El consejo directivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) decidió enfrentar al gobierno de Javier Milei como si fuese una partida de ajedrez. Por eso piensa cada jugada, entendiendo que una gran parte de la población, además de respaldar el plan "motosierra", ven a la dirigencia gremial como parte de la "casta". Después de advertir que las medidas lanzadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntan a un ajuste que lo pagará la clase trabajadora, la central obrera denunció que "el protocolo determinado por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para criminalizar la protesta social" en la Argentina, y remarcó que aseguró que "la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho".En tanto, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA) condenaron de manera categórica la Resolución 943/2023 emitida por la cartera de Seguridad, argumentando que esta medida, bajo el pretexto de establecer un "Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación," otorga poderes desmedidos a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para intervenir en manifestaciones y bloqueos de vías de circulación, socavando de forma flagrante los derechos fundamentales de las personas y organizaciones sindicales".