Los líderes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace llegaron al Anexo de la Cámara de Diputados para reunirse con bloques de la oposición. El motivo del acercamiento de las organizaciones que representan al campo era buscar invalidar los decretos del presidente de la Nación, Alberto Fernández, que establecieron una suba en los Derechos de Exportación a subproductos derivados de la soja.
El encuentro con Juntos por el Cambio fue coordinado por los diputados Pablo Torello y Ricardo Buryaile, referentes en temas del agro en el PRO y la UCR, respectivamente. El planteo principal del campo se centró en pedir que se invaliden los decretos por considerarlos “inconstitucionales”. Desde JxC anticiparon que el diputado de la UCR Alejandro Cacace presentó un proyecto en ese sentido, que fue firmado por 43 miembros del bloque.
El vicepresidente de Coninagro, Elbio Laucirica, junto a los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, de Confederaciones Rurales de Argentina, Jorge Chemes, así como el titular de la Federaciones Agrarias Argentina, Carlos Achetoni expresaron que buscan “un marco previsible para generar puestos de trabajo y realizar inversiones”. Todas las entidades agropecuarias descartaron medidas de fuerza en lo inmediato y sostuvieron que insistirán por la vía legislativa y judicial.
El planteo principal de la reunión fue en torno a declarar la “ilegalidad” de los decretos 131/2022 y 132/2022, a través de los cuales el Ejecutivo oficializó las primeras medidas en el marco de la “guerra contra la inflación”. Mientras que la primera normativa elevó de 31 a 32 por ciento las retenciones de la harina y el aceite (de soja), la segunda creó el Fondo Estabilizador del Trigo, un fideicomiso para “contener” el precio de los alimentos derivados de esos productos.
“Estas medidas son inicialmente ilegales”, consideró Rodrigo De Loredo, presidente del bloque Evolución Radical. En esa línea, Margarita Stolbizer, jefa de Encuentro Federal, destacó que “la ilegalidad de origen que los decretos tienen habilita medidas judiciales”.
En la Mesa de Enlace saben que deben insistir por la vía judicial y parlamentaria para frenar la medida.