Quedó confirmada la privatización del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), con una serie de controversias que ponen en peligro su adjudicación. La oferta seleccionada fue la del consorcio encabezado por la compañía argentina Rowing S.A. por u$s340,2 millones, una cifra muy por debajo de los u$s500 millones que Diego Chaher, titular Agencia de Transformación de Empresas Pública, había afirmado a la prensa que se "recibiría como mínimo" por la privatización.
Un nuevo elemento que generó alertas fue que la empresa Rowing S.A. forma parte de las firmas de infraestructura del grupo Equo Capital, que en su sección de "Logística, marketing y tecnología" cuenta con otras dos sociedades: Direct Group y Lógico. La particularidad de estas dos firmas es que fueron aportantes de campaña de La Libertad Avanza en la sección Capital Federal, por el mismo monto ($20 millones cada una) y con un día de diferencia (28 y 29 de julio), para las elecciones legislativas del 2025. Lo advertido por Walter Martello, de la Defensoría del Pueblo bonaerense, es posible de constatar por la información pública de la Cámara Nacional Electoral.
A esto se le sumó una denuncia realizado por cuatro legisladores del peronismo que conforman la Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Con las firmas de las diputadas Florencia Carignano y Ana María Ianni y los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich elevaron una demanda a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) -a cargo del fiscal Sergio Rodríguez- contra el propio Chaher y Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación. El objetivo es "investigar el proceso de licitación y paralizar el trámite de privatización", según precisó el propio Capitanich en diálogo con la prensa.
AySA: irregularidades en la privatización
