El Ministerio de Economía junto con la ANSES anunciaron un aumento por movilidad del 15,53% para jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones a partir de septiembre. Además, se implementará un bono de $7000 para jubilados que se pagará en tres meses.
Los aumentos fueron informados este miércoles por la tarde, luego de una reunión que tuvieron el ministro de Economía, Sergio Massa, y la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta.
Este es el séptimo aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad 27.609 y el tercero del año 2022. De esta manera, la Asignación Universal por Hija e Hijo pasará a ser de $8471. Y se actualizan también la Asignación por Embarazo, Asignación Prenatal, Asignación por Nacimiento, Asignación por Adopción, Asignación por Matrimonio y Cónyuge.

Aumento para jubilados: de cuánto pasará a ser la jubilación mínima
Con el aumento del 15,53%, la jubilación mínima pasará de 37.525 pesos a 50.353 pesos y las dos jubilaciones mínimas pasarán de 75.050 pesos a 90.705 pesos. De esta forma, según informó ANSES, la jubilación mínima aumentará en lo que va del año un 73,3%, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación.
“A partir de septiembre, ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas”, señaló Fernanda Raverta, directora ejecutiva del organismo.

Aumento para jubilados y bono de ANSES: quiénes lo cobran
De acuerdo al comunicado emitido por la ANSES, el aumento por movilidad del 15,53% para jubilaciones, pensiones y asignaciones alcanza a más de 16 millones de argentinos.
Mientras que el refuerzo mensual de $7000 alcanza a 6,1 millones de personas, casi el 85% de todas las jubilaciones. El mismo irá decreciendo progresivamente hasta los 4.000 pesos, monto que cobrarán quienes tengan ingresos de hasta 2 haberes mínimos.
Bono de ANSES para jubilados: cómo se pagará
El bono de $7000 que otorgarán la ANSES y el Ministerio de Economía se pagará en los meses de septiembre, octubre y noviembre. El objetivo es que el bono sea un refuerzo hasta el próximo aumento por movilidad de diciembre.
“Estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y las jubiladas. Con esta medida, acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de Ganancias”, explicó el ministro de Economía, Sergio Massa.
Cuánto aumentaron las jubilaciones en lo que va de 2022
Las jubilaciones, pensiones y otras asignaciones que paga la ANSES subieron 29,12% entre enero y junio de 2022.

Los aumentos por la fórmula de movilidad se dan cuatro veces por año, en marzo, junio, septiembre y diciembre.
- En marzo de 2022, los jubilados tuvieron un alza de 15%;
- En junio de 2022, los jubilados recibieron un aumento de 12,28%.
- En septiembre de 2022, los jubilados recibirán un aumento del 15,53%.

En su primer informe de gestión desde que asumió el miércoles pasado como "superministro" de Economía, Sergio Massa estimó que con el ajuste de subsidios que impactará en un aumento segmentado de las tarifas de energía y agua, el Estado estará en condiciones de ahorrar 500 mil millones de pesos al año.
El esquema de distribución de los subsidios seguirá la lógica ya anunciada en la primera conferencia de prensa que el líder del Frente Renovador encabezó en el Palacio de Hacienda.
"A la segmentación se agregarán topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios. Quien menos consume menos o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga", precisó el documento que difundió el Ministerio de Economía.
"Con el ahorro de agua y energía, y el ordenamiento del sistema de distribución de subsidios, protegiendo la tarifa social, el Estado se ahorrará 500 mil millones de pesos al año", calcularon en Hacienda.
Por otra parte, la cartera económica ratificó la política de "techos de gasto" y en ese sentido confirmó que "no habrá más emisión para financiamiento hasta fin de año".
En tanto, "en coordinación con todos los sectores de la administración pública comenzó la fijación de topes al ingreso de personal".
El congelamiento de la plantilla estatal es otro de los gestos de austeridad fiscal que Massa quiere dar a los mercados, aunque en este caso no se trate un ahorro tan significativo de recursos.
En cuanto a los mecanismos ilegales de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones que ya había dado cuenta en la conferencia de prensa, ahora se especificó que ya se iniciaron notificaciones a 722 empresas, y se estimó que el perjuicio al Estado por esas defraudaciones alcanza los 1.000 millones de dólares.
En otro orden, la cartera de Massa aseguró que habrá un control más incisivo de las importaciones y en ese sentido se anunció que "ya está en funcionamiento un esquema de coordinación para garantizar que los dólares de las importaciones estén enfocados a la producción y la salud".
En paralelo, el fomento de las exportaciones para "la fábrica de dólares" está al tope de las prioridades de gestión de las nuevas autoridades de Economía.
En esa línea, "se lanzará Programa de Crédito a los efectos de que las PyMEs vendan trabajo argentino al mundo".
Se trata de "240 mil millones de Tasas de Crédito promocionales para promover nuevas empresas exportadoras", según precisaron desde el Ministerio.

El Senado de la Nación aprobó el Consenso Fiscal que el Poder Ejecutivo Nacional firmó con 21 gobernadores del oficialismo y la oposición, en diciembre del año pasado y cuyo objetivo es buscar acuerdos en torno a políticas tributarias, así como lograr equilibrios en el control de la evasión impositiva en todo el país.
La iniciativa obtuvo 45 votos a favor, 17 en contra y una abstención, manifestada por el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, cuya provincia sí firmó el pacto.
El acuerdo recibió el apoyo unánime del interbloque del Frente de Todos y de sus aliados, en tanto que la principal bancada de la oposición votó de manera dividida.

Consenso Fiscal
Aquel documento fue firmado el 27 de diciembre del año pasado por los Gobiernos opositores de Jujuy, Corrientes, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Misiones y Rio Negro, además del resto de las provincias gobernadas por el Frente de Todos.
Las únicas jurisdicciones que no adhirieron fueron San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires gobernada por el dirigente de PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
El expediente que ahora debe tratar Diputados es un acuerdo federal que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones partícipes, de modo que las distintas decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica a la vez que aseguren una armonización tributaria.
Otra de las metas es fortalecer la autonomía de las provincias brindando estabilidad jurídica a los gobiernos y a los contribuyentes respecto de los impuestos provinciales.
El nuevo consenso fiscal prevé que las alícuotas de Ingresos Brutos no deberán ser superiores a las establecidas para cada actividad y ratifica la decisión de analizar en 2022 la posibilidad de legislar sobre un impuesto a la herencia.
También contiene un capítulo denominado de "endeudamiento responsable", que determina que las provincias podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera solo a través de líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito y que en materia de "responsabilidad fiscal" fija que "la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB", entre otras cuestiones.
El jefe del interbloque oficialista, el formoseño José Mayans, aseguró que “estos pactos fiscales no tienen color político, por eso firmaron este pacto los gobernadores de la oposición”.
“No tengo dudas de que a lo mejor a fin de año se firma otro pacto fiscal. Porque hay gobernadores que tienen altamente comprometido su endeudamiento. No creo que los gobernadores firmen esto porque no entienden el problema. Aspiran a que el Senado acompañe y si hay que corregir, que se corrija”, afirmó.
Los porteños Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, al igual que la tucumana Beatriz Ávila, todos de Juntos por el Cambio, fueron algunos de los legisladores que votaron en contra de la medida.
El exministro de Economía habló de que se trata de “una suba de impuestos encubierta” y agregó que “la condición para firmar este acuerdo es suspender los reclamos judiciales en curso”.
“La Ciudad de Buenos Aires tomó el compromiso de que, en cuanto le devuelvan el dinero que le sacaron de la Coparticipación, va a bajar los impuestos. Les recuerdo que le sacaron el equivalente al 90 por ciento del sueldo del personal de la salud en medio de una pandemia”, remarcó.
Ávila, en tanto, consideró al Consenso Fiscal como “un retroceso en el apoyo al sector productivo y a las economías regionales”.
“En el actual contexto es un retroceso porque a las provincias se les da la potestad para alentar el aumento de impuestos arcaicos”, expresó.
El radical Luis Naidenoff, quien votó favorablemente, aseveró que los “consensos fiscales son producto de argentina pendular y de la lógica que se impone que es el ‘vamos viendo’”.
Además, coincidió con su coterráneo Mayans al añadir que “seguramente el año que viene habrá otro consenso fiscal como consecuencia del debate pendiente en materia fiscal que tiene la Argentina”.
El oficialista Oscar Parrilli, en tanto, opinó que “este consenso fiscal es un avance en la relación a los consenso fiscales anteriores”.
“En Argentina hubo consenso fiscales unitarios. A los gobernadores se les quiere enseñar cómo gobernar: así fueron consensos fiscales desde 2017 en adelante. Les exigían que debían bajar impuestos e ingresos y por la ventanilla del costado se les daba una tarjetita para que vayan a endeudarse en dólares. No puedo admitir que se le cercenen facultades a los gobernadores”, sentenció.
Por último, el radical Cornejo, el único que se abstuvo, dijo que “votar a favor es autorizar a los gobernadores a que aumenten impuestos”, aunque luego recordó que tres de los mandatarios de Juntos por el Cambio suscribieron la medida.
“Me voy a abstener porque, para mí, cualquiera de las opciones que se me presentan es sub-óptima”, sentenció.

El secretario de Comercio, Matías Tombolini, comenzará la semana que viene a entablar reuniones con los principales actores de la cadena de formación de precios, en vista de un relanzamiento del programa Precios Cuidados dentro de los próximos 45 a 60 días.
"Vamos a empezar a juntarnos la semana que viene con las distintas asociaciones empresarias, los supermercados, las bocas de proximidad, usuarios y consumidores y, obviamente, los principales actores de la cadena de formación de precios", aseveró Tombolini en declaraciones radiales.
Uno de los objetivos de los encuentros, según el flamante secretario, será "volver a recuperar a los precios como una unidad de información útil a la hora de decidir", ya que "hoy Argentina atraviesa un momento donde los precios han dejado de ser una referencia cotidiana".
"Nosotros cuando asumimos, lo que hicimos, a partir del puntapié inicial que dio (el Ministro de Economía) Sergio (Massa) a la gestión es marcar una hoja de ruta clara, establecer un diagnóstico, un conjunto de objetivos y a partir de allí un camino a recorrer, un plan, un programa", señaló tras asumir el cargo.
A partir de ello, buscará poner en valor Precios Cuidados, pretendiendo que "funcione mucho mejor dentro de 45 a 60 días" a partir de su relanzamiento.
"Lo que tenemos que intentar es encontrar acuerdos que sean estables a lo largo del tiempo, por lo menos un trimestre", señaló Tombolini, y advirtió que "donde haya un abuso, se va a intentar detectarlo y trabajar en consecuencia".
En ese sentido, el secretario reiteró que el programa buscará regresar a los fundamentos que le imprimió su antecesor, Augusto Costa, entre 2014 y 2015, con "la idea de que los precios funcionen como precios de referencia y no como un congelamiento".
El ex director del Banco Nación y de Arsat valoró las herramientas que ahora tendrá su cartera a partir de la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de añadirle a Comercio Interior funciones de comercio exterior que, anteriormente, correspondían a la Secretaría de Industria.
Esto permitirá a la nueva Secretaría de Comercio tener un control centralizado del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
"La Secretaría, al incorporar funciones referidas al comercio exterior, recupera una herramienta que tenía sobre todo en el Gobierno de Cristina (Fernández de Kirchner) que Sergio (Massa) pretende que se retome", precisó.
Por otra parte, Tombolini dijo que hay que "intentar desacelerar esta dinámica que en julio y también en agosto viene caliente en materia de precios, me parece que es el primer punto, y recuperar esta idea de la referencialidad de los precios", explicó.
"No quiere decir -agregó- que los precios vayan para atrás sino que aumenten más despacio, y eso se consigue con un conjunto de herramientas que planteaba Sergio (Massa), que tienen que ver con el frente fiscal, con la acumulación de reservas y con un programa ordenado que a su vez tiene distintas medidas para el cumplimiento de los ejes", afirmó.
La canasta de Precios Cuidados se renovó el pasado 7 de julio e incluye productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal; artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas; junto con una canasta de frutas y verduras.
En tanto, a fines de julio, el Gobierno alcanzó un acuerdo con empresas productoras de lácteos y supermercados para la incorporación de 120 productos de ese rubro al programa Precios Cuidados.
Además, las empresas y las principales cadenas se comprometieron a triplicar el volumen de leche fresca y garantizar el abastecimiento.
De este modo, la cantidad total que contempla la canasta asciende a alrededor de 1.070 productos.
Para esta etapa que se extiende hasta el 7 de octubre próximo, se acordó con las distintas cámaras una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que se dividirá de la siguiente manera: 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre en el caso de los productos de almacén.
En tanto en productos lácteos será del 4,9% en julio; 3,3% en agosto y 2,8% en septiembre, con lo que el total promedio será de 9,1% para el trimestre.

Luego de su breve paso por el ministerio de Economía, Silvina Batakis ya es la nueva titular del Banco Nación, un cargo en el que reemplaza a Eduardo Hecker, quien a su vez espera que lo designen en el Banco Central.
En ese contexto, el desembarco de Batakis en el BNA fue, al menos, turbulento: le exigió la renuncia a todos los directores de la entidad. En rigor lo hizo el Poder Ejecutivo, quien es el encargado de las designaciones y remociones en el directorio de la entidad, pero por pedido expreso de la nueva presidenta.
Lo que era un rumor creciente luego de la llegada de la economista se comenzó a concretar en las últimas horas cuando los directores de la entidad comenzaron a recibir pedidos de renuncia desde la secretaría Legal y Técnica de Presidencia.
Fuentes oficiales destacan que los pedidos fueron solo tres y que el resto “tiene apoyos propios”, además de que no tiene intenciones de renunciar. “Hubo algunos pedidos de renuncia desde Presidencia, es verdad. Lozano, entre ellos. Esos pedidos llegaron hoy”, destacó otra fuente con conocimiento del tema.
Las lista de los actuales directores del banco, que estaba disponible hasta hace poco, fue removida de la web oficial.
Se trata de Claudio Lozano, Ángel Mercado, Cecilia Fernández Bugna, Federico Sánchez, Guillermo Wierzba, Martín Ferré, Julia Strada, Raúl Garré y Carlos Caserio. Los pedidos de renuncia llegaron desde la Casa Rosada para Sánchez, Lozano y Wierzba.
Cuando aceptó el cargo en el banco, una suerte de premio consuelo, el presidente Alberto Fernández habría concedido “darle” a Batakis todo el directorio. En una charla de transición que tuvo con Hecker, la economista le habría pedido que le comunique al directorio que debían presentar la renuncia. Hecker no accedió y los directores avisaron que no iban a renunciar.
Según trascendió, Batakis pretende poner en esos puestos a ejecutivos de su riñón, muchos de los cuales la acompañaron en su muy breve paso por el Palacio de Hacienda. Se trataría de Karina Angeletti, quien fue secretaria de Política Económica; Martín Di Bella, ex secretario de Hacienda; Martín Pollera, ex secretario de Comercio Interior, y José Ballesteros, ex titular de la secretaría Legal y Administrativa.

Mirar la letra chica es el primer consejo financiero que cualquier argentino recibe si decide pedir un préstamo o refinanciar pagos con la tarjeta de crédito. Es que, más allá de la Tasa Nominal Anual (TNA), que sube a medida que avanza la inflación, una maraña de comisiones, impuestos y otros gastos terminan integrando el Costo Financiero Total (CFT), sigla que desde las últimas subas de tasas ya se ubica encima del 100%, dependiendo del banco.
Según las últimas actualizaciones del Banco Central, la TNA para refinanciar gastos con tarjeta (o hacer revolving, como se conoce en la jerga financiera) es del 62% para montos menores a los $200.000.
Cuando lo refinanciado supera ese número, entra a jugar la tasa con límites previstos en la Ley de Tarjetas de Crédito, que toma como referencia el número para préstamos personales. En ese caso, y según informó el BCRA recientemente, el promedio es del 83% nominal anual.
Pero claro, a ambas tasas hay que sumarle el IVA y otros gastos que se incluyen en el Costo Financiero Total (CFT). Por ejemplo, en una de las entidades financieras, la tasa del 62% pasa a 107% y la de 83% pasa a 124%.
En otras palabras, hoy el costo de financiarse con la tarjeta hace que se duplique la deuda. Es el caso que podría aplicar, por ejemplo, para la compra de pasajes.
Con el fin de las cuotas para los viajes al exterior, una de las alternativas que sugería el BCRA es financiarse pagando el mínimo de la tarjeta. El problema, claro, es que ese monto total puede superar los $200.000 si se trata de cuatro tickets para una familia, entre otros casos.

¿Por qué es tan caro financiarse en la Argentina?
Además del avance de la inflación -la razón principal-, hay otras explicaciones que se esbozan desde el sector financiero. La que trascendió esta semana tiene que ver con lo impositivo: según la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), que nuclea a las entidades de capitales nacionales, el 44% del costo de tomar un préstamo es impuestos.
En otras palabras, por cada $1000 que se pagan de CFT, $440 son impuestos. Entre ellos están Ingresos Brutos, retenciones de IVA y de Ganancias, y tasas municipales por cajeros automáticos y sucursales.
“Mientras más impuestos afecten el costo del crédito (y más distorsivos resulten dichos tributos) menos financiamiento estará disponible para familias y empresas privadas, a la vez que mayor será su costo, y menor será el crecimiento económico y el bienestar de la población”, señala el informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (Ieral) para Adeba.
Según Ieral y Adeba, Argentina es el país de la región que posee menor volumen de préstamos y depósitos bancarios en relación a su Producto Bruto Interno (PBI). “La relación préstamos sobre PBI se conoce como “grado de bancarización”. Es decir, Argentina es el país con menor bancarización de la región; los préstamos bancarios representan el 10% del PBI, mientras que el promedio de la región es del 50%”, detalla el documento.
El problema de que haya un bajo grado de bancarización es que se limita “la capacidad de producción y consumo de la sociedad”, lo que a su vez “lleva a menor crecimiento económico y empleo”.

En un intento porque los ingresos no sigan perdiendo contra la inflación, el Gobierno vuelve a reflotar el acuerdo de precios y salarios. Esta vez será el ministro de Economía, Sergio Massa, el encargado de encabezar los encuentros y de intentar alinear expectativas.
Massa adelantó que un primer eje será la convocatoria a empresarios y gremios para acordar el pago de un bono para los trabajadores del sector privado. Según dijo, esa reunión se realizará el martes próximo, pero aún no se circularon las invitaciones.
Ambas partes se mostraron dispuestas a sentarse a dialogar, pero cada una llegará a la mesa de negociaciones con miradas diferentes, que el tigrense deberá acercar.
Por un lado, los empresarios reconocen la necesidad de recomponer los ingresos de los trabajadores, pero también hacen hincapié en la situación en la que se encuentran, producto de las restricciones a las importaciones y de la alta volatilidad cambiaria.
En los gremios creen que un bono tiene sabor a poco y, además de la reapertura de paritarias y recomposiciones acordes con la inflación, piden por el salario básico universal.

Empresarios, a la espera de la convocatoria
Tanto las cámaras empresarias como los gremios están a la espera de la convocatoria por parte del Gobierno. Este martes, el presidente Alberto Fernández ratificó que se avanzará en ese camino.
“La Unión Industrial Argentina (UIA) siempre está abierta a escuchar, dialogar y buscar soluciones para los problemas y desafíos del sector. Lo correcto es esperar una convocatoria formal”, dijeron desde la entidad fabril.
En la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) tampoco recibieron aún formalmente la convocatoria a la mesa de diálogo. “Estamos esperando a ver cómo se desarrolla y cómo se va a plantear el acuerdo”, dijo Salvador Femenía, secretario de Prensa de CAME.

Los gremios buscan recomponer ingresos e insisten con el salario básico universal
Hasta el momento, los gremios tampoco fueron invitados formalmente a participar de la mesa de negociación. “En caso de ser convocados vamos a plantear que para el control de precios hay que actuar sobre los formadores de precios, pero fundamentalmente haciendo un control sobre toda la cadena de valor”, dijo Ricardo Peidro, secretario General de la CTA Autónoma.
Lo que piden es que se pueda “establecer cuál es el valor real y cuál es el valor especulativo de los productos, fundamentalmente de los de primera necesidad”. También, Peidro indicó que “debe haber una recomposición salarial para no solamente correr de atrás a la inflación, sino recuperar lo perdido en los últimos años”.
Además, los gremios reclaman que la convocatoria al acuerdo de precios y salarios sea “amplia”, que no solamente participen los sindicatos que representan a los trabajadores formales, sino que formen parte también todas las organizaciones, incluyendo a las de la economía popular, de los trabajadores informales y de las pymes.

José Ignacio De Mendiguren mantiene encuentros en la UIA
Mientras aguardan la invitación, este martes el secretario de Industria, José Ignacio De Mendiguren, se reunió con el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja. En el encuentro, “acordaron trabajar en conjunto para sostener el nivel de actividad y el superávit comercial y seguir generando empleo de calidad”, según se informó oficialmente.

El Gobierno dará a conocer el martes próximo los nuevos valores tarifarios de los servicios de gas, energía eléctrica y agua corriente, en un esquema que tendrá en cuenta la progresividad y las diferencias por zona, respetándose "las particularidades de cada región", indicaron fuentes oficiales.
"La semana que viene se va a definir la letra chica del anuncio" que formulara el miércoles 3 de agosto el ministro de Economía, Sergio Massa, agregaron las fuentes consultadas, en referencia a la incorporación al esquema de segmentación del criterio de progresividad en el consumo.
El nuevo esquema partirá de mantener la tarifa vigente a los niveles 2 (de menores ingresos) y 3 (de ingresos medios), pero en este último caso el consumo que exceda los 400 kwh no será subsidiado.
En su primera conferencia de prensa luego de asumir, Massa adelantó que el nuevo esquema de segmentación por consumo regirá no sólo para los usuarios residenciales de energía eléctrica y gas natural por red (como se estableció en el decreto 332/2022) sino también a los de agua corriente.
Los tres servicios presentan diferencias, tanto en la medición del consumo como de jurisdicciones en el área de distribución: en energía eléctrica y agua corriente, el Estado nacional tiene competencia sobre las operadoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (Edesur y Edenor en energía y AySA en agua), en tanto en gas natural abarca a todo el territorio nacional.
Además, la mayoría de los usuarios residenciales de agua corriente no tiene servicio medido, sino que se les aplica una suma fija, a diferencia de los de gas y electricidad.
En tercer término, las tarifas de electricidad y gas fueron ajustadas en base a diferentes proporciones del Coeficiente de Variación Salarial del año pasado (40% para los usuarios de nivel 2 y 80% para los de nivel 3), en tanto para AySA se aprobó un incremento para todo el año del 32% en dos etapas (20% en julio y 10% acumulativo en octubre).
Por último, los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas) dependen del Ministerio de Economía, en tanto AySA está en la órbita del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) del Ministerio de Obras Públicas.
En su anuncio, el flamante ministro dijo que "en el caso de la luz, vamos a subsidiar en hasta 400 KWh", un nivel de consumo que representa "el 80% de los usuarios, pero sólo el 50% del consumo total residencial", explicó.
Massa no precisó si ese tope de consumo subsidiado será por bimestre (como se especifica en las facturas) o por mes, un aspecto que formará parte de los detalles a analizar en la elaboración del nuevo esquema.
En el caso de AySA, indicó que el proceso de segmentación "se inicia en septiembre", en tanto para el gas señaló que "la quita de subsidios seguirá la misma lógica" que en el caso de la energía eléctrica, aunque "partiendo de las diferencias climáticas y costo de distribución, pero también respetando la estacionalidad de las diversas regiones de nuestro país".
Además de la especificación de si el tope de consumo de 400 kwh es mensual o bimestral, también debe precisarse si la quita del subsidio a los consumos que excedan ese nivel se aplicará de manera gradual (como en el caso de los usuarios de mayor poder adquisitivo) o de una sola vez.
Por otra parte, desde el Ministerio de Economía advirtieron que "no es lo mismo utilizar 400 kwh en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, que en el noreste del país, donde se cocina con electricidad".
En tanto, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó el jueves último que de los nueve millones de hogares que solicitaron mantener subsidios de luz y gas, "el 80% gasta menos de 400 kilowatts por mes, por lo que van a mantener el subsidio", en relación con la segmentación de tarifas encarada por el Gobierno nacional.
"Del 20% restante no esperamos que paguen más tarifas sino que reduzcan un poco sus gastos" energéticos, agregó Cerruti durante su habitual conferencia de prensa semanal.
El nuevo esquema apunta no sólo a un ahorro de subsidios por la vía tarifaria sino también por el ahorro de energía, si se tiene en cuenta que una parte del combustible consumido es importado y que su precio internacional se disparó a raíz del conflicto bélico entre Rusia -uno de los principales productores y proveedores de hidrocarburos- y Ucrania.

El Ministerio de Economía empezó a bajar la línea al resto de las reparticiones del Estado de que no habrá para lo que resta del año un peso más de lo presupuestado. Para eso, el Palacio de Hacienda estableció en los últimos días cuáles serán las últimas “cuotas” de partidas presupuestarias con las que contarán el resto de los ministerios, para poder tener un control más estricto sobre el ritmo del gasto público.
La hoja de ruta de Massa incluirá un tope establecido a los fondos presupuestarios de los que dispondrá cada área para los próximos meses. En junio el ministerio, en ese entonces comandado por Martín Guzmán, había realizado una “recalibración” en el reparto de créditos presupuestarios para cada ministerio por el hecho de trabajar el Gobierno con una proyección de inflación mayor. Esos serán, entonces, los fondos con los que podrán contar. Un detalle: ese decreto presupuestario se hizo con una inflación calculada en 62% anual, mientras ahora se espera una cifra que supere el 90 por ciento.
Ahora el Gobierno bajó la línea a cada dependencia de que no habrá más dinero de lo que estableció aquel decreto y que habrá nuevas “cuotas”, lo que está relacionado al ritmo al cual ese dinero llega efectivamente a cada rincón de la administración pública.
El Palacio de Hacienda busca, con este método que ya había anticipado en su breve paso por el ministerio Silvina Batakis, que el Estado solo pueda utilizar lo que previamente haya ingresado al fisco. Hay un asterisco que deberá resolver la nueva conducción económica: la masa de deuda flotante, es decir, pagos pisados, que se acumularon durante la primera mitad del año, y que superan los $800.000 millones.
Parte de la discusión sobre los límites que tendrá el Estado para fondear a los ministerios tuvo lugar este lunes con una reunión que mantuvieron Massa con su par de Hábitat Jorge Ferraresi. En la misma tónica, también pasaron por el despacho del ministro Rigo y la titular de Anses, Fernanda Raverta, para evaluar las posibilidades fiscales de un bono a jubilados, que sería anunciado hoy.
Massa necesitará una señal fiscal contundente para darle a entender al mercado y al organismo que apuntará a alcanzar ese objetivo. Para eso mencionó algunas decisiones como la puesta en marcha de topes de gasto para el sector público, un estricto congelamiento de las plantas de personal estatal y la prescindencia de emisión monetaria desde el Banco Central hacia el Tesoro.
Necesitará el Poder Ejecutivo, según estimaciones oficiales, corregir ese desvío de 0,7% del PBI en el que está incurriendo el sector público en su nivel de ejecución. En qué fondos se pondrá un freno de mano es una de las preguntas que todavía no respondió la nueva conducción económica. Hay algunos gastos que son más rígidos y que tienen menos margen para ser contraídos, principalmente el gasto social y jubilatorio que está indexado. Quedan así otros más discrecionales a mano, como la obra pública o las transferencias a provincias.
El ministro también dio orden de acelerar la elaboración del proyecto de Presupuesto 2023, a presentar el 15 de septiembre próximo, en 40 días, trabajo que también recaerá sobre Rigo, que de hecho ya había elaborado un anticipo enviado al Congreso horas antes de la renuncia de Martín Guzmán.
El nuevo presupuesto incluirá el resultado de las discusiones de Massa con el FMI en las próximas semanas. Según aseguran, ningún tema estará fuera de esa mesa en que se discutirá más allá del 2022, desde reservas, proyecciones de inflación o financiamiento al Tesoro desde el Banco Central.
El camino fiscal que ordenó Massa incluye otros dos pasos: el primero fue la devolución de $10.000 millones de adelantos transitorios del Tesoro hacia el Banco Central. No es una cifra considerable, pero implica un mensaje que el ministro de Economía busca dar al mercado: que no habrá en lo sucesivo más pedidos de asistencia a la autoridad monetaria.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunciará el próximo martes los niveles de aumentos en las tarifas de gas, energía eléctrica y agua que regirán en las distintas regiones del país. Según anticiparon, perderán los subsidios todos los usuarios que no se hayan inscripto en el formulario para mantener el beneficio.
Pero, además, en el caso de la electricidad, los que pidieron mantener los subsidios —unos 9 millones de hogares— tendrán un tope de consumo de 400 kWh mensuales en el caso de la electricidad. Por encima de ese tope, también comenzarán a pagar la tarifa plena por los consumos incrementales. Por ejemplo, si se consumen 500 kWh se paga tarifa plena solo por los 100 kWh de más.
“A la hora de ser eficientes energéticamente hay que tener en cuenta dos aspectos clave: Tecnología, a partir de equipos de alto rendimiento, y hábitos, que tiene que ver con nuestras costumbres de uso”, destacó Diego Simondi, director de BGH Eco Smart, la unidad de negocios del Grupo BGH especializada en eficiencia energética y smart building.
“Por ejemplo, si hace mucho frío y configuramos el aire acondicionado a una temperatura superior a 30 grados y abrimos la ventana, eso es un mal hábito, no es tecnología. En ese caso hay un error en el uso de la tecnología, porque se consume más debido a que cuanto mayor diferencia de temperatura se le pide al equipo es mayor el uso energético que se requiere”, agregó.

¿Cuáles son las recomendaciones de las empresas distribuidoras de electricidad y fabricantes de electrodomésticos para lograr un ahorro en el consumo?
- Priorizar aparatos con eficiencia energética A: los equipos eléctricos clase A consumen aproximadamente un 50% menos de energía que los que presentan un consumo medio. Caloventores y estufas halógenas consumen más energía y se recomienda limitar su consumo al mínimo.
- Utilizar equipos con tecnología inverter. Se trata de un sistema que regula la velocidad del compresor para que trabaje a una velocidad constante, de forma más eficiente y reduciendo el consumo.
Mantener el aire acondicionado entre los 20°C y los 22°C durante el invierno y en 24°C en verano permite grandes ahorros de energía.
- Contar con buenos cerramientos en las ventanas y evitar filtraciones de aire que enfrían el ambiente.
Instalar monitores de consumo eléctrico en tiempo real para conocer las variaciones del consumo de los electrodomésticos. Con estos medidores inteligentes es posible ver los cambios que se producen al encender el microondas, la luz de la habitación o poner en funcionamiento el lavarropas, además de poder conocer un estimado del costo por hora y la proyección mensual al mismo nivel de consumo.
- Utilizar el mayor tiempo posible la luz solar: ubicar los espacios de trabajo cerca de grandes ventanas es una buena forma de optimizar la energía y reducir el consumo de luz.
- Desconectar todos los aparatos eléctricos que no se estén usando: desde el cargador del celular, hasta la estufa, desenchufarlos representa un menor consumo de energía.
- Descongelar el freezer: si bien no es algo específico para el invierno, el hielo que queda en las paredes puede generar un aislamiento que es contraproducente, y consume hasta un 20% más de energía.
- Cuando no se va a utilizar la computadora durante períodos cortos apagar solamente la pantalla, con lo cual se ahorra energía y al volver a encenderla no hay que esperar a que se reinicie el equipo. El monitor es el componente que consume mayor energía eléctrica.
- Usar lámparas LED: especialmente en los lugares donde se necesita iluminación por mucho tiempo. Este tipo de lámparas reducen significativamente el consumo de energía. No usar lámparas fluorescentes en ambientes donde comúnmente se realicen muchos encendidos y apagados en poco tiempo; por ejemplo, los baños. Las lámparas fluorescentes y halógenas cuentan con una etiqueta de eficiencia energética obligatoria. Tener en cuenta su etiquetado: clase A o superior permiten un mayor ahorro de energía. En el garaje o la vereda es conveniente utilizar sensores de movimiento que activan la iluminación. Y usar luminarias exteriores equipadas con temporizadores que permiten el apagado diurno.
- El microondas es un gran consumidor de energía: al generar calor a altas temperaturas, en un período breve, tiene un consumo equivalente a tres hornallas eléctricas pequeñas. Evitá el uso del microondas para descongelar alimentos: es mejor sacarlos previamente de la heladera.
Según un estudio de Wabee Smart Energy, una empresa que desarrolla productos para medir en tiempo real el consumo eléctrico, muchos hogares reemplazaron sus sistemas de climatización a gas por los de consumo eléctrico. “Solo el 20% de los sistemas de calefacción que se ofrecen en el mercado funcionan a gas, el restante son artefactos electrónicos”, expresa Claudio Figuerola, CEO de Wabee Smart Energy.
Por otro lado, para tener en cuenta, entre los electrodomésticos que más consumen se destacan la heladera (744 Watts), la computadora portátil (720 Watts) y televisión smart de 43 pulgadas (560 Watts). Y si, por ejemplo se utiliza la pava eléctrica cinco veces al día, dos minutos cada vez se genera un consumo de 315 watts.

El ministro de Economía, Sergio Massa se reunió con el nuevo equipo de Energía que lo acompañará en su cartera, encabezado por la recientemente designada secretaria de Energía, Flavia Royón, y de la que participaron funcionarios salientes para garantizar una transición ordenada.
En este sentido, su nuevo equipo de trabajo esta integrado por Santiago Yanotti, subsecretario de Energía Eléctrica entrante, Federico Bernal, subsecretario de Hidrocarburos, y Cecilia Garibotti en la subsecretaria de Planeamiento Energético.
"El objetivo de todos debe ser nuestra soberanía energética y la transformación de Argentina como potencia en este sector", indicó el ministro durante la designación.
La agenda de trabajo inicial prevé abordar el proceso de determinación de subsidios a los usuarios de electricidad y gas junto con los topes de consumo, también implementarán el primer decreto vinculado al sector hidrocarburos.
A su vez, formará parte de esta agenda de trabajo, la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner y la negociación con los productores más importantes de gas, que permitirá suministrar el servicio de gas al litoral argentino y exportación a Brasil.
Estuvieron presentes Leonardo Madcur, jefe de Gabinete de Asesores; Darío Martínez, secretario de Energía saliente; Gonzalo Soriano, subsecretario de Planificación Energética saliente; Maggie Videla Oporto, subsecretaria de Hidrocarburos saliente.
El nuevo equipo tendrá a su cargo la implementación del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas y electricidad, cuyos detalles se darán a conocer el jueves, de acuerdo a lo que anunció el ministro de Economía.
Massa el fin de semana dio a conocer respecto a proceso de determinación de subsidios que a la segmentación se agregan topes de consumo para promover ahorro de recursos y un sistema más progresivo de subsidios.
También destacó que "quien menos consume o menos ingresos tiene menos paga, quien más consume o más ingresos tiene, más paga".
Según Massa, "la segmentación y el tope de subsidio tendrá un criterio federal con comprensión climática", y por ello, precisó, la entrada en vigencia será por sector y zona, y será informada el jueves por la secretaría de Energía.
Por otra parte, en las últimas horas, el ministro elevó al presidente Fernández el decreto del primero de los regímenes vinculado al sector hidrocarburos, por el cual se implementarán incentivos para la producción incremental a partir del 1 de enero.
A horas de asumir el cargo, el miércoles Massa anunció la construcción de la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner que deberá unir la ciudad bonaerense de Saliquelló, con la del sur santafesino San Jerónimo, al tiempo que este miércoles se espera la firma de los contratos para la construcción de la primera etapa, por parte de la empresa Energía Argentina.

Las expectativas de los analistas privados sobre la economía argentina continúan deteriorándose con el paso de los meses, especialmente en lo relativo a la capacidad del Gobierno para controlar las subas de precios.
El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) muestra un alza de 14,2 puntos porcentuales en el pronóstico de inflación para el cierre del año, que ya se ubica en el 90,2%.
A su vez, las consultoras esperan que el tipo de cambio mayorista cierre este año en $167,16, aunque igualmente seguiría retrasado en comparación con los precios.
También subieron con fuerza los pronósticos de inflación para 2023, que alcanzaron el 76,6%, es decir 12 puntos porcentuales más que en el sondeo previo. Hacia 2024, en tanto, quienes respondieron el REM esperan que los precios suban 60% (9,8 puntos más que hace un mes).
A continuación los índices de inflación que los analistas privados esperan para lo que resta de 2022:
Los analistas proyectan que julio cerró con una inflación de 7,5%, lo que significó un alza de 2,7 puntos porcentuales en relación con el sondeo anterior.
En agosto, calculan que los precios aumentarán 6% (1,5 puntos porcentuales por encima del mes pasado).
Para septiembre esperan que la inflación se recorte a 5,5% (un incremento mensual de 1 punto porcentuales).
En octubre los analistas prevén que el Índice de Precios al Consumidor marque 5,3% (una diferencia de 1,1 puntos porcentuales en relación al REM previo).
Según los pronósticos, la inflación volvería a bajar en noviembre, cuando sería del 5% (0,8 puntos porcentuales superiores al anterior relevamiento).
Sin embargo, el IPC volvería a subir en diciembre, cuando sería del 5,1% (también 0,8 puntos porcentuales por encima del informe de principios de julio).

Pese a la insistencia del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, de fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA), la sangría de dólares no se detiene. De hecho, la entidad que preside Miguel Pesce se desprendió de casi US$760 millones en lo que va del mes y la cifra es aún mayor si se toma como referencia que en las últimas nueve jornadas se vendieron más de US$1100 millones.
Esta fue la novena rueda consecutiva en la que la autoridad monetaria vende dólares de sus reservas. Desde ese entonces, acumula un saldo negativo de alrededor de US$1120 millones.
El BCRA cerró con ventas por unos US$84 millones. “Se trata de un monto por debajo de la demanda de divisas para el pago de importación de energía, que estuvo en el orden de los US$110 millones”, indicó una fuente del mercado.
El principal motivo que explica la venta de reservas por parte del Banco Central tiene que ver con la demanda que se requiere por la importación de energía, que el Gobierno estima que comenzará a disminuir a partir de la mitad de este mes y se reducirá aún más en septiembre, a raíz de una mejora estacional.
La pérdida de reservas sucede en medio de la asunción del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, quien insiste en tomar medidas para resguardar las arcas del BCRA y controlar el gasto.
En este sentido, en el equipo del nuevo titular del Palacio de Hacienda están trabajando en poner “techos de gasto” sobre las distintas áreas de la administración pública. “No habrá más emisión para financiamiento hasta fin de año”, indicaron cerca del ministro.
También se agregaron topes de consumo para determinar los subsidios a la energía y promover el ahorro en materia energética. Con esta medida, el Estado pretende ahorrar $500.000 millones.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) retomó las ejecuciones fiscales con los procedimientos habituales para deudores incluidos en las categorías de riesgo grande y mediano, luego de diecinueve meses de estar suspendidas con motivo de la pandemia.
Fuentes de la AFIP informaron que antes de llegar a la instancia de ejecución, los contribuyentes fueron intimados y notificados "en reiteradas oportunidades".
Antes de avanzar con el proceso formal de las ejecuciones, el trámite administrativo determina que primero los contribuyentes reciben una intimación, luego una boleta de pago con la deuda para que puedan cancelarla y por último el embargo, explicaron las fuentes.
La AFIP no realiza embargos preventivos de ningún tipo ni toma medidas sectoriales, sino que se trata de procesos que se efectúan con relación a CUIT con deudas líquidas y exigibles previamente intimadas.
La plataforma utilizada por este organismo para la instrumentación de este tipo de diligencias se denomina "Sistema de Oficios Judiciales" (SOJ), es por esa razón que dicha sigla puede verse mencionada en el trámite.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la titular de la Anses, Fernanda Raverta; y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo; para definir los detalles del índice de movilidad jubilatoria que se anunciará mañana.
"Nos reunimos con la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo para ultimar detalles de los anuncios para los jubilados y jubiladas", informó el ministro en su cuenta de Twitter.
El Gobierno nacional otorgará este mes un nuevo bono para reforzar el ingreso de los jubilados, que se dará a conocer el 10 de agosto en ocasión de presentarse el Índice de Movilidad Jubilatoria.
El bono que pagará la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a jubilados se aplicará junto al aumento de las jubilaciones previsto para septiembre.
El 10 de agosto "se va a anunciar el índice de movilidad jubilatoria con un refuerzo que ayude a los jubilados para superar el daño que les produce la inflación", explicó Massa al presentar las primeras medidas económicas de su gestión.
Conforme con lo dispuesto por la Ley de Movilidad, la Anses anunciará este mes el incremento para el próximo trimestre en las jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y universales.
El incremento se basa en el cálculo establecido por la ley de Movilidad, que actualiza los montos en base a un coeficiente elaborado en partes iguales por la recaudación previsional y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
A mediados de mayo pasado, el organismo anunció el incremento del 15% para junio-agosto que llevó el haber mínimo jubilatorio a $37.524,96, y la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo, a $7.332.
Los anteriores ajustes fueron de 8,07% para el trimestre marzo-mayo de 2021, 12,12% para junio-agosto, 12,39% para septiembre-noviembre, 12,11% para diciembre de 2021-febrero de 2022 y 12,28% para marzo-mayo de este año.
Asimismo, Massa anticipó que convocará a las entidades gremiales empresariales y sindicales para "asegurar un mecanismo que permita recuperación de ingresos de los trabajadores del sector privado" y adelantó " una política de reordenamiento de los programas sociales".

El Gobierno estima que el nuevo esquema de subsidios que además de la segmentación ya puesta en marcha incluirá un tope de consumo subvencionado le implicará al Estado un ahorro fiscal poco menor al 1% del PBI, lo que sería a valores de hoy más de $500.000 millones. El Poder Ejecutivo, además, descarta por el momento nuevas regulaciones sobre el dólar ahorro y el resto de los tipos de cambio porque admiten que representaría un “ruido” en el mercado que el Ministerio de Economía busca evitar.
El nuevo sistema de techos al consumo de luz y gas subsidiado, que comenzará en lo inmediato y que convivirá como un complemento a la segmentación cuyo registró ya cerró esta semana, tendrá un impacto que fuentes del Ministerio de Economía consideraron relevante en las cuentas públicas. Sería, en términos anuales, cercano a un punto del Producto, algo que podrá verse reflejado de manera más clara en 2023, ya que quedan cuatro meses plenos de 2022 para estimar un ahorro potencial.
Como para comparar, cuando fue negociado y acordado con el FMI se hablaba de un ahorro fiscal de 0,6% del PBI. Más tarde, luego de la primera revisión trimestral con el organismo, esa estimación fue reducida a solo 0,015 por ciento.
El sistema que anunció el miércoles por la noche Massa apuntará específicamente al universo de otros 9 millones de usuarios que sí realizaron el trámite para continuar recibiendo una asistencia del Estado para pagar el precio de los servicios públicos.
Según especificó, para el caso de la energía eléctrica el Estado subsidiará hasta 400 kilovatios, lo que alcanzará al 80% de los usuarios, pero que eso solo implicará hasta un 50 por ciento del consumo residencial.
En el caso del gas, la quita de subsidio seguirá la misma lógica, aseguró Massa, pero que tendrá una diferenciación por regiones, que utilizará como criterio las diferencias climáticas y el costo de distribución, así como también la estacionalidad.
En el Palacio de Hacienda aseguran que el 80% de la población quedará exenta de este nuevo tope al consumo subsidiado. Las proyecciones en los despachos oficiales aseguran que el 20% restante de usuarios utilizan la mitad del consumo de energía eléctrica y gas, y que ese es el tramo de la población al que apuntan especialmente.
En el Ministerio de Economía reconocen que la situación económica tiene un “escenario complejo”. Los pormenores de ese diagnóstico, que Sergio Massa discutió esta tarde con el presidente Alberto Fernández, incluyen dos frentes que en el Gobierno aseguran que serán críticos: la falta de dólares y la inflación.
Sobre este último punto, fuentes oficiales reconocen que los próximos dos datos de inflación, de julio -que se conocerá el jueves próximo- y agosto, serán los más duros que haya afrontado el mandato del Frente de Todos. Confían, principalmente en base a medidas de corte fiscal y monetarias, a anclar expectativas para los últimos cuatro meses del año. “Va a ser un shock para el Gobierno”, reconocen.

Los precios de los medicamentos de primeras marcas ya acumulan diferencias de hasta 190% respecto a los genéricos. Faltan medicamentos en las farmacias de Rusia por el boicot económico contra la guerra a Ucrania
En medio de la escalada de precios y el consecuente fenómeno de los bolsillos flacos, uno de los productos que más subió es el de los medicamentos y las cifras dentro del rubro son alarmantes. Hay más. El problema podría agudizarse en los próximos meses frente a la última escalada del dólar y las dificultades para importar insumos, según explicaron fuentes del sector.

Según el informe de la UAS y PxQ esta es la diferencia de precios entre las drogas más solicitadas:
- Ibuprofeno 220 mg: de primera marca sale $997, mientras que el genérico vale $701. Es decir, hay una diferencia de precios del 42%.
- Paracetamol 500 mg: de primera marca sale $213, mientras que el genérico vale $137. Es decir, hay una diferencia de precios del 56%.
- Aspirina 500 mg: de primera marca sale $397, mientras que el genérico vale $137. Es decir, hay una diferencia de precios del 190%.
- Metformina 850 mg (diabetes): de primera marca sale $2.668, mientras que el genérico vale $2.344. Es decir, hay una diferencia de precios del 14%.
- Anticonceptivo oral: de primera marca sale $2.779, mientras que el genérico vale $1.701. Es decir, hay una diferencia de precios del 63%.
El informe fue elaborado por la consultra PxQ, de Emmanuel Álvarez Agís, uno de los asesores económicos de Alberto Fernández y Sergio Massa, que incluso se mencionó como candidato a ocupar el ministerio de Economía.
Juan José Marconi, Gerente General de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala) reconoció en diálogo con A24.com que hay una amplia dispersión de precios en productos puntuales. "Siempre existen en el mercado productos que son innovadores, únicos. Están los que son comercializados por determinadas marcas a raíz de una licencia, y otros que son similares o los que la gente llama genéricos", explicó.
Y señaló que "hay una variabilidad de precios en función de los volúmenes de venta que tienen. Son normas comerciales, pero no hay otra cosa. No considero tampoco que haya casos en donde se dupliquen, pero si segmentos en particular con mayores diferencias".
En el primer semestre de 2022, los medicamentos aumentaron más que el salario privado y el acumulado de la inflación.
Para graficar, el Índice de Productos Medicinales, artefactos y equipos para la salud (IPMAE) acumulado entre enero y junio de este año fue del 37,4%; mientras que, el Índice de Precios al Consumidor fue del 36,2%; y el Índice de salarios privados un 33,4%. Lo que deja a entrever la pérdida de poder adquisitivo que atraviesan los argentinos.
Otro parámetro de comparación es el internacional. Estudios indican que en Argentina el impacto del costo de los medicamentos en relación con el salario es considerablemente más alto que en Estados Unidos. En nuestro país, a un paciente le cuesta un 542% más comprar una buscapina 10 mg que a un estadounidense y un 465% más un ibuprofeno de 600 mg.

Se confirmó que el secretario de Energía, Darío Martínez, dejará su cargo. Hombre cercano a Cristina Kirchner fue uno de los mayores críticos a la segmentación de tarifas que impulsaba Martín Guzmán.
Este nuevo cambio en el Gabinete no es del todo sorpresivo: en todas las oportunidades en que se consultó a Massa por los funcionarios del área energética el flamante ministro esquivó la pregunta.
“En las próximas horas va a haber novedades”, había anticipado esta tarde la portavoz presidencial Gabriela Cerruti sobre la salida de Martínez.
Con la renuncia de Martínez, queda abierto un puesto clave en la quita y reorganización de subsidios energéticos que pretende hacer el Gobierno para detener la hemorragia de divisas que se escapan con la compra de gas.
Con la segmentación de tarifas, el Gobierno prevé un ahorro de $500.000, un valor cercano al 1% del PBI.
Por el momento, no se confirmó quién lo sucederá, pero el nombre de Federico Bernal, el interventor del Enargas (Ente Nacional Regulador del Gas) suena como principal candidato. Es un puesto clave para el kirchnerismo, por lo que el sucesor de Martínez deberá tener la venia de Cristina Kirchner.

La venta de materiales para la construcción registró en julio una suba desestacionalizada de 7,58% respecto de junio, de acuerdo con el Índice Construya (IC).
El trabajo elaborado por el Grupo Construya, integrado por Loma Negra, FV Grifería de Alta Tecnología, Cefas - El Milagro, entre otras empresas, indica que se mantiene "un alto y estable nivel de actividad con respecto a años anteriores".
En la comparación interanual la suba fue del "8,40% respecto de julio del año pasado, con un crecimiento acumulado del 9% respecto del mismo período de 2021".
"Durante julio continuó la recuperación del nivel de despachos de materiales para obras residenciales y se registraron los volúmenes más altos del año", añade el informe.
Además, se destacó que la evolución del Índice en estos últimos veinte años "demuestra que la construcción fue y es un negocio rentable y seguro para los inversores y un sólido refugio de valor".
El Grupo Construya es uno de los principales referentes del sector de la construcción, y está compuesto por doce empresas líderes.

Los mercados cerraron sin grandes altibajos en una jornada calma alimentada por las expectativas de conocer la letra chica de la propuesta económica del nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, para terminar de definir si hay oportunidades de compra en los activos argentinos.
Analistas señalaron que si bien el anuncio del titular de Hacienda fue "correcto" el mercado sigue con la estrategia de "esperar y ver" para saber si realmente este jueves compran activos argentinos.
En este contexto, los bonos soberanos en moneda dura cerraron con mayoría de bajas, mientras que las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York registraron resultados dispares.
Como dato relevante de la jornada, Mercadolibre continúa con su papel en alza al cerrar con una suba de 16%, producto de que el miércoles anunciara resultados mejores de los esperados y reportara ingresos por 2.600 millones de dólares, un 52,5% más que el período abril-junio del año pasado y con una facturación y rentabilidad operativa récord.
En la plaza local, el índice S&P Merval quedó casi neutro y avanzó este jueves 0,03%. Las alzas de las acciones líderes fueron encabezadas por Sociedad Comercial del Plata (4,63%); Transener (4,46%); Edenor (3,38%); y Transportadora de Gas del Norte (3,09%); y Grupo Financiero Valores (1,61%).
Las bajas, por su parte, fueron anotadas por Holcim (-1,74%); Banco Macro (-1,51%); BBVA Argentina (-1,41%); Grupo Financiero Galicia (-0,93%); e YPF (-0,77%).
En Wall Street, los papeles de las firmas argentinas cerraron la jornada con resultados dispares.
Las ganancias fueron registradas por Mercadolibre (16%); Globant (5,3%); Despegar (2,2%); Irsa (1,9%); y Corporación América (1,9%).
Por el contrario, las bajas correspondieron a los papeles de Tenaris (-4,4%); Banco Macro (-2,9%); Banco Francés (-2,6%); Central Puerto (-2,1%) y Grupo Financiero Galicia (-2%).
En el mercado de deuda, los bonos en dólares finalizaron con caídas de 10 centavos en promedio en toda la curva, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER cerraron con incrementos de 0,7% promedio.
En este marco, el riesgo país anotó un aumento de 1,8%, para quedar en 2.438 puntos básicos.
En relación con las expectativas de los inversores tras la asunción de Massa, Ayelén Romero, apuntó que el mercado se mostró calmo y dejó entrever que espera el transcurso de los días como vaya impactando cada uno de los cambios mencionados y buscando adelantarse a las posibles modificaciones por venir.

Divisas
En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró este jueves en $139,85, con una suba de 54 centavos en relación con la víspera.
En el segmento informal, el denominado dólar "blue" registró un retroceso de siete pesos, a $291 por unidad.
En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 0,7%, a $ 289,60; mientras que el MEP avanzó 1,4%, a $ 286,24.
En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 22 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $132,64.
Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $181,80 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $230,75.
En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $244,73.
Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó el día con ventas por un monto aproximado de US$ 150 millones, en una rueda en la que se concretaron pagos por 100 millones de dólares en el rubro energía.