Mientras observan la posibilidad de que se garantice el financiamiento a universidades públicas, científicos de organismos de referencia a nivel nacional participaron de una reunión informativa en la Comisión de Ciencia de la Cámara de Diputados para dimensionar el deterioro presupuestario y el alcance de las últimas medidas del Gobierno. Al igual que lo ocurrido con Vialidad, analizan la posibilidad de judicializar los últimos decretos del Ejecutivo.
Un día antes del vencimiento de las facultades delegadas, el Gobierno absorbió las funciones de instituciones históricas, como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE). A través del DNU 462/2025, sus direcciones pasaron a depender del Ministerio de Economía. Existe un agravante en el INTA: plantean que el Ejecutivo planifica privatizar 47.500 hectáreas, poco menos de la mitad del patrimonio de la institución.
Existen dos proyectos para derogar el decreto. Una es de la senadora nacional Silvina García Larraburu (Unión por la Patria) quien consideró que la medida "representa un retroceso institucional y un ataque directo a la ciencia pública". El otro es del Frente de Izquierda en Diputados, que sostiene que las intervenciones "comprometen la autonomía, la capacidad operativa y el alcance federal de organismos esenciales para el desarrollo productivo".
