El 2022 llega a su fin y en el Gobierno empiezan a delinear sus objetivos de gestión para 2023. Por eso, el Ejecutivo impulsará una serie de iniciativas para tratar en el Congreso. Se trata de cinco proyectos que servirán para cumplir con sus metas económicas y que prevén, entre otras cosas, mejorar las inversiones y resolver cuestiones urgentes, como la disputa por la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires.
En primer lugar, tras el fallo de la Corte que desató el conflicto entre Ciudad y Nación por el pago de los fondos de la coparticipación a la administración porteña, el Gobierno debe definir de dónde conseguirá los $200.000 que necesita para hacer frente al pago a CABA.
Ante la imposibilidad de resolver en el corto plazo el conflicto y luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó devolverle a CABA parte de los recursos que habían sido recortados en 2020, el Gobierno prepara un proyecto de ley que sirva para obtener los recursos necesarios para cumplir con la sentencia y pagarle al gobierno porteño.
Días atrás, el presidente Alberto Fernández anunció en Twitter que pagará con bonos “el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.
Entre las alternativas que evalúa el Palacio de Hacienda se encuentran elevar la alícuota del impuesto al juego online y extender el impuesto que cobran los bancos por los intereses de las Leliq. Sin embargo, aún resta definir los detalles de la medida que el Gobierno enviará al Congreso.
A esa iniciativa para financiar el pago a CABA, el Ejecutivo quiere incluir al menos otros cuatro proyectos que considera clave para la gestión en el año electoral que se resume a continuación:

Blanqueo de capitales
Por otro lado, el Gobierno enviará un proyecto de ley que refiere al blanqueo de capitales para que sea tratado por los legisladores y sea puesto en marcha desde el 1° de enero hasta septiembre del 2023.
Quienes opten por blanquear sus activos hasta el 31 de marzo pagarán un impuesto del 2,5%. La misma cifra aplicará a quienes tengan cuentas en el exterior, pero decidan traer los fondos al país. Mientras tanto, si se opta por mantener el dinero afuera, el porcentaje será del 5%.
Para quienes lo hagan entre el 1 de abril y el 30 de junio, la alícuota subirá al 5% en caso de quienes traigan sus activos a la Argentina y será del 10% si deciden dejarlos en el exterior.
En caso de blanquear entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, los impuestos a pagar serán, en el primer caso, 7,5% y si no los repatría 15%. A su vez, aquellos que declaren sus activos en el exterior a partir del 1° de octubre tendrán sanciones económicas y penales.

Ley de GNL y Ley de Hidrógeno
Además, también se prevé enviar dos proyectos de ley ligados al desarrollo del sector energético: uno para el gas natural licuado (GNL) y otro para el hidrógeno. Con estas iniciativas, se busca dar previsibilidad a la industria por 30 años y atraer inversiones.
Con un horizonte de US$27.000 millones anuales producto de la exportación de GNL, según datos de Fundar, el objetivo es estimular la inversión en GNL para producir y vender al exterior, teniendo en cuenta que por la guerra en Ucrania la demanda mundial de gas se encuentra en aumento.
Para el caso del hidrógeno, el proyecto intenta dar un marco regulatorio y de promoción para que el país participe en todos los eslabones de la cadena productiva: desde la extracción del recurso natural hasta la producción de bienes de capital como generadores y electrolizadores.
En concreto, la iniciativa apunta a la construcción de una Estrategia Nacional de Hidrógeno bajo en emisiones 2030, que permita presentar una hoja de ruta que contemple la articulación público-privada y el diálogo estratégico de industrias asociadas junto al sector científico-tecnológico.

Ley de Agroindustria
Hace más de un año, el Presidente presentó un proyecto que tiene por objetivo incrementar la producción agropecuaria, las exportaciones y conservar el capital natural del suelo en el marco de las buenas prácticas y las medidas de adaptación al cambio climático.

La Ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial busca dar beneficios impositivos para impulsar inversiones, cambios en el esquema para la valuación del pago de impuestos a las Ganancias en ganadería y la promoción del uso de insumos para la producción sustentable con fertilizantes e insumos. Además de garantizar la devolución del IVA para quienes inviertan en el sector.

Plan de pagos o “moratoria” de ANSES
Otro de los objetivos del Gobierno es aprobar en el Congreso un plan de pagos de ANSES para que las personas en edad de jubilarse puedan hacerlo, aunque no cuenten con los años necesarios.
Desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), explicaron que “todos los años de aportes efectivizados se tendrán en cuenta para el haber inicial. De esta manera, no será igual la situación de quien deba regularizar 20 años, que la de quienes deban regularizar 10 o 5 años de aportes”.

Pese a que se esperaba una aceleración más fuerte por la estacionalidad, la inflación de diciembre no distará mucho de la de noviembre. Así se lo anticiparon fuentes oficiales a Ámbito. El parate en la escalada que comenzó en julio y duró hasta octubre, se explica fundamentalmente por la desaceleración del rubro alimentos y bebidas.
Según los datos de alta frecuencia que maneja el Gobierno, los principales productos de la categoría se movieron a un ritmo de entre el 3% y el 3,5%, similar al del mes pasado. Los relevamientos de las consultoras están en la misma línea.
El 12 de enero, cuando el INDEC de a conocer el índice de precios al consumidor del mes de diciembre, todas las miradas estarán puestas en corroborar si el ministro de Economía, Sergio Massa, logró sostener la desaceleración que la inflación mostró en noviembre con respecto a los meses previos. Los datos preliminares que manejan en el Palacio de Hacienda, anticipan que sí.
“Va a dar casi como en noviembre, quizás un poco más por la cuestión estacional, pero no esperamos un salto significativo”, anticipó a este medio una calificada fuente oficial. En esa línea, también reveló que las mediciones de alta frecuencia que llegan a los despachos del Gobierno evidencian variaciones similares a las del mes pasado. Estos informes, están basados en los despachos de supermercados de productos de consumo masivo.
De todas formas, por las mayores subas en otros rubros como turismo o esparcimiento y algunos ajustes que se hicieron en los precios regulados como prepagas, colegios privados y peajes, entre otros, el promedio de los precios se ubicaría por encima. "Esperamos una cifra que empiece con cinco", recalcaron en el Gobierno.
Según la proyección de la consultora Eco Go que conduce Marina Dal Poggetto, “la inflación de alimentos consumidos en el hogar en diciembre alcanzará el 4,1%”. De esta manera, el rubro con mayor peso dentro del IPC, se ubicaría 1,1% por debajo del nivel general que escalaría al 5,2%. Apenas 0,3 puntos porcentuales por encima de la marca de noviembre. En la misma línea, la firma LCG registró movimientos similares, 3,7% para el rubro alimentos y bebidas y 5,2% para el promedio de los precios.
El Ministerio de Economía, se planteó como objetivo “bajar la inflación un punto por bimestre”. Esto apunta a llegar a abril con un avance mensual de los precios que ronde el 3%. Para esto se propuso alcanzar una serie de acuerdos sectoriales que reduzcan el componente inercial para llevar “a la inflación real más cerca de la teórica”. En el presupuesto 2023 se proyectó un 60% para todo el año, cifra compatible con el 4% mensual que tienen como tope los convenios que rubricó la Secretaría de Comercio.

La Ley del Presupuesto 2023, promulgada por el Ejecutivo incrementa la alícuota de los impuestos internos para ciertos electrodomésticos tanto de origen nacional como importado y se aplicará a partir del 1° de enero del 2023. Aunque los comercios tienen productos en stock que no están alcanzados por la suba, es esperable que aumenten los precios finales para compensar la futura reposición.
En concreto, los productos que hoy están gravados a 17% pasarán a tributar 19% y en caso de que sean fabricados en Tierra del Fuego por empresas beneficiarias del régimen de la Ley 19.640 pasarán de 6,55% al 9,5%.
La única excepción, según el proyecto, serán los “aparatos receptores de radiodifusión que solo funcionen con fuente de energía exterior, de los tipos utilizados en vehículos automóviles” que quedarán gravados al 0%.
Dado que el aumento se aplica sobre el propio impuesto, las alícuotas efectivas son mayores: la alícuota del 19% se convertirá en una alícuota efectiva de 23,46% y la de 9,5% en 10,5%. Así, el incremento real es de 2,98% y de 3,49%, respectivamente.
“Este aumento tributario puede tener impacto en las inversiones que se realicen en el sector afectando la productividad de las personas y empresas. En la reforma tributaria de 2017, mediante la Ley 27.430, se había dispuesto un cronograma gradual de reducción del impuesto. Sin embargo, el Gobierno actual modificó ese rumbo y propuso incrementos de alícuotas que fueron aprobadas por el Congreso Nacional”, expresó Sebastián Domínguez, ceo de SDC Asesores Tributarios.
En este escenario, y por el impacto de la medida en términos de precios, el tributarista consignó que “es conveniente adelantar las compras antes de año nuevo”.
Los productos que están alcanzados por la suba de la alícuota del impuesto son los siguientes:
- Celulares.
- Aires acondicionados.
- Monitores.
- Proyectores.
- Televisores.
- Equipos de música.
- Hornos microondas.
- Aparatos de calefacción.
- Secadores de pelo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos enero 2023, para la entrega de haberes y prestaciones a sus titulares. A su vez, en enero entrega varios bonos y pagos adicionales a distintos grupos de beneficiarios.
ANSES: bonos y beneficios confirmados enero 2023
Jubilados y pensionados
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) entregará el segundo bono de $10.000 a jubilados y pensionados que cobran un haber mínimo y de $7.000 para quienes reciben dos haberes mínimos, durante enero de 2023. El pago del beneficio se abona junto al cobro de la jubilación según la terminación del DNI, sin realizar ningún trámite extra.
Créditos de ANSES para jubilados, pensionados y PNC: van desde los $5.000 hasta los $240.000, y se pueden pagar en 24, 36 o 48 cuotas.
Descuentos en supermercados todos los lunes.

Potenciar Trabajo
Los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo recibirán la segunda cuota del bono de $13.500 el 6 de enero de 2023, para todos los que hayan hecho la actualización de datos 2022.
Este mes habrá un aumento en los haberes del 7% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, correspondiente al primer aumento de diciembre. Los titulares de Potenciar Trabajo reciben un monto que corresponde al 50% equivalente del salario mínimo, por lo que en enero cobrarán $31.000.

Bono de $24.000 para trabajadores
Los trabajadores del sector privado reciben un extra de $24.000 como bono de "fin de año", por parte de los empleadores, en conjunto con el sueldo de diciembre. Pero como los salarios se acreditan a "mes vencido", el pago se cobra en enero.

Asignación Universal por Hijo
En enero cobrarán el retenido de hasta $10.772, el complemento del 20% retenido por la ANSES, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que presentaron la libreta en noviembre. El tramite se puede realizar hasta el 31 de diciembre. El complemento se trata del 20% que retiene el organismo previsional a AUH todos los años, con el objetivo de que ellos entreguen la Libreta de Asignación Universal a cambio. Esta le permite al Estado Nacional supervisar el cumplimiento del calendario de vacunación y los controles de salud de las chicas y chicos que son beneficiarios de la asignación.
Aumento de la Tarjeta Alimentar para AUH, AUE y PNC Madres de 7 hijos que tengan chicos de hasta 14 años. Los montos son: $12.500 por un hijo, $19.000 por dos y $25.000 por tres o más.
Complemento de leche por el Plan 1000 Días para AUE y AUH con hijos de hasta 3 años.

La Administración Federal de Ingresos Públicos publicó las tablas con los parámetros actualizados de las categorías de monotributo vigentes desde 01/01/2023.
Se actualizaron tanto los parámetros de encuadre para la categorización como los valores a abonar mensualmente para cada categoría.
Para la próxima recategorización con vencimiento en el mes de enero 2023 habrá que comparar las ventas del año calendario 2022 contra estos valores y encuadrarlo en la categoría que corresponda de acuerdo con los parámetros a evaluar.
Con estos cálculos los límites de facturación para locación y prestaciones de servicios quedan establecidos en $5.650.236,51 (categoría H) luego teniendo que pasar al Régimen General y para venta de cosas muebles es de $8.040.721,19 (categoría K).
Por su parte, el precio unitario máximo para venta de cosas muebles a partir de enero será de $ 85.627,66.- lo que equivale a un aumento del 72%.
Es necesario observar que la suba anual del límite de facturación fue más alta que la inflación solo en las categorías más bajas (A, B y C), las que habrán mantenido los limites en términos reales, o habrían tenido alguna mejora, al comparara esas variaciones de 114,39% contra la inflación con que cerrará el 2022.
Para el resto de las categorías, es marcada la inequidad en el sentido que tienen un ajuste de la facturación de 72,44% o 93,42% anual (solo en el caso de la D) contra una inflación que finalizará en el mejor de los casos en torno al 95%. Esto se traduce en más de 25 puntos porcentuales de diferencia que hará que contribuyentes suban de categoría por el mero efecto inflacionario, cuando en términos reales no tuvieron una mejora. Una mayor presión fiscal por efectos de la inflación y no actualizar al mismo ritmo los límites. Mayor recaudación para la AFIP.

El Gobierno acordó con representantes de movimientos sociales oficialistas el pago de un bono de 17.375 pesos para los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo.
La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, protagonizó la reunión con representantes de la UTEP, el Movimiento Evita, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento de Trabajadores Excluidos.
Luego del acuerdo con la ministra, las organizaciones dieron marcha atrás con las protestas que habían sido programadas para las próximas horas, que incluían escraches en supermercados y acampes. El pago del bono "extra" está previsto para abril del 2023 y beneficiará a 1.300.000 personas.
El arreglo incluye la compra de bolsones de frutas y verduras a cooperativas agrarias y la entrega para la confección de guardapolvos para ser producidos por cooperativas textiles. Además, la construcción de módulos húmedos en barrios populares y el compromiso para reglamentar, en una nueva discusión, las condiciones del Potenciar Trabajo.

Bono de fin de año
Tolosa Paz y la ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, anunciaron hace dos semanas dos bonos de fin de año para confrontar la inflación. Uno de $24.000, y que alcanza a trabajadores en relación de dependencia con ingresos por debajo de $185.000, y otro de $13.500 para beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.
La primera mitad, el Gobierno lo abonó el 21 de diciembre, y la segunda, la saldará el 6 de enero. De esta manera, este mes se adicionarán $6750 a los $27.275 que cobraron correspondiente a la prestación de noviembre y el mismo importe se sumará a los $28.950 que percibirán en el primer mes de 2023.

El bono de fin de año que decretó el presidente Alberto Fernández para el sector privado generó malestar en el sector empresario, especialmente entre las pymes. Al feriado del 20 de diciembre, aguinaldo y vacaciones se sumó una erogación adicional que, consideran, “hace responsable a las empresas, que no son los culpables de la inflación y que sufren sus consecuencias, al igual que los trabajadores”.
Primero fueron quejas y luego avanzaron los reclamos concretos. La Cámara Argentina de Comercio (CAC) le envío una carta al ministro de Economía, Sergio Massa; y la Confederación de Pymes Constructoras y la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (CAMIMA) hicieron lo mismo, pero hacia la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.
Algunas cámaras empresarias pidieron que se contemplen ciertas excepciones para las pymes que cerraron las paritarias en diciembre y otras que se extienda el plazo de pago. Ese último punto podría estar cubierto por una puerta que dejó abierta el decreto presidencial, que ordena el pago del bono con los salarios devengados al 31 de diciembre de 2022. Si bien el objetivo es que se salde este mes, los empresarios podrían apelar a esa cláusula para estirar una semana más el pago.

Fuerte reclamo a Sergio Massa por el bono para trabajadores privados
La CAC eligió al titular del Palacio de Hacienda como el destinatario de la misiva con su queja y reclamo. “Teniendo en cuenta que el decreto fue dictado el 16 de diciembre (y publicado el día siguiente en el Boletín Oficial), cuando ya la mitad del mes había transcurrido; que en diciembre las empresas deben hacer frente al pago del medio aguinaldo, lo que reduce su liquidez; y que numerosas firmas registran problemas económico-financieros, fruto de dificultades macroeconómicas de larga data; es que le solicitamos que tenga a bien arbitrar los medios a su alcance para establecer una extensión de los plazos de pago”, expresó la entidad en la carta a Massa.
En concreto, lo que solicitaron es “cuanto menos, la posibilidad de que el bono en cuestión pueda abonarse junto con el devengado del mes de diciembre de 2022, cuyo plazo de pago se extiende hasta el 5 de enero próximo”, lo que podría quedar saldado con esa puerta que dejó abierta el decreto.

Kelly Olmos también recibió reclamos
El reclamo del sector pyme gira en torno de las paritarias como el ámbito correcto para negociar las mejoras salariales y con las dificultades que genera una erogación extra en diciembre.
En el caso de la Confederación de Pymes Constructoras, se remarcó el acuerdo de un aumento salarial de 105% hasta marzo lo que implica que “el sector previó con anterioridad al dictado del DNU 841/2022 la necesidad de un ajuste salarial”.
Desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que el bono puede ser absorbido por asignaciones no remunerativas pactadas para diciembre, en paritarias por los gremios y los empresarios. Por ejemplo, si un sector había acordado el pago de un bono de $20.000 solo restarían $4000 para completar el total del bono.

Las ventas de los supermercados sufrieron una retracción interanual del 1,6% en octubre en términos reales (teniendo en cuenta el efecto de la inflación). Se trata del peor resultado registrado en los últimos 17 meses, según la medición del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
El triunfo de la Selección de Fútbol y los sucesivos festejos demoraron las compras propias de las Fiestas, pero luego no se reactivaron.
Para encontrar un peor balance hay que remontarse a mayo de 2021, cuando las ventas de los súper e hipermercados de todo el país tuvieron una baja de ventas del 2,7%.
En detalle, la encuesta de supermercados del Indec muestra que las ventas totales a precios corrientes, para octubre de 2022, sumaron $ 265.665,7 millones de pesos, lo que representó un incremento nominal de 89,1% respecto al mismo mes del año anterior, pero una caída del 1,6% a valores constantes, como se mencionó.

Cómo le fue a cada rubro
Los grupos de artículos con los aumentos nominales (sin tener en cuenta la inflación) más significativos respecto al mismo mes del año anterior fueron “verdulería y frutería” (128,0%), “alimentos preparados y rotisería” (109,4%), “electrónicos y artículos para el hogar” (104,0%) y “panadería” (99,9%).
La caída fue más pronunciada en Indumentaria y Librería. Para 43% de los comercios consultados las ventas fueron peores a lo esperado y para 18% mejores. “Efecto Qatar” y valor del ticket promedio, según un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
En cambio, estuvieron claramente por debajo del promedio los ítems de “indumentaria” (62,8% de variación interanual nominal), “carnes” (81,2%) y “lácteos” (84,4%), entre otros. Estos últimos son justamente los que condicionaron el resultado general, provocando una baja en real récord en este año.
También la comparación intermensual evidenció una caída en el décimo mes del año. De acuerdo al Indec, las ventas de los supermercados se contrajeron 0,7% en octubre en relación a septiembre (serie desestacionalizada).

El dato alentador es que la caída fue menor a la registrada en la comparación interanual y estuvo lejos de ser la más importante del año (ya hubo una caída mensual del 2,8% en agosto y otra del 6,2% en marzo). De todas formas, eso no quita el hecho de que las ventas hayan caído para las grandes cadenas.

Se desplomaron los mayoristas
En muchos informes anteriores se pudo apreciar cómo las ventas que se perdieron en los supermercados fueron captadas por los mayoristas, o viceversa. Esta vez, en cambio, ambos canales de venta cayeron, y con mucha fuerza.
De acuerdo a la encuesta de autoservicios mayoristas del Indec, en el décimo mes del año se registró una caída interanual de ventas del 7,1% en esa clase de negocios. Se trata de la peor caída en los últimos 38 meses.
En este caso, para encontrar un peor resultado hay que retroceder en las estadísticas hasta agosto de 2019, antes de la irrupción de la pandemia de covid-19.

Sergio Massa echó al titular de la Casa de la Moneda, Rodolfo Gabrielli, disconforme con su labor al frente de esa entidad.
La noticia se conoció en vísperas del año nuevo, cuando el Ministerio de Economía recibió los resultados de la gestión de Gabrielli durante el 2022.
Economista e integrante del Partido Justicialista, el ahora exfuncionario nació en 1951 en la localidad de Tunuyán, Mendoza. Fue ministro de Economía de esa provincia entre 1987 y 1991.
Posteriormente, entre 1991 y 1995, fue gobernador de Mendoza, paro luego ocupar el cargo de ministro del Interior de la Nación durante las fugaces presidencias de Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Eduardo Duhalde, en plena crisis del 2001.
Además, fue diputado nacional, Vice Presidente del Banco de la Nación; primer Presidente de ARSAT y titular de la Administración Nacional de la Aviación Civil de la República Argentina.
Su gestión al frente de la Casa de la Moneda, la empresa estatal dedicada a la fabricación de billetes y monedas, data de mayo de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández lo designó en ese cargo.

En pocos días vencerá la moratoria vigente que permite a las mujeres entre 60 y 65 años acceder a una jubilación aun cuando no hayan cumplido con los 30 años de aportes requeridos. Por la falta de quórum, aun no pudo tratarse en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de moratoria que tiene vigencia en el Senado y que prevé entrar en vigencia en enero de 2023.
En la Argentina las personas que alcanzan su su edad jubilatoria con los 30 años de aportes requeridos por la ley son una minoría: son solo una de cada 10 mujeres y tres de cada 10 varones, según informó Anses. En promedio, los trabajadores argentinos cuentan con entre 14 y 17 años de aportes.
Se estima que cerca de 800.000 personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio
El nuevo proyecto de ley de moratoria contempla permitir completar esos años de aporte. Por eso, si esta ley no es aprobada, se estima que cerca de 800.000 personas que cumplan la edad jubilatoria a partir de enero del año que viene ya no podrán acceder al beneficio.
Desde la Anses aseguraron que no tiene mucho sentido prorrogar la moratoria actual, que contempla un plazo para la regularización de aportes hasta 2003 y no beneficiaría a los que están cumpliendo la edad jubilatoria en 2023. El organismo espera que se pueda tratar en sesiones extraordinarias. De lo contrario, se podría tratar recién a partir de marzo del año que viene en las sesiones ordinarias porque aun conservaría su estado parlamentario.
La moratoria vigente –Ley 26.970– está destinada a las mujeres que cumplan la edad jubilatoria (60 años y menores de 65 años)y permite incluir deudas de aportes entre enero de 1955 y diciembre de 2003. Hay otra moratoria –Ley 24.476– pero requiere una evaluación socioeconómica previa y cubre aportes adeudados desde 1955 a 1993.
Si se aprueba el proyecto, la nueva moratoria tendrá vigencia por dos años y será prorrogable. En ese caso, incluirá a personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria –65 años para los varones y 60 para las mujeres– y no tienen los 30 años de aportes realizados. Pero también a los que aún están a 10 años –o menos– de cumplir la edad jubilatoria y podrían comenzar a regularizar sus deudas con anticipación.
“Este mes se termina la vigencia de la moratoria y habrá que esperar hasta marzo del año que viene para volver a discutir este Plan de pago de deuda previsional que hubiera dado respuesta a una necesidad urgente. La oposición retrasa una ley que están esperando casi 800.000 argentinos y argentinas. Las más afectadas serán las mujeres porque, al cumplir los 60 años sin los 30 de aportes, deberán esperar sin cobertura hasta los 65 años para poder solicitar la pensión para el adulto mayor (PUAM)”, expresó Fernanda Raverta, titular de la Anses.
El proyecto de ley prevé que puedan cancelar los aportes adeudados hasta 2008 en cuotas mensuales. Ese aporte se calculará por una unidad de pago de deuda provisional (UPDP): cada mes adeudado equivale al 29% de la remuneración mínima imponible, unos $4.900 a diciembre de este año.
La deuda total se podría cancelar en cuotas, con un mínimo de dos y un máximo de 120, de acuerdo a la cantidad de años que se quieran pagar. El valor de la cuota luego se va ajustando de acuerdo a la movilidad en forma trimestral. Desde la Anses calculan que este plan podría incluir a unas 447.000 mujeres y unos 295.000 varones.
En tanto, el plan de pago para las personas que no tienen la edad jubilatoria –trabajadores que aun están activos pero saben que no llegarán a cumplir con los 30 años– les permite cancelar aportes faltantes siempre en forma retroactiva y no posteriores a la fecha de corte que se fijó en marzo de 2012.
Las personas mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación ni pensión hoy pueden acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualiza en forma trimestral por la Ley de Movilidad.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) enviará unas 20.000, en el marco de las operaciones de inducción a los contribuyentes para que se pongan al día con sus deberes tributarios. Así lo indicaron fuentes del equipo económico.
No se trata de intimaciones formales, sino advertencias con la idea de que el contribuyente aproveche algunos de los mecanismos actuales para ordenar su situación. Las inducciones operan sobre la intranquilidad de la persona, aunque no constituye una intimación formal.
El nivel de información que maneja la AFIP para estas inducciones tiene que ver más que nada con los consumos de los contribuyentes dentro del país. No tiene mayor relación con activos o fondos no declarados en el exterior. Eso se maneja a través del blanqueo que Economía mandará al período de sesiones extraordinarias.
Al menos, en ese nuevo proyecto de exteriorización, se incluirá la creación de un fondo especial para financiar premios para los contribuyentes cumplidores. Según supo este medio, del impuesto que se determine, una parte servirá para otorgar compensaciones a aquellos que están al día con la AFIP.

La AFIP extendió hasta el 31 de enero de 2023 el plazo para acceder a un plan de facilidades de pago para regularizar los saldos pendientes del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales.
La medida se oficializó a través de la resolución 5305/2022 publicada en el Boletín Oficial. Desde el organismo recaudador aseguraron que el objetivo de la prórroga es “promover y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes”.
De esta manera, el beneficio establece un plan de pago de tres cuotas, con un pago a cuenta del 25% y una tasa de interés mensual equivalente a la Tasa Nominal Anual (TNA) de los plazos fijos en pesos del Banco Nación a 180 días. A esto se le suma un 1% anual en caso de ser personas humanas o un 3% si se trata de personas jurídicas.
Además, para quienes adhieran al nuevo plan de pago no se considerará la categoría del Sistema de Perfil de Riesgo (Siper) del deudor, siempre que estén incluidos en las categorías A, B, C o D y excluyendo a los denominados como “riesgo muy alto”, que pertenecen a la categoría E.
El Siper es un sistema informático que califica mensualmente a los ciudadanos en función a su comportamiento fiscal y el pago de sus obligaciones. También tiene en cuenta otros criterios como infracciones, procesos judiciales, sanciones aduaneras y la presentación o no de las declaraciones juradas.
El esquema beneficia especialmente a los contribuyentes de categorías B, C y D, que de no contar con este plan de cuotas, deberían afrontar pagos a cuenta mucho mayores, con porcentajes de entre un 35% y un 50%. Y con un máximo de dos cuotas para la categoría B y una sola, para la C y D.
La AFIP aclaró que en el caso de que las cuotas del plan de facilidad de pago sean iguales o superiores a $100 millones, los mismos deberán cancelarse mediante un volante electrónico de pagos (VEP).

La sequía, que se agravó en los últimos meses, está dejando serias consecuencias en la producción agropecuaria. La soja no escapa a la situación y ya siente el impacto con un retraso en la siembra por la falta de humedad en la superficie.
En este contexto, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), que agrupa a distintos eslabones productivos e industriales, advirtió sobre la preocupante situación que se vive en diferentes puntos del país.
“Este contexto sumerge al productor en una profunda crisis, que sumado a los problemas que viene afrontando por diversas medidas contraproducentes, afectan la producción y su bolsillo acrecentando cada vez más sus necesidades”, manifestaron desde la entidad que preside Luis Zubizarreta.
Soja afectada por la sequía en Ramallo. (Foto: ingeniero agrónomo Mariano García)
Soja afectada por la sequía en Ramallo. (Foto: ingeniero agrónomo Mariano García)
En ese sentido, consideraron que la merma en la cosecha se traducirá el año próximo en una mayor capacidad ociosa de la industria y en una menor generación e ingreso de dólares, significando “un drama para nuestra economía nacional, con repercusiones en cada eslabón de la cadena”.
Por eso, Acsoja consideró “imperativo avanzar con claros paliativos para el sector en el corto plazo”, con el fin de evitar daños irreparables. Asimismo, pidió “trabajar en una estrategia para arribar a soluciones que, en un futuro generen incentivos para más producción”.
Asimismo, los eslabones de la cadena de la oleaginosa se manifestaron abiertos al diálogo, instando a “consensuar medidas urgentes que se hagan eco de las necesidades” del sector.

Estiman que se perderán US$6600 millones en soja y maíz
Por su parte, tal como lo informó TN, el productor cordobés y ex funcionario, Néstor Roulet, estimó que por la sequía habría una pérdida interanual en soja y maíz de 20 millones de toneladas, lo que equivale a US$6600 millones.
Para determinar los rendimientos esperables de cada cultivo, Roulet basó su análisis en tres variables principales: agua útil en el perfil, duración del fenómeno “Niña” que provoca escasez de lluvias y elección de las fechas de siembra.
Respecto al agua útil, explicó que al 21 de diciembre se observa déficit hídrico, prácticamente en todas las zonas agrícolas del país.
“Esto trae como consecuencia que, por más que llueva a partir de ahora, solo tendremos aguas en capa arable, ya que la recuperación de agua útil en la napa es casi imposible para el primer cuatrimestre del 2023, descartando la posibilidad de la influencia de napa para los cultivos”, advirtió Roulet, quien fue secretario de Agregado de Valor del entonces ministerio de Agroindustria durante la presidencia de Mauricio Macri.

Las empresas del sector privado tienen hasta el sábado para pagar el bono de $24.000, según lo decretado por el presidente Alberto Fernández. Sin embargo, en los últimos días hubo gestiones de las cámaras empresarias y el Gobierno para buscar alternativas para las empresas más "complicadas". El Ministerio de Trabajo aceptará cambios en la forma de pago, siempre y cuando haya acuerdo con el sindicato.
Después de meses de discusión entre si llevar adelante un bono, una suma fija o dar vía libre a las paritarias, el Gobierno estableció que el refuerzo para los ingresos será una asignación no remunerativa de única vez de $24.000 para el sector privado, con sueldos de hasta $161.859. Según lo establecido en el Boletín Oficial, debe pagarse de forma obligatoria, en una cuota, antes del 31 de diciembre.
Sin embargo, en un relevamiento realizado por Ámbito en consulta con cámaras empresarias pymes, hay empresas “complicadas” para pagarlo porque tiene que otorgarse el mismo mes que se paga el aguinaldo, las vacaciones, y la jornada doble por los feriados. En un contexto de caída en el consumo. Por eso, llevaron planteos al Gobierno para ver si lo pueden pagar en cuotas, o a partir de enero, o que quede absorbido en paritarias. Inclusive, desde las gremiales empresarias aseguraron que hay un pequeño porcentaje que no podrá pagarlo, en los casos de las empresas más chicas, o en las que estén con problemas de producción por falta de insumos.
Así surge de la consulta de Ámbito a cámaras empresarias como la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), la Confederación Empresaria Argentina (Cgera), Industriales Pymes (IPA), la Cámara de Comercio (CAC) y la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad (Fecoba). “En un relevamiento que hicimos, los más preocupados son los comercios chicos, de 2 o 3 empleados, que todavía no pudieron pagar el aguinaldo, y no tienen espalda financiera”, aseguró Fabian Castillo, titular de Fecoba.
Ante la consulta de qué va a pasar en los casos donde la empresa no pueda cumplir, la ministra de Trabajo, Raquel Olmos, aseguró en declaraciones a TV Pública: “Esas situaciones puntuales se tienen que resolver por acuerdo entre las partes. Cuando digo entre las partes es con el gremio. No con cada empleado, que estaría en una posición de mucho desequilibrio y tendría que aceptar por adhesión. Si hay un acuerdo con el gremio que justifique, para nosotros ese acuerdo rige”.
El viernes de la semana pasada, Natalio Mario Grinmann, presidente de la CAC, le envió una carta el ministro de Economía, Sergio Massa, para solicitar que el bono pudiera pagarse con el sueldo devengado de diciembre, esto es, que el plazo de pago se extienda hasta el 5 de enero próximo. Según pudo saber este diario, de momento no tuvieron respuesta.
Por otro lado, la CAME si avanzó con una reunión con el Gobierno. El presidente de la entidad, Alfredo González, le pidió a Olmos que el bono pueda ser absorbido en caso de que estuviese acordado en los convenios colectivos de trabajo. “La ministra expresó que la solicitud está prevista dentro del último párrafo del artículo citado”, dice un comunicado difundido por CAME. Sin embargo, para que esto ocurra debe ser aprobado por el Sindicato de Empleados de Comercio, que encabeza Armando Cavalieri. Los empresarios llevarán la propuesta a la reunión paritaria, prevista para la primera quincena de enero. “Dependemos del sindicato”, manifestó una fuente empresaria.
Además, desde CAME también estuvieron reunidos con AFIP, donde propusieron modificaciones para que el pago del bono se pueda reducir del anticipo del impuesto a las ganancias y que se prevea un reembolso al monotributista empleador. Sin embargo, estos pedidos no prosperaron. “Así como está planteado no es una ayuda a la pyme, tal como fue la voluntad del decreto, porque no se financian con el fisco, las que podrán beneficiarse son las grandes empresas”, analizó González, presidente de CAME. “El 75% de las empresas son de 1 a 13 empleados, les impacta de lleno en la caja”, agregó. El planteo de la cámara es que termina siendo “solo un diferimiento financiero, ya que lo que no se paga de anticipo, se paga de saldo de las DDJJ”.
De todos modos, las empresas todavía esperan la reglamentación de AFIP que deje establecida la letra chica de cómo serán las condiciones y plazos para poder deducir el bono. Inclusive, por los bajo hay pymes que aseguran que sin esa información, pueden tomar como que el bono puede pasar a pagarse a enero, por no contar con toda la información que dice el decreto.

El dólar blue corta su escalada y retrocede este jueves 29 de diciembre, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires. La brecha con el oficial se ubica por tercera rueda consecutiva por encima del 100%.
Así, el dólar informal pierde $3 y se ofrece a $354 para la venta en la city porteña. Así, se aleja de su máximo histórico intradiario, $359 que alcanzó esta semana.
En efecto, la brecha cambiaria entre el dólar paralelo y el tipo de cambio mayorista toca el 100,3%.
En lo que va de la semana ya acumula una suba de $14. Recordemos que el blue viene de anotar tres avances semanales consecutivos, luego de saltar entre lunes y viernes pasados $19.

Seguí el precio del dólar blue, oficial, CCL y MEP en Argentina
Cotización del dólar blue en el año
En lo que va del año, el dólar informal avanza $146 (+70,2%) después de cerrar el 2021 en los $208.
Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).
Cabe recordar que el dólar informal subió $2 en octubre (+0,7%) después de bajar en septiembre, al registrar una merma de $2 (-0,7%). Recordemos que en agosto había cedido $6 (-2%).
En el séptimo mes del año, el dólar paralelo había trepado $58 (+24,4%), lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año.
Previamente, había aumentado $31 (+15%) en junio, luego de subir en mayo $6,50 ( 3,2%).
El dólar paralelo aumentó 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de ascender en enero $5 ó 2,4%.

El Ministerio de Economía estableció que el programa Precios Justos estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2023. También difundieron los modelos de contrato que deben firmar las empresas productoras de insumos que formen parte de la iniciativa.
A través de la Resolución 1077/2022, publicada este lunes en el Boletín Oficial, el Palacio de Hacienda extendió la vigencia de Precios Justos a todo 2023, si bien los convenios que ya se firmaron con las empresas se extienden desde noviembre último hasta febrero de 2023 inclusive.
Ahora, desde el Ministerio de Economía entendió necesario "aclarar cuál es el plazo de vigencia del Programa Precios Justos" y dispuso que la Secretaría de Comercio dicte "las normas aclaratorias que fueran necesarias" para que el programa se mantenga vigente 12 meses más.

Normas a cumplir por las empresas incluidas
Por otra parte, en la Resolución de este lunes se detallan las normas a cumplir por "aquellas empresas productoras de los productos estratégicos para la industria nacional que, resultado de un proceso industrial, forman parte de la cadena de producción de gran parte de los productos de consumo masivo".
A esas compañías se las califica de "empresas productoras de insumos difundidos" y, si suscriben el convenio de adhesión al programa, "deberán vender, de forma constante e ininterrumpida, los productos que ellas comercialicen y que se detallarán al momento de la suscripción del referido convenio" entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
En caso de resultar imposible la provisión de algún producto por causas ajenas a las empresas, "deberán dar aviso fehaciente de ello a la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno" en un plazo de no más de 72 horas de tomado conocimiento de esa imposibilidad.
Economía considerará que las empresas incurrieron en infracción cuando no respondan en tiempo y forma los requerimientos de información o se verifique el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de la resolución y de las cláusulas del convenio que suscriban, de acuerdo con el texto oficial.

El Gobierno negocia con más de 60 empresas para sumar materiales de la construcción a Precios Justos, el gran acuerdo de precios que el Ministerio de Economía, a cargo de Sergio Massa, ya cerró con otros 9 sectores para intentar bajar la inflación, en un año que terminará en récord desde 1991. En el verano también el secretario de Comercio, Matías Tombolini, cerrará acuerdos de precios para la canasta escolar. Para turismo, uno de los sectores que más trepó en el año, hubo algunas reuniones, pero finalmente se desestimó.
Según pudo averiguar Ámbito, por estos últimos días del año, Comercio está en negociación de un acuerdo con casi 70 empresas de materiales de la construcción. La mayoría son marcas líderes, proveedoras de grandes cadenas de ventas como Easy o Sodimac. Hace dos años, Paula Español, la primera de los cinco secretarios de Comercio que tuvo este Gobierno, cerró un acuerdo de este tipo en el marco de Precios Cuidados.
Durante el último año, el índice de costo de la construcción estuvo unos puntos por debajo de la inflación: 86,3% interanual, contra 92,4% el IPC, según los datos de noviembre del Indec. Sin embargo, el índice de costo de la construcción contempla mano de obra y gastos generales, que estuvieron por debajo del nivel general. Si se toma en cuenta solo los materiales, treparon 89,8% interanual.
En noviembre, solo ese mes hubo algunos materiales que estuvieron por encima de la inflación del 4,9%. Las mayores subas en un solo mes se dieron en: acero aletado conformado (6,7%), cemento portland (7,2%), cables (13,2%), vidrios (9,9%), o artefactos de iluminación en (7,9%).
El Gobierno tiene un particular interés con la construcción. Fue el sector donde más se crearon puestos de trabajo desde la llegada del Frente de Todos en diciembre del 2019. El último dato registrado es de 443 mil empleos, a 3.000 ocupados del récord del 2018. Esperan que para 2023 se supere ese valor. Actualmente hay un blanqueo vigente para que se pueda exteriorizar dinero sin declarar para la construcción de viviendas. Donde hay luces de alama es en la actividad: si bien en el acumulado del 2022 está 5,5% por encima del 2021, desde julio en adelante lleva tres caídas al hilo medido en forma desestacionalizada, según el Indec.
En verano, también Comercio negociará acuerdos de la canasta escolar, para la vuelta a clase, un sector que año a año estaba incluido en Precios Cuidados, y que ahora se sumará a Precios Justos. Lo que si quedó desestimado es un acuerdo de precios para el turismo. Si bien hubo algunas reuniones durante diciembre, no se avanzó. Por un lado, contaron fuentes oficiales que la mayoría de las reservas ya estaban hechas. También, porque en el Ministerio de Turismo tienen relevado que los precios subieron en línea con la inflación, “salvo en los destinos de categoría que reciben turistas internacionales y se mueven con el dólar”. En diciembre del año pasado se había anunciado un acuerdo en el marco de lo que el Estado gastaba en Previaje.

Los dirigentes de las 4 entidades de la mesa de enlace se reunieron con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y los ministros de esa área en las provincias de la región central (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa). El encuentro tuvo lugar en la Delegación del Gobierno de Santa Fe en Rosario.
Desde la cartera agropecuaria, comunicaron que se analizó la posibilidad de reforzar el financiamiento para sectores complicados por los 3 años de sequía como la lechería, la ganadería porcina y avícola, y la agricultura. Pero desde las entidades señalaron que no se anunciaron medidas concretas y pidieron que se acelere la ayuda al sector.
En representación del agro, participaron los presidentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, el de Coninagro, Elbio Laucirica, y el vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Raúl Etchebehere.
Por la provincia de Buenos Aires, participó el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; por Córdoba, el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso; por Entre Ríos el secretario de Agricultura, Lucio Amavet; por La Pampa, la ministra de Producción, Fernanda González; y por Santa Fe, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna.
También el jefe de Gabinete de la cartera agropecuaria, Juan Manuel Fernández Arocena; el subsecretario de Ganadería y Producción Animal, José María Romero; el subsecretario de Gestión Administrativa, Rosendo Tarsetti; el subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el coordinador de FONDAGRO, José Portillo; y el asesor en temas internacionales y emergencias, Ariel Martínez. “Fuimos a la reunión a escuchar, más que a proponer, porque ya de proponer estamos bastante cansados”, afirmó Achetoni.
En un principio, los dirigentes agropecuarios se habían negado a reunirse solo con Bahillo, ya que también reclamaban la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa. Pero Achetoni explicó que ahora aceptaron porque además asistieron los ministros de Agricultura de otras provincias.
Allí, señaló el líder de la FAA, también se plantearon las demoras para otorgar la ayuda a las economías regionales y los subsidios a la siembra de maíz y soja.
Además, se abordaron las distorsiones generadas por el “dólar soja” a $230 sobre algunos sectores, como el cárnico y el lácteo. “Nosotros les pedimos que tuvieran la mayor celeridad, y no que solo generaran títulos. Porque ya se han hecho muchos anuncios y la situación de los productores sigue siendo bastante grave y nos van a pedir que vayamos a acciones concretas de no haber respuestas rápidas”.
Al respecto, desde el Gobierno afirmaron que, a partir de la instrumentación del “dólar soja”, se trabaja “en medidas de acceso a insumos para la industria lechera, porcina, aviar y de economías regionales, con el objetivo de impulsar a las cadenas productivas agroalimentarias”.
“Al secretario le mostramos la realidad que estamos viviendo y le explicamos que no solo es un tema de los granos, también de la lechería, de la carne... en donde no van a haber terneros ni preñeces”, acotó Etchebehere de la SRA.
También explicó: “Tampoco es cuestión de tasas subsidiadas de créditos porque eso no ayuda a los productores: si en vez del 60%, tienen el 58%, se hace impagable, en especial para aquellos que vienen con hasta tres años de sequía”.
Por su lado, Achetoni aclaró que no hubo anuncios concretos para el campo, pero afirmó que desde el Gobierno les adelantaron que quizás se den algunas compensaciones para el sector lácteo. Pero sin detallar el momento ni montos concretos que se destinarán para ese fin.
En ese sentido, Etchebehere consideró: “Esto es como la justicia, si llega tarde no es justicia. La ayuda que no llega en tiempo y forma, no ayuda”.
Achetoni había comentado días atrás que, en medio de los problemas climáticos, los fondos que el Gobierno había prometido para las economías regionales aún no están disponibles para asistir a los agricultores. Durante el encuentro, dijo que no se ahondó ese tema en profundidad porque no estaban los especialistas de las provincias en esa área, pero que sí planteó las complicaciones que hay en esas actividades.
“Comenté que es un rubro que viene mal hace mucho tiempo, y se agravó aún más por la situación climática. Dijeron que iban a tener respuestas, pero no precisaron nada en concreto”, aseveró.
“El objetivo principal fue mostrar en la reunión la realidad de los productores, alguna parte la conocían y otra no tanto y dejamos en claro que las medidas extemporáneas, como el dólar soja afectan a toda la cadena a futuro, por eso se debe pensar cómo se van a instrumentar y sus consecuencias”, finalizó Etchebehere.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, recibió finalmente a dirigentes de Unidad Piquetera; se comprometió a completar la entrega de alimentos y herramientas que se habían acordado en encuentros previos y logró desactivar un nuevo plan de lucha que se preparaba para los últimos días del año.
“Hasta el último día del año estamos trabajando para ir cumpliendo”, señaló la ministra al finalizar el encuentro, en el que dijo que las organizaciones sociales “entraron en un compás de espera” y acordaron reunirse con los equipos técnicos de Desarrollo Social la semana próxima.
Referentes de Unidad Piquetera confirmaron que suspendieron las medidas de fuerza, pero aclararon que esto “no significa que haya acuerdo”. Así lo dijo Mónica Sulle, coordinadora del MST-Teresa Vive, que recordó como ejemplo que “productos navideños aún no terminaron de mandar”.
“La ministra se comprometió a completar la entrega de los alimentos; a que llegue una parte de las herramientas adeudadas; a resolver y dar un pago retroactivo a quienes fueron suspendidos de manera incorrecta y que han presentado documentación que respalda que su suspensión no correspondía. Esperaremos a la semana que viene para ver si efectivamente todo eso se cumple”, agregó Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

Un reclamo de varias gestiones
“Muchas de las cosas que se comprometieron a resolver este lunes no las han resuelto, así que seguramente hagamos otra medida esta semana”, dijo Silvia Saravia, coordinadora nacional territorial de Libres del Sur.
En el encuentro que mantuvieron el jueves pasado, tras el que se levantó el acampe que duró más de 13 horas sobre la avenida 9 de Julio, los piqueteros consiguieron el compromiso de “entrega de productos navideños y alimentos secos para todo el país, así como entrega de herramientas de convenios atrasados y una reunión pactada con la ministra Tolosa Paz”. Según dijeron, “para discutir otros temas de fondo que quedan pendientes”.
Sin embargo, los productos nunca llegaron y ahora exigen que el compromiso se cumpla antes de Año Nuevo.

Llegan las vacaciones de verano y los argentinos empiezan a hacer cálculos sobre cuánto cuesta viajar a los distintos destinos del país y el exterior en diferentes medios de transporte y por variados plazos de tiempo, según las posibilidades laborales y bolsillo de cada uno.
Un informe de Focus Market revela que los siete destinos más elegidos entre quienes viajan en Argentina son (en orden de preferencia): San Carlos de Bariloche, Mendoza, El Calafate, Ushuaia, Puerto Iguazú, Salta y la Costa Atlántica.
Y estima al respecto que unas vacaciones de 15 días en un hotel 3 estrellas con desayuno incluido y pasajes de avión para dos personas adultas y dos menores es de $888.396 en Mar del Plata, de $950.748 en Bariloche, y $997.288 en Puerto Iguazú. En los tres casos se incluyen impuestos, tasas y cargos, aunque se debe sumar el resto de las comidas, traslados, excursiones y gastos extras que surgen en los días de relax.
En tanto, para escapadas más cortas y más económicas también, un paquete de 3 noches en casa o cabaña y pasajes ida y vuelta en tren para dos personas adultas y dos menores tiene un costo de $85.016 a Mercedes, $75.600 a Chascomús, y $77.949 a San Pedro.

Vacaciones 2023: cuánto cuesta viajar en auto
Si se opta por moverse en auto, salir a la ruta con el auto en óptimas condiciones cuesta alrededor de $211.171, según Focus Market, que calcula los siguientes costos sobre la base de un auto mediano modelo 2018:
- la Inspección Técnica Vehicular o Verificación Técnica Vehicular cuesta $3.150,
- el kit de seguridad con matafuegos, valuado en torno a los $7499,
- las escobillas limpiaparabrisas, que están alrededor de $10.000,
- dos neumáticos, por un valor de $112.220,
- cambio de aceite y filtro ($9115),
- reposición de discos y pastillas de freno ($12.827),
- cambio de amortiguadores delanteros ($49.962),
- alineación y balanceo ($6449).

Viajes al exterior: estos son los precios
Por otro lado, a la hora de salir del país, el informe revela que las personas eligen viajar a Río de Janeiro, Brasil; Orlando, EEUU; y Cancún, México. Y, en este sentido, calcula que adquirir un paquete de 15 días (que incluye hotel 3 estrellas con desayuno y pasajes de avión ida y vuelta para dos personas adultas y dos menores) cuesta alrededor de $1.021.576 a Río, $1.777.464 a Cancún y, en el caso de tener visado americano, $2.612.828 a Orlando. Cabe aclarar que a estos valores se les debe sumar el Impuesto PAIS y demás percepciones, como también las comidas restantes, traslados, salidas y alguna que otra compra en el free shop y extras.