El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibirá el próximo lunes en Casa Rosada a dirigentes de la CGT en medio del conflicto universitario y de la reciente reglamentación del "capítulo laboral" de la ley Bases. Francos se reunirá con los representantes de la central obrera a las 17 en su despacho de Balcarce 50, en un encuentro que será a "agenda abierta", según informó la Agencia Noticias Argentinas. Por el momento, no está confirmado qué referentes gremiales dirán presente y si concurrirá el triunviro Pablo Moyano, el cegetista más opositor. Esta semana, la central obrera, que convocó a los gremios que nuclea a movilizar junto a las universidades el próximo 2 de octubre, tuvo una buena noticia cuando el martes pasado se suspendió el debate que iba a tratar las modificaciones en la Ley de Asociaciones Sindicales. Se trataba de una serie de modificaciones sustanciales en el ordenamiento gremial, que no contaban con el visto bueno de la CGT, como la eliminación de las reelecciones indefinidas para los secretarios generales, la supresión de la obligatoriedad de la cuota solidaria y la puesta en vigencia de la ficha limpia para los sindicalistas. Asimismo, se apuntaba a la reglamentación de órgano de cinco miembros en las dirigencias de los sindicatos con representación de las minorías y se establecían nuevos esquemas de elección de la obra social sindical.
La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Armas de Fuego con 142 votos afirmativos, 89 negativos y una abstención. La iniciativa busca simplificar los trámites para regularizar la tenencia de armas en la Argentina y que el proceso para registrar a los usuarios irregulares sea más ágil. El proyecto fue presentado en mayo por el Gobierno, a través del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. “En Argentina hay más de 800.000 armas de fuego con tenencia irregular: este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, informó el Ministerio antes de dar a conocer el proyecto. Además, agregó que con la iniciativa se "implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan la registración para los usuarios irregulares". También, se propuso prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por 4 años, que consiste en la entrega de armas para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien lo haga.