Los diputados de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy y Gerardo Milman denunciaron al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y al interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, por encubrimiento del caso del avión venezolano que se encuentra varado en el Aeropuerto de Ezeiza.
Ambos legisladores consideraron que “ante estos sucesos de extrema gravedad que ponen en jaque la paz y la seguridad de la región y de nuestro país”, los dos funcionarios nacionales “han intentado desde un primer momento no sólo ocultar las verdadera dimensión de esta misión en nuestro país, sino que han ensayado excusas con relación a la tripulación del avión con clara intención de encubrir este desembarco”.
Ambos consideraron que se trata de “un avión al servicio de organizaciones terroristas y la identidad de un miembro vinculado directamente con las Fuerzas Quds”, en referencia al piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, que, según informe del FBI, pertenece a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
“El comandante del avión Gholamreza Ghasemi, pertenece sin lugar a duda a la organización terrorista Quds que se desempeña al servicio de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, cuerpo que participa en actividades terroristas en todo el mundo”, indican en la denuncia.
En el documento presentado en la Justicia los legisadores recuerdan que Fernández dijo que el nombre del piloto se trataba de un homónimo de un integrante de las fuerzas Quds y que Rossi dijo que los iraníes estaban arriba del avión para entrenar a los venezolanos sobre cómo pilotear un avión de esa envergadura.
“La acusación también involucra a miembros de la organización terrorista de Hezbollah por ser los ejecutores, organización que hoy opera en la Triple Frontera y que se encuentra íntimamente vinculada a las Fuerzas Quds”, resalta la denuncia.
“Tanto los iraníes responsables del atentado terrorista a la sede de la AMIA (insistimos altos miembros del Gobierno Iraní) así como Hezbollah han sido designados como terroristas por Argentina e inscritos en el Registro Público de Entidades y Personas vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento (ver RePET - Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) lo que impone actuar que inmediatez y severidad”, sostuvieron.