El procurador general interino Eduardo Casal le manifestó al presidente, Alberto Fernández, “la profunda preocupación” que causaron las declaraciones que emitió en un programa televisivo.
“Más allá del derecho a expresarse libremente de cada ciudadano en un ámbito de respeto y sin que esto implique una opinión sobre el fondo de la cuestión, es mi deber constitucional e institucional advertir que la vinculación que usted realiza entre la persecución judicial y mediática' y el debido cumplimiento de la representación que en nombre de este Ministerio Público ejerce por mandato legal el señor fiscal, implica una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones”, subrayó Casal.
Esa situación –añadió- “se ve incluso agravada por las referencias peyorativas con que ha calificado su condición profesional” respecto de Diego Luciani, el fiscal que pidió la pena de 12 años de cárcel para la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Casal le recordó al Presidente que “corresponde exclusivamente al tribunal interviniente, al momento de dictar sentencia, juzgar acerca de la procedencia de la pretensión acusatoria”.
En ese contexto, las expresiones vertidas por Alberto Fernández en la TV “no sólo importan un menoscabo a la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, sino que constituyen una injerencia indebida en el trámite de un proceso por cuya legalidad esta misma Institución también debe velar”.
La denunciada intromisión del jefe del Estado “afecta el principio republicano de división y respeto de poderes”, alertó Casal.
El procurador interino llamó a la reflexión al Presidente: “la adecuada ponderación de las consideraciones precedentes por su elevada investidura contribuirá al fortalecimiento de las instituciones que rigen nuestra vida en sociedad”.