Mientras la agenda sigue copada por la captura de Nicolás Maduro, un sector de la oposición trabaja para dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructuró –una vez más– la SIDE. A las intenciones de voltear el decreto en el Congreso, se le sumó una nueva vía: la judicial.
La semana pasada, el oficialismo sorprendió con la firma del DNU que reestructura la Secretaría de Inteligencia del Estado. El texto encendió las alarmas entre distintos bloques opositores, tanto en Diputados como en el Senado, porque, entre otros ítems, habilita a agentes de la SIDE a aprehender personas. De manera casi inmediata, referentes del Peronismo, Unidos y el FIT expresaron su rechazo en torno a la letra chica del texto.
Lo primero que hicieron fue tomar cartas en el asunto y enviarles notas a los presidentes de ambas Cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, para que avanzaran en la conformación de dos comisiones bicamerales. Por un lado, la que monitorea los servicios de inteligencia. Por otro, la de Trámite Legislativo, que es la que debe pronunciarse sobre la validez –o no– de los DNU.
Por ahora, esa jugada no surtió efecto. “Nada, ni respuesta”, dijeron fuentes de Diputados. De todas maneras, esta parálisis no es lo que más le preocupa a los detractores del DNU. Es que la Ley 26.122, que regula este tipo de decretos, establece que, pasados los 10 días hábiles de su comunicación al Congreso, si la bicameral no se pronunció al respecto, ambos recintos quedan habilitados a tratarlo.
Gobierno busca blindar el DNU de la SIDE
