En el marco de una reestructuración nacional impulsada por el gobierno, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) atraviesa una situación crítica que afecta directamente a sus sedes de Cafayate y San Carlos. Reducción de personal, congelamiento presupuestario y programas históricos suspendidos, marcan el panorama actual, en medio de una creciente incertidumbre que se profundiza a medida que se acerca julio, fecha en la que vencerán las facultades delegadas al Ejecutivo nacional y podrían definirse cambios estructurales de fondo.
Según detalló Diego Kalman, ingeniero agrónomo y referente del organismo en Cafayate, en diálogo con la prena, la planta de personal se redujo en más de un 20% en el último año, producto de retiros voluntarios incentivados. Entre ambas sedes pasaron de contar con nueve empleados a solo siete, lo que ya ha generado una merma sensible en la capacidad operativa. A esto se suman rumores persistentes de nuevos despidos o pases a disponibilidad, que mantienen en alerta al equipo técnico y a la comunidad que depende de su acompañamiento.
“La reducción del personal y la reconfiguración institucional ponen en riesgo la continuidad del trabajo de extensión y el conocimiento técnico que solo se construye con años de experiencia territorial”, advirtió Kalman en una entrevista reciente. Las preocupaciones no son sólo laborales: la desaparición de programas con décadas de trayectoria, como el Proerta —dedicado a fortalecer las huertas familiares y actividades rurales de subsistencia—, deja a pequeños productores sin un respaldo clave para sostener sus sistemas productivos.
La situación se agrava por el estancamiento presupuestario que limita el mantenimiento del equipamiento y los vehículos necesarios para las tareas en territorio. Kalman precisó que la flota vehicular de la zona está deteriorada, con fallas mecánicas constantes y sin posibilidad de renovación, lo que impide el acceso a zonas rurales y restringe el trabajo de campo.
