En medio de las propuestas de los precandidatos a presidente de cara a las elecciones, los derechos de exportación (DEX) sobre los productos agrícolas se han convertido en un tema central. Mientras que se plantea su eliminación para lácteos y economías regionales, hay debate sobre los otros granos y las carnes. En este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) defiende la eliminación total de las retenciones como la mejor opción para el país, tanto para los productores como para la economía en general.
Desde CRA afirmaron que “las retenciones son consideradas impuestos distorsivos, ya que generan menos inversiones, empleo y divisas de exportación. Además, se destacan por ser injustos y discriminatorios, ya que gravan desproporcionadamente al sector agropecuario y a las economías regionales en comparación con otros sectores productivos”.
Un ejemplo claro del impacto positivo de la eliminación de los DEX se observa en el sector del trigo, donde se registró un aumento significativo en la superficie sembrada, mejorando la rotación de cultivos y la sustentabilidad del suelo. Este crecimiento en la producción de trigo ha generado empleo, ingreso de divisas y seguridad alimentaria para todos los argentinos. Estos resultados evidencian que el crecimiento y la exportación son fundamentales para superar la crisis económica y social actual, señalaron.
CRA no es la única entidad que defiende la eliminación de las retenciones, ya que existen varios proyectos de ley en el Congreso Nacional que proponen esta medida. Sin embargo, durante los últimos cuatro años, estos proyectos no han sido tratados.
Los DEX totales equivalen al 2,1% del PIB, por lo que, quienes aspiren a dirigir los destinos de la Argentina durante los próximos años deben abandonar la receta de equilibrar las cuentas fiscales incrementando la presión impositiva. A lo largo de más de 20 años de aplicación ininterrumpida de DEX ningún índice social o económico justifica su existencia y mucho menos su continuidad en el futuro.
En este escenario destacaron que, algunas de las posibles salidas fiscales pasan por modificar la implementación del gasto en obra pública y por revisar los subsidios económicos. El gasto público nacional de capital, esencialmente obra pública, equivale a 2,6% del PIB. Se podría pasar, en un enfoque mixto, a esquemas de mayor participación directa del sector privado nacional y extranjero en la construcción de obra pública.
El gasto público nacional en energía y transporte representa el 2,9% del PIB. Es claro que pasar de los subsidios actuales a una corrección abrupta de tarifas de servicios públicos afectaría a buena parte de la población, sobre todo teniendo en cuenta un 40% de pobreza. Se debería pensar un esquema intertemporal de adecuación de tarifas.
En definitiva, CRA sostiene que es fundamental cambiar la visión sobre los impuestos a las exportaciones y priorizar el desarrollo productivo del país. Mientras otros países vecinos siguen creciendo, Argentina debe abandonar medidas fallidas y buscar soluciones que impulsen la producción y el desarrollo sostenible, concluyeron.