La Cámara de Diputados aprobó y giró en revisión al Senado de la Nación el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
Sebastián Negri, titular de la CNV, indicó que apuesta a tener una mirada mucho más atenta con los intermediarios, desde el punto de vista del regulador, que esté más cerca de los exchanges de criptomonedas. (Foto: Prensa Cámara de Diputados)
La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.
¿En qué consiste la reforma a la ley contra el lavado de activos?
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo al dictamen de mayoría, la Unidad de Información Financiera podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
La sesión, que comenzó pasadas las 12 con la presencia de 129 diputados, se inició con un saludo especial de la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, al diputado nacional Rolando Figueroa, electo el domingo pasado gobernador de Neuquén.
También incluyó un homenaje al fallecido diputado santacruceño del Frente de Todos, Matíaz Mazú, que perdió la vida ayer en un accidente vial.
El plenario, según se acordó previamente en la Comisión de Labor Parlamentaria, demandará unas 11 horas de debate y tuvo como primer tema de debate el proyecto sobre contención para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido, que fue aprobado por unanimidad.