La Fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, y los fiscales Penales de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt brindaron una conferencia de prensa en el marco de los 37 allanamientos realizados en distintos lugares de la capital salteña y en el Penal de Villa Las Rosas.
Salinas Odorisio detalló los procedimientos que se concretaron en la jornada de ayer, "fueron 37 allanamientos, de los cuales algunos se efectuaron tanto en celdas como en unidades de trabajo del Servicio Penitenciario, en domicilios particulares y hasta en una dependencia del Ministerio de Educación de calle Lavalle", sostuvo la Fiscal.
La funcionaria dijo que la investigación se inició hace un par de meses, con la autorización del juez Antonio Pastrana, interviniendo líneas telefónicas, investigando más de 100 movimientos de cuentas bancarias, para obtener información sobre una supuesta red de corrupción que operaba en el Servicio Penitenciario, vinculada a la recepción de dinero para el ingreso de teléfonos celulares, cargadores, alimentos y hasta estupefacientes.
Salinas Odorisio expresó que se detuvo a 16 personas, de las cuales 7 son efectivos penitenciarios, 3 son jefes, y de los 9 civiles detenidos, 7 son mujeres y dos hombres, uno de ellos privado de libertad.
Los siete detenidos del Servicio Penitenciario, cumplían funciones de subjefe de vigilancia y tratamiento de la UC1, subjefe de la guardia externa, y un jefe de la Dirección de Régimen Correccional. También dos celadores de guardia interna, un encargado de pabellón y un maestro carpintero suboficial.
La investigación fue exitosa por la colaboración del propio Servicio Penitenciario, que conociendo esta situación, aportó datos de importancia para lograr resultados positivos. Este trabajo está en conocimiento del Ministerio de Seguridad y Justicia, por lo que oportunamente actuará con relación a las personas involucradas.
La fiscal expresó que el operativo fue ejecutado por 85 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y 21 móviles de la Policía de Salta, con la colaboración en cobertura de seguridad Grupo Antidisturbios Infantería y Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo GOPAR. Fueron allanadas 35 viviendas particulares, distintas celdas de la Unidad Carcelaria 1 y un puesto de trabajo de una empleada del Ministerio de Educación de la Provincia de Salta, que tiene a su hijo privado de la libertad.
Por su parte Santiago López Soto sostuvo que la investigación inició a partir de sospechas de algunos beneficios a personas privadas de la libertad, por lo que se creó una Unidad de Investigación y se iniciaron los seguimientos, vigilancias y análisis de pruebas aportadas. "Lo más preocupante es el ingreso de sustancias estupefacientes, que eran comercializadas en el interior del penal. Es una estructura bastante aceitada por lo que el resultado de la investigación es altamente positivo".