La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la pena de cuatro años y ocho meses de prisión para el ex intendente de San Lorenzo, Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando. Ambas, de cumplimiento efectivo.
Salinas Odorisio mantuvo su acusación de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) y peculado de servicios, todo en concurso real, en calidad de autor, en contra de Gonza. En cuanto a Armando, la fiscal de UDEC lo acusó de fraude en perjuicio de la administración pública (dos hechos) (autor) y peculado de servicios (partícipe necesario), todo en concurso real.
La fiscal Salinas Odorisio inició su alegato recalcando que en el juicio se estaban juzgando dos hechos independientes entre sí: el primero, relacionado a las casillas del Plan “Una casa para tu hogar” y, el segundo, a un puente sobre calle Belgrano. A lo largo de toda su exposición, la fiscal de la UDEC sostuvo que el imputado Ernesto Fernando Gonza, mediante contratación directa, convino los servicios de la empresa “El Montañez” que pertenecía a Sergio Armando, hermano del entonces funcionario municipal Rodolfo Armando.
La representante del Ministerio Público Fiscal destacó que se trata de hechos de corrupción en obra pública con articulación entre el sector público (a cargo de Gonza) y el privado (Empresa El Montañez, de Armando).
Para graficar los hechos juzgados, la fiscal se valió de una pantalla gigante en los que fue resumiendo el rol de los involucrados y precisó que el inicio de las maniobras fraudulentas fue el 10 de abril de 2011, día en que tuvieron lugar las elecciones provinciales y Gonza perdió la intendencia en manos de Federico Parra.
La fiscal sostuvo que, desde ese día, se comenzó a orquestar el fraude en perjuicio del municipio de San Lorenzo y, en pantalla, presentó una copia del documento firmado por Gonza y Parra el 7 de diciembre de 2011, en el que el primero consignó que no existían contratos vigentes ni deudas ni obras sin ejecución.
Además, presentó un detalle de los cheques firmados ese día y que el 12 de diciembre de 2011, familiares y amigos de Gonza y Armando se presentaron a cobrar. Salinas Odorisio indicó que en total, los cheques sumaban la cifra de un millón de pesos, lo que actualizado a valores actuales serían unos 40 millones de pesos. “Para que se den una idea, en diciembre de 2011 la coparticipación que cobraban la Municipalidad de San Lorenzo era de 200 mil pesos. Los cheques eran por un millón de pesos”, precisó la fiscal.
En la pantalla, Salinas Odorisio también presentó un cuadro de relaciones en los que quedó en evidencia el vínculo familiar o de amistad que los testigos de la defensa mantienen con Gonza y/o Armando.
La Fiscal recordó al Tribunal que el 13 de junio de 2011 se celebró un convenio entre el Municipio de San Lorenzo -representado al momento de la contratación por Ernesto Fernando Gonza- y la empresa “El Montañez” de Sergio Armando para la construcción de viviendas prefabricadas de madera en el marco del “Plan una casa para tu hogar”. De acuerdo al testimonio de peritos y testigos, las casillas “no fueron debidamente concluidas según lo contratado, a las especificaciones obrantes y a las normas vigentes y reglas del buen arte”.
En cuanto al puente de calle Belgrano, la fiscal de UDEC demostró que fue construido con personal de la Municipalidad de San Lorenzo en horario laboral y con herramientas de la comuna.
Salinas Odorisio recordó que la Municipalidad de Villa San Lorenzo efectuó un desprendimiento de importantes sumas de dinero sin obtener a cambio el objeto de la contratación celebrada con Sergio Armando, ya que las obras cuya realización debía llevar a cabo no se concluyeron o resultaron defectuosas.
Por todo ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo para Ernesto Fernando “Kila” Gonza y tres años y seis meses para Sergio Armando, también de cumplimiento efectivo.
La defensa de Ernesto Gonza solicitó su absolución lisa y llana. Subsidiariamente, pidió al Tribunal la absolución por el beneficio de la duda.
Por su parte, la defensa de Armando solicitó la absolución lisa y llana; y subsidiariamente la aplicación del principio de la duda y, subsidiariamente a esto, el mínimo de la pena de la tentativa de todos los delitos que se le imputan.
Los alegatos se realizaron en la Sala 1 ante el tribunal colegiado integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Javier Aranibar y María Gabriela González. La próxima jornada de la audiencia debate será el lunes 12 de diciembre a las 15.