El fiscal Gerardo Pollicita evalúa como continuar con el avance de la causa que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ílicito, luego de que el funcionario cumpliera con la presentación de su declaración jurada, y todo indica que va a extender el período de análisis hacia atrás en el tiempo y pedirá más medidas de prueba.
Es que la presentación que hizo ante la Oficina Anticorrupación (OA) alude a bitcoins adquiridos antes de que se conviertiera en funcionario.
Pollicita ya tiene la declaración pública de bienes del jefe de Gabinete y de su esposa Bettina Angeletti, pero aún espera que le envíen la información reservada, y tras eso definirá si amplía el objeto de la investigación.
La Fiscalía, para revisar la documentación, tiene la colaboración de la DAFI, que es la Unidad del Ministerio Público dedicada a investigaciones Económicas y Financieras.
Además de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni es investigado, por el juez Ariel Lijo, en un expediente por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, quien lo alojó en Punta del Este cuando el funcionario viajo en avión privado, y en otro que se centra en el vínculo de la consultora de coaching ontológico de Bettina Angeletti, con tres compañías contratistas de Estado.

La reglamentación de la reforma laboral abrió una nueva etapa en la relación entre el Gobierno, los sindicatos y el sector empresario. Tras la publicación de la normativa, la Secretaría de Trabajo iniciará en los próximos días el proceso de convocatoria para la revisión de convenios colectivos vencidos, una de las modificaciones más relevantes del texto.
Fuentes oficiales consultadas por este medio señalaron que se trata de "un proceso paulatino" y remarcaron que la reglamentación otorga un plazo de 30 días para iniciar formalmente las convocatorias.
"Tenemos 30 días para iniciarlo, de convocar a gremios y cámaras o empresas para que renegocien los convenios caídos. Algo que de todas maneras ya les hemos ido diciendo en las reuniones por paritarias. Algunos gremios ya lo han iniciado", explicaron desde el Gobierno.
La aclaración busca matizar la expectativa generada alrededor de una eventual ofensiva inmediata sobre alrededor de 150 convenios colectivos considerados vencidos. La reglamentación establece mecanismos para revisar acuerdos que no fueron actualizados integralmente y adecuarlos a nuevas condiciones productivas, tecnológicas y laborales.
Dentro del Ejecutivo sostienen que el objetivo no es imponer cambios desde el Estado sino generar un marco para que empleadores y sindicatos renegocien condiciones que, en algunos casos, fueron diseñadas para realidades económicas y productivas muy distintas a las actuales. La apuesta oficial es que las partes alcancen acuerdos sectoriales que luego puedan ser homologados por la autoridad laboral.

Argentina y Estados Unidos firmaron dos cartas de intención para profundizar la cooperación bilateral en materia de defensa, en una nueva muestra del acercamiento entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump. Los acuerdos apuntan a fortalecer el apoyo logístico entre ambos países y ampliar el acceso a tecnología militar.
Según informó el Ministerio de Defensa, uno de los documentos establece mecanismos para facilitar el suministro recíproco de combustible durante operaciones militares y contempla además la posibilidad de brindar asistencia logística ante contingencias o situaciones imprevistas que requieran una respuesta rápida y coordinada.
La segunda carta de intención prevé la incorporación de la Argentina a un Mercado Digital Internacional, una herramienta que busca simplificar la adquisición de equipamiento y sistemas tecnológicos para defensa.
De acuerdo con el comunicado oficial, la iniciativa permitirá acceder con mayor facilidad a sistemas aéreos no tripulados, así como también a tecnologías defensivas y contramedidas diseñadas para enfrentar este tipo de desarrollos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aseguró que irá al Congreso en julio para dar un informe de gestión. Lo comunicó luego de encabezar la reunión de la mesa política del Gobierno.
El anuncio llegó minutos después de que se hiciera pública su declaración jurada del 2025, en medio de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
Tras anunciar  que presentó su declaración jurada, Adorni, encabezó una reunión de la mesa política junto a Karina Milei. La intención del Gobierno es ratificar la confianza en el jefe de Gabinete, en medio de un fuerte cuestionamiento de la oposición.
Las críticas se intensificaron luego de la entrevista que dio anoche el funcionario, incluso hubo pedidos de renuncia por parte de legisladores opositores.
Sin embargo, las explicaciones públicas de Adorni no sirvieron para aplacar del todo las críticas internas. Así lo expresó en la previa del encuentro Patricia Bullrich, quien cuestionó al ministro coordinador por haber omitido declarar US$500 mil en sus declaraciones juradas anteriores.

La Libertad Avanza está dispuesta a modificar la letra chica del Súper RIGI. De lo contrario, el futuro de la iniciativa que busca atraer inversiones no reuniría los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Con expositores, esta semana se reanuda el debate en comisión y el oficialismo apunta a llevarlo al recinto antes de fin de mes.
“Queremos que salga con la mayor cantidad de votos posible”, dicen en el oficialismo al referirse al proyecto que crea un nuevo esquema de promoción destinado a captar grandes inversiones vinculadas a industrias consideradas estratégicas y de alto desarrollo tecnológico.
Pero lo cierto es que, al menos por estas horas, el panorama viene ajustado para Martín Menem. Sobre todo si se tiene en cuenta que la principal bancada “dialoguista”, Provincias Unidas, rechaza la iniciativa libertaria que promueve incentivos fiscales en sectores como inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital estratégica, hidrógeno, GNL, reactores nucleares pequeños, baterías de litio y manufacturas tecnológicas.
Entre otros motivos, desde el bloque que conduce la pullarista Gisela Scaglia, que reúne 18 diputados, señalan que “nadie quiere votar un régimen que le da incentivos a un sector y no lo hace con otros, como agro”. De todas maneras, si hay algo que caracteriza a esa bancada son las divergencias. Es decir, algún que otro diputado podría despegarse de la postura mayoritaria y acompañar con su voto la iniciativa o, al menos, dar quorum para la puesta en marcha del debate.
Además de Provincias Unidas, tampoco votarían a favor del texto el FIT ni la Coalición Cívica. En Unión por la Patria, si bien el bloque todavía no fijó una postura oficial, durante el primer plenario de comisiones que se celebró la semana pasada, fueron varios los diputados que expusieron en contra de la iniciativa.

En un plenario de comisiones, la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley impulsado por el presidente Javier Milei que establece un régimen de transparencia y publicidad de intereses, también conocida como la ley de Lobby. "Esta iniciativa viene a reimpulsar una discusión que este Congreso se debe", dijo el funcionario del Ejecutivo que defendió la medida ante un plenario de comisiones.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, presididas por los libertarios Nicolás Mayoraz y Santiago Santurio, respectivamente, comenzaron a tratar el proyecto que impulsó la Casa Rosada en Diputados. El encuentro, que duró casi dos horas, fue estrictamente informativo. Se esperan una serie de encuentros antes de dictaminar y dejar el tema listo para ser llevado al recinto.
A grandes rasgos, la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza se propone, como señaló el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al presentar la iniciativa, “ordenar y transparentar a todos aquellos que buscan influir sobre las decisiones públicas, con qué funcionarios y en beneficio de quién”.
El texto oficialista alcanza a funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en gestiones vinculadas a leyes, actos administrativos, políticas públicas, contrataciones, habilitaciones y otros beneficios estatales.
Entre los puntos salientes, el proyecto libertario crea el Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir las personas o empresas (nacionales o extranjeras) que realicen gestiones de intereses en el ámbito del Gobierno y el Congreso. Sólo ellos estarán habilitados a hacerlo. Así las cosas, los gestores de intereses inscritos deberán presentar ante la Autoridad de Aplicación pertinente un reporte trimestral de actividades.
Por otra parte, el proyecto plantea que no podrán actuar como gestores de intereses funcionarios públicos hasta dos años después de haber finalizado sus funciones.

La declaración jurada que Manuel Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción y ARCA abrió un nuevo frente político para el Gobierno. El funcionario admitió que había omitido declarar activos por más de medio millón de dólares y las explicaciones que brindó desataron cuestionamientos de la oposición, pero también de dirigentes propios como Patricia Bullrich y aliados como el PRO.
El ministro coordinador presentó una declaración jurada rectificativa en la que incorporó ahorros e inversiones que no habían sido informados previamente. Este punto fue fuertemente cuestionado por la jefa del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, que dijo a periodistas acreditados en Casa Rosada: "Esto es más que un errorr, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado".
El funcionario sostuvo que esos fondos provenían de actividades desarrolladas en el sector privado y de inversiones realizadas años atrás, principalmente vinculadas a criptomonedas. La vicepresidenta Victoria Villarruel, enemistada hace tiempo con el Ejecutivo, definió al respecto: "Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones",
Las explicaciones no lograron desactivar las críticas. Desde distintos sectores de la oposición surgieron cuestionamientos sobre el origen de los fondos, la demora en su declaración y las inconsistencias que, según denunciaron, existen entre las presentaciones previas y la nueva documentación.

La Libertad Avanza (LLA) inauguró su Escuela de Dirigentes en la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa destinada a formar cuadros técnicos, profesionales y políticos para la gestión pública. El acto se realizó en Recoleta y estuvo encabezado por Karina Milei, junto a la titular del bloque libertario porteño, Pilar Ramírez.
La apertura reunió además a legisladores de La Libertad Avanza y a los primeros 60 alumnos que integran la camada inicial del programa, concebido como una herramienta para preparar a quienes asumirán responsabilidades de gestión y representación política en los próximos años.
Durante la presentación, Karina Milei sostuvo que el objetivo es "preparar a quienes tendrán la responsabilidad de gestionar, representar las ideas de la libertad y llevar adelante el modelo del presidente Milei en la Ciudad". Y agregó: "Formar dirigentes es construir el futuro".
La propuesta busca brindar conocimientos vinculados a la administración pública, el diseño de políticas públicas, la gestión estatal y el liderazgo institucional. Para ello contará con la participación de funcionarios y especialistas cercanos al Gobierno nacional, entre ellos Federico Sturzenegger y Luis Caputo.

Entre el paquete de nuevos proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso de la Nación, el que contiene mayor ambición económica es el del Súper RIGI, que busca ampliar y complementar otros dos regímenes de inversiones que ya se implementan en nuestro país; el RIGI y el RIMI. En este caso, el programa establece un umbral mínimo de financiamientos de u$s1.000 millones y un plazo de adhesión de cinco años desde la sanción de la ley, con la posibilidad de prórroga de un año más.
Según se establece en su redacción, el régimen no aplica para infraestructura ni recursos naturales, sino para “nuevas actividades económicas”: “Todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”, aunque sujeto a “los términos que establezca la reglamentación”. Daniel González, secretario coordinador de Energía y Minería, detalló que el “Súper RIGI va a proyectos que no existen, la mayoría de los cuales no los conocemos así que no queremos dar una lista exhaustiva de esos proyectos”. “No queremos limitarlo”, agregó después.
El funcionario, que se presentó al debate ocurrió en el plenario de las comisiones de Presupuesto, Tecnología e Industria, analizó que se trata de una “evolución del RIGI” que vence en julio de 2027: “Sería un error intentar extender ese régimen, porque fue posicionado como un régimen excepcional que tenía vencimientos y una cantidad de proyectos apuraron su presentación para llegar”. “Si un proyecto vuela con el RIGI, no tiene posibilidad del Súper RIGI”, aclaró, en base al proyecto que también inhibe el ingreso de propuestas que se focalicen en “instalaciones preexistentes”.
Aunque se trató de una reunión informativa, alguno de los aliados provinciales del oficialismo en el Congreso anticiparon a este medio su visto bueno al régimen y apuntaron a las adhesiones de las Legislaturas locales al RIGI. Como ejemplos, están Misiones, Salta, Catamarca y Tucumán.

La mesa política del Gobierno se reunió en Casa Rosada, en el marco de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que no alcanzó para cerrar el debate interno y obligó al entorno presidencial a administrar una situación que todavía amenaza con extenderse.
El encuentro marcó el regreso de Adorni después de varios días sin actividad oficial y una noche dominada por explicaciones sobre su patrimonio y por la expectativa que había generado la regularización de su situación ante la Oficina Anticorrupción. Sin embargo, lejos de representar un punto final, la presentación de las rectificativas abrió una nueva etapa judicial.
En Balcarce 50 reconocen por lo bajo que el caso produjo incomodidad. La principal preocupación no pasa únicamente por los montos declarados sino por el contraste entre las explicaciones brindadas durante meses y la necesidad posterior de corregir tres ejercicios consecutivos de declaraciones juradas.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu rechaz los planteos presentados por la defensa de Cristina Kirchner para flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria y resolvió que continúe utilizando tobillera electrónica, mantenga las restricciones de visitas y siga sometida a las limitaciones impuestas para el uso de la terraza de su departamento de la calle San José.
La decisión fue adoptada por el juez Uriburu, del Tribunal Oral Federal N° 2, quien descartó que existan razones nuevas que justifiquen modificar las condiciones bajo las cuales la expresidenta cumple la condena desde junio de 2025 por la causa Vialidad.
La defensa, encabezada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, había solicitado tres cambios concretos: eliminar el régimen especial de visitas, quitar la tobillera electrónica y levantar las restricciones para acceder a la terraza del edificio. Sin embargo, el magistrado concluyó que ninguna de esas pretensiones tenía sustento suficiente.

La CGT denunció al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por lo que calificó como un “desmantelamiento sistemático” de los derechos laborales y de las políticas sociolaborales vigentes en la Argentina.
La presentación fue realizada en Ginebra, Suiza, durante la Comisión de Aplicación de Normas de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo. Allí, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, expuso en representación de las tres centrales obreras del país y apuntó contra los incumplimientos oficiales a las normas internacionales del trabajo.
“Esto no es una disputa sobre tecnicismos administrativos o simples ajustes presupuestarios; es la denuncia formal del desmantelamiento sistemático de un modelo democrático de gobernanza del trabajo que nos tomó décadas construir y que el actual Gobierno está demoliendo desde diciembre de 2023”, sostuvo Sola durante su intervención.
Según el dirigente sindical, la administración de Javier Milei impulsa un cambio profundo en el modelo de relaciones laborales, basado en la idea de que la protección de los trabajadores representa un obstáculo para el desarrollo económico. Para la central obrera, esa premisa pone en riesgo derechos adquiridos y debilita los mecanismos de negociación colectiva.

La distribución de comisiones en Diputados es un proceso clave. Es por eso que el oficialismo concentró los principales espacio y sólo cedió los que consideraba de menor incidencia política. Con la presidencia de la Comisión de Mujeres en mano del peronismo, la oposición conjugó  una mayoría para dictaminar una declaración de emergencia nacional en violencia de género.
El proyecto establece un plan nacional de "acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres" y su dictamen ahora debe ser votado en una sesión, un objetivo de mayor complejidad. Además de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, los apoyos llegaron desde habituales opositores al Gobierno (Provincias Unidas y Coalición Cívica), con la sorpresiva firma de la misionera Yamila Ruiz (Innovación Federal) que destrabó la mayoría.
El debate quedó demarcado por la tensión, dado que las opositoras criticaban el desfinanciamiento de programas de asistencia y la falta de cumplimiento de leyes de formación en perspectiva de género, mientras que las diputadas libertarias les achacaban a sus antagonistas haber votado en contra de proyectos punitivos (como la ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos). Las oficialistas remarcaron una serie de inconsistencias de la emergencia, que no establece autoridad de aplicación y no cuenta con precisiones de la asistencia económica.

Sobre el cierre del primer semestre educativo, las universidades volverán a tener un paro de actividades en reclamo al cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario, que continúa sin ser aplicado por el Gobierno a la espera de un fallo judicial. La implementación incluye salarios a trabajadores, fondos para becas, inversión en infraestructura y presupuesto para gastos de funcionamiento.
La medida de fuerza fue anunciada por el CONADU, que nuclea a los gremios de las distintas universidades nacionales, y se extenderá desde el 16 al 20 de junio. En simultáneo se organizarán clases públicas en distintos puntos del país para el 9 de junio, que incluirán actividades frente a Tribunales en Buenos Aires -en donde funciona la Corte Suprema de Justicia. Otras iniciativas tendrán lugar en Rosario y en la ciudad de Buenos Aires el 11 y el 16 de junio, según informó el sindicato.

Mientras la Corte Suprema analiza la demanda presentada por el debate entorno a la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno acelera las negociaciones con los rectores en busca de una salida que permita desactivar el conflicto judicial.
En caso de que el máximo tribunal falle en contra del Gobierno, la gestión oficialista deberá desembolsar alrededor de $2,5 billones a las universidades. El conflicto entre casas de estudio y la gestión libertaria se mantiene desde octubre de 2025, cuando el Ejecutivo ignoró la ratificación del proyecto de ley y comenzó su estrategia judicial para impedir su aplicación.
En medio del tira y afloje, cabe la posibilidad de que esta misma semana se reúnan representantes del Gobierno con autoridades del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), aunque el encuentro todavía no tiene fecha definida.

Si la intención del Gobierno es presentar al proyecto del Súper RIGI, un régimen con beneficios sin paralelismos en la región, como un programa dedicado para impulsar las "nuevas actividades económicas” -tal como expresa su redacción-, hasta el momento dio señales confusas de su verdadero alcance. Es que tras la presentación en Diputados del secretario de Energía, Daniel González, esta semana fueron convocados por el oficialismo referentes de cámaras energéticas y mineras, sectores primarios que no están contemplados en la nueva ley.
La iniciativa apunta a captar grandes inversiones en "todo proyecto industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica”. Asimismo, inhibe a extender el régimen a aquellos sectores que hayan ingresado al RIGI e incluso a las que se focalicen en “instalaciones preexistentes”. En su última presentación, González ratificó que no extenderán el RIGI, que vence en julio de 2027. Sin embargo, para defender el Súper RIGI citaron a Roberto Cacciola (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Carlos Ormachea (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y Esteban Gramblicka (Cámara Argentina de la Energía).

Mientras la efervescencia del Mundial 2026 funciona de cortina de humo para la política, la campaña 2027 comienza a tomar forma no sólo en la Casa Rosada sino también en las provincias. Los gobernadores peronistas aliados a Javier Milei comenzaron a darle forma a una propuesta electoral para blindar sus distritos a cambio de más apoyo en el Congreso: ser candidatos únicos en sus territorios, sin competencia de otro postulante a gobernador de La Libertad Avanza, pero con una lista colectora de candidatos libertarios para cargos provinciales colgando de la boleta del Partido Justicialista (PJ).
El diseño de esta estrategia, que ya está bajo análisis de Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem, sería factible solo para cargos a legisladores provinciales. A nivel nacional ya rige la boleta única papel que impide unificar candidaturas a partir de una única boleta para candidato a gobernador. La propuesta fue conversada en una cena reservada de un grupo de gobernadores el martes por la noche en la Ciudad de Buenos Aires. Fue después del encuentro público en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) del que participó también el Ministro del Interior, Diego Santilli.
En esta cena de la que participaron al menos Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros, se planteó abiertamente esta posibilidad. Que los gobernadores sean candidatos únicos en sus provincias y que de su boleta cuelguen dos listas distintas para los cargos legislativos y ejecutivos distritales: una del PJ con los postulantes del peronismo y otra con la oferta de La Libertad Avanza.

Patricia Bullrich dejó al desnudo la inoperancia de la mesa política de Karina Milei. La "objeción de conciencia" de la jefa de La Libertad Avanza en el Senado ante al retiro del pliego de la abogada María Verónica Michelli, cuestionando una decisión impulsada por la Casa Rosada, le echa nafta a la incendiaria interna del oficialismo en el Congreso, el territorio donde Javier Milei venía pisando en firme.
El envío de los pliegos a la comisión de Acuerdos del Senado es responsabilidad política del Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, funcionario que llegó al Gabinete de la mano de Karina Milei. La hermana del Presidente es también la jefa de Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, los encargados de coordinar la estrategia legislativa del gobierno nacional en el Congreso.
El retiro del pliego de Michelli, cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon, expone una profunda falla en el esquema de toma de decisiones de la primera plana del oficialismo. Este desacople entre la mesa política de Karina, el ministro Mahiques y los Menem se convierte ahora en un nuevo y delicado conflicto interno que ya no se circunscribe al "triángulo de hierro".
La disidencia de Patricia Bullrich generada por esta falta de coordinación de la mesa politica impacta directamente en la relación de Javier Milei con su principal aliada. La exministra de Seguridad es también su más importante activo también en términos electorales. "De los 55 puntos que sacó Milei en el balotaje, por lo menos 25 son de Patricia", se ufanan en el bullrichismo.
La Jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado exhibe cada vez más muestras de autonomía en la antesala de la campaña presidencial 2027. Primero le dio un ultimátum público a Manuel Adorni para que complete su declaración jurada de bienes en medio de las múltiples denuncias por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. Luego emprendió su propia estrategia comunicacional, diferenciada del mando de Karina, para coquetear en simultáneo con la posibilidad de ser candidata presidencial o a jefa de gobierno porteña. Y hoy inicia una mini gira nacional que la tendrá recorriendo al menos cuatro provincias.
"La gestión de los pliegos vuelve a mostrar un preocupante nivel de amateurismo político", confiesa un funcionario de La Libertad Avanza. Este miércoles habrá reunión de Labor Parlamentaria en el Senado y el jueves se convocaría a sesión. Los Milei están al borde de perder el control político del recinto. A su guerra declarada contra Victoria Villarruel se suma ahora la disidencia de Bullrich, cada vez más abiertamente enfrentada a Karina y el desmanejo de la mesa política.

A un año de la condena que derivó en su prisión domiciliaria por seis años, Cristina Kirchner recibió el respaldo de militantes y organizaciones políticas que realizaron distintas actividades frente a su domicilio del barrio porteño de Constitución. Durante la jornada, la exmandataria salió al balcón para saludar a quienes se acercaron a acompañarla.
La convocatoria tuvo lugar frente a la vivienda ubicada en San José 1111, donde dirigentes, militantes y agrupaciones afines se concentraron para expresar su apoyo a la actual titular del Partido Justicialista (PJ).

El homenaje al Indio Solari, en el Polideportivo Municipal José María Gatica de Villa Domínico, se mantiene con una incesante concurrencia, que podría llegar al millón de fanáticos, según los datos aportados por la organización por altoparlante en el lugar.
Además, fuentes del entorno del cantante informaron que el velorio seguirá abierto "hasta que entren todos".
Por el momento, la despedida del líder de Los Redondos contabiliza alrededor de 15.000 personas por hora y se rumorea que el evento se extendería otro día, por la enorme cantidad de gente que aguarda para ingresar a la capilla ardiente.
Desde la seguridad que se encuentra en el predio, pidieron que, en lo posible, los seguidores no dejen más objetos porque "no hay prácticamente más lugar", en el sitio donde descansan los restos del artista fallecido el pasado viernes a los 77 años.
Por su parte, la familia de Solari agradeció a los fanáticos por el acompañamiento en la despedida y pidió continuar el velatorio "en paz", y recordaron que habrá "lugar" para que todos puedan dar su adiós.
Desde las primeras horas de la mañana la concurrencia a la zona fue incesante y, hasta la tarde noche, se mantienen filas de varias cuadras para pasar cerca del féretro del cantante.
“La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno”, indicaron sus allegados en un nuevo comunicado difundido en la cuenta oficial del músico.
Asimismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que su gestión trabaja para garantizar una despedida ordenada y masiva, luego de que la Nación rechazara la posibilidad de realizar el funeral en el Congreso. 
En ese contexto, remarcó que sigue de cerca el desarrollo de la jornada y, en declaraciones a los medios, expresó su conmoción por la muerte del histórico cantante y se definió como “un ricotero más”.

La Justicia dictó una cautelar por seis meses a favor de una presentación realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó cesar con los despidos y supresiones de estructuras en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El fallo representa un revés para el gobierno de Javier Milei en sus planes de desguace del organismo.
El juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, dispuso la inmediata suspensión de la Resolución 20/2026, impulsada por el titular del organismo Nicolás Bronzovich, que disponía el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), nueve agencias y el traspaso de inmuebles a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

El Gobierno y las universidades públicas quedaron a un paso de cerrar un acuerdo para descomprimir el conflicto por el financiamiento del sistema universitario. Según confirmaron fuentes universitarias, la Casa Rosada cedió en uno de los principales puntos de disputa: ya no exige que las casas de estudio retiren la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario para avanzar con el entendimiento.
Aunque todavía restan resolver algunos aspectos técnicos, las negociaciones se encuentran muy avanzadas. De no surgir nuevos obstáculos, el acuerdo podría quedar formalizado esta misma semana. 

Carlos el “Indio” Solari, el reconocido cantante que en las últimas horas copó el foco del país tras su fallecimiento a los 77 años, finalmente será despedido en Parque Domínico, Avellaneda.
Tras varios idas y vueltas, se conoció que el ícono del rock nacional será velado en una despedida pública que se llevará adelante este domingo 7 junio, luego de que se realizó un último adiós privado, anoche.
Recientemente, el círculo íntimo del músico modificó la fecha del acto “para dar tiempo a la gente que viene de lejos”, mientras que la ubicación se especula desde el momento en que se conoció la lamentable noticia.
Aunque diputados de diversos bloques impulsaron gestiones para que el Congreso Nacional pudiera albergar una despedida pública, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció que luego de consultas al Ministerio de Seguridad se determinó que el Congreso "no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias" para organizar la despedida.
Luego, trascendió que el entorno del Indio había tenido contactos con Boca Juniors y Racing Club, para realizar el velatorio en allí, pero finalmente esos espacios quedaron descartados.
El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis para la realización del velatorio: "Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no pudimos comunicarnos con el abogado de la familia”. Según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal.

El titular del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), Néstor Marcelo Lamboglia, renunció a menos de un mes de haber sido designado, en medio de diferencias internas en el directorio, y su lugar quedó automáticamente en manos del vicepresidente Vicente Serra.
La salida del funcionario se produjo en el contexto de una disputa con Marcelo Nachón, vocal del organismo y exinterventor del Enargas. Sin embargo, desde el entorno del ente aseguraron que la decisión respondió a “motivos estrictamente personales” y destacaron que “su paso por el ente es valorado positivamente dentro de la estructura del organismo”.

El presidente Javier Milei encabezó en Casa Rosada una reunión con Yosef Ohana, un ex integrante de las Fuerzas de Defensa de Israel que permaneció secuestrado durante más de dos años en la Franja de Gaza tras ser capturado por Hamas.
Acompañaronal mandatario durante la audiencia el canciller, Pablo Quirno. También estuvieron presentes Avi Meir Ohana y los rabinos Tzvi Grunblatt y Chaim Baruch Oirechman.
Su recepción fue interpretada en Balcarce 50 como una nueva señal de respaldo de Milei a Israel en medio de la persistente tensión en Medio Oriente.
El mandatario participó también de la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina, uno de los actos protocolares habituales de la Presidencia.
Luego, Milei recibió a representantes de los Juegos Macabeos, la competencia deportiva internacional que reúne a atletas judíos de distintos países y que constituye uno de los principales eventos de la colectividad a nivel global.

A pesar de los avances en materia legislativa, el Gobierno atraviesa un momento adverso a nivel económico y político. Nuevas encuestas revelaron que la imagen de la gestión del presidente Javier Milei no logra repuntar y se ubica en un umbral negativo del orden del 60%, cifra similar a las registradas en abril y mayo, lo que podría revelar un piso. Asimismo, el 53% de los consultados calificaron a la administración nacional con la nota más baja: uno.
Tras los datos revelados por Zentrix que arrojaron una imagen negativa del 59,3% en abril, el deterioro en la consideración social sobre el Poder Ejecutivo Nacional volvió a registrar guarismos similares. La desconfianza en el rumbo económico persiste, al calor del incumplimiento de promesas de campaña como el combate a la “casta” y el fin de la inflación, pero no profundizó su caída.
Uno de los últimos sondeos de una de las consultoras que más circulan en Casa Rosada ratifica una percepción negativa elevada de la sociedad sobre las políticas de Milei. De cara a la construcción de la reelección del mandatario, el desgaste acentúa las dificultades futuras.

La organización Ni Una Menos cuestionó el accionar del Poder Judicial en el caso de Agostina Vega, apuntó contra el fiscal Raúl Garzón y criticó a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, al denunciar una “desidia organizada desde el Estado” y advertir sobre un contexto de violencia de género desatendida.
Durante una conferencia de prensa, la referente Lucía Cavallero sostuvo que “este gobierno ejerce un antifeminismo de Estado” y definió el femicidio como “una desidia organizada desde el Estado”, en referencia a la actuación judicial en la búsqueda de la adolescente.
La socióloga también remarcó que el caso evidenció fallas estructurales y apuntó a las condiciones sociales de la víctima: aseguró que “la opción por la desidia está directamente relacionada con las condiciones de la víctima” y cuestionó que se haya vuelto a poner el foco sobre ella.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó una nueva medida de prueba considerada clave por los investigadores: la extracción del contenido del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que declaró haber realizado refacciones en una vivienda del funcionario y que aseguró haber percibido unos 245.000 dólares por esos trabajos.
Fuentes judiciales señalaron que la extensa información obtenida del dispositivo ya se encuentra bajo análisis, tras la exitosa extracción.
El objetivo es reconstruir las comunicaciones mantenidas entre Tabar y Adorni, así como revisar documentación relacionada con las obras realizadas en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La pericia había sido ordenada luego de que el contratista entregara voluntariamente su teléfono y brindara acceso al contenido almacenado.

Javier Milei celebró  la aprobación de 74 pliegos judiciales en el Senado y calificó la decisión como "un verdadero hito" para el país. Aunque evitó referirse al caso de María Verónica Michelli, cuya candidatura el Gobierno había intentado frenar, sostuvo que se trata del "inicio de la reconstrucción de la Justicia".
El primro en expresar públicamente la satisfacción del oficialismo fue el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien agradeció al Presidente y a Karina Milei por el impulso político de los nombramientos.
"Gracias Presidente Javier Milei por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial", escribió el funcionario. También destacó el trabajo de los senadores y de la Comisión de Acuerdos, al señalar que la aprobación de los pliegos puso fin a años de demoras en la cobertura de vacantes.
"Este es un verdadero triunfo para los ciudadanos que necesitan una justicia que funcione. La aprobación de 74 pliegos, tras más de ocho años de parálisis donde los postulantes esperaban aun habiendo superado la selección, es un logro colectivo", afirmó.
Además, Mahiques resaltó el trabajo del secretario de Justicia, Santiago Viola, y aseguró que "se terminaron los años en los que el Poder Judicial sufría un abandono que afectaba a todos los argentinos".

La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei al anunciar que votará en contra del retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli, en una decisión que expone tensiones internas y cuestiona una definición impulsada desde la Casa Rosada.
La senadora confirmó su postura a través de un mensaje en redes sociales, donde explicó que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” frente a la decisión oficial de retirar la candidatura de la magistrada. “Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a Jueza Federal”, sostuvo.
En ese sentido, Bullrich remarcó que, si bien reconoce las atribuciones del Poder Ejecutivo, también reivindica su autonomía política: “Conozco y respeto plenamente la facultad constitucional del Presidente de la Nación para proponer y retirar pliegos. Del mismo modo, considero que expresar mis principios también forma parte de la responsabilidad que tengo como dirigente y como integrante de este espacio”.