La Sociedad Rural Argentina presentó una acción de amparo por "la falta de sustento legal en el cobro de derechos de exportación", impuesto popularmente conocido como retenciones. El objetivo, es que se declare “la inconstitucionalidad e ilegitimidad” del cobro de derechos de exportación con posterioridad al 1 de enero del año 2022.
La presentación fue realizada ante la Justicia Federal en forma conjunta con la Sociedad Rural de Jesús María (Córdoba) y cuenta con el apoyo de otras entidades rurales.
“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”, afirmó el presidente de la SRA, Nicolás Pino.
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar las alícuotas del tributo. Según entienden las entidades, la no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por dos años de esa facultad, priva de sustento legal a los derechos de exportación exigidos con posterioridad a la fecha mencionada.