Con el objetivo de alcanzar la meta de un déficit fiscal del 1,9% para el año que corre, pactada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno puso en marcha medidas de ajuste que derivaron en recortes del gasto público en siete de los nueve meses del año, tal como lo indica un informe privado. Después del balotaje del 19 de noviembre, el organismo conducido por Kristalina Georgieva conocerá con quién deberá negociar durante los próximos cuatro años.
Incluso durante los meses de agosto y septiembre, que estuvieron marcados por la devaluación y la aceleración de la dinámica inflacionaria, se observó una caída real del gasto cercana al 6% en promedio. Hasta septiembre, el déficit fiscal acumulado alcanzó el 1,5% del Producto Bruto Interno (PBI), y aún se deben enfrentar meses potencialmente más desafiantes. En medio de esta reducción del gasto, se registró una disminución del 5,5% en términos reales en las prestaciones sociales durante el tercer trimestre.
El informe de la consultora Sarandí sostiene que "La situación fiscal en Argentina es sumamente delicada, con trece años consecutivos de cuentas públicas en déficit". Por lo que, este desafío se agrava debido a la necesidad de cumplir con los requisitos de convergencia fiscal del programa acordado con el FMI, que se encuentra en conflicto con la escasez de recursos debido a la sequía. Además, el gasto excepcional "asociado a la construcción del gasoducto ha ejercido presión sobre las erogaciones de capital, que suelen ser estacionales en años impares". Esta situación se ve complicada por el prolongado proceso electoral en curso, "que influye en la asignación de fondos, especialmente en áreas de alta relevancia política".

Ajuste: el trayecto recorrido hasta hoy
Así, el documento revela que el gasto público consolidado ha experimentado una disminución en siete de los nueve meses de 2023 y que, este proceso de moderación fiscal comenzó con el cambio de liderazgo en el Ministerio de Economía, cuando el Ministro Guzmán ajustó la política fiscal. Un primer hito en esta dirección lo estableció Batakis, con un programa restrictivo que alineaba el gasto con las proyecciones financieras reales.
Además, anunció el congelamiento de la plantilla de personal y la implementación de un sistema de cuentas únicas para priorizar el gasto. Sin embargo, este enfoque de austeridad fue breve, ya que Massa mantuvo sus políticas sin las objeciones políticas que enfrentaba Guzmán, y aplicó recortes presupuestarios en la mayoría de las funciones del sector público. La máxima austeridad se alcanzó a finales de 2023, con una reducción del gasto del 20% en comparación con la inflación.
El bloque de "prestaciones sociales" representa la parte más significativa del presupuesto, con un 54.6% del gasto y la mayoría de sus componentes ajustados por inflación. En este sector, se ha registrado una reducción real del 5.5% en el tercer trimestre de 2023, lo que constituye un componente esencial para evitar un aumento significativo del déficit, dado su impacto y su gestión centralizada.
Durante los primeros tres trimestres de 2023, "se ha observado una disminución del gasto en jubilaciones del 7.4% y en asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), del 27.4%". Esto puede parecer paradójico, dado que la mayoría de estos rubros están indexados, pero se debe a la rápida erosión causada por la hiperinflación, que supera la capacidad de ajuste de la fórmula. El Gobierno ha intentado compensar parcialmente a los sectores vulnerables a través de transferencias de ingresos, pero estas medidas no han sido suficientes frente a la constante escalada de los precios.

Gasto y subsidios
Otro componente relevante del gasto se relaciona con los "subsidios económicos", que representan los esfuerzos del Estado para reducir el costo de vida de las familias. En los últimos meses, según el informe, "se ha avanzado en un proceso gradual de normalización de las tarifas, como parte del acuerdo con el FMI que busca corregir los precios relativos". El gasto en subsidios económicos ha disminuido un 23% con relación a la inflación durante los primeros tres trimestres del año, "principalmente debido a la reducción de la cobertura estatal sobre las tarifas de servicios energéticos, lo que ha tenido un impacto en el PBI del país".
Este año se han observado aumentos significativos en las tarifas de gas natural y electricidad en el área metropolitana del AMBA, "alcanzando hasta un 300% de aumento", dependiendo del consumo. A pesar de estos incrementos, aún queda margen para ajustes adicionales, plantea Sarandí. Esto genera "preocupaciones tanto desde una perspectiva fiscal como ética, ya que representa una mala asignación de recursos, con efectos regresivos en la distribución y consecuencias negativas en la eficiencia energética".
Mientras tanto, el gasto de capital ha permanecido inalterado en medio de los esfuerzos de ajuste fiscal. Este gasto se destina a transferencias a los distritos para proyectos de infraestructura, construcción de viviendas y saneamiento, entre otros. Hasta septiembre, el gasto de capital ha aumentado un 10.9% en comparación con la inflación, elevando su participación promedio en el presupuesto al 8.9% para 2023, frente al 7.4% del período anterior. Esta priorización ha llevado a que el gasto de capital alcance su mayor proporción en seis años.
Así, gran parte de este aumento se atribuye a la inversión extraordinaria en el Gasoducto Néstor Kirchner durante el primer semestre, que involucró un costo de aproximadamente U$S 2,700 millones y fue financiado con fondos públicos. Para la segunda fase del gasoducto, se espera la participación de inversores privados, como las compañías petroleras, que se benefician de una mayor capacidad de transporte de producción.