Tal como lo habían advertido, las estaciones de servicio que integran la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) dejarán de recibir tarjetas de crédito como forma de pago.
Según detallaron en un comunicado, la medida comenzará a regir desde el 1 de febrero como respuesta a "las deficiencias del sistema de cobro".
En tanto la petrolera YPF informó este martes que la red integrada por más de 1600 estaciones de servicios en todo el país, continuará aceptando el pago con tarjetas de crédito ya que hasta la fecha, no se registraron inconvenientes con esta modalidad de pago.
De esta manera, "la totalidad de la red de estaciones de servicio de YPF cuenta con el beneficio de acreditación anticipada de las operaciones efectuadas con las tarjetas Visa y Mastercard", señaló el comunicado oficial de la compañía.
Esta situación permite que los operadores reciban la acreditación en un plazo de 48 horas hábiles, y además, disponen de un arancel de transacción bonificado del 1,3% en el marco de un acuerdo de YPF y la empresa de procesamiento de datos.
En este sentido, la compañía "asegura la rentabilidad de los operadores de las estaciones de servicios y les facilita a sus clientes la compra de combustible a través de la aceptación de todas las modalidades de pago, entre otros beneficios".

Las razones que ponen en jaque el pago con tarjeta de crédito
En el comunicado emitido en diciembre por CECHA bajo el título "Estaciones de servicio amenazan con dejar de vender combustibles con tarjetas de crédito", reclamaban por los plazos de acreditación y comisiones fijadas por las emisoras de los plásticos. Finalmente, la medida se confirmó
La suspensión del plástico responde a la exigencia de que las empresas resuelvan que el plazo de pago sea dentro de las 48 horas, al igual que sucede en países como Brasil, Chile y Uruguay, donde operan emisoras de tarjetas de crédito similares a las utilizadas en Argentina.
Además, piden revisar la comisión que, actualmente, cobran por las ventas operadas en estaciones de servicio, donde junto con los impuestos alcanzan el 1,5 a 1,8 %, mientras que en los países limítrofes es de 0,5 %.
Como se señala en el documento, "el sector cuenta con un fallo judicial favorable en primera instancia para la provincia de Santa Fe, logrado por FAENI, una de las principales Federaciones integrantes de CECHA, el cual reduce sustancialmente tanto el arancel a 0,5% y el reintegro a tres días".
Desde la Confederación explicaron que la comercialización de combustibles tiene un margen de rentabilidad muy bajo, por lo cual el porcentaje que las emisoras cobran a las estaciones de servicio la transforman en socios mayoritarios, máxime que dicho arancel se cobra sobre el total del combustible, representando además más del 50% del impuesto que se recauda para el fisco.

El Frente de Todos logró media sanción al proyecto de ley de ampliación de la Corte Suprema de Justicia. Por un total de 36 votos afirmativos contra 33 negativos, el oficialismo obtuvo una victoria en el Senado de la Nación y pasó a la Cámara de Diputados el proyecto que establece llevar la conformación del máximo tribunal de 5 a 15 miembros.
Para poder alcanzar el quórum y los votos necesarios, el oficialismo contó con el apoyo de la riojana Clara Vega, el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.
Luego de más de seis horas de debate, el Frente de Todos, con la ayuda de tres senadores de bloques unipersonales de la oposición, obtuvo la media sanción de la norma que hace seis meses que el kirchnerismo venía empujando en la Cámara alta.
Los discursos del oficialismo apuntaron a la necesidad de ampliar la cantidad de números porque “no se puede dejar en manos de solo cuatro personas” las definiciones del máximo tribunal. Pero luego fueron elevando el tono y le apuntaron a las capacidades morales de los miembros actuales.
“De los cuatro miembros que hay hoy en la Corte, dos definen absolutamente todo, se votan a sí mismos. ¿Esta es la Corte que queremos? Tenemos que tener otra, no por nosotros, sino por la democracia y por el gobierno que será electo en el 2023″, dijo el senador Oscar Parrilli quien, minutos después, sentenció: “Tenemos una Corte que están enfrentados entre ellos. Dos aceptaron ser nombrados por decretos, se denuncian entre ellos. De los cuatro miembros que hay, dos definen todo y se votan a si mismo”.
Parrili les apuntó y los calificó de mafiosos. “De los miembros de la Corte, tres son mafiosos y uno es corporativo, defiende intereses de las corporaciones”, en referencia a Carlos Rosenkrantz.
Por su parte, la senador Juliana Di Tullio dijo que “esta Corte tiene que ser ampliada porque tiene que ser autocontrolada y porque es la única manera que sea más democrática, que sea independiente en serio y que sea federal”. “Nosotros creemos que ampliar la Corte beneficia a la gente”, completó.
Desde la oposición, el senador radical Luis Naidenoff les pidió rever el proyecto. “La gente no cree en el diálogo por estas cosas, ¿pueden hablar de dialogo con este tipo de tratamiento? Si quieren ser serios este proyecto de ley debe volver a comisión, porque saben que en Diputados este proyecto no pasa”, advirtió.
En una línea similar, en el cierre del debate por parte de Juntos por el Cambio, el presidente del interbloque, Alfredo Cornejo, dijo que “manipular el debate, que por el desprestigio de la Justicia necesitamos ampliar la Corte Suprema, no creo que sea un argumento de peso ni que sea un argumento que valga traer al recinto si queremos profundidad en el debate”.
Luego de algunos cruces finales, en donde la senadora Anabel Fernández Sagasti señaló que Juntos por el Cambio no cumplía los acuerdos parlamentarios y tampoco cumplían el reglamento, tomó la palabra el jefe del interbloque del Frente de Todos, José Mayans.
El formoseño dijo que “el Poder Judicial está altamente cuestionado y necesitamos que sea confiable, pero tenemos un problema, la Corte se siente un poder superior. Además, ustedes no pueden seguir con este juego del capricho porque no podemos avanzar en nuestro trabajo”, dice José Mayans
Frente a la posibilidad de que una abstención haga caer la sesión, el oficialismo no autorizó las abstenciones y solo se pudo votar por sí o por no.
Esto tuvo que ver con que se especulaba con que la senador del Frente de Todos por San Luis, María Eugenia Catalfano, se abstuviera y si eso sucedía Juntos por el Cambio se retirara y se perdiera el quorum.
Finalmente, y luego de que recién al final de la sesión y minutos antes de que se votara el senador informante, Guillermo Snopek, leyera que el proyecto se modificaba e iba “de 25 a 15″ la cantidad de miembros a ampliar, se llevó adelante la votación. Catalfano votó en contra.

A partir de hoy comienza la lectura de los alegatos por el crimen de Fernando Báez Sosa, en la etapa final del juicio, que se lleva a cabo en la ciudad bonaerense de Dolores, y con el correspondiente pedido de condena para los ocho rugbiers acusados. Las penas que le corresponde a cada uno se darían a conocer desde la semana próxima.
La primera fecha fue establecida para la Querella y la Fiscalía: en esta instancia ambas partes buscan conseguir una "pena ejemplar", bajo la imputación de "homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas" para los ocho rugbiers. Se espera que sea una jornada extensa, ya que las partes darán a conocer nuevos detalles y la implicancia de cada uno de los acusados en el ataque y posterior asesinato. Con esta imputación solo se prevé la prisión perpetua, por lo que los jóvenes estarán presos por 35 años.
En tanto mañana será el momento de la defensa de los ocho rugbiers a cargo de Hugo Tomei, quien intentará convencer al Tribunal que el asesinato de Fernando ocurrió durante una pelea, y en ese caso la imputación sería por "homicidio en riña o agresión", aunque no se descarta que vaya por el "homicidio preterintencional". Ante esta acusación la pena se reduce a seis años como máximo y tres como mínimo, lo que sería un rango clave ya que los jóvenes están presos desde 2020 -con prisión preventiva-, lo que les permitiría quedar en libertad.
Asimismo, Tomei buscará que al menos uno de los rugbiers quede absuelto ya que no se lo señaló en casi ninguna de las trece audiencias que hubo en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Dolores. Se trata de Ayrton Viollaz, otro de los jóvenes que está preso desde un comienzo.
Tanto los alegatos como la sentencia se podrán ver de forma directa por el vivo que realizarán desde el canal de YouTube de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Con respecto a la sentencia final, la presidenta del Tribunal, María Claudia Castro, dará a conocer la fecha exacta en las próximas horas, aunque se prevé que será el 30 o 31 de enero.
"Lo que pasó en Gesell ¿fue una pelea?, Fernando ¿murió por accidente? ¿no fue emboscado, acorralado y ejecutado?. ¿Alguien me puede afirmar que no hubo plan, que fue una simple pelea y que por accidente murió alguien?. Para mi en este caso JUSTICIA, es cárcel para toda la vida", publicó en su cuenta de Twitter Fernando Burlando, abogado de Silvino y Graciela, los padres de la víctima.

La inflación de agosto fue de 7% y alcanzó en términos interanuales el 78,5%, informó el Indec. En los primeros ocho meses del año, de esta manera, la suba de precios trepó hasta 56,4 por ciento.
De esta forma, el índice inflacionario registró una leve desaceleración respecto al récord mensual de 7,4% que había registrado en julio, que configuró el número más alto en 20 años. De la misma manera, la inflación acumulada en los últimos doce meses tocó su punto más alto en poco más de 30 años.
Así, además, el IPC de agosto superó otro pico que había tocado el índice de precios al consumidor este mismo año, cuando alcanzó el 6,7% en marzo como consecuencia de la escalada de precios internacional que impactó en los valores de bienes y productos locales.
La tendencia de desaceleración de la inflación solo se prolongó durante dos meses, en abril (6%) y mayo (5,1%), pero revirtió la tendencia en junio con un 5,3 por ciento. Ya para julio y agosto, los números de inflación estuvieron fuertemente influenciados por el descalabro cambiario que le siguió a la renuncia de Martín Guzmán en el Ministerio de Economía y que llevó a los dólares paralelos a cotizaciones que orillaron los $350 durante el interinato de Silvina Batakis en el Palacio de Hacienda.
Sergio Massa planteó en su primer paquete de medidas algunas decisiones de política monetaria y fiscal para enfrentar la aceleración de precios. En ese sentido se leen el corte en la emisión monetaria desde el Banco Central para asistir al Tesoro, y un ajuste y fuerte control de la ejecución presupuestaria para mantener a raya el gasto público en lo que queda del 2022 y poder cumplir con la meta de reducción de déficit acordada con el Fondo Monetario.
Otra pata de ese plan es el de convalidar un marcado ajuste en las tasas de interés tanto del Banco Central como de la Secretaría de Finanzas a través de los bonos que ofrece a los inversores para conseguir financiamiento en pesos.
Mañana, el BCRA reunirá a su directorio y se debatirá un nuevo reajuste del interés de la tasa de política monetaria y del piso de rendimiento de los plazos fijos para los ahorristas. Se espera que ese movimiento de tasas lleve el interés efectivo anual a un terreno cercano al 100 por ciento, en línea con algunas de las expectativas del sector privado. El viernes será el turno de Finanzas con una nueva colocación de deuda en moneda local.

El presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llegó a la Argentina para cumplir una visita de Estado que incluye un encuentro con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, la firma de acuerdos bilaterales y la participación de la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se desarrollará en el Buenos Aires Sheraton Hotel. También trascendió una posible reunión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Lula arribó en vuelo especial anoche a la Aerostación Militar del Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, donde fue recibido por el canciller Santiago Cafiero. Junto a Cafiero estaba el embajador de la Argentina en Brasil, Daniel Scioli, entre otras autoridades.
En lo que será su primera visita oficial al país, desde su vuelta al Palacio del Planalto, el jefe de Estado iniciará sus actividades a las 10.30, con la tradicional Ofrenda Floral al Libertador General San Martín, en la Plaza homónima, para luego trasladarse a la Casa de Gobierno, donde mantendrá una reunión con el presidente Fernández.
Luego, en el Salón Blanco, realizarán la firma, junto a ministros de diferentes carteras, de acuerdos para cooperación en Soberanía Energética e Integración Financiera, Defensa, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación, y Cooperación Antártica, según indicó la Cancillería argentina en un comunicado.
Posteriormente, Fernández y Lula da Silva realizarán una declaración a la prensa a fin de comunicar los lineamientos básicos de los acuerdos suscriptos y de la declaración conjunta.
Luego de compartir un almuerzo para ambas comitivas en el Salón Eva Perón, a las 15, ambos jefes de Estado participarán de la apertura de un Encuentro Empresarial en el Museo del Bicentenario, para más tarde ser parte de una actividad con representantes de diferentes organismos de derechos humanos.
Según indica el cronograma oficial, a partir de las 19 los mandatarios se dirigirán al Centro Cultural Kirchner (CCK), donde se realizará el Concierto de la Hermandad Argentino Brasileña y se inaugurará la muestra fotográfica: "Pueblos Originarios- Guerreros del Tiempo" de Ricardo Stucker.
Ayer trascendió la posibilidad de que Lula se reuná el día lunes con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El encuentro por separado fue confirmado por dos fuentes a la agencia Reuters.

El presidente de la nación Alberto Fernández, en cadena nacional, se dirigió al país para expresar su repudio por el intento de homicidio de la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández.
El mandatario expresó que se trata de un hecho de gravedad extrema, desde la recuperación de la democracia. "Lo que ha sucedido es un hecho de suma gravedad porque un hombre, frente a muchas personas apuntó y gatilló a la Vicepresidenta y el arma, con cinco balas, no se disparó".
Fernández sostuvo que semejante realidad conmueve al pueblo argentino y a sus compañeros, por lo que espera que todo el país manifieste su más enérgico repudio, porque este hecho afecta a la democracia.
"Podemos disentir, pueden haber profundos desacuerdos, pero desde una sociedad democrática no pueden haber discursos de odio", sostuvo el Presidente.
Alberto Fernández habló de "gravedad institucional y humana extrema, porque se atentó contra la vida de la vicepresidenta y la paz social se alteró. Hay que terminar con el discurso del odio mediático".
El Presidente convocó a toda la dirigencia, a los medios y a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia, "debemos repudiar palabras descalificatorias y todo hecho que altere la paz social".
Finalmente el presidente Fernández expresó que se comunicó con la jueza que investiga el hecho para pedirle que esclarezca rápidamente lo ocurrido, a la vez que decretó feriado nacional para permitir que la ciudadanía se exprese ante estos hechos de gravedad institucional.

El lunes se retomará la segunda semana del juicio a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa. Tras la declaración de más de 45 testigos, el fiscal de la causa, Juan Manuel Dávila, confirmó que las próximas audiencias serán clave.
Tal como está estipulado en el cronograma, la semana siguiente declararán 176 testigos entre los que figuran los peritos de rastro, químicos, ADN y los médicos que atendieron al joven de 18 años asesinado el 18 de enero del 2020 en Villa Gesell.
El abogado de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando, expresó: “El deceso de Fernando se produce por politraumatismos y un sangrado masivo a nivel cerebral, los golpes mortales fueron aplicados en todo el organismo y todos los testigos observadores tuvieron pánico ante el castigo que le estaban aplicando a Fernando”.
“Los rugbiers se encargaron de armar un cerco humano infranqueable, hay personas que estuvieron en el lugar y no pudieron ayudar a Fernando por el pánico, por el miedo, porque temían por su propia vida”, explicó el letrado.
Durante los primeros cinco días del debate, los imputados Máximo Thomsen (23), Luciano (21) y Ciro Pertossi (23), Enzo Comelli (22) y Matías Benicelli (23) fueron identificados como agresores directos de la víctima. Por su parte, Lucas Pertossi (23) y Ayrton Viollaz (23) fueron ubicados entre quienes arengaban o golpeaban a otros chicos que querían defender a Fernando. El único acusado que no fue mencionado con una participación activa en el hecho en ninguna de las cinco audiencias fue Blas Cinalli (21).

Lo que dejó la primera semana del juicio
Las audiencias comenzaron el lunes 2 de enero y se espera que se conozca el veredicto el 31 de este mes. Con barbijo y sin demostrar algún tipo de emoción, los rugbiers presenciaron cada jornada de la primera semana, al tiempo que escucharon el doloroso relato de los padres de Fernando y el testimonio de cada uno de los testigos.
En estos tres años que estuvieron detenidos, los acusados se mostraron firmes en la decisión de no hablar públicamente y, de hecho, parte de su estrategia tiene que ver con mantener una especie de pacto de silencio. Ninguno quiso diferenciarse, ni dar detalles, ni tampoco explicar lo que pasó esa noche en que golpearon a Fernando, aún cuando no todos cumplieron los mismos roles.
En ese sentido, lo que algunos cuestionan es por qué los jóvenes menos complicados siguen al lado de aquellos que están señalados como quienes le pegaron hasta la muerte a la víctima. Los ocho rugbiers tienen el mismo abogado defensor casi desde el primer día y, con él, es que ahora enfrentan el debate.
Hasta ahora, declararon los amigos de Fernando que presenciaron el hecho, los primeros policías que llegaron a la puerta del boliche Le Brique, los patovicas que vieron el ataque, una joven que le hizo RCP, los policías que detuvieron y allanaron a los rugbiers y los padres del fallecido.
Para la semana entrante, lo que se espera es que preste declaración el médico que realizó la autopsia en el cuerpo de Báez Sosa, Diego Duarte, quien podría aportar información clave para determinar el motivo de la muerte del joven. También hablarán otros peritos que participaron de la investigación.

Referentes kirchneristas y de Juntos por el Cambio salieron a apoyar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en las redes sociales luego de que un hombre intentara asesinarla en la puerta de su casa de Recoleta, cuando volvía del Congreso, donde presidió la sesión del Senado. Los mensajes apuntaron al “odio” que se generó desde la oposición luego del pedido de prisión de 12 años en la causa por Vialidad y las manifestaciones de militantes. Según pudo saber Infobae, Sergio Massa se comunicó con las ex mandataria para expresarle su apoyo.
Desde el Frente de Todos emitieron un comunicado en el que repudiaron “enérgicamente el atentado contra la vida de la vicepresidenta. Lo venimos advirtiendo. Las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos de poder político, mediático y judicial contra la ex presidenta, sólo llevaban a un clima de violencia extrema”.
“Instamos a la dirigencia toda, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto a sumarse a este repudio, como también a comprometerse con la búsqueda de la paz social por encima de cualquier diferencia. Preservar la vida y la paz es imperativo para el desarrollo de la vida humana, la libertad y la democracia”, agregó el comunicado.
“Conmocionada e indignada, con mucho dolor. Cuando el discurso de la oposición es el odio, el resultado es la violencia. No toleramos más estas acciones que hace un rato pusieron en peligro la vida de Cristina. La dirigencia política debe rechazar de plano lo q sucedió esta noche”, expresó Alicia Kirchner.
El bloque PRO también expresaron su “solidaridad y el más enérgico repudio al atentado que acaba de sufrir la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Reclamamos una urgente investigación de los hechos ocurridos y hacemos un llamado a la sociedad en su conjunto a tomar conciencia del peligro que acarrea el clima de crispación y confrontación que se está viviendo”.
“Lo mismo hizo el partido de la UCR Es muy grave lo que le acaba de pasar a la vicepresidenta. El mayor de los repudios a estos hechos, exigimos al ministerio de seguridad que aclare la situación y que la justicia actúe con firmeza. En Argentina no puede haber espacio para la violencia política”.
“La violencia siempre es el límite, mi apoyo a Cristina Kirchner. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir”, expresó Cristian Ritondo en sus redes sociales.
“Mi total solidaridad con Cristina Kirchner y mi más enérgico repudio y condena a lo sucedido esta noche. La Justicia tiene que actuar rápidamente para esclarecer los hechos. Esto es un punto de inflexión en la historia democrática de nuestro país. Hoy, más que nunca, todos los argentinos tenemos que trabajar juntos por la paz”, expresó Horacio Rodríguez Larreta.
La senadora Carolina Losada agregó: “Gravísimo: intento de magnicidio. Este nivel de locura es inadmisible. Total repudio al atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner”.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, recomendó reforzar la vacunación y los cuidados habituales frente al aumento de casos de coronavirus, que fue de 3,8 veces más en todo el país, de la semana anterior a la actual.
“Los casos de Covid-19 vienen aumentando desde hace cuatro semanas, y de la semana anterior a ésta lo hicieron 3,8 veces. Nuestra recomendación en este contexto es reforzar la vacunación y los cuidados de siempre”, sostuvo la ministra.
En la última semana, el Ministerio de Salud reportó nueve muertes por coronavirus y 12.609 contagios en la Argentina.
En cuanto a la cantidad de muertes, aumentó 12,5% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 8 fallecimientos.
“Por ahora, el aumento de casos no se ha traducido en un aumento significativo de hospitalizaciones o de muertes. Esto se debe a que la protección que otorgan las vacunas es muy sólida”, informó Vizzotti.
Y agregó: “La mejor manera de mantener esa protección es con una dosis de refuerzo: por eso es tan importante lo que se viene observando en las últimas semanas, con el aumento de la aplicación de los refuerzos en los vacunatorios de todo el país. Hay que seguir por este camino".
La ministra dijo que "quienes se vacunaron por última vez hace más de cuatro meses pueden darse una nueva dosis”.
“El refuerzo (sea el primero, el segundo o el tercero) es especialmente importante para quienes tienen más de 50 años y para personas con condiciones de riesgo”, advirtió.
“La situación actual es incomparable con la que vivimos cuando aún no había vacunas y todos éramos susceptibles. Por eso, cada vez que preguntan si va a haber restricciones, respondemos ‘no’ y seguimos trabajando con todas las provincias para dar respuesta, como siempre”, concluyó Vizzotti.

El Gobierno anunció cómo se aplicará la reducción o quita de subsidios a usuarios de electricidad, gas y agua, con el objetivo de reducir el déficit fiscal, que para los hogares más afectados representará fuertes aumentos en los distintos servicios. Para quienes pierdan el subsidio al gas, el aumento será del 167%.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, indicó que "el aumento promedio en materia de energía va a estar alrededor, sumando energía eléctrica y gas, de 1.300 pesos; pero todo depende del consumo". Para dar ese estimado, el Gobierno tomó como base -en el caso de la electricidad- un ejemplo de consumo de 300 kWh mensuales, que arrojó aumentos cercanos a los $800 por factura. Al detallar la quita de subsidios en el gas, el Gobierno presentó un ejemplo de una "factura promedio ponderada", que en el nivel 3 pasaba de 1.650 pesos en junio a 2.146 pesos en enero. Este ejemplo se hizo en base a facturas y consumos promedio a nivel nacional.
Desde septiembre, un total de 270 mil hogares perderán todos los subsidios al gas; y unos 400 mil los de la electricidad. En tanto, unos 450 mil se quedarán sin beneficios en la tarifa de agua desde noviembre. Solo 15% del universo de hogares que tiene AYSA (3 millones y medio), será afectado inicialmente por la eliminación del subsidio, pero en marzo de 2023 terminará alcanzando a todos, según se indicó.
La Secretaría de Energía dijo que la política de segmentación tarifaria "se enmarca en el uso eficiente del recurso por parte de los usuarios de energía eléctrica y gas natural".
Y señaló que "se apunta a que los subsidios lleguen a quienes realmente los necesitan".
"La cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos", indicó el informe gubernamental.
Señaló que "el consumo de gas por redes en los hogares ubicados las regiones más frías del país duplica al de regiones templadas".
En el caso de la electricidad, un total de 399.156 usuarios perderán la totalidad de los subsidios.
Mientras tanto, en el caso del agua, los usuarios del nivel alto sufrirán una quita total del subsidio desde el 1 de noviembre.
Unos 3,5 millones de usuarios de agua perderán la totalidad de los subsidios a partir de noviembre.
La gente paga por litro de agua el 30% de lo que cuesta potabilizarla. El Estado cubre 70 % del servicio y 30% lo cubre la empresa con ingreso de recaudación.

GAS.
En el caso del gas, el Registro permitió identificar a los usuarios que han solicitado mantener subsidios de acuerdo con su ingreso familiar y situaciones particulares:
Nivel 1: mayores ingresos y gente que no solicitó su registración.
Nivel 2: menores ingresos registrados. Provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social.
Nivel 3: ingresos medios.
En el Nivel 1 quedaron 269.725 usuarios; en el 2, 2.880.090; y en el 3, 2.599.550.
Aclararon que "la cantidad de gas demandada por los hogares no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar, características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos".
"El consumo de gas por redes en los hogares ubicados las regiones más frías del país duplica al de regiones templadas", explicaron.
Pero en casos más extremos, como es entre la provincia de Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, la diferencia es de 11 a 1.
Este diferencial se explica centralmente por el uso de calefacción requerido para climatizar los ambientes del hogar y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes.
Al Nivel 1 se aplicará quita total del subsidio para todo el consumo, con un aumento del 167%. A los del Nivel 2 se les mantiene la tarifa vigente.
En el Nivel 3, se subsidia un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente aumentará 167%.
Los aumentos para los Niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en 3 bimestres (a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre).
En marzo de 2022 se aplicó un incremento del 20,1% en factura promedio para usuarios residenciales por variaciones en la remuneración al servicio de transporte y distribución de gas.
En junio de 2022 se autorizó una suba del precio del gas en para los usuarios no beneficiarios de la Tarifa Social, que significó un impacto en factura promedio del 18,5%.
Los aumentos por quita de subsidios se aplicarán de manera gradual por bimestres a partir de septiembre (noviembre y enero posteriormente), implicando una suba promedio cercana a los $500 por mes por escalón, y $1.500 acumulado en los 3 bimestres.

ELECTRICIDAD.
Según el RASE, se han anotado 8.890.998 de energía eléctrica: en el Nivel 1: 399.156 (4,49%); en el 2: 5.040.120 (56,69%); y en el 3: 3.451.722 (38,32%).
Se aplicará un tope de consumo de 400 kWh mensual por hogar, para mantener la tarifa con subsidio.
Y otro de 550 kWh para las localidades que no cuenten con gas natural por redes.

El Ministerio de Salud reportó 12 muertes por coronavirus y 1.870 contagios en la última semana en la Argentina, lo que representa un 16% menos de casos que el domingo pasado (2.239).
De acuerdo a los datos difundidos, la cantidad de muertes disminuyó 42,8% en relación a la semana pasada cuando se habían informado 21 fallecimientos.
De esta manera, suman 129.970 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 9.715.464 los contagiados desde el inicio de la pandemia.
La cartera sanitaria indicó que son 259 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos en el sector público y privado, para todas las patologías, de 41,1% en el país.
Durante la última semana murieron 6 personas en Buenos Aires, 1 en la Ciudad de Buenos Aires, 1 en Entre Ríos, 1 en Río Negro, 2 en San Juan, y 1 en Santiago del Estero.
Según el Monitor Público de Vacunación, el total de dosis aplicadas asciende a 109.747.597, de los cuales 41.011.099 recibieron una dosis, 37.851.064 las dos, 3.154.749 una adicional, 21.654.958 el primer refuerzo, y 6.025.326 el segundo, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a 117.364.612 y las donadas a 5.083.000.

El ahorro fiscal por la quita de subsidios a las tarifas de electricidad y gas será de unos $47.500 millones en lo que resta del año, cerca del 0,5% del PBI, según el cálculo oficial.
La secretaria de Energía, Flavia Royón, brindó esa estimación tras una consulta de Noticias Argentinas en el marco de la conferencia de prensa para anunciar cómo queda la segmentación de tarifas.
"Estamos pensando en tarifas justas", remarcó. Aseguró además que la solicitud para pedir subsidios "sigue abierta", pero destacó que van a trabajar en "la identificación de aquellos que no se inscribieron" y necesitan el subsidio.
La secretaria de Energía estimó que el ahorro fiscal será de $47.500 millones para 2022 y de $455.000 millones en base anualizada.
"Esto es más de lo presupuestado originalmente, cuando se arrancó el tema de la segmentación porque se estimaba que solamente el 10% no iba a solicitar el subsidio y hoy tenemos en energía eléctrica 4,5 millones de usuarios aún no inscriptos y 3,5 millones en materia de gas", agregó.
Por su parte, Federico Bernal, al frente del ente de contralor Enargas, dijo que el nuevo esquema "tiene que ver con el ordenamiento tarifario con criterio federal y comprensión climática".
Bernal precisó que el aumento de la tarifa de gas para los que pierdan el subsidio será del 167%.
A su turno, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, dijo que "se busca incentivar el ahorro del recurso, no llegando a medidas tan drásticas como están tomando algunos países".
En cuanto a la energía, Royón precisó que a aquellos que no pidieron el subsidio, se les retirará el 20% total del subsidio en una primera etapa. Mientras que los que llenaron la planilla, pagarán la tarifa plena hasta el consumo de 400 kWh.
En tanto, los usuarios del nivel 2, correspondientes a los sectores más necesitados, se les mantiene la tarifa actual sin aumento.
Sobre el aumento en la tarifa de agua, la encargada de anunciar los incrementos fue la titular de Aysa, Malena Galmarini, quien precisó que "un usuario de Aysa paga el 36% de lo que cuesta producir un litro de agua, el resto es subsidio".
La funcionaria explicó que los usuarios del nivel alto tendrán una quita total del subsidio desde 1 de noviembre.
Aclaró que "no es aumento de tarifas sino redistribución de subsidio, que aquellos que tienen la posibilidad distributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no. Les va a aumentar a algunos y no a otros".
En tanto, los usuarios de medio y bajo consumo tendrán una quita en forma progresiva y se saca en forma definitiva en marzo del 2023.
Los de bajo consumo continuarán con un 15% de incremento hasta mayo del 2023.

Alrededor de 3,2 millones de personas se movilizaron por el país durante el fin de semana de cuatro días que se extendió desde el viernes 7 hasta hoy, con un gasto del orden de los $42..646 millones, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
La entidad estimó que hubo 1.320.000 turistas y 1.887.600 excursionistas visitaron distintas regiones del país que demandó un gasto promedio diario de $ 8.312.
De acuerdo a estas cifras el resultado económico tuvo un aumento real (ajustando por la inflación) de 34,8% frente al mismo fin de semana del año pasado, aunque cabe aclarar que este año hubo un día de feriado más.
CAME consideró que si bien la cantidad de turistas fue menor a 2021, el impacto económico fue mejor este año, porque se hicieron viajes a distancias más largas y hubo mucha más oferta de servicios.
La información fue elaborada con datos suministrados por provincias, municipios y la Nación, que revelaron una merma de 20% en el número de turistas
“En 2021 había explotado el turismo por la necesidad de viajar luego de tanto tiempo en confinamiento”, explicaron desde CAME.
Asimismo, indicaron que este año tuvo un mayor volumen “la presencia del turista internacional”.
“Si bien viajó menos gente, el gasto promedio diario se triplicó no sólo por la inflación interanual, sino porque las mayores distancias recorridas, los eventos y otras actividades pagas que estuvieron disponibles al 100%, obligaron destinar más recursos a las mini vacaciones”, explicó CAME.
A su vez, precisaron que cada turista tuvo una estadía promedio de 3,4 días, algo por encima del 2021 (3,3 días), básicamente porque el visitante internacional permaneció más tiempo y porque volvieron los destinos patagónicos a pleno, que son los que atraen estancias más largas.
Sobre los excursionistas, CAME puntualizó que que viajaron 1.887.600, que con un gasto promedio de $2.829 cada uno, generando un movimiento económico por $5.341 millones.
«El movimiento de excursionistas fue 28,1% menor a 2021, el gasto diario subió 37,8% a precios constantes y el desembolso total de los excursionistas se retrajo 0,8%, también a precios constantes», precisó.

La ministra de Economía, Silvina Batakis, se reunió con el presidente Alberto Fernández en Olivos para informarle de las medidas que, al cabo de reuniones con las empresas productoras de alimentos de consumo masivo y de dos días de trabajo con miembros de su propio equipo y funcionario del ministerio de Desarrollo Productivos, de la AFIP y de Arba, el organismo recaudador bonaerense, trabajará desde este lunes para resolver el desafío más inmediato, la contención de los aumentos de precios, que amenazan con llevar la inflación del mes de julio a un nivel de dos dígitos.
Esa tarea, en rigor, empezó el jueves, en las reunión que Batakis, su secretario de Comercio Interior, Martín Pollera, el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, tuvieron con empresarios y altos ejecutivos de empresas alimenticias a las que pidió frenar los aumentos de precios a cambio de revisar una de las causas que alegan: el aumento de costos por el encarecimiento del dólar y el cepo a las importaciones, que además las obliga a financiar la compra de insumos y partes.
El Banco Central, además, se alista a aumentar las tasas de interés para combatir el aumento del dólar. Este domingo el presidente de la entidad, Miguel Pesce, reiteró el mercado cambiario opera con normalidad, que no hay condiciones para una aceleración de los precios y la inflación y que espera que el mercado responda “de otra manera” a como lo hizo la semana pasada.
El tercer componente del mini-paquete -superado el conflicto que el exministro, Martín Guzmán, mantenía con los funcionarios del área de energía, es avanzar en el demorado esquema de segmentación de tarifas, un mensaje al FMI y al mercado de que se reducirán los subsidios y el déficit fiscal.
La reunión de Batakis con Alberto Fernández en Olivos se extendió entre las 17:30 y las 20 horas. durante las cuales el presidente hizo sugerencias que fueron incorporadas por la ministra, “que las va a terminar de trabajar hoy con el gabinete económico”, informó la portavoz, Gabriela Cerruti.

El presidente Alberto Fernández designó a Victoria Tolosa Paz como ministra de Desarrollo Social; a Ayelén Mazzina como titular de la cartera de Mujeres, Géneros y Diversidad, y a Raquel "Kelly" Kismer de Olmos como ministra de Trabajo, en el marco de los cambios que dispuso en el Gabinete nacional.
Tolosa Paz asumirá en lugar de Juan Zabaleta; Mazzina por Elizabeth Gómez Alcorta y Olmos por Claudio Moroni, los tres ministros que renunciaron durante el fin de semana.
El jefe de Estado convocó a tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete "con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión", señalaron fuentes oficiales.
Tolosa Paz, bonaerense de 49 años de edad, es contadora pública, fue concejal en La Plata y es desde 2021 diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
Se desempeñó en el Consejo Provincial de la Familia y Desarrollo Humano, presidido por Hilda González de Duhalde; como asesora del área de Coordinación de la Unidad Ministro en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y luego como jefa Regional del Fondo Participativo de Inversión Social (Fopar), en ese mismo ministerio, ya en la Presidencia de Néstor Kirchner.
También trabajó en la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis) de la Presidencia, hoy Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Fue subsecretaria de Urbanismo Social del Ministerio de Desarrollo Social provincial, y en 2014, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se había incorporado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) como parte del programa de Generación de Lotes con Servicios, en el marco del programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Procrear).
Fue secretaria ejecutiva y luego presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, cargo este último que ejerció hasta el 30 de julio de 2021, y se viene dedicando a las políticas sociales desde hace más de veinte años.
Mazzina, puntana de 32 años, es la actual Secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad de la provincia de San Luis.
stuvo a cargo de la exitosa organización del 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Fue concejala por la Ciudad de San Luis y es profesora en Ciencia Política.
Olmos, porteña de 70 años, es licenciada en Economía (Universidad de Buenos Aires), magister en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella) y posgrado en Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión (INPE-OEA-Cepal).
Es directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), consejera nacional del Partido Justicialista (PJ) y coordinadora de la Comisión de Financiamiento del Desarrollo de los Equipos Técnicos del PJ nacional.
Fue secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior de la Nación, directora de la Corporación Buenos Aires Sur, diputada de la Legislatura y concejal de la Ciudad de Buenos Aires, secretaria de Promoción Social y de Producción y Servicios, y subsecretaria de Industria y Comercio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Es consejera superior y directora del Instituto de Administración, Gobierno y Economía de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

En medio de la crisis que desató la renuncia de Martín Guzmán, Alberto Fernández definió que Silvina Batakis será la nueva ministra de Economía.
La decisión se tomó después de largas horas de reunión entre el círculo más íntimo del jefe de Estado en la quinta de Olivos y tras la conversación que mantuvo con la vicepresidenta, Cristina Kirchner.
Silvina Batakis es una economista argentina, que ocupó el cargo de Ministra de Economía de la Provincia de Buenos Aires entre 2011 y 2015, y se desempeña como Secretaria de Provincias del Ministerio del Interior de la Nación Argentina desde diciembre de 2019.
Luego de la salida de Guzmán, Batakis fue el nombre de consenso que surgió en la cúpula del Frente de Todos para ocupar el Palacio de Hacienda. Hasta ahora, Batakis se desempeñaba como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, un puesto con una fuerte impronta política y de relación con los gobernadores.
Batakis llegará a un Palacio de Hacienda que deberá afrontar una cantidad de desafíos urgentes y buscará evitar un impacto financiero por el recambio de gabinete. Además, deberá definir el rumbo económico con el que continuará el gobierno de Alberto Fernández y si seguirá trabajando bajo las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional.

Alberto Fernández ultima los detalles relativos a los cambios en el Gabinete, los cuales efectivizará en las próximas horas. Debe resolver el reemplazo de tres Ministros que presentaron sus respectivas renuncias en los últimos días. Lo hará sin acordarlo con Cristina Kirchner ni Sergio Massa, sus socios del Frente de Todos.
El Presidente aceptó las renuncias de Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Género y Diversidad), Juan Zabaleta (Desarrollo Social) y Claudio Moroni (Trabajo) y aprovechará las modificaciones obligadas para refrescar la estructura ministerial en el último trimestre del año.
En esta vuelta se fueron dos de los pocos Ministros sobrevivientes del inicio de la gestión, un retrato de las múltiples crisis que ha enfrentado Fernández y que han terminado con algunos funcionarios pegando el portazo o eyectados por presión del kirchnerismo.
El Jefe de Estado debatió los cambios con su círculo íntimo, como lo ha hecho siempre. Se trata de un grupo de funcionarios leales que se conservan a lo largo del tiempo y en el que se apoya para tomar las decisiones trascendentes, como es el caso de este triple cambio de nombres. Fernández está en Olivos, en contacto permanente con los suyos a través de llamadas y chats de WhatsApp.
En esa lista aparecen el secretario de la Presidencia, Julio Vitobello; la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el viceministro de Gabinete, Juan Manuel Olmos; y el canciller, Santiago Cafiero. Siempre cerca también se encuentra la Portavoz, Gabriela Cerruti.
La soledad de Fernández para tomar la decisión, sin comunicación con la Vicepresidenta, expone un retroceso en la convivencia interna del Frente de Todos. Si bien la relación nunca fue óptima luego de que volvieran a comunicarse para definir el reemplazante de Martín Guzmán en el ministerio de Economía, desde ese momento existía una línea abierta e intermitente.
En tanto, Massa prefiere no meterse en la decisión política sobre las designaciones nuevas. Está enfocado en la gestión económica y cultivando el perfil bajo. No responde las críticas light del kirchnerismo a su gestión, ni pone los pies en el barro de la interna oficialista. Está ocupado en sus cuestiones, en el quinto piso del Palacio de Hacienda.
El deterioro del vínculo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner es absoluto. No alcanzaron todos los gestos del Presidente para con la Vicepresidenta después del alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad. Tampoco los que hizo después del atentado que sufrió la ex mandataria en la puerta de su casa en Recoleta. Los esfuerzos fueron en vano. La relación está mal y no hay señales de que pueda mejorar.
Días atrás un ministro que lo conoce bien a Fernández aseguró: “No la aguanta más. Esa relación está rota. No hay vuelta atrás”. Desde la conferencia que dio en el sur luego de la salida de Martín Guzmán, Cristina Kirchner casi no ha nombrado al Presidente en sus apariciones públicas o sus intervenciones en las redes sociales. Es como si no existiera.
Nunca le agradeció en público la militancia de su defensa que hizo en la causa en la que los fiscales le pidieron 12 años de prisión. Tampoco sus mensajes posteriores al atentado perpetrado por Fernando Sabag Montiel. Después de ese derrotero y sin frecuencia en el diálogo, Fernández decidió avanzar en estos cambios como lo hizo en otro momento de la gestión: solo.
Zabaleta hace tiempo que habló con el Presidente sobre su decisión de volver a Hurlingham para defender el territorio. Gómez Alcorta dejó su ministerio disgustada por el desalojo en Villa Mascardi que ordenó la Justicia y que ejecutaron las cuatro fuerzas federales bajo la supervisión del ministerio de Seguridad, que conduce Aníbal Fernández.
En tanto, Claudio Moroni se va del ministerio de Trabajo por un problema de salud, pero agobiado por tantos embates que el kirchnerismo propició sobre su figura, tal como lo hizo con el ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Fin de ciclo anunciado.
Para reemplazar a Moroni hay tres nombres posibles que giran en la mesa chica del Presidente: el ex ministro de Trabajo durante los tres gobiernos kirchneristas Carlos Tomada; el actual secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti; y el ex gobernador de Chaco y actual embajador en Paraguay, Domingo Peppo.
Para Desarrollo Social suenan el intendente de Escobar con licencia, Ariel Sujarchuk; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el secretario para la Equidad Social del Ministerio de Desarrollo, Gabriel Yedlin.
En el ministerio de Mujeres, Diversidad y Género los nombres que aparecen con más chances son el de la Portavoz, Gabriela Cerruti; la ex senadora de Mendoza, Marita Perceval, y la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López.
Según dejaron trascender del Gobierno, los tres cambios se terminarán de concretar este lunes feriado, día en que también el Presidente tiene planeado realizar los anuncios, para arrancar la semana con la jura de los Ministros nuevos y el recambio del Gabinete.
Lo cierto también es que el nuevo punto de partida de la gestión no simboliza un relanzamiento del Gobierno. Es complejo para la Casa Rosada explicar que existe unidad en el peronismo y que juntos tratarán de mejorarle la vida a la sociedad, cuando está a la vista las divisiones que existen en el armado político del oficialismo.

El Senado de la Nación aprobó por unanimidad una ley que obliga a las obras sociales y prepagas a dar una cobertura total para la atención de niños, niñas y adolescentes con cáncer y al Estado Nacional a dar una asistencia a económica a las familias.
La norma, que crea un programa integral para reducir la morbimortalidad, fue aprobada por 64 a 0, en un recinto cuyas gradas estuvieron colmadas por familias de niños con la enfermedad que aplaudieron cuando se llevó a cabo la votación.
El dictamen especifica que el Sistema Público de Salud, las obras sociales y las prepagas deberán brindar al niño, niña y adolescente con cáncer una cobertura del ciento por ciento en las prestaciones para las prácticas de prevención, promoción, diagnóstico, terapéutica y todas aquellas tecnologías que pudieran estar directa o indirectamente relacionadas con el diagnóstico oncológico.
También se determina -además- que el Estado nacional deberá otorgar una asistencia económica equivalente al monto de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad.
La nueva norma establece la obligatoriedad de elaborar lineamientos programáticos y guías de práctica para la detección, diagnóstico y tratamiento y asistir a los centros oncológicos para que brinden una atención de calidad que respete todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes con cáncer.
Además propone difundir y capacitar en estrategias para optimizar el diagnóstico precoz en cáncer infantil, así como gestionar el funcionamiento de la red de los centros oncológicos que atienden a dichos pacientes a nivel nacional.
Por otro lado, busca capacitar a los equipos de salud a través del Programa de Becas de Capacitación de Recursos Humanos en Cáncer, y realizar un seguimiento y cuidado clínico post tratamiento oncológico.
Mientras dure el tratamiento, la autoridad de aplicación, a través del organismo que corresponda, debe otorgar a los niños, niñas y adolescentes con cáncer estacionamiento prioritario en zonas reservadas y señalizadas para los vehículos que los trasladen.
También gratuidad en la utilización del transporte público y transporte colectivo terrestre de acuerdo a lo establecido por la ley de protección integral de las personas con discapacidad y, para los pacientes con familias en situación de vulnerabilidad social, se adoptarán planes y otras medidas de asistencia.
También se deberá garantizar el acceso a una vivienda adecuada o la adaptación de la vivienda familiar a las exigencias que su condición les demande.
En caso de tratarse de niños, niñas o adolescentes con tratamiento ambulatorio y deban trasladarse y permanecer junto a su grupo familiar a más de 100 kilómetros de su lugar de residencia se garantizará a la familia el acceso a un subsidio habitacional para afrontar los gastos de locación de vivienda.
Además uno de los progenitores o representantes legales de un niño, niña o adolescente que padezca cáncer tendrá licencias especiales sin goce de haberes durante el plazo que figure en la prescripción del médico tratante del paciente oncopediátrico.
Durante la licencia, la persona en relación de dependencia percibirá de la ANSES las asignaciones correspondientes y una suma igual a la retribución que le corresponda al período de licencia.
El presidente de la Comisión de Salud del Senado, Pablo Yedlin, destacó que “cada vez hay más esperanza” en el tratamiento del cáncer en niños y que “la primera causa clara de cáncer infantil son las leucemias”.
“El 80 por ciento de los pacientes con cáncer en la Argentina se atiende en hospitales públicos”, expresó.
El radical jujeño Mario Fiad destacó que “la norma viene a dar respuestas a las familias que atraviesan la angustia de la enfermedad y que también padecen la falta de recursos y de traslados”.
“Hay que destacar el trabajo de todas las organizaciones y las familias que trabajan intensamente para visibilizar y hacer efectivos sus derechos”, remarcó.

El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 2.239 nuevos casos positivos de coronavirus en los últimos siete días, un 23 por ciento menos que el reporte anterior, además de 21 muertes por la pandemia en el mismo periodo.
Los casos de coronavirus reportados, de esa manera, se redujeron a la mitad en apenas dos semanas.
El 2 de octubre pasado la cartera sanitaria había informado 2.935 contagios y el 25 de septiembre, 4.482.
Las reducción fue más marcada en cuanto a las muertes, ya que se pasó prácticamente a la mitad en apenas 7 días, ya que el 2 de octubre se informó 40 decesos por la pandemia.
Con las últimas cifras, desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se acumulaban 9.713.594 infectados y 129.958 muertes por la pandemia.
Por otro lado, eran 279 los pacientes con coronavirus que permanecían en terapia intensiva, mientras la ocupación de camas del servicio para toda patología y para adulto se ubicaba en el 40,5 por ciento en el país.
Las jurisdicciones que más casos reportaron son la provincia de Buenos Aires (822 y 3.767.593 acumulados), CABA (462 y 1.169.254), Córdoba (315 y 1.056.813), Corrientes (208 y 145.735), Santa Fe (53 y 759.660), Mendoza (47 y 283.981), Santa Cruz (47 y 93.764), La Rioja (44 y 61.231), Catamarca (38 y 97.402) y Río Negro (38 y__ 152.253).
Las otras provincias también informaron casos positivos de coronavirus: Jujuy (22 y 118.794 acumulados), Formosa (21 y 128.307), Entre Ríos (19 y 208.707), Tucumán (19 y 362.067), San Juan (18 y 155.955), Chaco (15 y 179.811), La Pampa (15__Y 114.184), Salta (11 y 165.628), San Luis (7 y 137.957), Misiones (5 y 83.603), Neuquén (5 y 172.585), Chubut (4 y 121.378), Santiago del Estero (3 y 128.219) y Tierra del Fuego (1 y 48.713).
Los 21 decesos por la pandemia consignados esta semana se reparte de la siguiente forma: Mendoza (11 4.998 acumulados), Neuquén (3 y 2.592), Buenos Aires (2 y 60.505), CABA (2 y 12.715), Entre Ríos (1 y 2.884), San Juan (1 y 1.259) y Tucumán (1 y 3.708).
No informaron muertes por Covid-19 en los últimos días Catamarca (793 acumulados), Chaco (2.697), Chubut (1.668), Corrientes (1.814), Córdoba (7.941), Formosa (1.311), Jujuy__ (1.692), La Pampa (1.185), La Rioja (1.046), Misiones (935), Río Negro (2.645), Salta (3.493), San Luis (1.621). Santa Cruz (1.103), Santa Fe (9.411), Santiago del Estero (1.363) y Tierra del Fuego (579).

Al menos cinco personas murieron y otras 18 fueron derivadas a hospitales de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del incendio desatado en el sexto piso de un edificio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, informó este jueves el titular del SAME, Alberto Crescenti.
El funcionario puntualizó que las víctimas fatales son tres menores y dos personas adultas, y señaló que el número de heridos podría ser mayor debido a que aún no finalizó el operativo de los bomberos que están rescatando más personas del edificio.
El fuego se desató a las 5.50, por causas que aún se desconocen, en el departamento del sexto piso del edificio de Ecuador al 1000, casi avenida Córdoba, mientras sus ocupantes dormían.
Las llamas se expandieron rápidamente y obligaron al despliegue de un gran operativo de Bomberos de la Ciudad para combatir el incendio y rescatar a varias personas de distintos departamentos del edificio afectado, incluso con escaleras mecánicas.
El edificio que se incendió tiene 14 pisos y los bomberos cortaron el servicio de gas en toda la cuadra, en forma precautoria.
Como consecuencia del incendio, fallecieron al menos cinco personas y hubo 18 heridos que fueron derivados a los hospitales de Niños, Elizalde, Fernández, Rivadavia, Durand, Pirovano y Ramos Mejía, informó el titular del SAME que coordinó las tareas de asistencia a los habitantes del edificio con personal sanitario y 25 ambulancias.
Entre las personas atendidas se encuentra una niña de aproximadamente 9 años a quien se le debió suministrar oxígeno, debido a que había inhalado humo, mientras que otra mujer fue descendida por bomberos con tabla rígida y collar cervical por las escaleras internas y otra mujer embarazada.
Entre las personas que debieron ser rescatadas por los bomberos también se encuentran otras dos mujeres adultas mayores y dos niños, según especificaron fuentes policiales.
“Seguimos recorriendo piso por piso para las personas que quedaron en otros departamentos porque queremos saber si inhalaron humo”, sostuvo Crescenti.