El arzobispo Mario Cargnello, el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval, acusados por violencia de género contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo, deberán cumplir con tratamiento psicológico por seis meses.
El dictamen lo dio la jueza Carolina Cáceres luego de comprobar los hechos de violencia que sufrieron las Carmelitas Descalzas por más de 20 años, entre ellos violencia física, psicológica y económica.
Cáceres también obligó a los religiosos a capacitarse en temas de género. Asimismo, ordenó que se mantenga la prohibición de acercamiento que les había impuesto en 2022, el mismo año en que se inició la causa.
Como detalló la magistrada, uno de los hechos expuestos por las Carmelitas Descalzas fue “la obstrucción/demora/negativa en la elección de la priora y el préstamo de dinero al obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica”.
Los líderes religiosos deberán cumplir con una capacitación de género y violencia de género bajo la supervisión del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
Además, la jueza ordenó notificar al papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados.
Por otro lado, la jueza instó a las denunciantes a realizar retiros o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido y deberán “presentar ante este Juzgado las constancias respectivas de manera mensual durante el plazo de seis meses”.
Como indicó Sergio Rubín, las denuncias son recientes, pero la historia de violencia de género es “muy larga, que arrancó con las diferencias del arzobispo de Salta, Mario Cargnello”, con las Carmelitas Descalzas, quienes “se unieron de alguna manera a María Livia”, vidente de la Virgen del Cerro.
“Se creó un encono hasta el punto en que el arzobispo tiró una imagen de la Virgen del Cerro en el velorio de una de las abadesas hace años. Después, le manoteó el celular a una religiosa”, detalló el periodista.
Por esta situación, hubo una visita de delegados de la Santa Sede para tratar de llegar a una solución, pero “también fueron acusados de violencia”.
Rubín destacó que la capacitación de género impuesta a los religiosos es una orden “sin antecedentes” en la Iglesia argentina. Asimismo, aclaró que las autoridades no quedaron detenidos y continúan en sus funciones.
Cuándo se inició la causa
La denuncia por violencia de género fue radicada a principios de abril de 2022 ante la Oficina de Violencia Familiar y de Género de la justicia salteña, que recayó en el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, a cargo de Carolina Cáceres.
“Las situaciones de hostilidad que se dieron desde 1999 hasta el lunes pasado llevaron a que la madre superiora decidiera hacer esta denuncia”, afirmó la abogada Claudia Zerda Lamas en ese momento.
En medio del escándalo, Zerda Lamas dijo a un medio radial: “el hostigamiento” que padecían las monjas es “insoportable” y agregó: “Las carmelitas descalzas necesitan vivir sin violencia, cuidar su integridad física, que respeten sus creencias y la autonomía del monasterio”.
Antes de la denuncia en la justicia, las monjas habían denunciado ante la Santa Sede, pero, según cuenta Zerda Lamas, “el tiempo canónico es distinto al tiempo real”.
Las acciones violentas incluyen “agresiones verbales, otras que han ido un poquito más, amenazas”, dijo la abogada en ese momento, y sostuvo que el solo hecho de “amenazar o soslayar la posibilidad que pueda ser intervenido el convento, sin razón por supuesto, y que pierdan su casa, su hábitat natural”, ya altera la vida de las monjas, que se rigen por las “reglas carmelitanas”.
