Javier Milei presentó en el Congreso el proyecto de Ley Ómnibus, en el que pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. La iniciativa consta de 183 páginas y 664 artículos y está firmada por el presidente, el jefe de Gabinete Nicolas Posse, y los ministros del Poder Ejecutivo. A lo largo de este proyecto, se proponen reformas fiscales, la suspensión de la aplicación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, la posibilidad de privatizar más de 40 empresas estatales, cambios en el sistema electoral y la autorización para aplicar sanciones a las manifestaciones, entre otras medidas. Estas reformas se consideran un complemento al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), y tienen como objetivo principal promover la libertad de todos los ciudadanos argentinos. Las medidas que repudia la CGT son los siguientes:
Promoción del Empleo Registrado mediante un “blanqueo” laboral.
Extinción de la acción penal y condonación de infracciones, multas y sanciones por irregularidades en la contratación de empleados.
Posible eliminación del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).
Plazos para la regularización de relaciones laborales y planes de regularización plurianuales.
Plan de privatización de empresas públicas para concentrar la actividad del Estado en funciones esenciales.
Objetivo de generar competencia, eficiencia económica, reducción de carga fiscal y mejor calidad de servicios.
Inclusión de empresas como Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, ferrocarriles, Aysa, YPF, YCRT, Banco de la Nación, Casa de la Moneda y Nucleoeléctrica Argentina en el listado.
Posibilidad de financiar la infraestructura con inversión privada.
Facultad del Poder Ejecutivo para renegociar o rescindir contratos en ejecución celebrados antes del 10 de diciembre de 2023.
Regreso al esquema de concesiones y transferencia del riesgo al concesionario.
Mecanismo de solución de controversias para contratos de obra pública con plazos vencidos y litigios pendientes.