En el marco de las diferencias que generó en el Gobierno nacional el operativo de desalojo en Villa Mascardi, que condujo a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a presentar su renuncia, un diputado oficialista presentará el próximo martes un proyecto de ley para que el conflicto con los mapuches se resuelva por "vias pacíficas e institucionales".
El autor del proyecto es el diputado y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que además preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La iniciativa establece un mecanismo de "diálogo institucional para resolver los conflictos en el marco de la legislación nacional e internacional", basado en el convenio 169 de la OIT y en la declaración de 2007 de la Asamblea General de la ONU.
"La comisión que propone crear Yasky busca resolver las diferencias respetando la ley 26.160 y los convenios suscritos por nuestro país, que poseen rango constitucional. Por eso contempla la participación de todos los actores involucrados en el litigio: el gobierno nacional, el gobierno provincial, representantes de la cámara de diputados, representantes de los pueblos originarios, representantes de la Organización Internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, permite garantizar el respeto de los Derechos Humanos de todas las partes afectadas por el problema", indicaron en un comunicado.

¿Una nueva crisis de Gabinete?
El operativo de desalojo en Villa Mascardi que realizó el comando unificado convocado por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue duramente criticado por su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a tal punto que este jueves la funcionaria puso su renuncia a disposición del presidente Alberto Fernández.
"La situación es sumamente preocupante. Desde la madrugada del 4 de octubre, hace más de 48 horas, por orden judicial se detuvieron a siete mujer indígenas", afirmó la ministra en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM750 en relación a lo sucedido en el marco de las actuaciones dispuestas por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez.
"No se puede negar en el marco de un estado de derecho la posibilidad de tener un abogado o abogada, no importa que hayan hecho. En este caso, la magistrada negó este derecho", criticó.