La Cámara de Diputados condenará al chavismo por el proceso electoral que llevó adelante Nicolás Maduro el pasado domingo. El próximo miércoles 7, en sesión especial, se votará un proyecto de resolución que por amplia mayoría aprobó la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el diputado Fernando Iglesias (PRO). La iniciativa señala “su repudio al fraude electoral perpetrado por parte del gobierno de Nicolás Maduro, efectuado mediante la difusión de resultados carentes de todo respaldo documental y en abierto contraste con las evaluaciones previas y en boca de urna. Su total rechazo a las sistemáticas violaciones de las reglas democráticas y del Acuerdo de Barbados sobre ‘promoción de derechos políticos y garantías electorales’ durante el actual proceso electoral venezolano, que ha incluido proscripciones, persecuciones, encarcelamientos, torturas, rechazo de los observadores internacionales y denegación del derecho al voto de casi ocho millones de venezolanos en el exterior; a los que se han sumado el domingo 28 de julio todo tipo de irregularidades como la obstrucción a la acción de los fiscales de la oposición, el cierre de centros de votación con filas de ciudadanos esperando en las puertas, la negativa a entregar las actas de mesa, la demora en la transmisión de datos desde los centros de votación al Consejo Nacional Electoral y los patrullajes de colectivos paramilitares chavistas”.

A partir del 1° de agosto, el gobierno de Mendoza empezará a cobrarle a los extranjeros que se atiendan en hospitales públicos de toda la provincia. La medida rige para los turnos programados, cirugías y partos, pero no contemplarán las urgencias médicas. El decreto N°1266 fue publicado el 24 de julio en el Boletín Oficial y establece que los ciudadanos sin residencia argentina deberán pagar un canon para recibir asistencia en los centros de salud del Estado. Esta medida será implementada este jueves junto con la reglamentación del REFORSAL, el nuevo ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud, que busca “recuperar los costos de los insumos públicos utilizados”, según explicó Daniela Correa, directora de la entidad. “Se le va a cobrar a todos los extranjeros, con excepción de las urgencias. El pago será en el momento, en efectivo, a una cuenta corriente del REFORSAL y se emitirá una factura para que cada persona pueda solicitar devolución en su país de origen”, detalló en diálogo con Radio Mitre.

El juez federal Sebastián Casanello procesó al dirigente social Eduardo Belliboni"por administración infiel en relación al Plan Potenciar", tras afirmar que hay pruebas suficientes para asegurar que desvió fondos recibidos del programa Potenciar Trabajo. Por otro lado, el fiscal federal Gerardo Pollicita llamó a indagatoria a Emilio Pérsico, ex secretario de Economía Social de lo que supo ser el Ministerio de Desarrollo Social, acusado de haber actuado en complicidad con Belliboni para desviar fondos millonarios destinados a la ayuda social.  La fiscalía sostiene que hay "una matriz de corrupción" que operó desde principios de 2020 hasta finales 2023 por lo que se pidió la indagatoria de exfuncionarios de la exsecretaria a cargo de la asignación y el control de los fondos destinados a la asistencia social.

Finalizada la feria judicial de inviern, se reanudó el juicio por el intento de asesinato de Cristina Kirchner, que tiene a tres integrantes de “la banda de los copitos” en el banquillo de los acusados: Fernando Sabag Montiel como autor, Brenda Uliarte como partícipe necesaria y Nicolás Carrizo como partícipe secundario. Se espera que la exvicepresidenta declare el 14 de agosto. En la cuarta audiencia, que se desarrolla en la sala AMIA del Palacio de Tribunales de Comodoro Py, declaró en primer lugar Diego Emiliano Bermúdez Bringue, un secretario privado de la exvicepresidenta. Luego lo harán tres militantes que estuvieron en el atentado, ocurrido el 1° de septiembre del 2022, a las 20.52. Bermúdez Bringue estuvo al lado de CKF en el momento en el que Sabag Montiel le gatilló en la cabeza con un arma Bersa calibre 22 que, si bien estaba apta para el disparo, la bala se trabó en la recámara y la entonces vicepresidenta se salvó de milagro. 

En el Gobierno hay dudas sobre los despidos de los 72.000 estatales que anunció públicamente Javier Milei a fines de marzo. El Ejecutivo ya dio de baja 23.000 contratos y más de un ministro sostiene que “no hay más margen para recortar”. “El problema no es la cantidad de personas en la función pública, sino las atribuciones que tienen sobre la vida de la gente. Lo que queremos impulsar es que dejen de regular actividades”, expresó  un funcionario cercano al presidente.  En Balcarce 50 hay diferencias sobre la decisión de reducir los puestos de los 49.000 trabajadores restantes y tomó fuerza la posibilidad de no eliminar el total de contratos. “No tengo más gente para echar en mi área y los que más trabajan son los contratados”, expresó un integrante del Gabinete. Es por eso que el Gobierno solo discontinuó alrededor de 5000 contratos que vencieron en junio, más allá de que el sector más ortodoxo de Nación quería avanzar sobre un número mayor. El resto tendrá una nueva revisión en septiembre.

La causa que investiga a dirigentes del Polo Obrero por supuesta defraudación millonaria al Estado Nacional entra en una etapa clave: se espera que la próxima semana el juez federal Sebastián Casanello defina si procesa, sobresee o dicta la falta de mérito para el líder de la organización Eduardo Belliboni. En el expediente que fue instruido por el fiscal federal Gerardo Pollicita se investiga si parte de los $360 millones que el Polo Obrero y la Cooperativa de Trabajo El Resplandor Limitado recibieron como unidades de gestión del Potenciar Trabajo se desviaron hacia un conjunto de empresas que hacían facturas truchas o en otros casos enviaban parte del dinero a una imprenta, vinculada a la organización de Belliboni para terminar financiando la campaña del Partido Obrero. En concreto, el juez Casanello detectó que al menos $40 millones se desviaron a una serie de empresas en la mira. Estas son la imprenta Rumbos; Coxtex; RicoPrint; UrbanGraphics; Carlos Monfrini y Miniso Trade.

La Cámara de Diputados iniciará el miércoles que viene el tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años.
Será en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda el 31 de julio a las 12.30 hs en el anexo C.
La propuesta del Poder Ejecutivo plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, “cuando fueran imputados por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.
Respecto a las penas, “cuando la pena prevista para el delito o concurso de delitos imputados supere los 3 años de prisión y hasta un máximo de 6 años, y ninguno de los hechos reprochados haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o psíquica sobre las personas o, si se tratare de delitos culposos, no existieran lesiones gravísimas ni se haya causado la muerte o un daño psíquico grave a la víctima y el adolescente imputado no registrare condenas u otros procesos en trámite con auto de procesamiento o auto procesal equivalente firme, el tribunal, previo dictamen pericial con la conformidad del Ministerio Público Fiscal y habiendo escuchado a la víctima, podrá reemplazar la pena de prisión” por alguna de las penas previstas en uno de los artículos.
El abanico de sanciones abarca “la amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; prohibición de conducción de vehículos; prohibición de concurrir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos, inclusive deportivos, musicales o culturales; prohibición de salir del país o del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que el juez determine; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y penas privativas de libertad”.
En este último caso, la pena privativa de la libertad podrá realizarse en el domicilio, en un instituto abierto, en un instituto especializado de detención o en una sección separada de un establecimiento penitenciario adecuada para el tratamiento de adolescentes.
“La decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento”, se especifica.
No estará admitida "la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua”, siendo el plazo máximo de las penas privativas de la libertad de 20 años.
En otro párrafo se agrega que “cuando el adolescente condenado cumpla 2/3 de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto de la pena sea cumplido mediante las restantes penas establecidas en esta ley”.
Sobre la reclusión, se indica que “el adolescente deberá ser alojado en un instituto adecuado de detención o en la sección separada de los adultos de un establecimiento carcelario, adecuada para el tratamiento de adolescentes, que cada jurisdicción organizará siguiendo los principios generales que se establecen”.
Más allá de la carga punitiva, en uno de los artículos de la iniciativa se sostiene que “la finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.
Entre las medidas complementarias figuran “el asesoramiento, orientación o supervisión periódica de un equipo interdisciplinario; la asistencia a programas educativos, de formación ciudadana, de capacitación laboral, deportivos; y la participación en un tratamiento médico o psicológico por el plazo que los profesionales de la salud estimen necesario”.
En los fundamentos del proyecto, se señala que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes”, lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.
Y se puntualizó que el piso de 16 años para ser punible dista de otros países de la región como en Chile, Colombia y Perú, que es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, a los 13 años; Brasil y México, a los 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, a los 7 años.
Los ministros de Justicia, Mariano Cuneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iba a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por jóvenes menores de 16 años que es la edad establecida en el actual régimen penal.
El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cuneo Libarona.
Ahora, la iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), aunque se estima que no será sencillo ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso Nacional.

En una actualización judicial del caso que investiga la desaparición del niño Loan Peña, desaparecido en junio en la provincia de Corrientes, se determinó la liberación del expolicía Francisco Méndez por "falta de mérito".
Méndez había sido señalado por Laudelina Peña, tía de Loan, de haber sido el informante del comisario de la localidad de 9 de julio, Walter Maciel, quien todavía permanece detenido. Sin embargo, la jueza Cristina Pozzer Penzo determinó la "falta de mérito" de su culpabilidad y, luego de peritar su arma reglamentaria, consideró que no había elementos para acusarlo.
Méndez había sido el último de los detenidos por la desaparición de Loan. Continúan siendo investigados bajo arresto Carlos Pérez, su esposa María Victoria Caillava; Daniel Ramírez, Antonio Benítez, Mónica Del Carmen Millapi y Laudelina Peña.
En las últimas horas, una mujer de 22 años denunció haber visto en la ciudad de Puerto Vilelas, en Chaco, a un niño con características similares a las de Loan Danilo Peña, quien se encuentra desaparecido hace 43 días en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.
Tras la denuncia de la joven, el Departamento de Trata de Personas le solicitó al sargento Alejandro Velázquez que elaborara un identikit de la persona que habría sido vista por la denunciante.
Ahora, la Justicia Federal investiga un video que se relaciona a los dichos de la joven. En las imágenes difundidas, se observa a una mujer con gorra y campera bordó agarrado de la mano con un nene el jueves 25 de julio a las cerca de las 19 horas.

El excomisario Walter Maciel fue trasladado al penal de Marcos Paz
El excomisario de 9 de Julio, Walter Maciel, imputado por presunta sustracción y ocultamiento de Loan Peña, el niño desaparecido en la localidad correntina desde el pasado 13 de junio, fue trasladado al penal de Marcos Paz, luego de que ayer ampliara su declaración ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado de Goya.
Maciel es el segundo de los ocho detenidos del caso que es llevado a una cárcel de Buenos Aires. La primera había sido Laudelina Peña, quien está alojada en un calabozo del penal de Ezeiza.
Una vez finalizadas las indagatorias, la magistrada solicitó peritar dos armas de fuego, de las cuales una pertenecería a Maciel y otra al propio Francisco Méndez.
Tras hablar ante las autoridades del caso, Maciel manifestó su miedo de volver a la cárcel: “Temo que me maten porque soy funcionario hace 25 años y sé cómo se manejan las reglas carcelarias. Me siento totalmente juzgado por una condena social. Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días seguidos. Me siento cuidado en mi provincia. Soy imputado colaborador”.

“No tienen por qué invitarla. Ella es parte del Poder Ejecutivo”. Así de desafiante es la relación de la vicepresidenta con la Casa Rosada. Victoria Villarruel participó de la reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, encabezada por el presidente Javier Milei. Fue un gesto de acercamiento después de la tensión por el tuit de la Vice en contra de Francia, a días de la visita presidencial a París. En el encuentro de ministros también estuvo presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La vuelta de la titular del Senado a la reunión de gabinete ocurrió en plena escalada, después de que el vocero Manuel Adorni habló el viernes en conferencia del “tuit desafortunado” de la Vice que tildó de “colonialista” a país que iba a recibir a los hermanos Milei. Hoy, en cambio, el vocero dijo que el vínculo es “el mismo de siempre, muy bueno”. El domingo, las fricciones llegaron a un punto máximo con el frío reencuentro que Milei y Villarruel protagonizaron en el acto central de la Exposición Rural. Un beso al paso, miradas distantes. Karina, palabras al oído de Milei. La Vice, mate en mano, cabeza en alto y fija hacia el campo.

La izquierda marchó a Plaza de Mayo para enfrentar "los despidos, el ajuste y la persecución política" y respaldar la protesta que está llevando adelante el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA), como parte de un plan de lucha contra el intento de flexibilización laboral de las empresas del sector.
"Necesitamos un plan de lucha, una acción común en las calles, para enfrentar los despidos, el ajuste y la persecución política. Preparemos la huelga general para derrotar al gobierno de Milei", afirmó en redes sociales el referente del Polo Obrero Eduardo Belliboni, quien formó parte de la manifestación esta tarde frente a Casa de Gobierno.
A su vez, durante el acto tomó la palabra el secretario general del Sutna, Hernán Crespo, quien rechazó los despidos en FATE y el proceso preventivo de crisis de la multinacional Bridgestone.
"Nos corresponde denunciar a estas multinacionales. Hay una enorme crisis en el país, pero no la están sufriendo las
patronales, que tienen gigantescas ganancias y especulan. Tenemos que defendernos mas que nunca como trabajadores. Hay que defender al pueblo trabajador argentino que es el que está sufriendo en estos momentos", aseguró Crespo.
Entre los sectores presentes estuvieron la Unión Ferroviaria (UF) Haedo; despedidos y trabajadores de GPS-Aerolíneas
Argentinas; Ademys; trabajadoras y trabajadores despedidos del Hospital Posadas y otras dependencias estatales, como los Espacios de Memoria, el INCAA y el Ministerio de Economía.
También dirigentes y delegados combativos del Subte, las Telecomunicaciones, docentes, de la Salud, organizaciones sociales (Teresa Vive, Polo Obrero, Frente de Lucha Piquetero), Asambleas barriales, organizaciones de jubilados, Acindar, Madygraf, y los partidos que conforman el Frente de Izquierda Unidad (FITU); PTS, Partido Obrero, Izquierda Socialista y MST.
En tanto, respaldaron la movilización los principales referentes y diputados nacionales del Frente de Izquierda, entre ellos, Myriam Bregman y Nicolás del Caño.
De esta manera, las organizaciones sociales, sindicales y políticas vinculadas al Frente de Izquierda y de Trabajadores-
Unidad (FIT-U) cerraron frente a Casa Rosada las jornadas de protesta que habían sido aprobadas durante la asamblea del Sutna la semana pasada.

La Secretaría de Transporte comunicó que Matías Galparsoro, será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE). Desde febrero de 2024 se desempeñaba en el cargo de Vicepresidente del organismo y formaba parte del directorio. El Gobierno le pidió la renuncia a Adrián Luque, y en su lugar designó a Galparsoro, un dirigente que trabajó con Florencio Randazzo. Durante 2013 fue Gerente General de Trenes Argentinos, continuó su tarea en la línea Sarmiento, pasó por la línea Roca y entre 2015 y 2019 fue Gerente Operativo de la línea San Martín; mismo cargo que ocupó entre 2019 y 2020 en la línea Belgrano Sur.  “Con amplio conocimiento de sector, comprende el Sistema Ferroviario Nacional en detalle, su infraestructura y necesidades para trabajar en el marco de la Emergencia Ferroviaria con una fuerte impronta en la mejora del servicio y de la seguridad operacional”, detallaron en la cartera de Transporte. En 2023 el déficit operativo de la empresa trepó a $342.080 millones y quedó en la mira de la administración libertaria que quiere reducir la asistencia económica estatal que recibe a través de subsidios y transferir los trenes que opera a manos privadas.

El Gobierno nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) dependiente de Jefatura de Gabinete, dispuso una significativa reducción en los contratos de alquiler de oficinas que eran utilizadas por distintos ministerios en todo el país. Esta medida forma parte de una política de optimización y eficiencia en la gestión de recursos públicos. La cartera liderada por Guillermo Francos informó que se dieron de baja 71 contratos de alquiler en todo el territorio nacional, lo que representa un ahorro mensual de $191.518.251 y un ahorro anual de $2.298.218.220, lo que contribuye de manera notable a la reducción del gasto público. A través de un exhaustivo relevamiento y la implementación de nuevos controles en el procedimiento de alquileres el Gobierno nacional llevó adelante una racionalización del uso de las oficinas existentes, para garantizar una mejor utilización de los espacios disponibles y optimizar los recursos del Estado. De este modo, se dieron de baja 23 contratos en provincia de Buenos Aires y siete en CABA, además de sucesivos alquileres en Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y en Tucumán.

Tras el receso de invierno, el Congreso se reactiva esta semana y prepara para el segundo semestre del año una agenda cargada de temas, algunos promovidos por el oficialismo y otros que intentará debatir la oposición dialoguista. El Presupuesto 2025 será el principal foco parlamentario, pero el Gobierno también buscará avanzar con la designación de miembros de la Corte Suprema y su ampliación; la reforma electoral; la baja en la edad de imputabilidad; la reforma jubilatoria, y la reforma laboral. Para cada uno, habrá al menos un contraproyecto opositor. Además, en la segunda mitad del año se pondrá a prueba la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza. El partido liderado por Mauricio Macri acompañó las dos iniciativas legislativas clave propuestas por el presidente Javier Milei, pero sancionadas la Ley Bases y el paquete fiscal adoptó una postura de aliado crítico, que podría condicionar las negociaciones futuras en el Congreso, fundamentalmente en la Cámara baja. El kirchnerismo buscará jugar un rol determinante a la hora de acompañar proyectos de la oposición dialoguista, como ya lo hizo en el primer semestre. El objetivo final es el de frenar iniciativas oficialistas con propuestas más moderadas.