Se realiza hoy la 12ª sesión ordinaria en la Cámara de Diputados de la provincia en la que se abordarán los siguientes temas:
1. Proyecto de Ley que propone autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación a la Municipalidad de La Caldera el dominio del inmueble identificado con la Matricula Nº 1878 del departamento La Caldera, con el cargo de ser destinado exclusivamente al cementerio.
2. Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado que los Legisladores Nacionales por Salta gestionen ante el organismo competente, el reparto equitativo de los recursos económicos para todas las universidades nacionales, en especial para la Universidad Nacional de Salta, instando al Gobierno Nacional a cumplir con una distribución federal de recursos que garantice el funcionamiento para lo que resta del ciclo lectivo.
3. Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo competente, intensifique las tareas de bacheo y mantenimiento de la Ruta Provincial 35, en el tramo de la localidad El Tala y el empalme con la Ruta Nacional 9.
4. Proyecto de Ley que propone modificar el artículo 2º de la Ley 7204 referido al libre ejercicio profesional ha sido consagrado por las normas constitucionales y los tratados internacionales en concordancia, como un derecho inalienable de todo ciudadano en la República Argentina.
5. Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado que la Secretaría de Minería y Energía instrumente a las empresas mineras radicadas en la Provincia, la obligatoriedad de realizar actividades de exploración avanzada y otros estudios posteriores a focalizar el empleo de recursos de las denominadas “Líneas de Base”, en obras de infraestructura vial de acceso.
6. Proyecto de Ley que propone adherir a la Ley Nacional 27.680 “Ley de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos”.
7. Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado el Poder Ejecutivo Provincial, a través de las áreas correspondientes, proyecte y ejecute las obras necesarias para poner en valor el Dique El Tunal en el municipio El Galpón, departamento Metán.
8. Proyecto de Declaración por el que se vería con agrado que Dirección Nacional de Vialidad en conjunto con los organismos pertinentes gestionen la instalación de una balanza en la Ruta Nacional 81 para el pesaje de camiones y un sistema de control mediante cámaras de reconocimiento de patentes, a fin de generar el control y multas correspondientes.
9. Proyecto de Ley que propone modificar el inciso 3) del artículo 46 y el artículo 61 de la Ley 8.126 “Régimen Municipal”.

En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante capitalino aprobó un proyecto de resolución para izar la bandera arco iris, que representa al movimiento LGBTIQ+, en los mástiles del edificio el próximo 17 de mayo; en la fecha se celebra el Día Internacional contra la Homofobia y, a nivel municipal, fue declarado por ordenanza como Día Municipal contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. “La fecha es porque se recuerda por la decisión de la OMS de sacar de la lista de trastornos mentales a la homosexualidad”, comentó el concejal Gustavo Farquharson  al momento de tomar la palabra, y continuó: “Es importante que instituciones como este Concejo lo lleven adelante, tiene que ver con situaciones que ocurren actualmente en la sociedad”.  El edil mencionó el triple femicidio de Barracas, ocurrido días atrás, cuando un hombre arrojó una bomba molotov en la habitación donde vivían 4 mujeres. “Es un lesbicidio – aunque a muchos les cueste aceptarlo, como al Vocero presidencial – si esto no es un atentado contra la diversidad, ¿qué es?”, cuestionó Farquharson, y señaló: “Es un crimen de odio contra la comunidad de la diversidad y hay que decirlo, quienes tenemos funciones en el Estado tienen que reconocerlo porque desde el reconocimiento y la visibilización se pueden combatir estas cosas. El odio mata”. Así las cosas, el concejal consideró que la acción que emprenderá el Concejo cobra especial relevancia en momentos como este donde – aseguró – hay un retroceso en materia de DDHH en el país. “Lo simbólico también es importante y necesario”, sentenció.

Desde hoy el boleto del transporte urbano cuesta $690 en toda el área metropolitana, excepto para el puente del Dique Cabra Corral tendrá un valor de 698 pesos.
La nueva tarifa fue oficializada en la resolución 205/24 publicada en el Boletín Oficial. El nuevo valor del valor de colectivo se sitúa por debajo de los $743 que había solicitado SAETA.
Según la AMT, el incremento busca equilibrar el impacto en los usuarios y la necesidad de la empresa de cubrir sus costos operativos.
La Gerencia Económica de la AMT justificó que, aunque la solicitud original de SAETA estaba dentro de un rango aceptable.
El aumento a $690 fue decidido tras considerar las opiniones de la audiencia pública y el impacto en los pasajeros.
Por otra parte, se garantizó la continuidad del sistema de gratuidad del boleto para los sectores comprendidos por estudiantes y jubilados, como así también que todos los usuarios del área metropolitana continúen con el sistema de trasbordo, que en abril ya alcanzó a más de 2,200 millones de viajes.

El Ministerio de Salud Pública de la provincia confirmó que desde que inició la campaña de vacunación contra la gripe, el 21 de marzo, hasta hoy se administraron 140.031 dosis antigripales. Esta cifra representa el 46,67% del total de la población habilitada para darse esta vacuna.
Sandra Villagrán, una profesional del programa de Inmunizaciones, explicó que “son 300 mil las personas a las que se estima inocular a lo largo de esta campaña. Sobre el total de dosis ya aplicadas, 44.103 corresponden a adultos mayores”.
Agregó que “esta vacuna no evita la enfermedad, pero sí reduce las complicaciones, hospitalización, muerte y secuelas ocasionadas por la infección del virus influenza”.
Este inmunizante se aplica gratuitamente en hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la provincia.
Además, domiciliariamente en la visita de cada sector de los agentes sanitarios.
La vacuna antigripal está en el Calendario Nacional de Vacunación desde 2011, es obligatoria y gratuita para las personas que están dentro de los grupos de riesgo que residen en Salta:
• Personal de salud.
• Embarazadas: en cualquier trimestre de la gestación.
• Puérperas: hasta el egreso de la maternidad –máximo 10 días-, si no recibió la vacuna durante el embarazo.
• Bebés de 6 a 24 meses de edad: son dos dosis separadas por, al menos, un mes de diferencia.
• Personas entre los 2 y 64 años que tengan factores de riesgo: Tales como diabetes, obesidad, enfermedad respiratoria, cardíaca, VIH, etc. Requiere orden médica, debiéndose detallar el grupo de riesgo al cual pertenecen.
• Personas de 65 años y mayores: No requiere prescripción médica y se aprovechará la oportunidad para aplicar la vacuna contra neumococo, según corresponda.

Ya se vacunó contra la gripe a más del 45% de la población de la provincia
Más dosis
La cartera sanitaria recibirá mañana una nueva partida de 20 mil dosis de la vacuna contra la gripe, enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación. En lo que va del año, incluyendo este envío, totalizan 250 mil biológicos.

Tras una exhaustiva investigación en la Unidad Carcelaria Nº 1 de Villa Las Rosas, la Unidad Fiscal acusó a ocho funcionarios del Servicio Penitenciario de Salta, internos penados y familiares de estos, de formar parte de una organización narcocriminal que operaba en el Penal donde cada uno desempeñaba un papel específico.
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt, en Unidad Fiscal requirieron juicio ante el Juzgado de Garantías 3 del Distrito Centro para 20 personas imputadas en la causa, de las cuales 12 de ellas se encuentran con prisión preventiva.
La investigación se inició a partir de denuncias anónimas que señalaban que el personal de la Unidad Carcelaria Nº1 de Salta estaba involucrado en actividades ilícitas, entre las que se cuentan solicitar sobornos a cambio de beneficios para los internos o facilitar la introducción de elementos prohibidos y drogas al recinto de detención. Más de 50 cuentas bancarias se analizaron, de las que se obtuvo un resultado de más de 1.000 transferencias realizadas por familiares de presos. Además, se intervinieron más de 20 líneas telefónicas y se recopilaron 90 declaraciones testimoniales, durante el periodo investigado entre 2021 y 2023.
La Unidad Fiscal concluyó que los funcionarios del Servicio Penitenciario Sergio Moya, Francisco Arturo Bisceglia, Rubén Antonio Guaymás, Luis Roberto Castaño, José Luis Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Antonio Arjona y Marcos Matías Bucotich García con situación de revista en la Unidad Carcelaria Nº 1, haciendo uso abusivo de sus cargos y de las atribuciones y potestades que poseían, como así también de su jerarquía y antigüedad, exigieron indebidamente dádivas a los internos penados que se encuentran allí alojados. Estas consistían en la entrega de sumas de dinero o de otro elemento de valor a cambio de ayudar a la obtención de beneficios comprendidos en el régimen progresivo de la pena como ser la elevación de calificaciones en concepto de conducta, acelerar trámites para la obtención de extramuros, salidas transitorias, otorgamiento de salida a granja y/o cambios de pabellón.
Además, el ingreso de otro tipo de elementos no permitidos por el reglamento interno de las Unidades Carcelarias, tales como celulares, cargadores, comidas y bebidas, entre otros, sustancias estupefacientes y/o protección ante posibles abusos.
Las transiciones mencionadas, se realizaban de forma electrónica o mediante la entrega de dinero en efectivo, a través de encuentros entre los funcionarios penitenciarios y familiares de los internos.
En cuanto a la comercialización de estupefacientes, los investigadores identificaron tres vértices fundamentales para su consumación: la distribución de la sustancia en el interior de la Unidad Carcelaria; los nexos externos que recibían dinero, distribuían y administraban cuentas bancarias, producto de la comercialización de estupefacientes; y la participación y connivencia necesaria de funcionarios públicos.

La presente Acta de Labor Parlamentaria está integrada por proyectos propuestos por los Bloques Políticos, los cuales solamente serán considerados en el recinto si cuentan con los dictámenes emitidos por las Comisiones respectivas, en razón de lo cual los presidentes de Bloques elevan al presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, para incorporar en la misma las siguientes iniciativas para la 10º Sesión Ordinaria del corriente año, con el siguiente orden:
I. SENADO
Exptes. Nº 91-48.980/23, 91-48.983/23, 91-49.004/23, 91-49.058/23 y 90-32.323/23 (unificados). Proyecto de Ley nuevamente en revisión: Propone adherir a la Ley Nacional 27.733, que tiene por objeto establecer y garantizar procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y otras personas gestantes frente a la muerte perinatal.
Sin dictámenes de las Comisiones de Salud; de Mujer, Género, Diversidades, Niñas, Niños, Adolescentes y Familia; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
II. DIPUTADOS
1. Expte. Nº 91-49.640/24. Proyecto de Ley: Propone que los vehículos que pertenezcan a empresas o proveedores de empresas prestadoras de servicios, bienes, insumos y obras que circulen por el territorio provincial, deben portar una identificación exterior informativa que indique el nombre de la empresa prestadora de bienes o servicios y, en su caso, el nombre de la empresa para quien presta servicios.
Autoría: Dip. Nicolás Taibo. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción).
Breve fundamentación: El objeto que persigue esta Ley se fundamenta en la necesidad imperante de promover la transparencia y la seguridad en las operaciones de transporte dentro de nuestra provincia. La identificación exterior de los vehículos pertenecientes a empresas prestadoras de servicios es crucial para proporcionar claridad y visibilidad sobre las entidades involucradas en estas actividades. La transparencia que se busca lograr con la aplicación de esta ley no solo fortalece la confianza del consumidor en el mercado local, sino que también facilita la supervisión y regulación por parte de las autoridades de aplicación, lo que a su vez contribuye a un entorno más seguro. Es de carácter imperativo establecer un marco normativo que promueva la seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes en el ámbito vial, en aras de garantizar el bienestar y la protección de los ciudadanos en nuestra Provincia.
Sin dictámenes de las Comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana; de Asuntos Municipales y Transporte; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
2. Expte. Nº 91-49.765/24. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, en articulación con la Policía de Tránsito del municipio San José de los Cerrillos, arbitre los medios necesarios para intensificar los controles policiales, señalización, cartelería y semaforización en la Ruta Nacional 68, desde Río Ancho hasta el km 175.
Autoría: Dips. Germán Rallé, Luis Albeza, Roque Cornejo Avellaneda, Gustavo Dantur, Edgar Domínguez, Omar Exeni, Pablo Gómez, Carlos Jorge, Víctor Lamberto, Gustavo Orozco, Juan Carlos Roque Posse. (Cupo B. J. Gustavo Sáenz Conducción).
Sin dictámenes de las Comisiones de Seguridad y Participación Ciudadana; y de Hacienda y Presupuesto.
3. Expte. Nº 91-49.757/24. Proyecto de Declaración: Rechazar el Proyecto de Ley 922-D-2024 presentado en la Cámara de Diputados de la Nación que propone derogar el DNU 805/2021 por el cual se prorroga la Ley Nacional 26.160 de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Autoría: Dips. Ernesto Tapia, Gerónimo Arjona, Moisés Balderrama, Edgar Domínguez, Mirtha Miller, Rogelio Segundo, Ricardo Vargas. (Cupo B. J. Gustavo Sáenz Conducción).
Sin dictámenes de las Comisiones de Diversidad Cultural, Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario; y de Obras Públicas.
4. Expte. Nº 91-49.763/24. Proyecto de Ley: Propone autorizar al Poder Ejecutivo Provincial a transferir en carácter de donación el inmueble identificado con la Matrícula Nº 1.917 del departamento Metán, a favor de la Universidad Nacional de Salta.
Autoría: Dip. Sebastián Otero. (B. Salta Tiene Futuro).
Breve fundamentación: Desde agosto de 2010 a marzo de 2011, con el trabajo de empleados y funcionarios municipales, y de varias empresas privadas metanenses, se pudo realizar, en un poco más de 180 días, las obras de arreglo, adecuación y refuncionalizacion del ex Policlínico (inmueble Nº 1917, cedido en préstamo por la Provincia) para convertirlo en la sede de esa Casa de Altos Estudios, y que inauguró, con el inicio de clases, el ciclo lectivo universitario 2011, por medio de Resolución Nº574/10, del Concejo Superior de la Universidad Nacional de Salta. Las carreras que se dictan son Ingeniero Agrónomo, Tecnicaturas en Electrónica y en Alimentación. Siempre fue un número muy importante la matrícula, que superó los 1.000 alumnos, muchos de ellos ya graduados. Hoy son más de 800 alumnos que cursan, y de los cuales, más de la mitad son alumnos de la Sede Metán. El presente inmueble se encuentra cedido en comodato a la UNSA por parte del Gobierno de la Provincia. Con la presente donación concretaríamos el compromiso asumido por autoridades del Gobierno de la Provincia y de la Municipalidad de San José de Metán ante la UNSA para su funcionamiento.
Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
5. Expte. Nº 91-49.406/24. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que los Legisladores Nacionales por Salta arbitren las gestiones necesarias ante la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano de la Nación, para incorporar en el plan curricular de estudios de la Carrera de Medicina y de Enfermería la temática de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células - Ley Nacional 27.447.
Autoría: Dips. Laura Cartuccia, Bernardo Biella Calvet, Enzo Chauque, Juan José Esteban, Carlos Jorge, Gustavo Orozco, Gladys Paredes, Patricio Peñalba, Ramona Riquelme. (Cupo B. J. Gustavo Sáenz Conducción).
Con dictamen de la Comisión de Salud; y sin dictamen de la Comisión de Educación.
6. Expte. Nº 91-48.391/23. Proyecto de Ley: Propone instituir un régimen de beneficios para los propietarios de inmuebles destinados al alquiler habitacional.
Autoría: Dip. Roque Cornejo Avellaneda y Julieta Perdigón (MC) (B. Ahora Patria).
Breve fundamentación: Motiva el presente proyecto de ley la presencia diaria de noticias en los medios de comunicación locales, sobre la dificultad que atraviesan las familias y jóvenes salteños para contar con un hogar donde vivir. Los sectores de ingresos medios y bajos son los más afectados por el innegable déficit habitacional que castiga a la sociedad salteña. Consideramos que la presente norma, puede resultar un estímulo para regularizar la situación contractual y su registro. Es necesario remarcar el marco legal de la norma en cuestión. Por un lado, encontramos el Código Fiscal de Salta, la Ley Nº 6.611, y las modificaciones efectuadas por otras leyes, como la Ley Nº 8.100, que regulan lo relativo al Impuesto a las actividades económicas, estableciendo el hecho imponible, base imponible, los contribuyentes y demás responsables, de las exenciones, de la determinación y del pago.
Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
7. Expte. Nº 91-49.771/24. Proyecto de Ley: Propone promover la creación de las cooperadoras escolares, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo público y privado de la Provincia.
Autoría: Dips. José Gauffin y Sofía Sierra (B. PRO)
Breve fundamentación: La antigua Ley de Educación Común Nº 2973, sancionada en el año 1954, disponía en su artículo 72 que en todas las escuelas se debían establecer asociaciones cooperadoras de padres, alumnos y vecinos, destinados a colaborar en la labor de la escuela mediante su asistencia y aporte y prestar, principalmente, toda clase de ayuda a los alumnos necesitados. Asimismo disponía que su funcionamiento debía ser reglamentado por el Consejo General de Educación, a cargo en ese entonces, del gobierno escolar. El antecedente reglamentario, más inmediato y que aún el Ministerio de Educación lo considera vigente, es del año 1969, cuando aquel Consejo incluyó en el Reglamento General de Escuelas, el Título 20 “De las Cooperadoras Escolares”, obviamente aplicable solo al Nivel de Educación Primaria. A lo largo de 47 artículos se reglamentó el funcionamiento de las mismas, especificando sus objetivos, la forma de constitución de integración y de vinculación con el establecimiento escolar. Este reglamento fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 4251 del 11 de abril de 1969. Cuatro años más tarde, en el año 1973, el Ministerio de Educación de la Provincia emite el Reglamento General para los Establecimientos de Enseñanza Media, Técnica y Superior, el cual fue aprobado por Decreto Nº 586/73. Éste reglamento, también considerado vigente, incorpora para esos Niveles a las “Asociaciones Cooperadoras Escolares”, con similares características a la norma citada precedentemente. Posteriormente, la Ley de Educación de la Provincia actualmente vigente, sancionada en diciembre de 2008, también las tuvo en cuenta. Para finalizar con la cronología del marco normativo provincial, corresponde mencionar a la Resolución Nº 5389 emitida por el Ministerio de Educación en Octubre de 2014, mediante la cual aprueba el Reglamento Orgánico Marco (ROM) de los Institutos de Nivel Superior dependientes de la Dirección General de Educación Superior. En agosto del año 2012, el Congreso Nacional sanciona la Ley de Cooperadoras Asistenciales Nº 26.759, disponiendo que el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben garantizar la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares en general y, en particular, a través de las cooperadoras escolares, como ámbito de participación de las familias en el proyecto educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso educativo de los alumnos y alumnas. A tal efecto dispone que, las respectivas jurisdicciones dictaran las normas específicas para promover y regular la creación y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento de las ya existentes y el seguimiento y control de su funcionamiento. El presente proyecto de ley tiene entonces el propósito, adhiriendo a la normativa nacional, de reconstruir la cultura de la participación de la comunidad escolar, disponiendo las medidas que consideramos necesarias a tal efecto.
Sin dictámenes de las Comisiones de Educación; de Hacienda y Presupuesto; y de Legislación General.
8. Expte. Nº 91-49.476/24. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que el Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, a través de la Secretaría de Asuntos Hídricos, y en articulación con la Municipalidad de la Ciudad de Salta pueda avanzar con la concreción y/o refuerzo de las denominadas obras de defensas del Río Arias.
Autoría: Dip. Soledad Farfán. (B. Unión Cívica Radical)
Sin dictámenes de las Comisiones de Obras Públicas; de Asuntos Municipales y Transporte; y de Hacienda y Presupuesto.
9. Expte. Nº 91-49.601/24. Proyecto de Declaración: Que vería con agrado que la Secretaría de Defensa del Consumidor efectúe inspecciones en las sucursales y en los cajeros automáticos del Banco Macro del departamento Orán.
Autoría: Dip. Carolina Ceaglio. (B. J. Gustavo Sáenz Conducción).
Sin dictámenes de las Comisiones de Hacienda y Presupuesto; y de Derechos Humanos, Personas Mayores y Defensa del Consumidor.

Luego de la audiencia pública realizada en La Caldera, la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) anunció que desde el lunes 27 de mayo el boleto del transporte urbano aumentará a $690 en toda el área metropolitana, excepto para el puente del Dique Cabra Corral tendrá un valor de 698 pesos.
La nueva tarifa, oficializada en la resolución 205/24 publicada en el Boletín Oficial, se sitúa por debajo de los $743 que había solicitado SAETA.
Según la AMT, el incremento busca equilibrar el impacto en los usuarios y la necesidad de la empresa de cubrir sus costos operativos.
La Gerencia Económica de la AMT justificó que, aunque la solicitud original de SAETA estaba dentro de un rango aceptable, el aumento a $690 fue decidido tras considerar las opiniones de la audiencia pública y el impacto en los pasajeros.
Por otra parte, se garantizó la continuidad del sistema de gratuidad del boleto para los sectores comprendidos por estudiantes y jubilados, como así también que todos los usuarios del área metropolitana continúen con el sistema de trasbordo, que en abril ya alcanzó a más de 2,200 millones de viajes.

Se llevó adelante la audiencia pública para discutir la propuesta presentada por SAETA S.A. respecto de la readecuación y aprobación del Cuadro Tarifario del Servicio de Transporte Masivo de la Región Metropolitana de Salta, en el marco de la Ley N° 7322. Tuvo lugar en la sede de la Municipalidad de La Caldera, sito en Av. General Güemes Nº 385.
Durante el encuentro el presidente de Saeta, Claudio Mohr, justificó el pedido de aumento de boleto presentado a la Autoridad Metropolitana de Transporte al señalar "los altos costos que demanda el servicio debido al incremento que registran los insumos para la correcta prestación, a la falta de subsidio del Gobierno nacional y a la cuestión salarial que debe afrontar".
Asimismo, Mohr comparó la tarifa con otras provincias y destacó que en el área metropolitana "existe una tarifa plana de 490 pesos, con un sistema de trasbordo que en abril alcanzó más de 2 millones viajes".
Posteriormente, varios usuarios y organismos del Área Metropolitana refutaron el pedido de Saeta, y expresaron su punto de vista sobre el tema.
Finalizado la audiencia el presidente de la AMT, Marcelo Ferraris, indicó que "el balance del encuentro fue positivo, y destacó la convocatoria en el interior, donde se pudo escuchar todas las voces involucradas en el transporte, desde los usuarios, hasta el responsable de Saeta, y representantes de otros organismos provinciales.
“Ahora iniciará el periodo en el que se evaluarán todas las opiniones vertidas en esta audiencia para tomar una decisión final, que responda a los requerimientos de Saeta, pero que también proteja a los usuarios en lo económico”, concluyó.

Salta, San Juan, Jujuy, Catamarca y Mendoza constituyen la Mesa Interprovincial del Cobre Argentino cuya función principal será coordinar las políticas públicas para el desarrollo económico y social derivado de la investigación, extracción, producción, industrialización y comercialización del cobre sus productos. La 10° Exposición Internacional: San Juan Minera, fue el escenario donde rubricaron el acuerdo los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; San Juan, Marcelo Orrego; de Catamarca, Raúl Jalil; de Jujuy, Carlos Sadir y de Mendoza, Alfredo Cornejo. También firmó como coordinador de la política minera nacional, el secretario de Minería de la Nación Luis Lucero. El evento de tres días fue organizado por el medio especializado Panorama Minero. El evento que convocó a más de 15 mil personas, 30 compañías mineras, 250 expositores y delegaciones de 15 países, también contó con la asistencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.  Gustavo Sáenz afirmó que la constitución de la Mesa del Cobre es “un hecho histórico” y “un ejemplo concreto de cómo el federalismo puede impulsar el progreso y la cooperación para promover y garantizar las oportunidades y el crecimiento económico”. Agregó al respecto: “Entendemos que el verdadero éxito solo se alcanza cuando unimos nuestros esfuerzos”. Sáenz como presidente de la Mesa del Litio, dijo que ésta es un importante antecedente de la Mesa del Cobre y de cómo se puede trabajar de manera conjunta aún con gobernantes procedentes de distintos espacios políticos. “Hoy y esta es la oportunidad para aprovechar y exigir que se pongan en marcha importantes proyectos; tenemos que ponernos a trabajar. No podemos seguir esperando. Hay proyectos que tienen más de 50 años y aún sin avance. Es ahora cuando el país y las provincias los necesitan; es ahora cuando el mundo lo demanda”, agregó el gobernador Sáenz.  Al respecto recordó que la activación de los proyectos se traduce en empleo, desarrollo, divisas y crecimiento para las provincias y la Nación. En este punto, recalcó la importancia de una minería sustentable, el desarrollo de las comunidades y de los proveedores locales y el cuidado de los recursos naturales “sobre los que ratificamos: pertenecen a las provincias”.

Autoridades del Colegio de Farmacéuticos y de la Cámara de Propietarios de Farmacias enviaron una nota al Directorio del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) pidiendo que se efectivicen los pagos adeudados en concepto de dispensa de medicamentos.
Si bien es cierto el viernes se efectuó el pago de la segunda quincena de febrero, todavía se deben pagos correspondientes a dos planes ambulatorios y comisiones por planes especiales. Todo esto sumado a las deudas correspondientes por los servicios de marzo y abril. Desde el sector analizan cortar las prestaciones a la obra social si el organismo no se pone al día con las deudas que mantiene.
La presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias, Susana Carrasco dijo: “Hubo una caída fuerte hacia el mes de marzo donde llegamos a tener una baja en las ventas del 25 % y una lenta recuperación hacia fines de abril, principio de mayo, pero no lo suficiente para recomponer las perdidas del sector".
La mayoría de los establecimientos tiene serios problemas para cumplir con los compromisos con droguerías, lo que dificulta la reposición del stock.
El sector farmacéutico presentó ante el IPSS los pedidos de recomposición de dinero por las prestaciones de marzo y los de la primera quincena de abril.
Por otro lado, la caída en las ventas también se vio influenciada por que el contexto económico llevo a que la gente prefiera optar por la compra de medicamentos hospitalarios. “ Esto repercute en nosotros porque al comprar este tipo de productos tenemos una menor rentabilidad que nos permita un giro comercial para pagar los sueldos, gastos fijos”, finalizó Carrasco.

Esta tarde, desde las 16, se llevará a cabo una nueva sesión ordinaria en el Concejo Deliberante. Los ediles darán tratamiento a 24 Proyectos legislativos con dictámenes correspondientes, los que fueron incluidos en el orden del día elaborado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Se suman a ellos las solicitudes de informe y los proyectos presentados Sobre Tablas por los concejales.
Como primer punto el Orden del Día se encuentra un Proyecto de Ordenanza de autoría de la concejala Malvina Gareca que propone una nueva redacción para la norma 14.692, referente a sanciones en casos de violencia laboral o abuso de autoridad destinada a trabajadores del Municipio y demás dependencias municipales.
Otro de los puntos a abordar por el Cuerpo es la iniciativa elaborada por la Comisión de Labor Parlamentaria, referente a modificar la Resolución Nº 11/24, referida a la conformación de las Comisiones de Labor Parlamentaria y Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial.
Los ediles también abordarán un Proyecto de Resolución que solicita al Ejecutivo Municipal que, a través del organismo correspondiente, proceda a realizar controles bromatológicos en las diferentes instituciones educativas de la ciudad. La iniciativa es impulsada por la edila Laura Jorge Saravia. Elaborado por la Comisión de Medio Ambiente, Higiene y Seguridad.
Se suma al temario el Proyecto que pide al Municipio la realización de una inspección a una empresa ubicada en barrio Estación Alvarado, a fin de determinar si cuenta con habilitación comercial, CAAM y los permisos ambientales respectivos.
A instancias de la edila Malvina Gareca se abordará además un Proyecto de Declaración. El articulado establece que se vería con agrado que las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación, en el marco de sus competencias, den tratamiento al Proyecto presentado mediante el expediente Nº 720/23, que impulsa la capacitación docente en discapacidad y dificultades de aprendizaje.
Completando el temario de la Sesión, se agregan una serie de iniciativas que solicitan al Municipio que lleve a cabo obras de bacheo, reparaciones de pérdidas de agua y de reparación y acondicionamiento de una plaza. También se requiere la erradicación y limpieza de microbasurales, el retiro de un vehículo abandonado, tareas de relevamiento para determinar la poda de especies arbóreas, así como la instalación de reductores de velocidad y de luminarias del alumbrado público en distintos puntos de la ciudad.
Así mismo tendrán tratamiento expedientes que solicitan reconocer post mortem a ciudadanos destacados y declarar de Interés Municipal actividades y eventos a realizarse en la ciudad. Las iniciativas fueron elaboradas por ediles de diferentes bancadas, dando respuesta a requerimientos realizados por vecinos.

El jurado de enjuiciamiento de magistrados, por unanimidad, rechazó la denuncia contra los jueces del Tribunal de Impugnación, Rubén Arias Nallar y Luciano Ignacio Martini, quienes habrían incurrido en el mal desempeño de sus funciones al condenar a Santos Clemente Vera en segunda instancia, por el crimen de las turistas francesas.
La decisión fue tomada aplicando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Jurado de Enjuiciamiento Nacional y del propio Jurado de Enjuiciamiento local. Allí se afirmó que el contenido de una resolución judicial no puede dar lugar a la destitución de los jueces que la suscribieron, máxime cuando las leyes prevén los recursos contra las sentencias y deben ser interpuestos en las causas correspondientes como ocurrió en la causa penal. Esta es una valla contra cualquier intento de arbitrariedad y actúa como una garantía para preservar la independencia del Poder Judicial y de sus jueces.
Se dejó establecido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Corte local y no cuestionó la actuación de los jueces del Tribunal de Impugnación, como tampoco se expidió sobre la inocencia o culpabilidad de Santos Clemente Vera ni sobre la realización de un nuevo juicio en la causa.
El pedido de Jury había sido promovido por el diputado provincial José Miguel Gauffin apuntando en su presentación que, del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación surgiría que los jueces habrían incurrido en mal desempeño al condenar a Santos Clemente Vera en segunda instancia, en tanto –según sus palabras- se habrían arrogado una competencia que es exclusiva de otro tribunal inferior, como es el caso del de Juicio.
En su pronunciamiento el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados puntualizó que “el error o desacierto atribuidos a los magistrados acusados no pueden configurar, más allá de la valoración subjetiva que el denunciante se considere con derecho a formular, la causal de mal desempeño, con el alcance de tornar viable su destitución, pues tales irregularidades no resultan idóneas, por sí solas y en el presente caso, para determinar su incompatibilidad con la continuidad en el ejercicio de sus funciones”.
La reunión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados fue encabezada por la presidenta de la Corte de Justicia Teresa Ovejero. Estuvieron presentes el juez de Corte Pablo López Viñals; los representantes de la Cámara de Senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano y el abogado representante de ese cuerpo Guillermo López Mirau; los representantes de la Cámara de Diputados Esteban Amat y Juan Carlos Roque Posse y el abogado representante de ese cuerpo, Pedro Mellado y el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene como función juzgar a los magistrados inferiores del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público por las causales de destitución previstas en la Constitución Provincial y la Ley 7138.

* Foto: El Tribuno

“Aquí hay paro”, aseguró Fernando Mazzone – secretario General de la Asociación Docente Provincial – al ser consultado sobre la adhesión del sindicato a la medida de fuerza convocada por CTERA para este jueves 23 de mayo. Explicó, en tanto, que este martes el sector mantendrá una reunión con funcionarios provinciales en una nueva mesa paritaria; la Provincia dejó abierta la posibilidad de hacerse cargo del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) quitado arbitrariamente por la Administración nacional libertaria.  “Somos la única casta para el presidente y nos disminuyeron el sueldo por la quita de un incentivo que se cobra hace 26  años. Aquí en Salta, se vienen atrasando los sueldos y ya estamos debajo de la canasta”, señaló el dirigente en comunicación con ‘No es una  tarde cualquiera’. Añadió Mazzone que hay preocupación por el FONID debido a que, sin él, toda paritaria que se firme será a la baja, situación que no sucede con ningún empleado público de la provincia.

El Tribunal Oral Federal N°1 condenó a Joaquín Guil, ex director de Seguridad de la Policía de Salta a la pena de 10 años de prisión. En su veredicto, los jueces consideraron al ex jefe policial coautor mediato de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, agravada por el uso de violencia y amenaza e imposición de tormentos agravados por resultar la víctima un perseguido político, un hecho.
El Tribunal estuvo integrado por los jueces Federico Santiago Díaz, Mario Marcelo Juárez Almaraz (presidente) y Marta Liliana Snopek,
Carlos Feliciano Estrada, ex agente del área de Inteligencia de la misma fuerza, en tanto, fue condenado a 5 años de prisión por ser considerado coautor material de los delitos de allanamiento ilegal, privación ilegal de la libertad, cometida con abuso funcional agravada por mediar violencia y amenaza e imposición de tormentos por resultar la víctima un perseguido político, un hecho.
El fallo se completó con la absolución dictada en favor de ambos por el beneficio de la duda por delitos similares. En el caso de Guil, el beneficio se aplicó en dos de los tres hechos imputados y Estrada en una de dos acusaciones requeridas.
Los delitos, declarados por el tribunal como crímenes de lesa humanidad, fueron cometidos en perjuicio de Tomás Ricardo Cuadri, exsecretario del ministro de Gobierno Enrique Pfister Frías durante el mandato del asesinado gobernador Miguel Ragone.
Durante el proceso quedó probado el procedimiento ejecutado el 8 de septiembre de 1976, en el que Cuadri fue detenido y trasladado a un descampado boca abajo y encapuchado en el piso de un vehículo junto a otras personas, siendo conducido a los alrededores del Dique Las Lomitas, en Campo Quijano, un municipio muy cercano a la capital.
En ese lugar, la víctima fue sometida a un simulacro de fusilamiento. Luego fue reingresado a la Central de Policía, donde permaneció detenido por 68 días, durante los cuales fue torturado, siempre con la finalidad de que aportara datos que permitieran dar con el paradero del ministro Pfister Frías.
A los dos años, el 31 de enero de 1979, personal de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta practicó un allanamiento en la casa de Cuadri a raíz de una falsa imputación respecto de un robo ocurrido en la empresa donde trabajaba como sereno.
Sobre este hecho, achacado a Guil, los representantes del MPF dieron por acreditada las mismas prácticas abusivas, la que se extendió durante una semana e incluyeron picana eléctrica y golpes con trapos mojados, que provocaron en la víctima la pérdida de la audición en el oído izquierdo.
Sobre la insistencia en dar con Pfister Frías, la fiscalía explicó que el ex ministro había tenido una intervención activa en la detención de Guil y de otros exjefes policiales, cuando Ragone como gobernador había dispuesto el descabezamiento de la cúpula de la fuerza, a lo que siguió la detención de varios de ellos en el marco de investigaciones por abusos cometidos en la función policial.
Previo a la lectura del fallo, el fiscal general Carlos Martín Amad, quien dirigió la acusación junto al fiscal ad hoc Juan Manuel Sivila, tomó la palabra a fin de dejar sentada la integridad de los familiares de la víctima, quienes prestaron testimonio en el debate, cuyas declaraciones -según afirmó- fueron cuestionadas de manera inapropiada por la defensa de los acusados, en su alegato.
El veredicto, en gran parte, coincidió con la posición de la fiscalía, la que señaló a Guil como coautor mediato y a Estrada como coautor material de los delitos por los que llegaron a juicio, los que tuvieron como común denominador a Cuadri, como medio para llegar al ex funcionario, su verdadero objetivo.
En ese marco, la fiscalía acreditó que Cuadri fue detenido en tres oportunidades, siempre de su casa de calle Tucumán 1.573, de la capital salteña. En todos los casos, la fiscalía expuso que los operativos fueron dirigidos por Guil, sin orden judicial, valiéndose para ello de personal de la Policía provincial vestido de civil y armado, entre quienes se hallaba Estrada.

El Gobierno Nacional dio a conocer un refuerzo en el subsidio del transporte para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), por este motivo el Gobierno de Salta, junto a de otras provincias denunciaron que no reciben el subsidio desde principio de año.
El presidente de SAETA, Claudio Mohr planteó que para el Gobierno nacional hay "usuarios, empleados y empresas de primera y de segunda" y que "el país termina en la General Paz". Considera que esta discriminación hacia el interior no tiene vinculación con el tratamiento de la Ley Base que se trabaja en el Senado de la Nación, sino con el de "evitar el conflicto alrededor de la Casa Rosada y mantener un boleto $270 para AMBA".
El Gobierno nacional pretendería congelar el precio del boleto para Buenos Aires y destrabar el conflicto entre los empresarios y la Unión Tranviario Automotor (UTA) por el pago de acuerdos paritarios.
El funcionario señaló que: "Hay mucho malestar en todo el interior del país por esta noticia que nos llegó a último momento. No estaba previsto. Con esta nueva resolución de la Secretaría de Transporte que depende del Ministerio de Economía de la Nación a través de la Resolución 4/24, le incrementan casi un 40% más".
"Molesta la injusticia que un área como el AMBA en detrimento de todo el país reciba fondos que son en definitiva de todos los argentinos, porque los fondos salen del Tesoro de la Nación. No son recursos generados en el AMBA o de Capital Federal, son recursos nacionales que destinan a una única área. Eso es lo que nos molesta", sostuvo Mohr.
Agregó que desde el Interior se plantea la necesidad que se destinan recursos nacionales para morigerar las tarifas del transporte público. "Nosotros somos los últimos dentro de las jurisdicciones comparables en pedir la readecuación de tarifas", sostuvo y agregó: "Jujuy tiene una tarifa de $670 y Tucumán $690, Corrientes acaba de subir a $990, Catamarca a $700".
Por este incremento las empresas de transporte de pasajeros del AMBA en mayo recibirán 148 mil millones de pesos y en junio 160 mil millones.
Mohr sostuvo que "todos los salteños del área metropolitana están alcanzados por el beneficio de SAETA, en todos los hogares hay una gratuidad, trasbordo, o se paga tarifa plana en los municipios" y que "el esfuerzo de la Provincia ya es muy grande como para pedir más (para el transporte) porque significaría retraer dinero de Salud, educación, seguridad y de tantas obligaciones que tiene".
Por esta situación, el titular de SAETA afirmó que se reunirá con sus pares en FATAP (Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros) y con funcionarios del área de Transporte de la Provincia para analizar los pasos a seguir.
"Vamos a seguir trabajando políticamente para hacer sentir este planteo y analizaremos las medidas a tomar", agregó.
Mohr recordó que el gobernador Gustavo Sáenz viene reclamando desde hace años por la clara asimetría respecto al otorgamiento de subsidios entre Buenos Aires y el resto del país.

La CGT y las dos CTA convocaron a un paro nacional para mañana jueves 9 de mayo. La medida de fuerza tiene el objetivo de manifestarse contra las políticas del Gobierno Nacional.
Muchas organizaciones gremiales y sindicales manifestaron su apoyo y adhesión; hasta el momento son:
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Salta confirmó que adhiere a la medida de fuerza nacional. Por lo tanto, desde las 00.00 horas hasta medianoche, Salta no tendrá servicio de colectivos. Gerónimo Requena, secretario de Prensa de la UTA Salta, explicó que en la provincia de Salta, afectará el área Metropolitana, Orán y Tartagal.
Los gremios aeronáuticos confirmaron que adhieren al paro general por lo que no habrá vuelos que operen en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes. Juan Pablo Armanino, Prosecretario del Interior (A.P.A.), señaló que la medida de fuerza es sin asistencia a los lugares de trabajo y con movilizaciones.
Por su parte, el secretario general de la CGT Salta y Sec. Gral. de La Bancaria, Carlos Rodas, confirmó que los bancos adherirán al paro sin asistencia al trabajo y con movilizaciones.
Docentes también se sumarán a esta medida impulsada por la CGT con el objetivo de reclamar la quita del FONID y la defensa de la educación pública. “La CTA a nivel nacional se adhirió al paro que convocó la CGT y, a su vez, desde CTERA, nuestra entidad madre ha declarado paro nacional para el jueves, así que ADP se adhiere al mismo”, mencionó Fernando Mazzone, secretario general de la ADP.
Por otra parte, comercio no adhiere al paro y Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio de Salta, calificó a la medida “como inapropiada para el momento actual”.
Además, la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de Salta anticipó que, en confiterías y restaurantes, la decisión de abrir o no las puertas la tiene el empresario. Juan Lucero, presidente de la cámara, aconsejó analizar los pros y contras de costo-beneficio ante la falta de transporte.
La Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de Salta (APUNSA) también se suma a la medida de fuerza nacional, sin asistencia a los lugares de trabajo.

El ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que a partir de mañana lunes se comenzará a colocar la vacuna contra el dengue al personal de salud, educación y policía de la provincia, que residan en el departamento Capital. Las dosis están dirigidas al grupo etario de entre 25 y 39 años. Se informará próximamente los lugares dónde estarán disponibles las dosis.
La ampliación de la Campaña Provincial de Inmunización contra el Dengue, con recursos propios, forma parte del control integral de la enfermedad establecida por el Ministerio de Salud Pública.
De esta manera, el Gobierno de la Provincia, ya inocula a los residentes de los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia, Anta, Güemes y Capital.
Quiénes no pueden recibir la dosis
* Embarazada
* Mujeres en periodo de lactancia
* Pacientes con inmunocompromiso
* Pacientes oncológicos
* Pacientes en tratamiento con corticoides
* Pacientes en tratamiento con inmunoglobulina o hemoderivados
* Personas que hayan tenido diagnóstico confirmado de dengue, deberán esperar al menos 6 meses para poder vacunarse.

Sobre la vacuna
La vacuna tetravalente, está indicada para la prevención de la enfermedad producida por los cuatro serotipos del dengue en personas mayores de 4 años, sin límite de edad.
El esquema completo incluye 2 dosis: la segunda luego de tres meses de recibir la primera. A las dos semanas de la primera aplicación comienza a observarse respuesta inmune a través de anticuerpos.

El Gobierno de la Provincia ya giró los fondos para pagar a más de 20900 jubilados salteños la primera cuota del Fondo Solidario de Apoyo Temporal. Se trata del fondo creado por el gobernador Gustavo Sáenz, y que permite a cada beneficiario recibir un total de $48 mil en dos cuotas de $24 mil cada una. La segunda cuota será deposita en junio próximo.
La primera cuota ya fue depositada en el Banco Macro y Santiago de Estero, para aquellos jubilados con haber mínimo y que cumplen los requisitos para acceder a este fondo: tener 70 años o más; percibir el haber jubilatorio mínimo como único ingreso, excluyendo pensiones o pensiones no contributivas; no ser beneficiario de ingresos provenientes de planes sociales nacionales, provinciales o municipales (AUH, Potenciar Trabajo, seguro de desempleo, entre otros), ni de otra prestación previsional; carecer de empleo en relación de dependencia, ya sea como independiente o presunto; no percibir ingresos como permisionarios de estacionamiento medido y no poseer bienes registrables a su nombre, ya sean automotores o inmuebles.
El resto de los jubilados que cobran en otras instituciones bancarias, verán impactada en sus cuentas esta ayuda del Gobierno de la Provincia, en los próximos días.
Cabe recordar que se trata del fondo creado en febrero pasado por el gobernador Gustavo Sáenz, mediante decreto 113/2024, destinado a aquellos jubilados que perciban el haber mínimo, con el objetivo de brindarles un respaldo adicional en momentos de dificultad económica y asistirlos en situaciones de emergencia, tales como medicamentos, alimentación y servicios.
A tales efectos, la Provincia depositó el aporte en los bancos encargados del pago de sueldos, que a su vez lo transferirán a las cuentas individuales de los beneficiados. De esta manera, los jubilados que cumplen con los requisitos para percibir esta ayuda económica, no requieren de ningún trámite extra por parte del beneficiario, ya que se realiza automáticamente.
El fondo está integrado inicialmente por el aporte solidario del gobernador de la Provincia, Gustavo Sáenz, ministros, Secretaría General de la Gobernación, coordinadores, Fiscal de Estado, Sindico General de la Provincia, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, autoridades superiores, autoridades fuera de escalafón y personal de apoyo nivel 1, 2 y 3. Además de presidentes, gerentes, directores y autoridades de organismos descentralizados, organismos autárquicos, ente reguladores, empresas y sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con participación estatal mayoritaria y demás formas societarias en la que el Estado tenga participación y autoridades con remuneraciones equivalentes o similares.
En el caso del Gobernador de la Provincia, el aporte es del 50% de su sueldo en cada oportunidad de los meses mencionados y el resto de los funcionarios efectuará un aporte inferior en proporción a la escala de haberes que perciban.

El ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo Domínguez, junto al jefe y subjefe de la Policía, Miguel Ceballos y Pablo Vilte, encabezaron el acto de reconocimiento a la promoción XXXIV de Suboficiales de la Policía de Salta por 25 años de servicio.
El ministro Domínguez destacó la labor realizada por los hombres y mujeres que han finalizado su carrera profesional en la Policía enalteciendo los valores que jerarquizan la institución como la vocación de servicio, la solidaridad, la entrega, sacrificio, en pos de servir a la ciudadanía y a la patria. Enfatizó en la importancia de “volver a casa con la satisfacción del deber cumplido”.
Por su parte, el Jefe de Policía agradeció a sus camaradas por el compromiso asumido durante su trayectoria profesional y las enseñanzas que dejaron en la historia de la Institución.
Durante el acto se realizó una invocación religiosa, se entonaron los himnos patrios y se entregaron reconocimientos a los suboficiales, entre hombres y mujeres, quienes finalizaron su carrera profesional en la Fuerza de Seguridad.
Participaron el secretario de Seguridad, Fernando Acedo, el director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Francisco Fleming, Cúpula Mayor Policial, e invitados especiales.

En un operativo realizado por personal de Gendarmería Nacional, Escuadrón 59 de Santiago del Estero, se logró el secuestro de 19 kilos de cocaína. El operativo se concretó en un colectivo de "tour de compras" que había partido desde Orán, con destino final en el partido bonaerense de Lomas de Zamora.
Personal de Gendarmería realizaba controles de rutina sobre la ruta nacional N° 34, a la altura del Peaje Fernández, en Santiago del Estero, oportunidad en la que lograron detectar el cargamento y por el hecho dos mujeres fueron detenidas.
Los uniformados llevaron a cabo el registro del rodado y detectaron bultos con mercadería del rubro tienda, dentro de los cuales se ocultaban 18 paquetes rectangulares similares a los utilizados para el traslado de estupefaciente, los cuales contenían una sustancia blancuzca.
Descubren 19 kilos de cocaína en un “tour de compras” que partió desde Orán
Ante este hecho, los funcionarios procedieron a trasladar el vehículo para efectuar un control más exhaustivo en presencia de testigos, confirmando un total de 19 kilos 177 gramos de Clorhidrato de Cocaína, como resultado de las pruebas de campo Narcotest. Además, hallaron 80 kilos de hojas de coca en estado natural.
Intervino el juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, que dispuso el decomiso de la droga y el vegetal en infracción a la Ley 23.737 “Estupefacientes”. Asimismo, orientó la detención de dos ciudadanas involucradas, de nacionalidad boliviana.