El Gobierno lleva adelante una fuerte reforma en la seguridad presidencial con la instalación de nuevas cámaras en la quinta de Olivos, la Casa Rosada y el Museo del Bicentenario. La licitación ya pasó la revisión técnica de los equipos de Casa Militar y fue aprobada por la secretaría general de Presidencia, que encabeza Karina Milei.
Se trata de un proceso secreto, que definió comprarle el sistema de vigilancia a una empresa nacional, más allá de que un sector de las autoridades militares se mostró a favor de una norteamericana. La única condición del procedimiento fue que las cámaras no tengan relación con la producción rusa. “No los queremos adentro de Olivos”, expresan en el oficialismo.
El esquema de monitoreo actual tiene más de treinta años y se adquirió en la gestión del expresidente Carlos Menem. Las cámaras son de alta definición, pero tienen una capacidad corta de almacenamiento, de forma que se borran automáticamente antes de los treinta días. Es lo que le respondió el Ejecutivo a la Justicia cuando le pidió videos de las zonas internas, alrededor del chalet presidencial y huéspedes, de abril a agosto de 2021, por la denuncia de Fabiola Yañez.
