El fiscal federal Guillermo Marijuán citó al Jefe de Gabinete, Juan Luis Manzur, a declarar el próximo 28 de noviembre en el marco de las investigaciones por las irregularidades que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó en el plan Potenciar Trabajo.
“Deberá acompañar la documentación respaldatoria labrada o tomada en consideración por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para no atender u observar los dos informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos solicitados por ese organismo en fechas 30/06/2022 y 10/11/2022, en relación al control y/o auditoria del Programa Potenciar Trabajo”, señala el documento.
Además, para ese día, también fue llamado a declarar el titular de la AFIP, Carlos Daniel Castagneto, que elaboró los dos informes que revelan las “incompatibilidades” en el cobro del Potenciar Trabajo de miles de beneficiarios.
El fiscal también decidió librar de oficio a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “a los fines de que se informe la nómina de personal que presta funciones en la Secretaría de Economía Social a cargo del Sr. Emilio Pérsico, debiendo especificar los cargos que desempeñan tales personas”.
A través de esa secretaría, Pérsico está a cargo del programa Potenciar trabajo. En ese sentido, todos los cuestionamientos recaen sobre el líder del Movimiento Evita, que desde hace tiempo viene siendo señalado por recibir beneficios especiales para su organización.
La semana pasada, la ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz relativizó el informe de la AFIP que indicaba que 250.000 de los 1,3 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo compraron dólares o pagan bienes personales, algo incompatible con el plan. La funcionaria afirmó que “menos del 0,3% de los destinatarios del programa” incumplieron las condiciones y se dieron de baja.
“Hemos instruido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. Hay 2098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjeta de crédito de entre 100 y 50.000 dólares acumulados en 26 meses”, sostuvo Tolosa Paz.
En ese sentido, planteó: “Si hay debilidades en nuestros propios sistemas, con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos. Hay un proceso de investigación, por eso sometemos esta información a que la Justicia pueda llegar hasta las últimas consecuencias, estableciendo si hubo o no delitos”, aunque negó que las organizaciones oficialistas que forman parte del ministerio hayan participado de alguna maniobra.