez más elevadas de gas de efecto invernadero y el calor acumulado”, señaló la organización de la ONU en un comunicado.
Según el reporte, en 2022 la temperatura mundial media fue de alrededor de 1,15 ºC por encima de los niveles preindustriales.
Las temperaturas de los últimos años superan en al menos un grado a las del siglo XIX
El año pasado fue el octavo consecutivo en el que las temperaturas anuales mundiales fueron superiores en al menos un grado a los niveles observados entre 1850 y 1900. De los ocho últimos años, el más caluroso fue 2016, seguido de 2019 y 2020.
El Acuerdo de París sobre el clima, concluido en 2015, instó a limitar el warming global a 1,5 °C, lo que, según los científicos, permitiría frenar los impactos del cambio climático
Pero la Organización Meteorológica Mundial advirtió que “la probabilidad de -temporalmente- cruzar el límite de 1,5 °C aumenta con el tiempo”.

El fenómeno de La Niña ha contenido el alza de la temperatura
Gracias al fenómeno meteorológico de La Niña, que tiende a hacer bajar la temperatura de los océanos y que persiste desde 2020, el calentamiento se ha contenido un poco.
El fenómeno podría prolongarse todavía hasta marzo, dijo el organismo. Luego sería seguido por un periodo neutro, marcado por la ausencia de La Niña y de su opuesto, El Niño, que causa una irrupción de aguas superficiales cálidas del océano Pacífico en las costas de Perú y Ecuador y provoca anomalías climáticas en el mundo.
La agencia de la ONU dijo que, en el planeta en general, el impacto de La Niña sería “a corto plazo” y “no invertirá la tendencia del calentamiento a largo plazo causado por los niveles récord de gas de efecto invernadero que atrapan el calor en nuestra atmósfera”.

El obispo Rolando Álvarez, un fuerte crítico del gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y quien está bajo arresto domiciliario desde hace cinco meses, será juzgado por el delito de conspiración, informó el poder judicial de la nación centroamericana.
Álvarez, uno de los religiosos más influyentes de la iglesia católica nicaragüense, fue detenido a mediados de agosto tras ser sacado una madrugada de la casa curial en Matagalpa donde se había refugiado tras iniciarse una investigación en su contra por el delito por el que finalmente será juzgado.
El obispo será mantenido bajo arresto domiciliario, dijo la autoridad judicial. Los cuatro sacerdotes que fueron detenidos junto con Álvarez permanecerán en la cárcel El Chipote, en la capital Managua, considerada por organismos de derechos humanos como una prisión de tortura.
"La autoridad judicial revisó las medidas cautelares (...) admitió el intercambio de información y pruebas y remitió el caso a juicio", informó en un comunicado.
El Gobierno no respondió de inmediato a una solicitud de Reuters para conocer más detalles sobre la acusación en contra del obispo, el proceso que seguirá.
La detención de Álvarez se dio luego de denuncias de persecución policíaca por parte del obispo y tras el cierre de siete estaciones de radio católicas vinculadas al religioso.
Álvarez es el jerarca católico de más alto rango detenido en Nicaragua de 12 que permanecen detenidos y varios se han ido al exilio, en medio de lo que organismos de derechos humanos consideran una campaña del gobierno de Ortega contra la Iglesia.
El mandatario ha señalado en discursos público a obispos y sacerdotes de intentar derrocarlo mediante un golpe de Estado en 2018, cuando una serie de protestas dejó más de 360 fallecidos, la mayoría opositores a manos de la policía y civiles armados leales al Ejecutivo, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden se pronunció sobre el hallazgo en una oficina privada suya de una decena de documentos confidenciales de la época en que era vicepresidente de Barack Obama. Se mostró “sorprendido” de enterarse de que había documentos de esa etapa en un armario de una oficina a la que dio uso privado, aseguró que se toma en serio la información confidencial y que desconoce el contenido de dichos documentos.
Biden ha comparecido tras la Cumbre de Líderes de América del Norte, conocida como la cumbre de los Three Amigos, junto al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La primera pregunta fue sobre la frontera, pero Biden claramente esperaba esta segunda y comenzó contestándola y bromeado con que no recordaba la primera.
“La gente sabe que me tomo seriamente los documentos con información clasificada seriamente”, ha empezado. “Encontraron unos documentos en una caja, en un armario cerrado, y en cuanto lo hicieron se dieron cuenta de que había varios documentos clasificados en esa caja. E hicieron lo que debían: llamar inmediatamente a los Archivos [Nacionales] y entregárselos”, ha añadido. “Me informaron sobre este descubrimiento y me sorprendió saber que hay registros gubernamentales que fueron llevados a esa oficina, pero no sé lo que hay en los documentos”, ha continuado. “Mis abogados han entregado las cajas a los Archivos [Nacionales], y estamos cooperando plenamente, cooperando plenamente con la revisión y que espero que termine pronto y será el momento de dar más detalles”, ha concluido.
Aunque las circunstancias son muy diferentes, las palabras del presidente contrastan con el juicio que Biden hizo de su antecesor por los documentos que se llevó a su mansión de Mar-a-Lago, en Florida. En una entrevista para el programa 60 minutos emitida en septiembre pasado, ante la pregunta sobre lo que pensó al ver la fotografía de los documentos secretos incautados en el registro de la mansión de Trump, Biden contestó: “¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo alguien puede ser tan irresponsable? (...) Es totalmente irresponsable”.
Los documentos encontrados en su oficina no deberían estar en su poder desde que dejó el cargo. Y el presidente no ha dado ninguna explicación al respecto.
La principal diferencia con el caso de Trump es que los responsables de los Archivos Nacionales no eran conscientes de su existencia y nunca le pidieron que los entregase y, sobre todo, que Biden nunca se resistió a devolverlos ni incumplió un requerimiento al respecto, como hizo Trump, sino que fueron entregados de forma inmediata a los Archivos.

Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó detener al destituido secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, exministro de Justicia de Jair Bolsonaro, en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia. Lo informaron fuentes oficiales.
Además, el magistrado Alexandre de Moraes pidió el arresto del excomandante de la Policía Militar de Distrito Federal, Fabio Augusto Vieira, también destituido el domingo pasado tras la irrupción de cientos de bolsonaristas radicales en el Congreso Nacional, el palacio presidencial y la sede de la Corte Suprema.
“Tomé la decisión de interrumpir mis vacaciones (en la Florida) y volver a Brasil. Me presentaré en la justicia. Siempre basé mis acciones por la ética y la legalidad. Confío en la justicia y en la fuerza de las instituciones. Estoy seguro de que la verdad prevalecerá”, dijo Torres en un mensaje a través de sus redes sociales.

Quién es el exministro de Bolsonaro Anderson Torres que la justicia pidió detener
Torres era el secretario de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
”Fue ordenada la prisión del exsecretario de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. Una acción más de la Justicia para mostrar que las instituciones funcionan y no toleran la barbarie”, anunció en sus redes sociales el senador Randolfe Rodrigues, portavoz del Gobierno de Lula en la Cámara Alta.
La decisión del magistrado responde a una petición de la Abogacía General del Estado.
Según la prensa local, Torres, un fiel aliado de Bolsonaro, se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó de vacaciones tras asumir la semana pasada la Secretaría de Seguridad de Brasilia. Está en Orlando, la misma ciudad donde viajó el expresidente dos días antes de la asunción de Lula para evitar entregarle la banda presidencial.
La Policía Federal registró la casa de Torres en Brasilia en busca de pruebas. El pasado domingo, bajo su gestión como responsable de la seguridad de la capital brasileña, miles de bolsonaristas radicales irrumpieron con total libertad por las sedes de los tres poderes y destrozaron mobiliario de gran valor durante cuatro horas.
Torres fue cesado del cargo ese mismo domingo por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por supuesta omisión a la hora de detener el ataque.

La fiscalía general de Brasil pidió al Supremo Tribunal Federal investigar al expresidente Jair Bolsonaro por su presunta responsabilidad en los ataques a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el último domingo.
Bolsonaro, quien se encuentra en Estados Unidos desde fines de diciembre, debe ser investigado bajo sospecha de ser uno de los autores intelectuales de los saqueos en la capital, a una semana de la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
"La Procuraduría General de la República pidió al Tribunal Supremo Federal la inclusión de representación contra el expresidente Jair Bolsonaro en el proceso 4.291, que investiga la instigación y autoría intelectual de los actos antidemocráticos que resultaron en episodios de vandalismo y violencia en Brasilia el último domingo", dice la nota oficial de la Fiscalía.
La misiva de la fiscalía hace referencia a los ataques que perpetraron miles de simpatizantes bolsonaristas al Congreso, el Palacio de Planalto y Tribunal Supremo, lo que fue considerado por muchos como intento de golpe de Estado.
La petición se basa en el hecho de que el expresidente brasileño publicó en sus redes sociales un video cuestionando el resultado de los comicios presidenciales. Sin embargo, eliminó la publicación horas después.
La Policía Federal de Brasil, en tanto, encontró este jueves en la casa de Anderson Torres, quien fuera ministro de Justicia de Bolsonaro, un borrador de un decreto para desconocer el resultado de las elecciones que consagraron al actual mandatario, tras imponerse por escaso margen en segunda vuelta.

El Tribunal Supremo de Brasil destituyó, al gobernador de Brasilia durante 90 días por fallos en la seguridad de la capital, después de que miles de partidarios del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro saquearan edificios gubernamentales.
El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes también ordenó a las plataformas de redes sociales Facebook, Twitter y TikTok bloquear la propaganda a favor del golpe.
Las autoridades brasileñas han comenzado a investigar el peor ataque contra las instituciones del país desde la restauración de la democracia hace cuatro décadas, y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha prometido llevar ante la justicia a los responsables de los disturbios.
Decenas de miles de manifestantes antidemocráticos invadieron el domingo el Tribunal Supremo, el Congreso y el palacio presidencial y rompieron ventanas, volcaron muebles, destruyeron obras de arte y robaron la Constitución original del país, de 1988. También se llevaron armas de una oficina de seguridad presidencial.
El presidente Lula, que asumió el cargo el 1° de enero, dijo que la fuerza policial militarizada local, que depende del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, un ex aliado de Bolsonaro, no hizo nada para detener el avance de los manifestantes.
Lula decretó la intervención federal de la seguridad pública en la capital y prometió castigos ejemplares para los líderes del asalto "fascista" que pretendía provocar un golpe militar, destinado a restaurar a Bolsonaro en el poder.
"Todas las personas que hicieron esto serán encontradas y castigadas", dijo Lula a periodistas desde el estado de Sao Paulo.
El asalto suscitó preguntas entre los aliados de Lula sobre cómo las fuerzas de seguridad pública en la capital estaban tan poco preparadas y fueron fácilmente superadas por los alborotadores que habían anunciado sus planes con días de antelación en las redes sociales.
Lula culpó a Bolsonaro de inflamar a sus partidarios, tras una campaña de acusaciones infundadas sobre fraude electoral tras el final de su Gobierno marcado por un populismo nacionalista divisivo.
Desde Florida, adonde voló 48 horas antes del fin de su mandato, Bolsonaro rechazó la acusación, tuiteando que las manifestaciones pacíficas eran democráticas pero que la invasión de edificios gubernamentales "cruzó la línea".
La invasión, que recordó el asalto al Capitolio de Estados Unidos hace dos años por partidarios del expresidente Donald Trump, fue rápidamente condenada por dirigentes mundiales, desde el presidente estadounidense Joe Biden y el francés Emmanuel Macron hasta jefes de Estado latinoamericanos.