La renuncia de Marco Lavagna al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a poner sobre la mesa una discusión que en Argentina trasciende épocas: el control político sobre el organismo y la proclamada necesidad de que sea autárquico, para que las series estadísticas estén ajenas a las reyertas coyunturales y, por ende, gocen de mayor credibilidad.
Lavagna asumió en la gestión peronista de Alberto Fernández, y Javier Milei lo sostuvo en el cargo. De origen en el Frente Renovador, el hijo del exministro de Economía aceptó continuar porque la propuesta era también un mensaje: el INDEC como un organismo técnico, despolitizado. Incluso, Milei insistió con separarlo de la órbita del Ministerio de Economía, para acentuar su independencia, hecho que no ocurrió al promediar la gestión libertaria. Y que, parece, no está entre las prioridades de gestión.
Sin embargo, la renuncia de Lavagna deja una serie de interrogantes que remiten a tiempos no tan lejanos: ¿las estadísticas deben estar al servicio de la política?
La discusión sobre la independencia del INDEC no es nueva. Tras el paso de Guillermo Moreno, el tema volvió a ganar centralidad y, ya durante la gestión de Cambiemos, Jorge Todesca le sugirió -sin éxito- a Mauricio Macri avanzar en esa dirección.
En este caso, detrás de la salida de Lavagna está la polémica por el debut del nuevo IPC, que ajusta la medición a los gastos actuales con una nueva canasta de bienes y servicios. El indicador ya está disponible para ser utilizado desde hace largos meses. Por distintas razones, se fue postergando su implementación, si bien en paralelo se realiza el cálculo tanto con el nuevo como con el viejo IPC.
Como es de suponer, de haberse medido los precios con el nuevo IPC, la inflación hubiese sido más alta de la que informó hasta acá el Gobierno (en 2025, se estiman al menos dos puntos porcentuales más), ya que “duplica en su ponderación las tarifas de los servicios”, como señalaron desde el organismo.
Independencia del INDEC en duda
